Por más de una década, Argentina estuvo involucrada en una compleja batalla legal con los tenedores de bonos emitidos bajo la jurisdicción de Nueva York antes del default del 2001. La reciente decisión de la Corte Suprema de los EE.UU. de no dar lugar a la apelación de la Argentina agotó todas las instancias legales disponibles.
Hasta ahora, CFK habÃa preferido aceptar los costos polÃticos y económicos de continuar litigando con los holdouts con la esperanza de lograr una victoria. Pero ocurre que la sentencia es negativa y resulta inapelable: la clave ahora es alcanzar un acuerdo negociado con los holdouts para solucionar definitivamente un problema que ella y Néstor Kirchner han heredado. Si esto no ocurre, podrÃa desencadenarse una crisis innecesaria y de enormes proporciones. EstarÃamos frente a un caso inusual de un enorme daño auto infligido: por errores de diagnóstico, mal asesoramiento, improvisación e incomprensión de la naturaleza del problema, Argentina pagarÃa un terrible costo con un muy negativo impacto en términos polÃticos, económicos y sociales.
En los últimos dÃas, una vez conocida la sentencia, hemos observado un comportamiento errático por parte del gobierno argentino. Esto sugiere que no hay hasta ahora una estrategia clara de cómo proceder ante esta delicada situación. Como observadores de la realidad económica y polÃtica del paÃs, esta es nuestra opinión al respecto.
1 SerÃa muy beneficioso incorporar una suerte de mediador, un actor independiente y confiable para las partes involucradas que pueda ayudar a lograr un acuerdo. En su discurso de la ciudad de Rosario el pasado 20 de junio, parecÃa haber quedado claro que CFK comprendÃa que una solución negociada era la mejor opción. Con la designación por parte del Juez Griessa de un special Master para supervisar las negociaciones y su decisión de no embargar los fondos depositados por la Argentina para pagar el vencimiento del bono Discount surge una nueva oportunidad para avanzar y lograr un acuerdo.
Ambas partes tienen la voluntad de que las negociaciones tengan éxito y el escenario parece propicio. Pero es evidente que la Argentina carece de un equipo con el conocimiento y la experiencia para defender el interés nacional consiguiendo un resultado relativamente positivo, dadas las actuales circunstancias. Es por eso que confiar en un mediador neutral y prestigioso que sea ajeno a las partes parece ser una alternativa mucho mejor que dejar esta compleja negociación en manos de los abogados que han defendido al paÃs hasta ahora (que pueden estar más interesados en seguir facturando horas de trabajo que en llegar a un acuerdo y concluir de una vez por todas con esta saga interminable).
A finales del año pasado, al menos una institución financiera de gran envergadura ofreció estructurar un acuerdo que le hubiera permitido a la Argentina obtener todos los recursos para solucionar el conflicto con los holdouts. Esta opción también está disponible en la actualidad, y quedan apenas 30 dÃas para instrumentarla. Si en efecto el gobierno decidiera volver a los mercados para resolver este tema, normalizarÃa finalmente las relaciones con el sistema financiero internacional, reduciendo el costo de financiamiento para el Estado nacional, las provincias, YPF y el sector privado. Más aún, de manera casi inmediata esto dispararÃa una ola de inversión extranjera directa que resulta imprescindible para reducir el desempleo, estabilizar los precios y desarrollar industrias crÃticas, como el sector energético.
2 Conviene ignorar a aquellos que dicen que esto no puede realizarse. El mes pasado se filtró a los medios un documento escrito por el equipo legal de la Argentina, en el que se advertÃa que si la Argentina perdÃa el caso, no habrÃa otra alternativa que entrar en default. Esta recomendación es definitivamente errónea y está en contra del interés de la Argentina. En efecto, un nuevo default tendrÃa un impacto desastroso para todos los argentinos y dejarÃa sin efecto todo el esfuerzo que hizo el paÃs en los últimos meses para recuperar credibilidad solucionando cuestiones pendientes (CIADI, Repsol, Club de ParÃs, etc.).
