La ley de medios es mucho más que una norma a estudio de la Corte Suprema. Si el Gobierno lograra que se aplique tal como la sancionó el Congreso, los argentinos deberían acostumbrarse a no ver más Telenoche, el programa de Jorge Lanata e, incluso, podría desaparecer Canal Trece tal como hoy se lo conoce. Y, tal vez, ya no podrían encender TN ni acceder a Cablevisión en muchas ciudades.
«Está en riesgo mucho más que el derecho de propiedad del Grupo Clarín sobre sus licencias, que vencen en varios años. Lo que está en juego es la posibilidad de muchos ciudadanos de informarse y de acceder a programas, señales o al servicio de Internet que hoy eligen. Se busca cerrar voces sin ningún justificativo tecnológico ni jurídico, sólo porque molestan», dice Martín Etchevers, gerente de Comunicación del Grupo Clarín.
La ley fue sancionada en 2009 y el Grupo Clarín planteó la inconstitucionalidad de cuatro artículos. En diciembre último, el juez federal Horacio Alfonso resolvió que toda la norma es válida. Pero, en abril, la Sala I de la Cámara Federal Civil y Comercial declaró inconstitucionales los límites que le impuso al cable. Ahora es el turno de la Corte.
¿Qué diferencias notaría el hombre de a pie si la Corte declarase la validez de la ley?
La ley sólo permite a un grupo poseer, «en todo el país», hasta 10 licencias de TV abierta y de radio. Antes, el límite era de 24.
Los abogados del Gobierno reconocieron ante la Corte que la reducción no se sujetó a ningún estudio técnico previo. Pero si la Corte la convalidara, el Grupo Clarín debería vender 2 licencias de las 12 que posee: 4 canales de aire -Canal Trece, de Capital; Canal Doce, de Córdoba; Canal Diez, de Bahía Blanca, y Canal Siete, de Bariloche- y 8 radios AM y FM.
El Gobierno sostiene que el Grupo Clarín es monopólico. Pero en rigor compite con 40 canales analógicos y 24 digitales; 2200 radios legales y 7821 ilegales. En esa audiencia, los abogados del Gobierno también dijeron que, desde 2009, se asignaron 600 licencias. Frente a esa confesión, el abogado de Clarín, Damian Cassino, preguntó: «Entonces, ¿para qué quieren la licencia de Canal Trece?»
El artículo 45 dice que el propietario de un canal de TV abierta, como Canal Trece, que transmite en su área de cobertura, sólo puede producir una señal audiovisual. Si el Grupo Clarín se quedase con Canal Trece Satelital, para distribuir Canal Trece en todo el país debería desprenderse de TN, Magazine, Quiero y Volver.
La ley, en otro inciso, exige que el cableoperador sólo pueda producir una señal de generación propia: si Cablevisión, por ejemplo, se quedase con Metro, debería vender las otras cinco señales. Esto genera una asimetría frente a las cadenas extranjeras: mientras el público continuará accediendo a las 42 señales que transmite Turner/HBO o a las 30 que envía Fox, sólo podrá ver una única señal generada por el Grupo Clarín.
Pero la situación es más complicada: la ley establece que el propietario de un canal de TV abierta no puede operar, en esa misma ciudad, un cable. Si la restricción fuese válida, el Grupo Clarín debería optar, en la Capital, entre conservar Canal Trece o Cablevisión y, en Córdoba, entre Canal Doce o Cablevisión. Esta limitación no existe en ningún otro país: los principales operadores de cable tienen canales de aire, como DirecTV y Fox (EE.UU); Sogecable y Cuatro (España) o Globo y Net (Brasil).
Cables
Si bien el Grupo Clarín, con Cablevisión, llega a 12 de las 24 provincias, la ley estableció varios límites que terminarían por fracturar a ese operador. Por cierto, la Cámara Federal los declaró inconstitucionlaes, porque el cable no usa espectro radioeléctrico y no hay motivo para regularlo. Pero el tema está en la Corte:
Límite 1: la ley dice que un operador de cable no podrá tener más de 24 licencias. Si la Corte lo aceptara, los habitantes de 134 ciudades se verían privados de Cablevisión, que hoy llega a 158 localidades.
