La Argentina, ¿país bananero?

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Jueves 28 de febrero de 2013 | Publicado en edición impresa
Por Luis Majul | LA NACION
Analistas tradicionales de la política sonrieron con incredulidad cuando Beatriz Sarlo arriesgó, por primera vez, la posibilidad de que este gobierno impulse no sólo la reforma de la Constitución, sino también un «cambio de régimen». Es decir: un proyecto de representación política distinto al actual que le permita a la Presidenta seguir gobernando sin la molesta presencia del periodismo crítico y la parte de la Justicia no domesticada. «La Argentina, todavía, no es Venezuela», se atajó un dirigente político de la oposición que ama la teoría.
La semana pasada los representantes del establishment de formadores de opinión volvieron a sonreír cuando algunos periodistas planteamos la idea de que el Gobierno intentaba controlar a Marcelo Tinelli para que el «Gran Cuñado 2013» no tuviera el mismo resultado que el de 2009. Clásicos y conservadores, se resisten a considerar todavía a la dirigencia argentina como representativa de una «republiqueta bananera». Les gusta pensar que la democracia formal y la Constitución Nacional contienen, en sus fundamentos, los remedios necesarios para evitar la eternización de Cristina Fernández. Interpretan que el Gobierno, por más que quiera, todavía no puede llevarse la Argentina por delante. En este diagnóstico pesa su propio deseo, pero los antecedentes recientes de la Presidenta prueban que Ella está dispuesta a cualquier cosa, menos a asumir la idea de abandonar el poder. También muestran que no le importan las formas, sino los resultados. ¿Es una locura imaginar a Cristina Fernández sentada frente a Tinelli y Cristóbal López, dándoles instrucciones sobre los contenidos de los programas? De hecho, en su momento, la Presidenta lo hizo ante un conductor casi tan importante como Tinelli, cuando uno de los grupos de medios más cercanos al Gobierno se disponía a iniciar un proyecto dirigido a un público joven, con cierto perfume a Tecnópolis.
Los que recibieron las sugerencias de la jefa del Estado en su despacho de la Casa Rosada primero la miraron con extrañeza, pero nadie le puso límites porque estaba implícito que la iniciativa contaría con el millonario apoyo de la publicidad oficial. La jefa del Estado, igual que el ex presidente Kirchner en su momento, evaluaron que a las legislativas de 2009 las perdieron por culpa del Grupo Clarín; por la manija favorable que le dio el imitador al personaje de su principal competidor, Francisco de Narváez, y por el pobre papel que hizo Kirchner en la última emisión, cuando salió por teléfono y maltrató a Tinelli, al sugerir que tenía a algunos de sus empleados en negro.
Los estrategos de la comunicación del Gobierno hacen bien en abrir el paraguas. Si la ministra Alicia Kirchner será, al final, la primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, ¿qué chances tendría de salir airosa en la elección virtual de «Gran Cuñado 2013» frente al propio De Narváez, Sergio Massa, Mauricio Macri, a quien no le molesta cantar y bailar, o Daniel Scioli, a quien Marcelo respeta y estima? Pero no es sólo el efecto Tinelli el que hace ver a la dirigencia argentina como la de un país bananero. Recordemos sólo unos cuántos episodios más o menos recientes. ¿Alguien podría haber imaginado hace un tiempo que el oficialismo, al mejor estilo del menemismo, intentaría transformar de nuevo en diputados nacionales a dos funcionarios que habían pedido licencia y renunciado, sólo para llegar al quórum y lograr la aprobación del escandaloso memorándum de entendimiento con Irán? ¿No es propio del Poder Ejecutivo de un país bananero convocar a un grupo de gerentes de hipermercados y cadenas de electrodomésticos y darles la orden de no incluir más publicidad en los principales diarios bajo la amenaza de enviar inspectores y también a la AFIP? ¿En cuántas democracias del mundo una presidenta acusa con nombre y apellido, por cadena nacional, a un agente inmobiliario porque dijo que la actividad, en su sector, había caído por culpa del cepo cambiario? ¿Cuántos jefes de Estado son capaces de dedicarle una larga carta a uno de los artistas más prestigiosos de su país, incluir en el texto acusaciones personales veladas y no percibir la enorme desproporción que hay entre un mensaje y el otro? Todo eso sucede en la Argentina y no en ninguna dictadura del Caribe o de África. Y también sucede porque la mayoría de la oposición no reacciona, porque los empresarios a los que el Gobierno reta se callan, porque los artistas que reciben subsidios o dinero del Estado por actuar se abstienen de opinar por temor a quedarse sin trabajo y porque las leyes, la Constitución y las reglas básicas del juego de la democracia formal no parecen ser suficientes para contener la enorme ambición de perpetuarse en el poder que anida en quienes gobiernan.
A partir de la segunda mitad del gobierno de Kirchner, vengo escuchando a dirigentes políticos de la oposición decir, por ejemplo, que no pueden inventar una cuenta falsa en el exterior de un candidato a jefe de gobierno de la ciudad, ganar la elección y no ser condenados por la Justicia. Que no pueden volcar millones de pesos de publicidad oficial sin control ni auditoría hacia los medios amigos y darles migajas o nada a los medios críticos, porque se ponen al borde del delito. Que no pueden usar el Fútbol para Todos para hacer propaganda y atacar a los adversarios políticos y a los periodistas críticos. Que no pueden tratar al Grupo Clarín y a Hugo Moyano como si fueran los jefes de la mafia cuando antes los consideraban sus amigos y les daban desde el Estado privilegios y ventajas que a otros no. Que no pueden negarles auxilio financiero a las intendencias que no apoyan la reelección y llenar de millones de pesos a los jefes comunales que apoyan a Cristina. Que tampoco pueden dejar de enviarle dinero al gobernador Daniel Scioli porque repercute en la imagen y la intención de votos de la Presidenta de la Nación. Que no pueden agitar el fantasma de hacer que los jueces paguen el impuesto a las ganancias porque está claro que su objetivo es controlar a la Justicia, que se atreve a fallar contra los deseos del Gobierno. Que no pueden cambiar la Constitución porque no cuentan con los dos tercios de las cámaras para imponer la necesidad de hacerlo. Que no pueden comprar a Tinelli porque sería un papelón. Que no van a ir por los dólares de los argentinos en el exterior porque no tienen cómo. Que no pueden aumentar el gasto del Estado en un año electoral porque se está viviendo en una economía de frazada corta. Que no pueden expropiar Cablevisión por encima de lo que decida la Justicia porque la Argentina dejaría de ser un país civilizado. Evidentemente, el Gobierno sí puede. Porque todavía no hay quien se plante enfrente para impedirlo. Y eso los envalentona todavía más.
© LA NACION.
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