Ante la vertiginosa destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, por «mal desempeño de sus funciones», el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, comentó que el procedimiento utilizado, aunque apegado a la ley, «no parece cumplir con todos los preceptos legales del derecho a la legítima defensa». A lo que agregó que así se habría violado el derecho al «debido proceso legal» de Lugo. Ocurre que en apenas treinta horas de labor parlamentaria Fernando Lugo fue juzgado y sentenciado, luego de lo cual el entonces vicepresidente, Federico Franco, asumió la presidencia de Paraguay.
Ante la aplastante mayoría con que contaban los legisladores que se pronunciaron por la destitución de Lugo, cabe preguntarse: ¿cuál pudo haber sido la razón del inusual vértigo de los parlamentarios paraguayos en destituir a Lugo?
Luego de jurar Federico Franco, España, Alemania, el Vaticano, Canadá y, verbalmente, México reconocieron a su gobierno. No obstante, a partir de la destitución de Lugo, se alzaron prestamente las voces de algunos mandatarios regionales, que calificaron lo sucedido en Paraguay como «golpe de Estado institucional».
Primero se escuchó la reprobación de los autoritarios bolivarianos. De aquellos que han desnaturalizado la democracia en sus respectivos países hasta hacerla irreconocible, sin que eso haya conmovido a los organismos regionales. Esa demolición de las estructuras democráticas se hizo con un mismo esquema: concentrar el poder en manos del Ejecutivo; transformar sus Parlamentos en meros sellos de goma, y manipular los sistemas judiciales de manera de someterlos, a punto tal que sus magistrados no tuvieran la imprescindible independencia ni fueran republicanamente imparciales.
Hay, entonces, una asimetría entre la forma en que se ha atacado la decisión casi unánime del Congreso paraguayo de desplazar a Lugo y la indiferencia con la cual se toma nota de las violaciones permanentes de las respectivas constituciones nacionales por parte de gobiernos con legitimidad de origen. De las presiones permanentes a los jueces para que dicten sentencias satisfactorias a los intereses del Poder Ejecutivo a la acumulación de poderes absolutos a través de decretos de supuesta necesidad y urgencia que vulneran la competencia natural legislativa del Congreso de la Nación, en nuestro país se configura el caso de una violación sin pausas de los derechos y garantías individuales y del sistema de separación de poderes consagrado por la Constitución Nacional.
Para la Argentina, y también para todos esos países, los equilibrios y contrapesos que están en la esencia misma de la democracia son simplemente irrelevantes. Lo importante para ellos es concentrar el poder en manos de sus líderes, con los disfraces retóricos con los que colorean su accionar, tiñéndolo de democrático. Los mensajes de Hugo Chávez, Rafael Correa, Daniel Ortega y Evo Morales que cuestionan la legitimidad de lo actuado en Paraguay padecen de esa grave deficiencia. El de Fidel Castro más aún, desde que, siendo responsable de la única tiranía de la región, no tiene legitimidad de ningún tipo para hablar de defender la democracia. La región, cabe agregar, mantiene un silencio cómplice sobre estas circunstancias que afectan sustancialmente a la democracia.
Cristina Fernández de Kirchner, por su parte, manifestó que «no convalidará» lo que calificó de «golpe de Estado». La situación de la democracia en nuestro país está, por lo demás, lejos de merecer aplausos. Hay varios jueces federales penales sospechados de favorecer a la administración nacional eternizando las investigaciones de corrupción de modo de frustrarlas y un Congreso que, arguyendo la existencia de «una (larguísima) emergencia», ha traicionado abiertamente el espíritu de la Constitución delegando todas sus facultades en el Poder Ejecutivo. Más aún, ¿puede un gobierno que ni siquiera cumple con los fallos de su propia Corte Suprema de Justicia pronunciarse alegremente del «debido proceso legal»? ¿Con qué autoridad moral?
A ello cabe agregar un antidemocrático cercenamiento de la libertad de prensa y una persecución a los medios independientes. No hay razones para ilusionarse con las derivaciones que produzca en la administración de la señora Kirchner la denuncia elevada por la ex diputada radical Silvana Giudice a raíz de los ataques a legisladores de la oposición por los propagandistas del oficialismo en medios de comunicación del Estado. La queja ha sido elevada al responsable de estos medios, el jefe de Gabinete, responsable de Fútbol para Todos. ¿Pero qué puede esperarse de un funcionario que fiscaliza, según ha informado este diario, de tal manera los ecos concernientes a su desempeño que nada referido a él se transmite por la agencia oficial de noticias (Télam) sin su aprobación previa?
Así las cosas, todo indica que el único cambio efectivo provendrá con seguridad del grado de hartazgo que se manifieste con esta situación en la opinión pública. Desde luego que será un aporte en la buena dirección el esclarecimiento que se ocupen de hacer, entre otros, organismos internacionales que deberían actuar con más celo sobre el acatamiento de los poderes políticos a los contenidos de fondo de la democracia, en lugar de ceñirse nada más que a la verificación de la forma en que se ha constituido un gobierno.
La inaceptable desprolijidad de lo sucedido en Paraguay puede -a la manera de lo acontecido no hace mucho en Honduras, ante la destitución de Manuel Zelaya- terminar aislando regionalmente -por un rato, al menos- a la nación hermana.
Aunque hay todavía en la región algunas naciones que aún no se han pronunciado sobre la destitución de Fernando Lugo, las reuniones del Mercosur y la Unasur que se avecinan podrían ser catalizadoras para la adopción de medidas conjuntas que apunten a excluir provisoriamente a Paraguay de los organismos regionales, supongan la generalización del retiro de embajadores y dispongan sanciones económicas, que nunca deberían golpear al pueblo paraguayo. Así lo sugiere especialmente la exclusión de Paraguay dispuesta recientemente en el Mercosur.
Nos preocupa sobremanera que la reacción regional se edifique solamente en el ámbito de la confrontación, sin dejar un espacio suficiente para la diplomacia, esto es, para las conversaciones entre naciones hermanas. En abril del año próximo, Paraguay tendrá elecciones nacionales, de las que surgirá un nuevo gobierno, que seguramente será elegido por la libre voluntad popular. Una opción sería adelantarlas, de modo de reducir los tiempos de la crisis. Tras las referidas elecciones, como sucedió en Honduras, habrá oportunidad para normalizar el aislamiento temporal que presumiblemente se impondría a Paraguay.
Cabe apuntar que Fernando Lugo, cuya imagen se fue debilitando paulatinamente ante la aparición de toda una serie de penosas revelaciones referidas a su conducta personal, sumada a la ineficacia de su acción de gobierno, mostró ciertamente dignidad ante la adversidad política. Luego, de una postura contemporizadora pasó -ante el fuerte apoyo externo- a una bastante más agresiva que acaba de poner en marcha. Llama la atención y obliga a pensar que entre los pocos apoyos domésticos recibidos hasta ahora por Lugo tras su destitución aparezca el de los llamados «carperos», esto es, de aquellos que, con la ocupación ilegal de tierras en Curuguaty, contribuyeron a la tensión que culminó con las 17 muertes que pesaron fuertemente en su destitución.
Es hora de actuar con prudencia y equilibrio. Sin posturas altisonantes que lastimen a la gran víctima de lo sucedido en Paraguay, que es su pueblo. En procura de dejar atrás el fracaso político de la gestión de Fernando Lugo, rechazando al propio tiempo un proceso de destitución que ciertamente no respetó el derecho de defensa de quien fue el acusado..
