Por más de una década, Argentina estuvo involucrada en una compleja batalla legal con los tenedores de bonos emitidos bajo la jurisdicción de Nueva York antes del default del 2001. La reciente decisión de la Corte Suprema de los EE.UU. de no dar lugar a la apelación de la Argentina agotó todas las instancias legales disponibles.
Hasta ahora, CFK había preferido aceptar los costos políticos y económicos de continuar litigando con los holdouts con la esperanza de lograr una victoria. Pero ocurre que la sentencia es negativa y resulta inapelable: la clave ahora es alcanzar un acuerdo negociado con los holdouts para solucionar definitivamente un problema que ella y Néstor Kirchner han heredado. Si esto no ocurre, podría desencadenarse una crisis innecesaria y de enormes proporciones. Estaríamos frente a un caso inusual de un enorme daño auto infligido: por errores de diagnóstico, mal asesoramiento, improvisación e incomprensión de la naturaleza del problema, Argentina pagaría un terrible costo con un muy negativo impacto en términos políticos, económicos y sociales.
En los últimos días, una vez conocida la sentencia, hemos observado un comportamiento errático por parte del gobierno argentino. Esto sugiere que no hay hasta ahora una estrategia clara de cómo proceder ante esta delicada situación. Como observadores de la realidad económica y política del país, esta es nuestra opinión al respecto.
1 Sería muy beneficioso incorporar una suerte de mediador, un actor independiente y confiable para las partes involucradas que pueda ayudar a lograr un acuerdo. En su discurso de la ciudad de Rosario el pasado 20 de junio, parecía haber quedado claro que CFK comprendía que una solución negociada era la mejor opción. Con la designación por parte del Juez Griessa de un special Master para supervisar las negociaciones y su decisión de no embargar los fondos depositados por la Argentina para pagar el vencimiento del bono Discount surge una nueva oportunidad para avanzar y lograr un acuerdo.
Ambas partes tienen la voluntad de que las negociaciones tengan éxito y el escenario parece propicio. Pero es evidente que la Argentina carece de un equipo con el conocimiento y la experiencia para defender el interés nacional consiguiendo un resultado relativamente positivo, dadas las actuales circunstancias. Es por eso que confiar en un mediador neutral y prestigioso que sea ajeno a las partes parece ser una alternativa mucho mejor que dejar esta compleja negociación en manos de los abogados que han defendido al país hasta ahora (que pueden estar más interesados en seguir facturando horas de trabajo que en llegar a un acuerdo y concluir de una vez por todas con esta saga interminable).
A finales del año pasado, al menos una institución financiera de gran envergadura ofreció estructurar un acuerdo que le hubiera permitido a la Argentina obtener todos los recursos para solucionar el conflicto con los holdouts. Esta opción también está disponible en la actualidad, y quedan apenas 30 días para instrumentarla. Si en efecto el gobierno decidiera volver a los mercados para resolver este tema, normalizaría finalmente las relaciones con el sistema financiero internacional, reduciendo el costo de financiamiento para el Estado nacional, las provincias, YPF y el sector privado. Más aún, de manera casi inmediata esto dispararía una ola de inversión extranjera directa que resulta imprescindible para reducir el desempleo, estabilizar los precios y desarrollar industrias críticas, como el sector energético.
2 Conviene ignorar a aquellos que dicen que esto no puede realizarse. El mes pasado se filtró a los medios un documento escrito por el equipo legal de la Argentina, en el que se advertía que si la Argentina perdía el caso, no habría otra alternativa que entrar en default. Esta recomendación es definitivamente errónea y está en contra del interés de la Argentina. En efecto, un nuevo default tendría un impacto desastroso para todos los argentinos y dejaría sin efecto todo el esfuerzo que hizo el país en los últimos meses para recuperar credibilidad solucionando cuestiones pendientes (CIADI, Repsol, Club de París, etc.).
