La marcha del viernes, donde se pidió por la emergencia social.
– Me parece que voté mal, fíjese, le pidió Federico Pinedo al secretario parlamentario.
– No, votaste bien, le retrucó, entre risas, Juan Manuel Abal Medina.
– Yo también: voté no y aparezco como afirmativo, aclaró el salteño Juan Carlos Romero.
– Es un desastre la votación electrónica. Votan negativo y sale positivo…, escarbó, mordaz, el peronista José Mayans, que milita contra la boleta electrónica.
El traspié de Pinedo, que votó a favor y debió corregirse, ilustra el desconcierto del PRO frente a la ley de Emergencia Social que este lunes aterriza, con slow motion, en Diputados.
Pinedo firmó el envío el viernes a la tarde, según supo Clarín, mientras ardían los alrededores del Congreso por la marcha de CGT-piqueteros y protagonizó un pequeño thriller cuando desde Casa Rosada le pidieron que durmiera el texto.
¿El motivo? Ganar tiempo para que las chances de tratamiento se evaporen y se aleje la foto más temida: que Macri deba recurrir a un veto incómodo.
El PRO tiene, antes, otros recursos. Con las comisiones en modo verano, el atajo opositor para tratar el texto al recinto es juntar dos tercios de los diputados e «incorporar» el proyecto al tratamiento.
Numéricamente es fino; políticamente casi mágico. Requiere un acuerdo que anude al FpV, el massismo, los díscolos del BJ, Libres del Sur, GEN, los provinciales múltiples y los monobloques silvestres.
En Senado, el planeta K mostró matices. Virginia García, senadora K y cuñada de Máximo Kirchner, apoyó pero quejosa. «No debatimos el proyecto, escuchamos a las organizaciones pidiendo que lo votemos» dijo.
El massismo, aunque sentó a Graciela Camaño, Felipe Solá y Facundo Moyano con las organizaciones sociales, gambetea la idea de votarlo sin incorporar un renglón sobre cómo financiar la emergencia social.
En el Senado le dijeron a Clarín que Massa negoció con Miguel Angel Pichetto empujar el proyecto e impulsar, en paralelo, otra iniciativa para «fondear» el Emergencia.
Solá y Camaño trabajan sobre un esqueleto que armó el ex ministro Daniel Arroyo, que propone impuestos al juego y la renta financiera. Otros hablan de una tasa extra a las bebidas alcohólicas y las gaseosas.
«El Gobierno puede dar una señal de buena voluntad y empezar a discutir el tema social», avisan desde Tigre donde la prioridad es Ganancias.
En Casa Rosada dicen estar dispuestos a discutir si Diputados impulsa un texto que contemple financiamiento. Es decir: con modificaciones, debería volver al Senado y pasaría para el año que viene.
«Sectores que hoy gobiernan estuvieron a favor del 82% móvil que tendría un costo de más de $ 200 mil millones. La emergencia se puede implementar con $ 40 mil millones», retrucó Abal Medina el argumento fiscal.
Pero aun si se junta toda la oposición contra el bloque de Cambiemos, la matemática quedaría demasiado justa y azarosa como que el proyecto sea aprobado.
Un mega acuerdo anti Macri puede armar una sesión especial si sienta 129 diputados; pero si lo consigue y el oficialismo baja, se vuelve a la numerología incierta de los dos tercios. En ese caso, lo que el PRO no podrá evitar será la metralla opositora por negarse a tratar la ley.
El proyecto arrancó como un «borrador» que Emilio Pérsico (Movimiento Evita) y Juan Grabois (CTEP y emisario Papal) le enviaron a Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, que junto a Mario Quintana sugieren «no temerle» al proyecto sino usarlo como base.
«Si se llegara a aprobar, votarlo en pleno diciembre sería peligroso» explican en Desarrollo en referencia al clima crispado que se crea a fin de año.
Por entonces, pocos pensaban que el texto podía prosperar. Luego vino un guiño del Papa Francisco, la adhesión peronista y la sintonía del GEN -el senador Jaime Linares fue promotor- hasta que fue aprobado con 47 votos a favor, descontado el manazo erróneo de Pinedo.
