Editorial I
Los fondos previsionales se desvían para financiar ayudas estatales, comprometiendo a los jubilados, al tiempo que se disfraza la pobreza
No son pocos quienes consideran que, cuando se haga un balance objetivo de los logros del kirchnerismo, los planes sociales posiblemente figurarán entre los aciertos de una gestión que se prolongó a lo largo de 12 años.
Sin embargo, dos argumentos refutan esa posibilidad. En primer lugar, un plan de ayuda social jamás puede ser un logro, pues se trata de una medida de forzosa índole provisoria para hacer frente a una emergencia y asistir a quienes lo necesiten hasta que el país supere esa eventualidad.
En segundo lugar, cuando se inquiere por el origen del dinero que financia esos planes, se advierte con sorpresa que proviene en su mayoría de fondos destinados a los jubilados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aporta poco más de la mitad y el Ministerio de Desarrollo Social, el resto. Obviamente, los perjudicados son tanto los actuales jubilados, de los cuales el 75 por ciento sólo cobra el haber mínimo, como los futuros «beneficiarios» del sistema, que, lejos de «beneficiarse», se verán perjudicados, pues percibirán montos muy inferiores a los que por ley les corresponderían.
Según un estudio publicado por LA NACION, el Gobierno repartirá en el corriente año 18,2 millones de planes sociales, que costarán 157.209 millones de pesos, según el presupuesto 2015. En los últimos 12 años, esas transferencias impidieron que aumentara la indigencia, pero no sirvieron para reducir la pobreza. El presupuesto de transferencias sociales se duplicó en dos años, pues creció el 111,4 por ciento. En 2013, ascendía a 74.370 millones de pesos y trepó, en 2014, a 120.573 millones y, en 2015, a 157.209 millones. A fin de año podría alcanzar los 180.000 millones.
Se ve entonces que los planes sociales tratan de suplir, sin lograrlo, la ausencia de políticas de fondo para combatir la pobreza, la marginalidad y la exclusión. En el mejor de los casos, son paliativos que hacen un poco más llevadera la prolongación de una situación crítica, pero que, por desgracia, terminan convirtiéndose en una forma de vida precaria y sus beneficiarios, en votantes casi obligados del partido gobernante por temor a que un régimen de distinto signo político se los quite. Es que muchos planes sociales, al convertirse, como dijimos, en una forma de vida, generan también una especie de subcultura que concibe erróneamente al Estado como proveedor del sustento que, en verdad, debería provenir del trabajo.
Se degenera así el sentido de esas ayudas estatales que deberían ser temporales y coyunturales y terminan eternizándose y degenerando en una perversa modalidad de sujeción.
Lo paradójico es que, como ha señalado la diputada Alicia Terada (ARI-CC), es el dinero destinado a los pobres el que, en definitiva, termina financiando la ayuda a los pobres. El haber mínimo que cobran tres de cada cuatro jubilados no alcanza a cubrir la mitad de la canasta básica. En aras de la política populista del Gobierno se sigue destruyendo la ya muy deteriorada caja de la Anses. «Es irrisorio que, existiendo un Ministerio de Desarrollo Social, sea la Anses la que financie la mayor cantidad de programas de asistencia. Se les sacan recursos a los pobres para financiar la ayuda social a otros pobres», sostuvo Terada.
Como agravante es preciso mencionar que, como anunció el titular de la Anses, Diego Bossio, en virtud de la nueva moratoria hay 516.992 nuevos jubilados en la Argentina que ya están cobrando su primer haber, con lo que se superó la cifra inicial estimada en 473.000. Si se incluye también la primera moratoria del kirchnerismo, en 2005, han sido incorporados al sistema de la seguridad social más de tres millones de beneficiarios.
Tenemos entonces que sobre el futuro inmediato de los jubilados pesará negativamente no sólo el desvío de los fondos de la Anses, sino también la masiva incorporación de los nuevos beneficiarios, que, en su mayoría, no habían aportado al sistema.
Claro que esta bomba de tiempo a corto plazo no les quita el sueño a los actuales funcionarios, a punto de dejar el Gobierno. Será, en cambio, una mortal herencia para quienes los sucedan en el poder.
Hace ya varios años que padecemos otra estafa y otra mentira: la de las estadísticas del Indec que invisibilizan a pobres e indigentes. Desviar el dinero de los jubilados también es estafarlos. Otra estafa, en este caso a toda la sociedad, es que en los 12 años de gestión kirchnerista no se atacaron las razones de fondo de la pobreza y la indigencia y se quiso paliar estos dos flagelos mediante los planes sociales, de claro sello clientelista, que constituyen un engaño, estafando a sus legítimos beneficiarios para hacerse de votos cautivos..