Carlos Moltini, CEO de Cablevisión, explica que «el número de licencias no es indicativo de nada. Por un lado, mientras el Grupo Clarín fue comprando cables en el Gran Buenos Aires (AMBA) y tiene 21 licencias, el Gobierno permitió a Telecentro operar en esa área con una única licencia. Y por otro lado, mientras Clarín sólo podría llegar a 24 ciudades, DirecTV, con una sola licencia, alcanza a 2200 ciudades en todo el país».
Límite 2: un mismo grupo no puede llegar a más del 35% de la audiencia nacional. Si la Corte considerase válido este límite, miles de usuarios se deberían desconectar de Cablevisión. Ese límite no rige para el Estado ni para las señales extranjeras.
Límite 3: miles de usuarios de Cablevisión podrían también verse indirectamente privados de Internet (Fibertel), porque si Cablevisión, que tiene una red única e indivisible, sólo pudiera llegar con señal de TV a 24 ciudades, la empresa no podría financiar el servicio de Internet en todas las demás localidades.
El perito economista nombrado de oficio dictaminó que, así, la estructura de Cablevisión se volvería inviable: no tendría sentido para la empresa dar Internet en aquellas localidades ni tampoco hacer inversiones de 300 millones de dólares anuales para optimizar una red que se subutiliza.
«Los usuarios están en riesgo. Si los empresarios que comprasen la red no estuviesen dispuestos a hacer enormes inversiones en tecnología para bajar las señales desde el satélite, miles de usuarios se quedarían sin TV por cable y sólo podrían contratar Internet con Telefónica o Telecom, firmas que tienen el 55% del mercado, contra el 25% de Fibertel.
Un debate que excede al Grupo Clarín
El Gobierno sostiene que las licencias de los canales de TV, las radios y los cables son «simples privilegios», que el Gobierno puede revocar en cualquier momento. Eso es lo que dijeron los abogados del Estado en el expediente y, también, durante la audiencia pública ante la Corte.
Ese planteo le sonó extraño al presidente del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti, que repreguntó para estar seguro de lo que escuchaba. Ocurre que en todo el mundo siempre se aceptó que los medios privados tienen un derecho de propiedad sobre sus licencias, que el Estado no puede violar.
Si la Corte Suprema aceptase la posición del gobierno nacional, estarían en riesgo no sólo las licencias del Grupo Clarín, sino las de cualquier otro medio. Además, la ley choca con otro obstáculo: los cables (Cablevisión) no usan espectro y, por eso, no hay motivos para regularlos. .
«Está en riesgo mucho más que el derecho de propiedad del Grupo Clarín sobre sus licencias, que vencen en varios años. Lo que está en juego es la posibilidad de muchos ciudadanos de informarse y de acceder a programas, señales o al servicio de Internet que hoy eligen. Se busca cerrar voces sin ningún justificativo tecnológico ni jurídico, sólo porque molestan», dice Martín Etchevers, gerente de Comunicación del Grupo Clarín.
La ley fue sancionada en 2009 y el Grupo Clarín planteó la inconstitucionalidad de cuatro artículos. En diciembre último, el juez federal Horacio Alfonso resolvió que toda la norma es válida. Pero, en abril, la Sala I de la Cámara Federal Civil y Comercial declaró inconstitucionales los límites que le impuso al cable. Ahora es el turno de la Corte.
¿Qué diferencias notaría el hombre de a pie si la Corte declarase la validez de la ley?
La ley sólo permite a un grupo poseer, «en todo el país», hasta 10 licencias de TV abierta y de radio. Antes, el límite era de 24.
Los abogados del Gobierno reconocieron ante la Corte que la reducción no se sujetó a ningún estudio técnico previo. Pero si la Corte la convalidara, el Grupo Clarín debería vender 2 licencias de las 12 que posee: 4 canales de aire -Canal Trece, de Capital; Canal Doce, de Córdoba; Canal Diez, de Bahía Blanca, y Canal Siete, de Bariloche- y 8 radios AM y FM.
El Gobierno sostiene que el Grupo Clarín es monopólico. Pero en rigor compite con 40 canales analógicos y 24 digitales; 2200 radios legales y 7821 ilegales. En esa audiencia, los abogados del Gobierno también dijeron que, desde 2009, se asignaron 600 licencias. Frente a esa confesión, el abogado de Clarín, Damian Cassino, preguntó: «Entonces, ¿para qué quieren la licencia de Canal Trece?»
