Varios fiscales hicieron presentaciones para que la Justicia establezca si hubo extorsión o intenciones desestabilizadores a nivel provincial y/o nacional. El gobierno del Chaco acusó a un alto funcionario policial como promotor de los saqueos.
Al menos en Chaco, Rosario, Tucumán y Mar del Plata ya se abrieron investigaciones penales que apuntan a integrantes de las policÃas locales por el posible delito de sedición y a establecer la conexión entre sus protestas y los saqueos en los comercios. La hipótesis que subyace es que el encadenamiento de alzamientos policiales no responde a un efecto de contagio ni exclusivamente a un reclamo salarial, sino que buscarÃa efectos extorsivos y desestabilizadores a nivel provincial y/o nacional. Algunas de las causas son impulsadas por fiscalÃas en función de una comisión especÃfica creada por la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Otras fueron iniciativas sueltas y pedidos de gobiernos provinciales. Los robos y homicidios se analizan en expedientes separados, en los tribunales de cada jurisdicción.
Una de las primeras denuncias la hizo el fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler, quien afirmó que allà “un grupo de no menos de diez personas de condición policial que actuaron en connivencia con agitadores civiles, tomaron la decisión de autoacuartelarse para obtener beneficios salariales” y lo hicieron “a sabiendas de que esas acciones implicarÃan la comisión de múltiples delitos por parte de otras personas que aprovecharÃan esa situación policial de brazos caÃdos”. “No sólo posibilitaron los robos, sino que generaron en la población un temor cierto acerca de la seguridad común, afectando el orden público”, advirtió. Hubo, dijo Adler, “un alzamiento en armas contra los poderes públicos reprimido por la ley penal argentina” que puso “en riesgo las instituciones de la República y la Constitución”. Señaló los delitos de asociación ilÃcita y sedición.
Además de la investigación que allà conduce el fiscal Pablo Larriera –por la presentación de Adler–, se investigan en la Justicia local ordinaria los saqueos, por los que hubo 55 personas detenidas, y los incendios a seis colectivos.
En Chaco, donde la policÃa se resistió a negociar antes de que hubiera dos muertos, el fiscal general Federico Carniel pidió que inicien investigaciones los fiscales de todas las jurisdicciones (lo que abarca Formosa, Resistencia, Reconquista y Sáenz Peña). Según una resolución de Carniel –quien integra la comisión designada por Gils Carbó–, allà los agentes de la policÃa y del Servicio Penitenciario se alzaron “a sabiendas de que esta acción genera la comisión de múltiples delitos” al haber zonas liberadas” y señaló la presunción de que “se estarÃa violando la Ley de Defensa de la Democracia”. Hay “perturbaciones a la tranquilidad de la población” y “al orden público”. Es “imperioso determinar si existen vinculaciones entre aquellos que deben custodiar la seguridad de los ciudadanos y que ponga en riesgo las instituciones y el sistema democrático”.
También el gobierno chaqueño hizo su propia denuncia y pidió a las jerarquÃas de la policÃa que realicen “un profundo saneamiento” de la fuerza. El gobernador en ejercicio, Juan Carlos Becileff Ivanoff, señaló, por ejemplo, a un alto funcionario policial de Sáenz Peña acusado de sacar presos para que salgan a robar, como promotor de los saqueos.
En Tucumán, antes de que el gobierno llegara a un acuerdo salarial con la policÃa, el fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, hizo una denuncia ante la fiscal Adriana Reynoso Cuello para que se investigue por “sedición e incumplimiento de los deberes de funcionario público” a unos 400 agentes que estaban acuartelados en la subjefatura de policÃa. Reynoso citó al jefe de PolicÃa, Jorge Racedo, a informar sobre la situación. En Rosario hubo una denuncia de la gobernación para que se investigue posible sedición, y la investigación quedó a cargo del fiscal Walter RodrÃguez.
Al menos en Chaco, Rosario, Tucumán y Mar del Plata ya se abrieron investigaciones penales que apuntan a integrantes de las policÃas locales por el posible delito de sedición y a establecer la conexión entre sus protestas y los saqueos en los comercios. La hipótesis que subyace es que el encadenamiento de alzamientos policiales no responde a un efecto de contagio ni exclusivamente a un reclamo salarial, sino que buscarÃa efectos extorsivos y desestabilizadores a nivel provincial y/o nacional. Algunas de las causas son impulsadas por fiscalÃas en función de una comisión especÃfica creada por la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Otras fueron iniciativas sueltas y pedidos de gobiernos provinciales. Los robos y homicidios se analizan en expedientes separados, en los tribunales de cada jurisdicción.
Una de las primeras denuncias la hizo el fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler, quien afirmó que allà “un grupo de no menos de diez personas de condición policial que actuaron en connivencia con agitadores civiles, tomaron la decisión de autoacuartelarse para obtener beneficios salariales” y lo hicieron “a sabiendas de que esas acciones implicarÃan la comisión de múltiples delitos por parte de otras personas que aprovecharÃan esa situación policial de brazos caÃdos”. “No sólo posibilitaron los robos, sino que generaron en la población un temor cierto acerca de la seguridad común, afectando el orden público”, advirtió. Hubo, dijo Adler, “un alzamiento en armas contra los poderes públicos reprimido por la ley penal argentina” que puso “en riesgo las instituciones de la República y la Constitución”. Señaló los delitos de asociación ilÃcita y sedición.
Además de la investigación que allà conduce el fiscal Pablo Larriera –por la presentación de Adler–, se investigan en la Justicia local ordinaria los saqueos, por los que hubo 55 personas detenidas, y los incendios a seis colectivos.
En Chaco, donde la policÃa se resistió a negociar antes de que hubiera dos muertos, el fiscal general Federico Carniel pidió que inicien investigaciones los fiscales de todas las jurisdicciones (lo que abarca Formosa, Resistencia, Reconquista y Sáenz Peña). Según una resolución de Carniel –quien integra la comisión designada por Gils Carbó–, allà los agentes de la policÃa y del Servicio Penitenciario se alzaron “a sabiendas de que esta acción genera la comisión de múltiples delitos” al haber zonas liberadas” y señaló la presunción de que “se estarÃa violando la Ley de Defensa de la Democracia”. Hay “perturbaciones a la tranquilidad de la población” y “al orden público”. Es “imperioso determinar si existen vinculaciones entre aquellos que deben custodiar la seguridad de los ciudadanos y que ponga en riesgo las instituciones y el sistema democrático”.
También el gobierno chaqueño hizo su propia denuncia y pidió a las jerarquÃas de la policÃa que realicen “un profundo saneamiento” de la fuerza. El gobernador en ejercicio, Juan Carlos Becileff Ivanoff, señaló, por ejemplo, a un alto funcionario policial de Sáenz Peña acusado de sacar presos para que salgan a robar, como promotor de los saqueos.
En Tucumán, antes de que el gobierno llegara a un acuerdo salarial con la policÃa, el fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, hizo una denuncia ante la fiscal Adriana Reynoso Cuello para que se investigue por “sedición e incumplimiento de los deberes de funcionario público” a unos 400 agentes que estaban acuartelados en la subjefatura de policÃa. Reynoso citó al jefe de PolicÃa, Jorge Racedo, a informar sobre la situación. En Rosario hubo una denuncia de la gobernación para que se investigue posible sedición, y la investigación quedó a cargo del fiscal Walter RodrÃguez.