Los fondos previsionales se desvían para financiar ayudas estatales, comprometiendo a los jubilados, al tiempo que se disfraza la pobreza
No son pocos quienes consideran que, cuando se haga un balance objetivo de los logros del kirchnerismo, los planes sociales posiblemente figurarán entre los aciertos de una gestión que se prolongó a lo largo de 12 años.
Sin embargo, dos argumentos refutan esa posibilidad. En primer lugar, un plan de ayuda social jamás puede ser un logro, pues se trata de una medida de forzosa índole provisoria para hacer frente a una emergencia y asistir a quienes lo necesiten hasta que el país supere esa eventualidad.
En segundo lugar, cuando se inquiere por el origen del dinero que financia esos planes, se advierte con sorpresa que proviene en su mayoría de fondos destinados a los jubilados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aporta poco más de la mitad y el Ministerio de Desarrollo Social, el resto. Obviamente, los perjudicados son tanto los actuales jubilados, de los cuales el 75 por ciento sólo cobra el haber mínimo, como los futuros «beneficiarios» del sistema, que, lejos de «beneficiarse», se verán perjudicados, pues percibirán montos muy inferiores a los que por ley les corresponderían.
Según un estudio publicado por LA NACION, el Gobierno repartirá en el corriente año 18,2 millones de planes sociales, que costarán 157.209 millones de pesos, según el presupuesto 2015. En los últimos 12 años, esas transferencias impidieron que aumentara la indigencia, pero no sirvieron para reducir la pobreza. El presupuesto de transferencias sociales se duplicó en dos años, pues creció el 111,4 por ciento. En 2013, ascendía a 74.370 millones de pesos y trepó, en 2014, a 120.573 millones y, en 2015, a 157.209 millones. A fin de año podría alcanzar los 180.000 millones.
Se ve entonces que los planes sociales tratan de suplir, sin lograrlo, la ausencia de políticas de fondo para combatir la pobreza, la marginalidad y la exclusión. En el mejor de los casos, son paliativos que hacen un poco más llevadera la prolongación de una situación crítica, pero que, por desgracia, terminan convirtiéndose en una forma de vida precaria y sus beneficiarios, en votantes casi obligados del partido gobernante por temor a que un régimen de distinto signo político se los quite. Es que muchos planes sociales, al convertirse, como dijimos, en una forma de vida, generan también una especie de subcultura que concibe erróneamente al Estado como proveedor del sustento que, en verdad, debería provenir del trabajo.
Se degenera así el sentido de esas ayudas estatales que deberían ser temporales y coyunturales y terminan eternizándose y degenerando en una perversa modalidad de sujeción.
Lo paradójico es que, como ha señalado la diputada Alicia Terada (ARI-CC), es el dinero destinado a los pobres el que, en definitiva, termina financiando la ayuda a los pobres. El haber mínimo que cobran tres de cada cuatro jubilados no alcanza a cubrir la mitad de la canasta básica. En aras de la política populista del Gobierno se sigue destruyendo la ya muy deteriorada caja de la Anses. «Es irrisorio que, existiendo un Ministerio de Desarrollo Social, sea la Anses la que financie la mayor cantidad de programas de asistencia. Se les sacan recursos a los pobres para financiar la ayuda social a otros pobres», sostuvo Terada.
Como agravante es preciso mencionar que, como anunció el titular de la Anses, Diego Bossio, en virtud de la nueva moratoria hay 516.992 nuevos jubilados en la Argentina que ya están cobrando su primer haber, con lo que se superó la cifra inicial estimada en 473.000. Si se incluye también la primera moratoria del kirchnerismo, en 2005, han sido incorporados al sistema de la seguridad social más de tres millones de beneficiarios.
Tenemos entonces que sobre el futuro inmediato de los jubilados pesará negativamente no sólo el desvío de los fondos de la Anses, sino también la masiva incorporación de los nuevos beneficiarios, que, en su mayoría, no habían aportado al sistema.
Claro que esta bomba de tiempo a corto plazo no les quita el sueño a los actuales funcionarios, a punto de dejar el Gobierno. Será, en cambio, una mortal herencia para quienes los sucedan en el poder.
Hace ya varios años que padecemos otra estafa y otra mentira: la de las estadísticas del Indec que invisibilizan a pobres e indigentes. Desviar el dinero de los jubilados también es estafarlos. Otra estafa, en este caso a toda la sociedad, es que en los 12 años de gestión kirchnerista no se atacaron las razones de fondo de la pobreza y la indigencia y se quiso paliar estos dos flagelos mediante los planes sociales, de claro sello clientelista, que constituyen un engaño, estafando a sus legítimos beneficiarios para hacerse de votos cautivos..
