La CGT se apresta a llevar adelante este 29 de mayo el sexto paro general a la administración Macri. La relación del gobierno y la CGT atraviesa su momento más tenso y se convirtió en uno de los renovados focos de controversia para el Poder Ejecutivo. Si realizamos un breve repaso podremos observarlo con mayor claridad.
Hugo Moyano fue uno de los pilares que sostuvo la candidatura presidencial de Mauricio Macri. Aunque hoy el líder camionero rechaza el hecho de haber colaborado con el triunfo de Cambiemos y que el perfil de los votantes oficialistas no encaja con su figura, lo cierto es que aportó, desde la perspectiva de la opinión pública, un respaldo que simbolizó la contención frente a una máxima no escrita de la política argentina. Aquella que reza que “un gobierno no peronista no finaliza su mandato”.
El triunfo de Macri en 2015 tuvo su consecuente luna de miel con la cúpula sindical. Una relación de mutua conveniencia. Una plantita que ambos regaron: el Ejecutivo reintegró los fondos de las obras sociales que manejan los sindicatos y éstos correspondieron con un comportamiento condescendiente frente a un gobierno que en campaña prometió que los trabajadores no pagarían el impuesto a las ganancias. Pero una vez en el poder Cambiemos no solo no cumplió su promesa sino que además provocó que aumente el número de personas que hoy lo tributan.
El extinto triunvirato que condujo la CGT hasta la renuncia de Schmid a fines de 2018 demoró más de 16 meses en llevar a cabo la primera medida de fuerza en contra de las políticas económicas del gobierno.
Hoy, a 42 meses de la asunción de Mauricio Macri y cuando restan 7 meses para la finalización de su (¿primer?) mandato, la CGT hará el sexto paro general. La pregunta cae de maduro es ¿qué cambió en el tablero político para que la relación no sea lo amistosa que supo ser?
La respuesta es sencilla: la situación económica empeoró y la reelección de Mauricio Macri, que hasta hace un año era un hecho consumado, hoy es incierta. La unidad del PJ, que hasta hace pocas semanas parecía una quimera, hoy en alguna medida es un hecho y hasta podría ampliarse aún más. La cúpula de la CGT, en pleno conocimiento de esta realidad, busca reacomodarse en la escena política y tender un puente con el sector mayoritario de la oposición que representan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Todos ellos participaron de la reunión de la Mesa de Acción Política del 14 de mayo pasado en la sede del PJ en la calle Matheu.
Desde el gobierno intentan deslegitimar la medida de fuerza desde dos ángulos: por un lado hacen foco en el desprestigio de la dirigencia sindical. Este argumento sería atendible si no fuera porque la legitimidad a la dirigencia sindical se la brindan sus afiliados y no la opinión pública; y porque el gobierno pasa uno de sus peores momentos en lo que a popularidad se refiere. La mayoría de los sondeos señalan que la aprobación de la gestión del gobierno nacional se ubica en torno al 30%.
Por otro lado, desde la Rosada esgrimen que la medida es “de contenido político”, un argumento remanido. Refutarlo es un ejercicio elemental: la CGT es una institución que representa a los trabajadores y cada acción (u omisión) es política. Lo era cuando tomaron una posición pasiva y negociaban con el gobierno, y lo es ahora que adquirieron un perfil más combativo. Lo indudable es que el horizonte electoral está presente y no quieren atar su suerte a la de un gobierno al que le cuesta enormemente mostrar indicadores que hayan mejorado la situación relativa de la clase trabajadora.
La conducta que mostró hasta el momento responde a un patrón repetido de la CGT: apoyo a los gobiernos durante el inicio de los mandatos -aunque sus lineamientos sean contrarios a sus intereses- y combativos con ellos cuando perciben que el clima electoral es adverso. El recuerdo del atril volador de marzo de 2017 está en la memoria la cúpula cegetista y hoy necesita mostrarse empática con su base y con el clima de opinión que impera en nuestra sociedad, que demanda mayor compromiso con la situación de los más postergados.
