Expropiación que relanza a Cristina

Hace 25 días el escándalo de Amado Boudou llegaba a su cenit cuando desde la honda soledad de su despacho en el Senado el vicepresidente desataba un ataque contra el Poder Judicial. Boudou, apartado del periodismo por decisión propia, condujo bien campante la sesión de la última semana en la cual los senadores kirchneristas y la mayoría opositora abrieron la puerta para la expropiación de YPF, que Diputados no demorará en consagrar.
En ese ínterin, el procurador general Esteban Righi se alejó con un portazo por las acusaciones de Boudou sobre tráfico de influencias. El juez de la causa, Daniel Rafecas, fue recusado por un abogado del socio del vicepresidente y separado por la Sala I de la Cámara Federal. Cristina pudo entonces abandonar su silencio y su encierro : convirtió la expropiación de YPF en un relato de epopeya y formalizó con un acto masivo la presentación en sociedad del cristinismo . Néstor Kirchner permanece siempre en su evocación, aunque no el kirchnerismo. Juan Perón, es una parte grande de su olvido. Antes que él desfilan por su cabeza Evita, Hugo Chávez y el Che Guevara.
Semejante vuelco de la realidad, en tan escaso tiempo, podría estar denunciando varias cosas. La volatilidad de la política argentina anclada, excesivamente, en los humores sociales. Esos humores vacilaron o se encresparon por la sospecha de corrupción que persigue a Boudou, por el desdén oficial frente a la tragedia ferroviaria de Once y por ciertas desalentadoras señales económicas. Pero llegó la repentina expropiación de YPF y la enemistad con España, que impactó en las sensibilidades sociales.
La variación del panorama también sería atribuible a las antiguas fragilidades institucionales y políticas. Bastó la irrupción de Cristina con YPF para que se registraran dos fenómenos: el atropello del poder político para trabar el proceso judicial que amenaza al vicepresidente. Eso es posible sólo cuando existe la complicidad de los jueces. La docilidad del Congreso para adecuarse sin defecto a los requerimientos del Poder Ejecutivo. Tres semanas serán suficientes para convalidar una determinación que no resuelve la crisis energética y que augura inciertas consecuencias exteriores. El Parlamento habría resuelto trocar sus debates por monólogos previsibles.
Otras dos situaciones no deberían ser tampoco soslayadas.
La oposición se marea y se desgaja cada vez que la Presidenta le plantea un reto. No ha ocurrido únicamente con YPF.
Cristina y su nueva fuerza, por otra parte, parecen retener algo del tradicional ADN peronista: la audacia y la impudicia para tomar decisiones y enmascarar la historia. A suerte y verdad.
L a Presidenta denota siempre la obsesión de acomodar el pasado a sus necesidades presentes. Hace días que repite que la reestatización de YPF era un viejo sueño de Kirchner. Dramatizó, incluso, cuando dijo que colocará el proyecto de expropiación al lado de su féretro. El ex presidente nunca se exhibió como un gran entusiasta de devolver la petrolera al Estado.
Al menos, ese testimonio recogió siempre este periodista en sus diálogos con él. Como intendente de Río Gallegos desde 1987 y gobernador de Santa Cruz a partir de 1991, sufrió los problemas administrativos de la entonces petrolera estatal. Se encargaba de remarcar que para su provincia eran fundamentales las regalías. Y que si no llegaban, se producía un desfinanciamiento. Esa forma de pensar y las urgencias de la gobernación lo indujeron, junto a Cristina, a respaldar la privatización de Carlos Menem ejecutada en dos tramos (1992 y 1998).
Aquella mirada ayudaría a comprender también, quizá, por qué razón apeló a la fórmula de la “argentinización” en el 2007 con el ingreso del Grupo Eskenazi como socio de los mayoritarios accionistas españoles. Si su meta, en efecto, hubiera sido la reestatización, ¿por qué no aprovechó esa oportunidad para que el Estado comprara el 26% de las acciones cediendo sólo su parte en la distribución de dividendos? Las contradicciones y los enigmas sobrevuelan a la expropiación. Los números que publican los españoles ahora sobre inversión y exploración de la empresa son llamativamente opuestos al discurso oficial.
Ambos no podrían, en ese juego de extremos, tener razón . Una estadística resulta sugestiva: de once empresas petroleras que operan en la Argentina, nueve marcaron en los últimos años una tendencia productiva declinante.
