La Presidenta está ante un dios indiferente. Entre las confesiones públicas de Cristina Kirchner sobre sus vanas conversaciones con un ser superior (a quien le pidió, dijo, ser humilde), se deslizó otra revelación, ésta de gravedad institucional. Después de criticar a los medios periodísticos y a los economistas opositores, se entusiasmó con el plazo que vence en el mes de diciembre para la nueva ley de medios. La alegría por la cercanía de ese plazo venía siendo celebrada ya por expresiones diversas del kirchnerismo (incluidos sus infaltables blogueros), pero nunca antes tales regodeos se habían escuchado desde la más alta instancia del poder.
La primera novedad que plantearon aquellas palabras presidenciales fue que Cristina Kirchner conoce de antemano lo que decidirá -o no decidirá- la Justicia. En rigor, el único artículo de la ley de medios que está protegido por una medida cautelar es el 161, que les ordena a las empresas de medios la desinversión en el plazo de un año de las propiedades que excedan las cantidades estipuladas por la norma. La medida cautelar fue interpuesta por el Grupo Clarín porque considera inconstitucional ese artículo que violaría el derecho a la propiedad y los derechos adquiridos.
El 7 de diciembre comenzará a correr el año para la desinversión que prevé la ley de medios.
En un reciente fallo, la Corte Suprema de Justicia fijó el 7 de diciembre como fecha final para que el juez de primera instancia se pronuncie sobre la cuestión de fondo. El máximo tribunal argumentó que las medidas cautelares deben tener un plazo, porque de otra manera esa medida transitoria se convertiría de hecho en una decisión de fondo.
De todos modos, ese plazo haría caer la medida cautelar sólo si el juez declarara constitucional el artículo o si no hubiera pronunciamiento previo del magistrado. Al revés, la protección cautelar sobre la propiedad seguiría vigente si el juez calificara de inconstitucional el artículo en cuestión. Es previsible que el Gobierno apelaría en este último caso a la Cámara, pero la medida cautelar seguiría vigente. La alegría presidencial ha descartado un pronunciamiento judicial en contra de los intereses del Gobierno. La Presidenta, por el contrario, dio por seguro que el juez fallará a favor de sus posiciones o que nunca se pronunciará. Puede colegirse fácilmente, por lo tanto, que el poder que manda cuenta con información sobre cruciales decisiones judiciales que el resto de los argentinos ignoran.
Aun así, y si se interpretara bien aquella resolución de la Corte Suprema, el 7 de diciembre comenzará a correr el año para la desinversión que prevé la ley de medios. Sin embargo, todo indica que, en caso de que el plazo realmente venciera ese día, el Gobierno comenzará a reclamar en el acto que le informen cómo y a quiénes se les venderán las propiedades no incluidas en la norma. La ansiedad kirchnerista por ver desarticulados los medios no adictos (que es la intención última de la ley de medios) ha convertido el 7 de diciembre en el desembarco de Normandía. En efecto, desde ese día el caso ya no estaría en manos de la Justicia, sino en las arbitrarias manos del poder político.
La ley de medios está vigente en más del 90 por ciento de su articulado, pero no se cumple casi ninguna de sus disposiciones.
Con todo, la reciente confesión presidencial fue más allá y reveló el propósito final de la ley. Con palabras menos directas, la Presidenta vino a decir que la vigencia total de la ley les cerrará la boca a los medios periodísticos independientes y a las voces críticas de la oposición. A todo esto, la ley de medios está vigente en más del 90 por ciento de su articulado, pero no se cumple casi ninguna de sus disposiciones. No se cumple, por ejemplo, la regulación que hace del uso de la cadena nacional de radio y televisión por parte del Gobierno, que es un resabio de los viejos tiempos del autoritarismo militar en la Argentina.
La Presidenta concluyó con la esperanza puesta en diciembre después de quejarse de la «cadena nacional del miedo y el desánimo» y de vapulear a dos economistas que formaron parte del gobierno kirchnerista, pero que hoy militan en filas opositoras. Alfonso Prat-Gray y Martín Redrado fueron presidentes del Banco Central durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Con sus aciertos y con sus errores, ellos fueron autoridades monetarias mucho más razonables que las que los sucedieron.