*Licenciado en Ciencia Política (UBA) y analista político.
Hugo Moyano fue uno de los pilares que sostuvo la candidatura presidencial de Mauricio Macri. Aunque hoy el líder camionero rechaza el hecho de haber colaborado con el triunfo de Cambiemos y que el perfil de los votantes oficialistas no encaja con su figura, lo cierto es que aportó, desde la perspectiva de la opinión pública, un respaldo que simbolizó la contención frente a una máxima no escrita de la política argentina. Aquella que reza que “un gobierno no peronista no finaliza su mandato”.
El triunfo de Macri en 2015 tuvo su consecuente luna de miel con la cúpula sindical. Una relación de mutua conveniencia. Una plantita que ambos regaron: el Ejecutivo reintegró los fondos de las obras sociales que manejan los sindicatos y éstos correspondieron con un comportamiento condescendiente frente a un gobierno que en campaña prometió que los trabajadores no pagarían el impuesto a las ganancias. Pero una vez en el poder Cambiemos no solo no cumplió su promesa sino que además provocó que aumente el número de personas que hoy lo tributan.
El extinto triunvirato que condujo la CGT hasta la renuncia de Schmid a fines de 2018 demoró más de 16 meses en llevar a cabo la primera medida de fuerza en contra de las políticas económicas del gobierno.
Hoy, a 42 meses de la asunción de Mauricio Macri y cuando restan 7 meses para la finalización de su (¿primer?) mandato, la CGT hará el sexto paro general. La pregunta cae de maduro es ¿qué cambió en el tablero político para que la relación no sea lo amistosa que supo ser?
La respuesta es sencilla: la situación económica empeoró y la reelección de Mauricio Macri, que hasta hace un año era un hecho consumado, hoy es incierta. La unidad del PJ, que hasta hace pocas semanas parecía una quimera, hoy en alguna medida es un hecho y hasta podría ampliarse aún más. La cúpula de la CGT, en pleno conocimiento de esta realidad, busca reacomodarse en la escena política y tender un puente con el sector mayoritario de la oposición que representan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Todos ellos participaron de la reunión de la Mesa de Acción Política del 14 de mayo pasado en la sede del PJ en la calle Matheu.
Desde el gobierno intentan deslegitimar la medida de fuerza desde dos ángulos: por un lado hacen foco en el desprestigio de la dirigencia sindical. Este argumento sería atendible si no fuera porque la legitimidad a la dirigencia sindical se la brindan sus afiliados y no la opinión pública; y porque el gobierno pasa uno de sus peores momentos en lo que a popularidad se refiere. La mayoría de los sondeos señalan que la aprobación de la gestión del gobierno nacional se ubica en torno al 30%.
Por otro lado, desde la Rosada esgrimen que la medida es “de contenido político”, un argumento remanido. Refutarlo es un ejercicio elemental: la CGT es una institución que representa a los trabajadores y cada acción (u omisión) es política. Lo era cuando tomaron una posición pasiva y negociaban con el gobierno, y lo es ahora que adquirieron un perfil más combativo. Lo indudable es que el horizonte electoral está presente y no quieren atar su suerte a la de un gobierno al que le cuesta enormemente mostrar indicadores que hayan mejorado la situación relativa de la clase trabajadora.
La conducta que mostró hasta el momento responde a un patrón repetido de la CGT: apoyo a los gobiernos durante el inicio de los mandatos -aunque sus lineamientos sean contrarios a sus intereses- y combativos con ellos cuando perciben que el clima electoral es adverso. El recuerdo del atril volador de marzo de 2017 está en la memoria la cúpula cegetista y hoy necesita mostrarse empática con su base y con el clima de opinión que impera en nuestra sociedad, que demanda mayor compromiso con la situación de los más postergados.
*Licenciado en Ciencia Política (UBA) y analista político.