Es probable, pese a todo, que por la crisis en España y en la UE y la inestabilidad de Estados Unidos, termine habiendo en lo inmediato más ruidos que nueces por la expropiación de YPF. Pero existe un daño en la confianza que se verifica en cuestiones cotidianas. José Manuel de la Sota, el gobernador cordobés, debió postergar la colocación de un bono en el exterior. Le ofrecieron tasas de entre el 12% y el 14% cuando el promedio oscila en el 5%. Daniel Scioli envió a la Legislatura un proyecto que le autorice un endeudamiento de $ 3 mil millones. Pero deberá esperar hasta el segundo semestre para intentar colocar parte de esa deuda en los mercados. La desconfianza detona otros cuadros desmedidos e incomprensibles: el riesgo país (un agobio en los tiempos de la Alianza) oscila en los 1.000 puntos básicos. La Argentina carece de riesgo de default. La semana pasada el Gobierno tomó US$ 2.500 millones del Banco Central para cumplir con compromisos externos. España tiembla pero su riesgo país sólo se ubica por encima de los 400 puntos básicos.
A Cristina y al cristinismo les importan poco aquella desconfianza. Les interesan mucho más que las encuestas indiquen que el drenaje de popularidad que sufría en los dos últimos meses se detuvo o, tal vez, se revirtió. También, que desde el acto del viernes en Vélez haya podido empezar a vertebrar una estructura política acorde a su paladar, con La Cámpora y algunas organizaciones sociales (el Movimiento Evita, de Emilio Pérsico) en el vértice y el peronismo a la cola.
Ninguno de los peronistas tradicionales que asistieron habían sido invitados. Simplemente no quisieron quedar excluidos de esa foto. Scioli hizo punta en ese aspecto.
El cristinismo pareciera tener por delante un par de tareas perentorias. Reponer parte de las reservas políticas que los problemas de gestión consumieron. Hay ministros que, más temprano o más tarde, deberán hacer las valijas. Es notorio y llamativo cómo el camporismo ha tomado posiciones en YPF.
Además, cómo Kicillof rodeó en Economía a su ministro, Hernán Lorenzino.
La otra cuestión es el 2015. La permanencia de Cristina o su sucesión.
Los jóvenes de La Cámpora han decidido resguardar a Boudou, en el escándalo por Ciccone, porque creen estar defendiendo a Cristina. Pero le grabaron una cruz al vicepresidente como hipotético delfín. Como no existe ahora tal delfín, el cristinismo se encargó de regresar al ruedo un debate sobre la reforma constitucional. Es la mejor forma de que a la Presidenta no se le escurra en su interior ni un gramo de poder.
El escándalo Boudou parece haber entrado en una pausa.
Esa pausa llegó por la intromisión más severa que se recuerde en mucho tiempo del poder político sobre la Justicia. Algunas huellas están a la vista. Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal pudieron haber hallado en la imprudencia de Rafecas un motivo para apartarlo de la causa. Pero no tenían necesidad, como no fuera política, de ejercer casi un prejuzgamiento sobre la actuación del fiscal Carlos Rívolo. Ese es el hombre que más pruebas acumula contra el vicepresidente.
Ariel Lijo se tomará un tiempo antes de resolver. El nuevo juez de la causa Boudou se ha caracterizado estos años por tratar de preservar su autonomía del poder político.
Pero ahora tiene una brasa en sus manos. Aquella señal admonitoria del Gobierno, tal vez, no fue la única. El juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, también pareció avalar la tesis kirchnerista acerca de que el escándalo Boudou obedecería sólo a una campaña mediática. Le aconsejó paciencia al vicepresidente “hasta que todo baje”.
¿Cómo sabe Zaffaroni que todo bajará? Sobrevolaría en este caso, también, la impresión de que el juez se apresuró indebidamente al opinar.
Los forcejeos del Gobierno con la Justicia van corriendo del eje de la atención pública otro grave costado del escándalo Boudou: nadie sabe quién tendrá a su cargo la impresión de los billetes moneda nacional. Se sabe que el Banco Central, sin licitación, autorizó para esa tarea, por un valor de US$ 50 millones, a Ciccone Calcográfica. También, que previamente se dejó caer un acuerdo con la Casa de la Moneda de Chile.
Nadie conoce con qué fondos funciona aquella empresa.
Tampoco, quiénes son los dueños de The Old Found, que levantó la quiebra de Ciccone, tiene parte del paquete accionario y está radicada en un paraíso fiscal.
El Gobierno posee una indiscutible destreza para ocultar sus chanchullos y sus problemas. Aquella destreza se ampara en una formidable construcción de poder.
El Congreso está bajo estricto control oficial. El Poder Judicial, bajo fuego. Los medios de comunicación que no son adictos, hostigados.
Ese periodismo no adicto asoma en absoluta minoría frente al avance oficialista.
Un conocido empresario K, Cristóbal López, vinculado al juego y al petróleo, compró la semana pasada uno de los tres grupos mediáticos –que pertenecía a Daniel Hadad– más influyentes del país.
Cristina dispone así de un poder discrecional que jamás tuvo Kirchner en su tiempo. Que tampoco conocieron los 30 años de esta democracia.
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