Dicho documento estaba basado en una serie de excusas para no negociar con los holdouts, ninguna de las cuales parece válida.
En primer lugar, se argumentaba que la Argentina no podrÃa arreglar con los holdouts sin violar la cláusula conocida como RUFO (the Rights Upon Future Offers), que obligarÃa a igualar las condiciones del nuevo acuerdo a los bonistas que entraron a los canjes del 2005 y del 2010. Esto ignora el hecho de que esa cláusula fue diseñada para evitar un nuevo canje voluntario que contemplara mejores condiciones que las ofrecÃa a aquellos bonistas. Pero la cláusula RUFO no prohibe un acuerdo involuntario generado por una decisión judicial. Es decir, una negociación exitosa con los holdouts no dispararÃa la cláusula RUFO. Para despejar dudas y evitar malentendidos, podrÃa designarse un comité de expertos que dictaminara rápidamente sobre esta cuestión. Por otra parte, este criterio parece ratificado por información reciente que indica que algunos tenedores de los bonos reestructurados en el 2005 y 2010 han desarmado sus posiciones pues no contemplan la posibilidad de ganar dinero derivado de la aplicación de la cláusula RUFO.
Más aún, el argumento de que cualquier arreglo implicarÃa nuevas demandas por unos u$s 15 billones también sugiere que las recomendaciones de los abogados de la Argentina están lejos de ser ideales. Nadie ha explicado de dónde surge dicha suma. Más aún, el gobierno argentino no se ha reunido aún con los representantes de esos bonistas que no entraron a los canjes y que aún no han iniciado acciones legales en contra del paÃs para discutir la posibilidad de definir un esquema que sea aceptable para ambas partes. Por ejemplo, Argentina podrÃa resolver esta cuestión si aplicara el mismo criterio utilizado recientemente para solucionar las controversias pendientes con el CIADI, Repsol y el Club de ParÃs.
3 Es importante recordar que la sociedad apoya una solución negociada de esta disputa. De acuerdo a un sondeo que realizamos a finales del año pasado, que fue ratificado por estudios más recientes, más del 80% de los argentinos quieren terminar con este problema para evitar nuevas turbulencias, y que de ese modo mejore la situación económica y se generen nuevos empleos. Un 65% de los consultados cree que el fin de estas disputas puede contribuir a reducir la inflación. Finalmente, más de la mitad cree que superado el conflicto con los holdouts, aumentarÃa la entrada de dólares y de ese modo podrÃa removerse o aflojarse el cepo cambiario. En sÃntesis, una mayorÃa de la sociedad apoya un conjunto de polÃticas que le permita al paÃs revertir el aislamiento para reintegrarse a la economÃa mundial.
En efecto, los beneficios de volver a los mercados serÃan muy significativos. Nuestros cálculos sugieren que si Argentina resolviera de una buena vez la cuestión de la deuda no reestructurada, el costo del financiamiento a 10 años bajarÃa más de 800 puntos básicos. De hecho, esto podrÃa mejorar aún más con una comunicación adecuada del gobierno argentino que les permitiera a los inversores globales comprender el renovado compromiso del paÃs en instrumentar una polÃtica económica coherente que tienda a la estabilidad y el crecimiento. Más aún, lejos de implicar un incremento de la deuda existente, la caÃda de la tasa de interés le permitirÃa al gobierno nacional ahorrar entre u$s 50 y 70 mil millones en el transcurso de una década. Asimismo, las provincias ahorrarÃan otros u$s 1000 millones por año. Y la reducción de los intereses que pagan las compañÃas estatales serÃa de u$s 1500 millones anuales. Esto es totalmente consistente con el objetivo de desendeudar al paÃs que tantas veces esgrimió la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En sÃntesis, esta situación de incertidumbre y volatilidad que se ha generado en torno a la cuestión de los holdouts puede finalmente resolverse si se abandona la retórica y se contemplan algunas alternativas que permitirÃan romper la inercia actual y alcanzar una solución exitosa. Argentina puede beneficiarse rápida y contundentemente si aprovecha la oportunidad para reintegrarse a los mercados de capitales y dar por terminada esta experiencia anacrónica de aislamiento, alta inflación e intervencionismo extremo que tanto daño generó al paÃs y a su gente.