Dicho documento estaba basado en una serie de excusas para no negociar con los holdouts, ninguna de las cuales parece válida.
En primer lugar, se argumentaba que la Argentina no podría arreglar con los holdouts sin violar la cláusula conocida como RUFO (the Rights Upon Future Offers), que obligaría a igualar las condiciones del nuevo acuerdo a los bonistas que entraron a los canjes del 2005 y del 2010. Esto ignora el hecho de que esa cláusula fue diseñada para evitar un nuevo canje voluntario que contemplara mejores condiciones que las ofrecía a aquellos bonistas. Pero la cláusula RUFO no prohibe un acuerdo involuntario generado por una decisión judicial. Es decir, una negociación exitosa con los holdouts no dispararía la cláusula RUFO. Para despejar dudas y evitar malentendidos, podría designarse un comité de expertos que dictaminara rápidamente sobre esta cuestión. Por otra parte, este criterio parece ratificado por información reciente que indica que algunos tenedores de los bonos reestructurados en el 2005 y 2010 han desarmado sus posiciones pues no contemplan la posibilidad de ganar dinero derivado de la aplicación de la cláusula RUFO.
Más aún, el argumento de que cualquier arreglo implicaría nuevas demandas por unos u$s 15 billones también sugiere que las recomendaciones de los abogados de la Argentina están lejos de ser ideales. Nadie ha explicado de dónde surge dicha suma. Más aún, el gobierno argentino no se ha reunido aún con los representantes de esos bonistas que no entraron a los canjes y que aún no han iniciado acciones legales en contra del país para discutir la posibilidad de definir un esquema que sea aceptable para ambas partes. Por ejemplo, Argentina podría resolver esta cuestión si aplicara el mismo criterio utilizado recientemente para solucionar las controversias pendientes con el CIADI, Repsol y el Club de París.
3 Es importante recordar que la sociedad apoya una solución negociada de esta disputa. De acuerdo a un sondeo que realizamos a finales del año pasado, que fue ratificado por estudios más recientes, más del 80% de los argentinos quieren terminar con este problema para evitar nuevas turbulencias, y que de ese modo mejore la situación económica y se generen nuevos empleos. Un 65% de los consultados cree que el fin de estas disputas puede contribuir a reducir la inflación. Finalmente, más de la mitad cree que superado el conflicto con los holdouts, aumentaría la entrada de dólares y de ese modo podría removerse o aflojarse el cepo cambiario. En síntesis, una mayoría de la sociedad apoya un conjunto de políticas que le permita al país revertir el aislamiento para reintegrarse a la economía mundial.
En efecto, los beneficios de volver a los mercados serían muy significativos. Nuestros cálculos sugieren que si Argentina resolviera de una buena vez la cuestión de la deuda no reestructurada, el costo del financiamiento a 10 años bajaría más de 800 puntos básicos. De hecho, esto podría mejorar aún más con una comunicación adecuada del gobierno argentino que les permitiera a los inversores globales comprender el renovado compromiso del país en instrumentar una política económica coherente que tienda a la estabilidad y el crecimiento. Más aún, lejos de implicar un incremento de la deuda existente, la caída de la tasa de interés le permitiría al gobierno nacional ahorrar entre u$s 50 y 70 mil millones en el transcurso de una década. Asimismo, las provincias ahorrarían otros u$s 1000 millones por año. Y la reducción de los intereses que pagan las compañías estatales sería de u$s 1500 millones anuales. Esto es totalmente consistente con el objetivo de desendeudar al país que tantas veces esgrimió la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En síntesis, esta situación de incertidumbre y volatilidad que se ha generado en torno a la cuestión de los holdouts puede finalmente resolverse si se abandona la retórica y se contemplan algunas alternativas que permitirían romper la inercia actual y alcanzar una solución exitosa. Argentina puede beneficiarse rápida y contundentemente si aprovecha la oportunidad para reintegrarse a los mercados de capitales y dar por terminada esta experiencia anacrónica de aislamiento, alta inflación e intervencionismo extremo que tanto daño generó al país y a su gente.
