Por Sergio De Piero, investigador del Área Estado y Políticas Públicas y Coordinador Académico del Diploma Superior en Organizaciones de la Sociedad Civil
Como todo proceso político, el iniciado en el año 2003 con el gobierno de Néstor Kirchner implicó diversos cambios en la orientación de las políticas públicas. El hecho de que el gobierno fuese el sucesor de la fenomenal crisis del año 2001, luego de la breve presidencia de Eduardo Duhalde (enero 2002-mayo 2003), le impone al análisis de sus políticas la capacidad de respuesta que pudo, o no, generar en torno a las tensiones planteadas que desembocaron en la crisis. A partir de este aspecto, me interesa plantear, de manera introductoria, la cuestión de cuánto se vieron modificadas las relaciones Estado – sociedad en la última década.
Los indicadores respecto al modo en que se plantea esta relación son múltiples; aquí me interesa rescatar las políticas públicas puestas en práctica en torno de situaciones que implicaban una demanda emergente o alguna situación crítica. La lista que puede contener a este universo es amplia. Mencionemos algunas de estas conflictividades: el vasto movimiento piquetero y los reclamos por empleo y otras demandas sociales; los reclamos de los vecinos de la ciudad de Gualeguaychú en contra de la papelera Botnia sobre el río Uruguay; los reclamos fruto de hechos de inseguridad urbana; la Coalición por una Radiodifusión Democrática, en reclamo de una nueva ley de medios de comunicación; el pedido por una ley de matrimonio igualitario; diversos movimientos territoriales. Siendo esquemático, quiero proponer tres puntos que me parecen claves en estos temas y que marcaron el modo en que se dieron las relaciones Estado – sociedad y el accionar de los gobiernos kirchneristas en la cuestión:
1) En todos los casos se trata, con sus matices y por razones distintas, de iniciativas surgidas en la sociedad civil que exigen la acción gubernamental. Esto es, se demanda la intervención del Estado, no su retiro. En todos los casos no existe una noción de reemplazo del Estado, sino, por el contrario, una crítica de su ausencia (punto de particular importancia luego de años de predicamento sobre el fin del Estado). Este aspecto es particularmente notable a la luz de las críticas que la intervención misma del Estado, en casi cualquier orden, recibió en el final del siglo XX en nuestro país y en la región en general de la mano del neoliberalismo; pero también al calor de los cuestionamientos a la legitimidad de la autoridad pública que creció durante la crisis de los años 2001-2002, que iniciada como una crisis de representación, derivó en una de legitimidad del orden. Sin embargo, el modo en que se exige esa intervención estatal busca imponer, a su vez, el reconocimiento de las identidades, las subjetividades y los modos de plantear la solución del conflicto particular. La heterogeneidad social y la autorreferencia de la sociedad civil como espacio que pretende diferenciarse de la lógica de regulación estatal (como ha señalado Boaventura De Souza Santos), encuentra aquí una clara referencia. En algunos aspectos, entonces, esa intervención estatal es nueva.
2) En segundo lugar, la consistencia de los actores sociales. La diversificada acción desde la sociedad civil se manifiesta en diversas capacidades: estructurar una demanda, esto es, definir sus contenidos específicos y sus objetivos finales, generar herramientas metodológicas de acción, lograr una agenda sobre el tema; en resumen, desplegar acciones para convertir un reclamo en una demanda. Mencionamos casos en los cuales al mismo tiempo se consiguió que la demanda pueda ser sostenida en el tiempo, logrando desarrollar capacidades de acción y cohesión, generar liderazgos, mediar intereses diversos, sostener la búsqueda de objetivos una vez superada la “instancia crítica”, y evitar la cooptación. Los ejemplos mencionados lograron relevancia porque pudieron sortear estos desafíos, e instalar la demanda en el centro de la agenda política del gobierno nacional, llevándolo a presentar respuestas.
3) Por último, en un análisis introductorio, en las demandas y la acción colectiva desplegada, estos movimientos y organizaciones sociales tienen una incidencia despareja en la dimensión electoral. Por una parte, estos movimientos, como ha sido la tendencia en la región, no se traducen en propuestas político electorales autónomas y exitosas. En el caso de la Argentina, cuando se han involucrado, o bien han tenido una existencia efímera, o bien lo han hecho subsumiéndose a la institucionalidad partidaria ya existente; esto es, como colectivo permanece en el espacio de la sociedad civil y su paso a la sociedad política, como alternativa de poder, es de alcance limitado. Sin embargo, sí debe tenerse en cuenta que la emergencia de la conflictividad que el movimiento u organización plantea, suele impactar en la coyuntura política de manera negativa para los gobiernos (tanto locales como provinciales o nacionales) que puede trasladarse a lo electoral; pero sólo si el tema persiste a largo plazo e involucra a un sector mayoritario de la sociedad puede derivar en un impacto electoral decisivo.