Hasta ahora, CFK habÃa preferido aceptar los costos polÃticos y económicos de continuar litigando con los holdouts con la esperanza de lograr una victoria. Pero ocurre que la sentencia es negativa y resulta inapelable: la clave ahora es alcanzar un acuerdo negociado con los holdouts para solucionar definitivamente un problema que ella y Néstor Kirchner han heredado. Si esto no ocurre, podrÃa desencadenarse una crisis innecesaria y de enormes proporciones. EstarÃamos frente a un caso inusual de un enorme daño auto infligido: por errores de diagnóstico, mal asesoramiento, improvisación e incomprensión de la naturaleza del problema, Argentina pagarÃa un terrible costo con un muy negativo impacto en términos polÃticos, económicos y sociales.
En los últimos dÃas, una vez conocida la sentencia, hemos observado un comportamiento errático por parte del gobierno argentino. Esto sugiere que no hay hasta ahora una estrategia clara de cómo proceder ante esta delicada situación. Como observadores de la realidad económica y polÃtica del paÃs, esta es nuestra opinión al respecto.
1 SerÃa muy beneficioso incorporar una suerte de mediador, un actor independiente y confiable para las partes involucradas que pueda ayudar a lograr un acuerdo. En su discurso de la ciudad de Rosario el pasado 20 de junio, parecÃa haber quedado claro que CFK comprendÃa que una solución negociada era la mejor opción. Con la designación por parte del Juez Griessa de un special Master para supervisar las negociaciones y su decisión de no embargar los fondos depositados por la Argentina para pagar el vencimiento del bono Discount surge una nueva oportunidad para avanzar y lograr un acuerdo.
Ambas partes tienen la voluntad de que las negociaciones tengan éxito y el escenario parece propicio. Pero es evidente que la Argentina carece de un equipo con el conocimiento y la experiencia para defender el interés nacional consiguiendo un resultado relativamente positivo, dadas las actuales circunstancias. Es por eso que confiar en un mediador neutral y prestigioso que sea ajeno a las partes parece ser una alternativa mucho mejor que dejar esta compleja negociación en manos de los abogados que han defendido al paÃs hasta ahora (que pueden estar más interesados en seguir facturando horas de trabajo que en llegar a un acuerdo y concluir de una vez por todas con esta saga interminable).
A finales del año pasado, al menos una institución financiera de gran envergadura ofreció estructurar un acuerdo que le hubiera permitido a la Argentina obtener todos los recursos para solucionar el conflicto con los holdouts. Esta opción también está disponible en la actualidad, y quedan apenas 30 dÃas para instrumentarla. Si en efecto el gobierno decidiera volver a los mercados para resolver este tema, normalizarÃa finalmente las relaciones con el sistema financiero internacional, reduciendo el costo de financiamiento para el Estado nacional, las provincias, YPF y el sector privado. Más aún, de manera casi inmediata esto dispararÃa una ola de inversión extranjera directa que resulta imprescindible para reducir el desempleo, estabilizar los precios y desarrollar industrias crÃticas, como el sector energético.
2 Conviene ignorar a aquellos que dicen que esto no puede realizarse. El mes pasado se filtró a los medios un documento escrito por el equipo legal de la Argentina, en el que se advertÃa que si la Argentina perdÃa el caso, no habrÃa otra alternativa que entrar en default. Esta recomendación es definitivamente errónea y está en contra del interés de la Argentina. En efecto, un nuevo default tendrÃa un impacto desastroso para todos los argentinos y dejarÃa sin efecto todo el esfuerzo que hizo el paÃs en los últimos meses para recuperar credibilidad solucionando cuestiones pendientes (CIADI, Repsol, Club de ParÃs, etc.).
Dicho documento estaba basado en una serie de excusas para no negociar con los holdouts, ninguna de las cuales parece válida.