Hasta ahora, CFK había preferido aceptar los costos políticos y económicos de continuar litigando con los holdouts con la esperanza de lograr una victoria. Pero ocurre que la sentencia es negativa y resulta inapelable: la clave ahora es alcanzar un acuerdo negociado con los holdouts para solucionar definitivamente un problema que ella y Néstor Kirchner han heredado. Si esto no ocurre, podría desencadenarse una crisis innecesaria y de enormes proporciones. Estaríamos frente a un caso inusual de un enorme daño auto infligido: por errores de diagnóstico, mal asesoramiento, improvisación e incomprensión de la naturaleza del problema, Argentina pagaría un terrible costo con un muy negativo impacto en términos políticos, económicos y sociales.
En los últimos días, una vez conocida la sentencia, hemos observado un comportamiento errático por parte del gobierno argentino. Esto sugiere que no hay hasta ahora una estrategia clara de cómo proceder ante esta delicada situación. Como observadores de la realidad económica y política del país, esta es nuestra opinión al respecto.
1 Sería muy beneficioso incorporar una suerte de mediador, un actor independiente y confiable para las partes involucradas que pueda ayudar a lograr un acuerdo. En su discurso de la ciudad de Rosario el pasado 20 de junio, parecía haber quedado claro que CFK comprendía que una solución negociada era la mejor opción. Con la designación por parte del Juez Griessa de un special Master para supervisar las negociaciones y su decisión de no embargar los fondos depositados por la Argentina para pagar el vencimiento del bono Discount surge una nueva oportunidad para avanzar y lograr un acuerdo.
Ambas partes tienen la voluntad de que las negociaciones tengan éxito y el escenario parece propicio. Pero es evidente que la Argentina carece de un equipo con el conocimiento y la experiencia para defender el interés nacional consiguiendo un resultado relativamente positivo, dadas las actuales circunstancias. Es por eso que confiar en un mediador neutral y prestigioso que sea ajeno a las partes parece ser una alternativa mucho mejor que dejar esta compleja negociación en manos de los abogados que han defendido al país hasta ahora (que pueden estar más interesados en seguir facturando horas de trabajo que en llegar a un acuerdo y concluir de una vez por todas con esta saga interminable).
A finales del año pasado, al menos una institución financiera de gran envergadura ofreció estructurar un acuerdo que le hubiera permitido a la Argentina obtener todos los recursos para solucionar el conflicto con los holdouts. Esta opción también está disponible en la actualidad, y quedan apenas 30 días para instrumentarla. Si en efecto el gobierno decidiera volver a los mercados para resolver este tema, normalizaría finalmente las relaciones con el sistema financiero internacional, reduciendo el costo de financiamiento para el Estado nacional, las provincias, YPF y el sector privado. Más aún, de manera casi inmediata esto dispararía una ola de inversión extranjera directa que resulta imprescindible para reducir el desempleo, estabilizar los precios y desarrollar industrias críticas, como el sector energético.
2 Conviene ignorar a aquellos que dicen que esto no puede realizarse. El mes pasado se filtró a los medios un documento escrito por el equipo legal de la Argentina, en el que se advertía que si la Argentina perdía el caso, no habría otra alternativa que entrar en default. Esta recomendación es definitivamente errónea y está en contra del interés de la Argentina. En efecto, un nuevo default tendría un impacto desastroso para todos los argentinos y dejaría sin efecto todo el esfuerzo que hizo el país en los últimos meses para recuperar credibilidad solucionando cuestiones pendientes (CIADI, Repsol, Club de París, etc.).
Dicho documento estaba basado en una serie de excusas para no negociar con los holdouts, ninguna de las cuales parece válida.