El artículo 45 dice que el propietario de un canal de TV abierta, como Canal Trece, que transmite en su área de cobertura, sólo puede producir una señal audiovisual. Si el Grupo Clarín se quedase con Canal Trece Satelital, para distribuir Canal Trece en todo el país debería desprenderse de TN, Magazine, Quiero y Volver.
La ley, en otro inciso, exige que el cableoperador sólo pueda producir una señal de generación propia: si Cablevisión, por ejemplo, se quedase con Metro, debería vender las otras cinco señales. Esto genera una asimetría frente a las cadenas extranjeras: mientras el público continuará accediendo a las 42 señales que transmite Turner/HBO o a las 30 que envía Fox, sólo podrá ver una única señal generada por el Grupo Clarín.
Pero la situación es más complicada: la ley establece que el propietario de un canal de TV abierta no puede operar, en esa misma ciudad, un cable. Si la restricción fuese válida, el Grupo Clarín debería optar, en la Capital, entre conservar Canal Trece o Cablevisión y, en Córdoba, entre Canal Doce o Cablevisión. Esta limitación no existe en ningún otro país: los principales operadores de cable tienen canales de aire, como DirecTV y Fox (EE.UU); Sogecable y Cuatro (España) o Globo y Net (Brasil).
Cables
Si bien el Grupo Clarín, con Cablevisión, llega a 12 de las 24 provincias, la ley estableció varios límites que terminarían por fracturar a ese operador. Por cierto, la Cámara Federal los declaró inconstitucionlaes, porque el cable no usa espectro radioeléctrico y no hay motivo para regularlo. Pero el tema está en la Corte:
Límite 1: la ley dice que un operador de cable no podrá tener más de 24 licencias. Si la Corte lo aceptara, los habitantes de 134 ciudades se verían privados de Cablevisión, que hoy llega a 158 localidades.
Carlos Moltini, CEO de Cablevisión, explica que «el número de licencias no es indicativo de nada. Por un lado, mientras el Grupo Clarín fue comprando cables en el Gran Buenos Aires (AMBA) y tiene 21 licencias, el Gobierno permitió a Telecentro operar en esa área con una única licencia. Y por otro lado, mientras Clarín sólo podría llegar a 24 ciudades, DirecTV, con una sola licencia, alcanza a 2200 ciudades en todo el país».
Límite 2: un mismo grupo no puede llegar a más del 35% de la audiencia nacional. Si la Corte considerase válido este límite, miles de usuarios se deberían desconectar de Cablevisión. Ese límite no rige para el Estado ni para las señales extranjeras.
Límite 3: miles de usuarios de Cablevisión podrían también verse indirectamente privados de Internet (Fibertel), porque si Cablevisión, que tiene una red única e indivisible, sólo pudiera llegar con señal de TV a 24 ciudades, la empresa no podría financiar el servicio de Internet en todas las demás localidades.
El perito economista nombrado de oficio dictaminó que, así, la estructura de Cablevisión se volvería inviable: no tendría sentido para la empresa dar Internet en aquellas localidades ni tampoco hacer inversiones de 300 millones de dólares anuales para optimizar una red que se subutiliza.
«Los usuarios están en riesgo. Si los empresarios que comprasen la red no estuviesen dispuestos a hacer enormes inversiones en tecnología para bajar las señales desde el satélite, miles de usuarios se quedarían sin TV por cable y sólo podrían contratar Internet con Telefónica o Telecom, firmas que tienen el 55% del mercado, contra el 25% de Fibertel.
Un debate que excede al Grupo Clarín
El Gobierno sostiene que las licencias de los canales de TV, las radios y los cables son «simples privilegios», que el Gobierno puede revocar en cualquier momento. Eso es lo que dijeron los abogados del Estado en el expediente y, también, durante la audiencia pública ante la Corte.
Ese planteo le sonó extraño al presidente del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti, que repreguntó para estar seguro de lo que escuchaba. Ocurre que en todo el mundo siempre se aceptó que los medios privados tienen un derecho de propiedad sobre sus licencias, que el Estado no puede violar.
Si la Corte Suprema aceptase la posición del gobierno nacional, estarían en riesgo no sólo las licencias del Grupo Clarín, sino las de cualquier otro medio. Además, la ley choca con otro obstáculo: los cables (Cablevisión) no usan espectro y, por eso, no hay motivos para regularlos. .