En primer lugar, se argumentaba que la Argentina no podrÃa arreglar con los holdouts sin violar la cláusula conocida como RUFO (the Rights Upon Future Offers), que obligarÃa a igualar las condiciones del nuevo acuerdo a los bonistas que entraron a los canjes del 2005 y del 2010. Esto ignora el hecho de que esa cláusula fue diseñada para evitar un nuevo canje voluntario que contemplara mejores condiciones que las ofrecÃa a aquellos bonistas. Pero la cláusula RUFO no prohibe un acuerdo involuntario generado por una decisión judicial. Es decir, una negociación exitosa con los holdouts no dispararÃa la cláusula RUFO. Para despejar dudas y evitar malentendidos, podrÃa designarse un comité de expertos que dictaminara rápidamente sobre esta cuestión. Por otra parte, este criterio parece ratificado por información reciente que indica que algunos tenedores de los bonos reestructurados en el 2005 y 2010 han desarmado sus posiciones pues no contemplan la posibilidad de ganar dinero derivado de la aplicación de la cláusula RUFO.
Más aún, el argumento de que cualquier arreglo implicarÃa nuevas demandas por unos u$s 15 billones también sugiere que las recomendaciones de los abogados de la Argentina están lejos de ser ideales. Nadie ha explicado de dónde surge dicha suma. Más aún, el gobierno argentino no se ha reunido aún con los representantes de esos bonistas que no entraron a los canjes y que aún no han iniciado acciones legales en contra del paÃs para discutir la posibilidad de definir un esquema que sea aceptable para ambas partes. Por ejemplo, Argentina podrÃa resolver esta cuestión si aplicara el mismo criterio utilizado recientemente para solucionar las controversias pendientes con el CIADI, Repsol y el Club de ParÃs.
3 Es importante recordar que la sociedad apoya una solución negociada de esta disputa. De acuerdo a un sondeo que realizamos a finales del año pasado, que fue ratificado por estudios más recientes, más del 80% de los argentinos quieren terminar con este problema para evitar nuevas turbulencias, y que de ese modo mejore la situación económica y se generen nuevos empleos. Un 65% de los consultados cree que el fin de estas disputas puede contribuir a reducir la inflación. Finalmente, más de la mitad cree que superado el conflicto con los holdouts, aumentarÃa la entrada de dólares y de ese modo podrÃa removerse o aflojarse el cepo cambiario. En sÃntesis, una mayorÃa de la sociedad apoya un conjunto de polÃticas que le permita al paÃs revertir el aislamiento para reintegrarse a la economÃa mundial.
En efecto, los beneficios de volver a los mercados serÃan muy significativos. Nuestros cálculos sugieren que si Argentina resolviera de una buena vez la cuestión de la deuda no reestructurada, el costo del financiamiento a 10 años bajarÃa más de 800 puntos básicos. De hecho, esto podrÃa mejorar aún más con una comunicación adecuada del gobierno argentino que les permitiera a los inversores globales comprender el renovado compromiso del paÃs en instrumentar una polÃtica económica coherente que tienda a la estabilidad y el crecimiento. Más aún, lejos de implicar un incremento de la deuda existente, la caÃda de la tasa de interés le permitirÃa al gobierno nacional ahorrar entre u$s 50 y 70 mil millones en el transcurso de una década. Asimismo, las provincias ahorrarÃan otros u$s 1000 millones por año. Y la reducción de los intereses que pagan las compañÃas estatales serÃa de u$s 1500 millones anuales. Esto es totalmente consistente con el objetivo de desendeudar al paÃs que tantas veces esgrimió la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En sÃntesis, esta situación de incertidumbre y volatilidad que se ha generado en torno a la cuestión de los holdouts puede finalmente resolverse si se abandona la retórica y se contemplan algunas alternativas que permitirÃan romper la inercia actual y alcanzar una solución exitosa. Argentina puede beneficiarse rápida y contundentemente si aprovecha la oportunidad para reintegrarse a los mercados de capitales y dar por terminada esta experiencia anacrónica de aislamiento, alta inflación e intervencionismo extremo que tanto daño generó al paÃs y a su gente.