En primer lugar, se argumentaba que la Argentina no podría arreglar con los holdouts sin violar la cláusula conocida como RUFO (the Rights Upon Future Offers), que obligaría a igualar las condiciones del nuevo acuerdo a los bonistas que entraron a los canjes del 2005 y del 2010. Esto ignora el hecho de que esa cláusula fue diseñada para evitar un nuevo canje voluntario que contemplara mejores condiciones que las ofrecía a aquellos bonistas. Pero la cláusula RUFO no prohibe un acuerdo involuntario generado por una decisión judicial. Es decir, una negociación exitosa con los holdouts no dispararía la cláusula RUFO. Para despejar dudas y evitar malentendidos, podría designarse un comité de expertos que dictaminara rápidamente sobre esta cuestión. Por otra parte, este criterio parece ratificado por información reciente que indica que algunos tenedores de los bonos reestructurados en el 2005 y 2010 han desarmado sus posiciones pues no contemplan la posibilidad de ganar dinero derivado de la aplicación de la cláusula RUFO.
Más aún, el argumento de que cualquier arreglo implicaría nuevas demandas por unos u$s 15 billones también sugiere que las recomendaciones de los abogados de la Argentina están lejos de ser ideales. Nadie ha explicado de dónde surge dicha suma. Más aún, el gobierno argentino no se ha reunido aún con los representantes de esos bonistas que no entraron a los canjes y que aún no han iniciado acciones legales en contra del país para discutir la posibilidad de definir un esquema que sea aceptable para ambas partes. Por ejemplo, Argentina podría resolver esta cuestión si aplicara el mismo criterio utilizado recientemente para solucionar las controversias pendientes con el CIADI, Repsol y el Club de París.
3 Es importante recordar que la sociedad apoya una solución negociada de esta disputa. De acuerdo a un sondeo que realizamos a finales del año pasado, que fue ratificado por estudios más recientes, más del 80% de los argentinos quieren terminar con este problema para evitar nuevas turbulencias, y que de ese modo mejore la situación económica y se generen nuevos empleos. Un 65% de los consultados cree que el fin de estas disputas puede contribuir a reducir la inflación. Finalmente, más de la mitad cree que superado el conflicto con los holdouts, aumentaría la entrada de dólares y de ese modo podría removerse o aflojarse el cepo cambiario. En síntesis, una mayoría de la sociedad apoya un conjunto de políticas que le permita al país revertir el aislamiento para reintegrarse a la economía mundial.
En efecto, los beneficios de volver a los mercados serían muy significativos. Nuestros cálculos sugieren que si Argentina resolviera de una buena vez la cuestión de la deuda no reestructurada, el costo del financiamiento a 10 años bajaría más de 800 puntos básicos. De hecho, esto podría mejorar aún más con una comunicación adecuada del gobierno argentino que les permitiera a los inversores globales comprender el renovado compromiso del país en instrumentar una política económica coherente que tienda a la estabilidad y el crecimiento. Más aún, lejos de implicar un incremento de la deuda existente, la caída de la tasa de interés le permitiría al gobierno nacional ahorrar entre u$s 50 y 70 mil millones en el transcurso de una década. Asimismo, las provincias ahorrarían otros u$s 1000 millones por año. Y la reducción de los intereses que pagan las compañías estatales sería de u$s 1500 millones anuales. Esto es totalmente consistente con el objetivo de desendeudar al país que tantas veces esgrimió la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En síntesis, esta situación de incertidumbre y volatilidad que se ha generado en torno a la cuestión de los holdouts puede finalmente resolverse si se abandona la retórica y se contemplan algunas alternativas que permitirían romper la inercia actual y alcanzar una solución exitosa. Argentina puede beneficiarse rápida y contundentemente si aprovecha la oportunidad para reintegrarse a los mercados de capitales y dar por terminada esta experiencia anacrónica de aislamiento, alta inflación e intervencionismo extremo que tanto daño generó al país y a su gente.