– Me parece que voté mal, fíjese, le pidió Federico Pinedo al secretario parlamentario.
– No, votaste bien, le retrucó, entre risas, Juan Manuel Abal Medina.
– Yo también: voté no y aparezco como afirmativo, aclaró el salteño Juan Carlos Romero.
– Es un desastre la votación electrónica. Votan negativo y sale positivo…, escarbó, mordaz, el peronista José Mayans, que milita contra la boleta electrónica.
El traspié de Pinedo, que votó a favor y debió corregirse, ilustra el desconcierto del PRO frente a la ley de Emergencia Social que este lunes aterriza, con slow motion, en Diputados.
Pinedo firmó el envío el viernes a la tarde, según supo Clarín, mientras ardían los alrededores del Congreso por la marcha de CGT-piqueteros y protagonizó un pequeño thriller cuando desde Casa Rosada le pidieron que durmiera el texto.
¿El motivo? Ganar tiempo para que las chances de tratamiento se evaporen y se aleje la foto más temida: que Macri deba recurrir a un veto incómodo.
El PRO tiene, antes, otros recursos. Con las comisiones en modo verano, el atajo opositor para tratar el texto al recinto es juntar dos tercios de los diputados e «incorporar» el proyecto al tratamiento.
Numéricamente es fino; políticamente casi mágico. Requiere un acuerdo que anude al FpV, el massismo, los díscolos del BJ, Libres del Sur, GEN, los provinciales múltiples y los monobloques silvestres.
En Senado, el planeta K mostró matices. Virginia García, senadora K y cuñada de Máximo Kirchner, apoyó pero quejosa. «No debatimos el proyecto, escuchamos a las organizaciones pidiendo que lo votemos» dijo.
El massismo, aunque sentó a Graciela Camaño, Felipe Solá y Facundo Moyano con las organizaciones sociales, gambetea la idea de votarlo sin incorporar un renglón sobre cómo financiar la emergencia social.
En el Senado le dijeron a Clarín que Massa negoció con Miguel Angel Pichetto empujar el proyecto e impulsar, en paralelo, otra iniciativa para «fondear» el Emergencia.
Solá y Camaño trabajan sobre un esqueleto que armó el ex ministro Daniel Arroyo, que propone impuestos al juego y la renta financiera. Otros hablan de una tasa extra a las bebidas alcohólicas y las gaseosas.
«El Gobierno puede dar una señal de buena voluntad y empezar a discutir el tema social», avisan desde Tigre donde la prioridad es Ganancias.
En Casa Rosada dicen estar dispuestos a discutir si Diputados impulsa un texto que contemple financiamiento. Es decir: con modificaciones, debería volver al Senado y pasaría para el año que viene.
«Sectores que hoy gobiernan estuvieron a favor del 82% móvil que tendría un costo de más de $ 200 mil millones. La emergencia se puede implementar con $ 40 mil millones», retrucó Abal Medina el argumento fiscal.
Pero aun si se junta toda la oposición contra el bloque de Cambiemos, la matemática quedaría demasiado justa y azarosa como que el proyecto sea aprobado.
Un mega acuerdo anti Macri puede armar una sesión especial si sienta 129 diputados; pero si lo consigue y el oficialismo baja, se vuelve a la numerología incierta de los dos tercios. En ese caso, lo que el PRO no podrá evitar será la metralla opositora por negarse a tratar la ley.
El proyecto arrancó como un «borrador» que Emilio Pérsico (Movimiento Evita) y Juan Grabois (CTEP y emisario Papal) le enviaron a Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, que junto a Mario Quintana sugieren «no temerle» al proyecto sino usarlo como base.
«Si se llegara a aprobar, votarlo en pleno diciembre sería peligroso» explican en Desarrollo en referencia al clima crispado que se crea a fin de año.
Por entonces, pocos pensaban que el texto podía prosperar. Luego vino un guiño del Papa Francisco, la adhesión peronista y la sintonía del GEN -el senador Jaime Linares fue promotor- hasta que fue aprobado con 47 votos a favor, descontado el manazo erróneo de Pinedo.