Es cierto que hay una caída notable en las acciones políticas de Guillermo Moreno (ha cometido demasiados errores hasta para los ojos presidenciales) y que el hombre fuerte que se perfila en el manejo económico es el actual viceministro de Economía, Axel Kicillof. Aun así, se trataba de una disputa entre economistas que mantuvo a la Presidenta al margen de la batalla. Pero la pelea es el ámbito que mejor le sienta a Cristina Kirchner, que optó por defender a Kicillof y por revelar supuestos secretos del gobierno cuando Prat-Gay y Redrado eran jefes del Central. La versión de la historia por parte de sus protagonistas es siempre parcial. Prat-Gay y Redrado se desatendieron de Kicillof y se enfrentaron directamente con Cristina. Ninguna sorpresa en tiempos en que es políticamente redituable el combate directo con la Presidenta.
Sobresale también la poca capacidad de los funcionarios para el ejercicio de la política. No hay nada más impopular que decir lo que dijo Kicillof: que es progresista que el dinero de los jubilados, a quienes se les niegan las actualizaciones dispuestas por la Corte Suprema de Justicia, sea utilizado para pagar, por ejemplo, el aguinaldo de los empleados públicos bonaerenses. ¿Esperaban que los jubilados se sumaran al progresismo de Kicillof o que salieran enardecidos a criticarlo, como sucedió?
La versión de la historia por parte de sus protagonistas es siempre parcial.
El viceministro de Seguridad, Sergio Berni, cometió otro zafarrancho político cuando respondió con estadísticas al drama de la inseguridad. La Capital, el territorio que Berni acepta como responsabilidad del gobierno nacional en materia de seguridad, es cada vez más una zona liberada para el vandalismo y el crimen. Otras ciudades latinoamericanas están peor, como aseguró Berni, pero los porteños viven en la Capital, no en México, Bogotá o San Pablo. Las estadísticas no les dicen nada a los porteños.
Estos son, de todos modos, los relatos únicos y persistentes que la Presidenta quisiera ver diseminados en la unanimidad de los medios audiovisuales. No está lejos de lograrlo: su discurso admonitorio fue transmitido en directo por cuatro de los cinco canales de noticias y por un canal de aire (Canal 7, desde ya). No fue una cadena nacional, pero se le pareció. Sus palabras reveladoras indican que aspira a algo más que a la difusión unísona del discurso oficial; quiere que el resto se calle, de una vez por todas..
La primera novedad que plantearon aquellas palabras presidenciales fue que Cristina Kirchner conoce de antemano lo que decidirá -o no decidirá- la Justicia. En rigor, el único artículo de la ley de medios que está protegido por una medida cautelar es el 161, que les ordena a las empresas de medios la desinversión en el plazo de un año de las propiedades que excedan las cantidades estipuladas por la norma. La medida cautelar fue interpuesta por el Grupo Clarín porque considera inconstitucional ese artículo que violaría el derecho a la propiedad y los derechos adquiridos.
El 7 de diciembre comenzará a correr el año para la desinversión que prevé la ley de medios.
En un reciente fallo, la Corte Suprema de Justicia fijó el 7 de diciembre como fecha final para que el juez de primera instancia se pronuncie sobre la cuestión de fondo. El máximo tribunal argumentó que las medidas cautelares deben tener un plazo, porque de otra manera esa medida transitoria se convertiría de hecho en una decisión de fondo.
De todos modos, ese plazo haría caer la medida cautelar sólo si el juez declarara constitucional el artículo o si no hubiera pronunciamiento previo del magistrado. Al revés, la protección cautelar sobre la propiedad seguiría vigente si el juez calificara de inconstitucional el artículo en cuestión. Es previsible que el Gobierno apelaría en este último caso a la Cámara, pero la medida cautelar seguiría vigente. La alegría presidencial ha descartado un pronunciamiento judicial en contra de los intereses del Gobierno. La Presidenta, por el contrario, dio por seguro que el juez fallará a favor de sus posiciones o que nunca se pronunciará. Puede colegirse fácilmente, por lo tanto, que el poder que manda cuenta con información sobre cruciales decisiones judiciales que el resto de los argentinos ignoran.
Aun así, y si se interpretara bien aquella resolución de la Corte Suprema, el 7 de diciembre comenzará a correr el año para la desinversión que prevé la ley de medios. Sin embargo, todo indica que, en caso de que el plazo realmente venciera ese día, el Gobierno comenzará a reclamar en el acto que le informen cómo y a quiénes se les venderán las propiedades no incluidas en la norma. La ansiedad kirchnerista por ver desarticulados los medios no adictos (que es la intención última de la ley de medios) ha convertido el 7 de diciembre en el desembarco de Normandía. En efecto, desde ese día el caso ya no estaría en manos de la Justicia, sino en las arbitrarias manos del poder político.