Demanda por intervención estatal, estrategias de acción colectiva y de incidencia por parte de los movimientos, no traslado a la arena electoral de modo directo por parte de los movilizados. A estas tres características de las organizaciones y movimientos que presentaron, en líneas generales, la acción colectiva de la última década les correspondieron respuestas desde el Estado nacional que se caracterizaron por: recoger la demanda reconociendo su validez en el ámbito de la democracia; procesar la misma en diferentes ámbitos de las políticas públicas, pero con la característica particular de involucrar a la presidencia de la Nación y no sólo a las agencias vinculadas por la temática, y finalmente imponer la autoridad y legitimidad del Estado para marcar los alcances y tipo de solución de la demanda planteada. En este plano asistimos a una reconstitución de la centralidad estatal que legitima demandas, hace visible a otros actores sociales y a la vez marca los límites que demandas y actores pueden desplegar en el campo de las políticas públicas.
Pero durante 2013 asistimos a otro tipo de manifestaciones, los “cacerolazos”. Vinculados a los sectores medios y medios altos, poseían un componente mucho más difícil de encauzar para el gobierno nacional, ya que las demandas implicaban críticas al modelo político económico que el gobierno lleva adelante (mientras que los movimientos antes mencionados, en todo caso, pedían su profundización). Estas expresiones sí dejaron en claro el rechazo a la intervención del Estado en lo económico, pero a la vez solicitaban una profundización en el tema seguridad. Atadas a temas coyunturales (el impuesto a las ganancias que deben abonar algunos asalariados), luego de importantes manifestaciones, se diluyeron a partir de medidas que dieron respuesta a algunos reclamos y al resultado electoral de 2013. Por ahora su capacidad de movilización quedó acotada y no lograron sostenerse en el tiempo ni traducirse en nuevas fuerzas políticas.
A pesar de que estas nuevas manifestaciones poseían un componente distinto e implicaban la crítica a la orientación del “modelo” del kirchnerismo, la capacidad del Estado para generar respuestas, para recrear institucionalidad, sino intacta, está aún en píe. Creo que eso nos habla de un Estado que logra retener para sí la conducción del conjunto de la sociedad civil, en un escenario con factores de riesgo, pero que el despliegue de las mismas capacidades estatales, parece encaminado a impedir una situación crítica.
Como todo proceso político, el iniciado en el año 2003 con el gobierno de Néstor Kirchner implicó diversos cambios en la orientación de las políticas públicas. El hecho de que el gobierno fuese el sucesor de la fenomenal crisis del año 2001, luego de la breve presidencia de Eduardo Duhalde (enero 2002-mayo 2003), le impone al análisis de sus políticas la capacidad de respuesta que pudo, o no, generar en torno a las tensiones planteadas que desembocaron en la crisis. A partir de este aspecto, me interesa plantear, de manera introductoria, la cuestión de cuánto se vieron modificadas las relaciones Estado – sociedad en la última década.
Los indicadores respecto al modo en que se plantea esta relación son múltiples; aquí me interesa rescatar las políticas públicas puestas en práctica en torno de situaciones que implicaban una demanda emergente o alguna situación crítica. La lista que puede contener a este universo es amplia. Mencionemos algunas de estas conflictividades: el vasto movimiento piquetero y los reclamos por empleo y otras demandas sociales; los reclamos de los vecinos de la ciudad de Gualeguaychú en contra de la papelera Botnia sobre el río Uruguay; los reclamos fruto de hechos de inseguridad urbana; la Coalición por una Radiodifusión Democrática, en reclamo de una nueva ley de medios de comunicación; el pedido por una ley de matrimonio igualitario; diversos movimientos territoriales. Siendo esquemático, quiero proponer tres puntos que me parecen claves en estos temas y que marcaron el modo en que se dieron las relaciones Estado – sociedad y el accionar de los gobiernos kirchneristas en la cuestión:
1) En todos los casos se trata, con sus matices y por razones distintas, de iniciativas surgidas en la sociedad civil que exigen la acción gubernamental. Esto es, se demanda la intervención del Estado, no su retiro. En todos los casos no existe una noción de reemplazo del Estado, sino, por el contrario, una crítica de su ausencia (punto de particular importancia luego de años de predicamento sobre el fin del Estado). Este aspecto es particularmente notable a la luz de las críticas que la intervención misma del Estado, en casi cualquier orden, recibió en el final del siglo XX en nuestro país y en la región en general de la mano del neoliberalismo; pero también al calor de los cuestionamientos a la legitimidad de la autoridad pública que creció durante la crisis de los años 2001-2002, que iniciada como una crisis de representación, derivó en una de legitimidad del orden. Sin embargo, el modo en que se exige esa intervención estatal busca imponer, a su vez, el reconocimiento de las identidades, las subjetividades y los modos de plantear la solución del conflicto particular. La heterogeneidad social y la autorreferencia de la sociedad civil como espacio que pretende diferenciarse de la lógica de regulación estatal (como ha señalado Boaventura De Souza Santos), encuentra aquí una clara referencia. En algunos aspectos, entonces, esa intervención estatal es nueva.