La ley de medios está vigente en más del 90 por ciento de su articulado, pero no se cumple casi ninguna de sus disposiciones.
Con todo, la reciente confesión presidencial fue más allá y reveló el propósito final de la ley. Con palabras menos directas, la Presidenta vino a decir que la vigencia total de la ley les cerrará la boca a los medios periodísticos independientes y a las voces críticas de la oposición. A todo esto, la ley de medios está vigente en más del 90 por ciento de su articulado, pero no se cumple casi ninguna de sus disposiciones. No se cumple, por ejemplo, la regulación que hace del uso de la cadena nacional de radio y televisión por parte del Gobierno, que es un resabio de los viejos tiempos del autoritarismo militar en la Argentina.
La Presidenta concluyó con la esperanza puesta en diciembre después de quejarse de la «cadena nacional del miedo y el desánimo» y de vapulear a dos economistas que formaron parte del gobierno kirchnerista, pero que hoy militan en filas opositoras. Alfonso Prat-Gray y Martín Redrado fueron presidentes del Banco Central durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Con sus aciertos y con sus errores, ellos fueron autoridades monetarias mucho más razonables que las que los sucedieron.
Es cierto que hay una caída notable en las acciones políticas de Guillermo Moreno (ha cometido demasiados errores hasta para los ojos presidenciales) y que el hombre fuerte que se perfila en el manejo económico es el actual viceministro de Economía, Axel Kicillof. Aun así, se trataba de una disputa entre economistas que mantuvo a la Presidenta al margen de la batalla. Pero la pelea es el ámbito que mejor le sienta a Cristina Kirchner, que optó por defender a Kicillof y por revelar supuestos secretos del gobierno cuando Prat-Gay y Redrado eran jefes del Central. La versión de la historia por parte de sus protagonistas es siempre parcial. Prat-Gay y Redrado se desatendieron de Kicillof y se enfrentaron directamente con Cristina. Ninguna sorpresa en tiempos en que es políticamente redituable el combate directo con la Presidenta.
Sobresale también la poca capacidad de los funcionarios para el ejercicio de la política. No hay nada más impopular que decir lo que dijo Kicillof: que es progresista que el dinero de los jubilados, a quienes se les niegan las actualizaciones dispuestas por la Corte Suprema de Justicia, sea utilizado para pagar, por ejemplo, el aguinaldo de los empleados públicos bonaerenses. ¿Esperaban que los jubilados se sumaran al progresismo de Kicillof o que salieran enardecidos a criticarlo, como sucedió?
La versión de la historia por parte de sus protagonistas es siempre parcial.
El viceministro de Seguridad, Sergio Berni, cometió otro zafarrancho político cuando respondió con estadísticas al drama de la inseguridad. La Capital, el territorio que Berni acepta como responsabilidad del gobierno nacional en materia de seguridad, es cada vez más una zona liberada para el vandalismo y el crimen. Otras ciudades latinoamericanas están peor, como aseguró Berni, pero los porteños viven en la Capital, no en México, Bogotá o San Pablo. Las estadísticas no les dicen nada a los porteños.
Estos son, de todos modos, los relatos únicos y persistentes que la Presidenta quisiera ver diseminados en la unanimidad de los medios audiovisuales. No está lejos de lograrlo: su discurso admonitorio fue transmitido en directo por cuatro de los cinco canales de noticias y por un canal de aire (Canal 7, desde ya). No fue una cadena nacional, pero se le pareció. Sus palabras reveladoras indican que aspira a algo más que a la difusión unísona del discurso oficial; quiere que el resto se calle, de una vez por todas..
¡Qué guacho este Lulú! ¿Cómo hizo para darse cuenta que nuestras oscuras intenciones eran desarmar el oligopolio mediático, y no solucionar el aujero de ozono?
Nadie podría imaginarlo leyendo la ley, que en realidad versa sobre el devenir del universo.
No contaban con su astucia!
Es tanta la ansiedad de la Presidenta para acallar las críticas, que se confundió en su discurso y dijo que la cautelar vencía el 1/12, no es así, es el 7. Y en una semana pueden pasar muchas cosas, todo ello sin perjuicio de que, como dice el amigo Joaquín, recién a partir del 12 comenzaría a correr el plazo de un año para desinvertir, o sea que hay un año más para que la JUSTICIA resuelva. No hay que apurarse, nadie lee Clarín ni ve TN., salvo, según parece, los cristinistas.