2) En segundo lugar, la consistencia de los actores sociales. La diversificada acción desde la sociedad civil se manifiesta en diversas capacidades: estructurar una demanda, esto es, definir sus contenidos específicos y sus objetivos finales, generar herramientas metodológicas de acción, lograr una agenda sobre el tema; en resumen, desplegar acciones para convertir un reclamo en una demanda. Mencionamos casos en los cuales al mismo tiempo se consiguió que la demanda pueda ser sostenida en el tiempo, logrando desarrollar capacidades de acción y cohesión, generar liderazgos, mediar intereses diversos, sostener la búsqueda de objetivos una vez superada la “instancia crítica”, y evitar la cooptación. Los ejemplos mencionados lograron relevancia porque pudieron sortear estos desafíos, e instalar la demanda en el centro de la agenda política del gobierno nacional, llevándolo a presentar respuestas.
3) Por último, en un análisis introductorio, en las demandas y la acción colectiva desplegada, estos movimientos y organizaciones sociales tienen una incidencia despareja en la dimensión electoral. Por una parte, estos movimientos, como ha sido la tendencia en la región, no se traducen en propuestas político electorales autónomas y exitosas. En el caso de la Argentina, cuando se han involucrado, o bien han tenido una existencia efímera, o bien lo han hecho subsumiéndose a la institucionalidad partidaria ya existente; esto es, como colectivo permanece en el espacio de la sociedad civil y su paso a la sociedad política, como alternativa de poder, es de alcance limitado. Sin embargo, sí debe tenerse en cuenta que la emergencia de la conflictividad que el movimiento u organización plantea, suele impactar en la coyuntura política de manera negativa para los gobiernos (tanto locales como provinciales o nacionales) que puede trasladarse a lo electoral; pero sólo si el tema persiste a largo plazo e involucra a un sector mayoritario de la sociedad puede derivar en un impacto electoral decisivo.
Demanda por intervención estatal, estrategias de acción colectiva y de incidencia por parte de los movimientos, no traslado a la arena electoral de modo directo por parte de los movilizados. A estas tres características de las organizaciones y movimientos que presentaron, en líneas generales, la acción colectiva de la última década les correspondieron respuestas desde el Estado nacional que se caracterizaron por: recoger la demanda reconociendo su validez en el ámbito de la democracia; procesar la misma en diferentes ámbitos de las políticas públicas, pero con la característica particular de involucrar a la presidencia de la Nación y no sólo a las agencias vinculadas por la temática, y finalmente imponer la autoridad y legitimidad del Estado para marcar los alcances y tipo de solución de la demanda planteada. En este plano asistimos a una reconstitución de la centralidad estatal que legitima demandas, hace visible a otros actores sociales y a la vez marca los límites que demandas y actores pueden desplegar en el campo de las políticas públicas.
Pero durante 2013 asistimos a otro tipo de manifestaciones, los “cacerolazos”. Vinculados a los sectores medios y medios altos, poseían un componente mucho más difícil de encauzar para el gobierno nacional, ya que las demandas implicaban críticas al modelo político económico que el gobierno lleva adelante (mientras que los movimientos antes mencionados, en todo caso, pedían su profundización). Estas expresiones sí dejaron en claro el rechazo a la intervención del Estado en lo económico, pero a la vez solicitaban una profundización en el tema seguridad. Atadas a temas coyunturales (el impuesto a las ganancias que deben abonar algunos asalariados), luego de importantes manifestaciones, se diluyeron a partir de medidas que dieron respuesta a algunos reclamos y al resultado electoral de 2013. Por ahora su capacidad de movilización quedó acotada y no lograron sostenerse en el tiempo ni traducirse en nuevas fuerzas políticas.
A pesar de que estas nuevas manifestaciones poseían un componente distinto e implicaban la crítica a la orientación del “modelo” del kirchnerismo, la capacidad del Estado para generar respuestas, para recrear institucionalidad, sino intacta, está aún en píe. Creo que eso nos habla de un Estado que logra retener para sí la conducción del conjunto de la sociedad civil, en un escenario con factores de riesgo, pero que el despliegue de las mismas capacidades estatales, parece encaminado a impedir una situación crítica.
