La reunión más importante del año del Partido Comunista chino (PCCh) entró hoy en su segundo día con debates a puerta cerrada sobre nuevas reformas económicas pero también de importante carácter social, como la modificación del estricto permiso de residencia chino, el llamado «hukou».
Con el secretismo que caracteriza los encuentros del PCCh, los 370 miembros del Comité Central de la formación -tercer órgano de poder en China- volvieron hoy a reunirse en un hotel de la capital alejado del centro y de los focos, en el marco del llamado «III Plenario del Comité Central del XVIII Congreso del PCCh».
A pesar de que se desconoce lo que ocurre de puertas adentro, los medios de comunicación chinos, que actúan generalmente como portavoces del Gobierno, han desvelado algunas de las posibles reformas que saldrán del encuentro y que ya un alto cargo chino anunció que serían medidas «sin precedentes» en el campo económico y social.
Entre ellas, la reforma del «hukou» puede ser uno de los debates más acalorados que se estén librando hoy, dado la importancia de flexibilizar este permiso de residencia local para alcanzar acabar con la discriminación que sufren los emigrantes rurales en las urbes y la dificultad que ello entraña.
Y es que el «hukou», con más de 60 años de implantación en China, se ha vuelto un problema para el actual proceso de urbanización del país.
Se trata de un permiso de residencia que implica que los ciudadanos chinos pierdan derechos al emigrar a las ciudades como la asistencia médica o la educación, por lo que muchos consideran que, a pesar de que la población urbana superó por primera vez a la rural en 2011 en China, el país aún no es urbanita.
«La reforma del hukou está estrechamente relacionada con la consecución de una urbanización real y profunda», señala hoy el profesor Cai Fang, profesor de estudios de la población de la Academia de Ciencias Sociales de China en el diario «China Daily».
Cai destaca la importancia de la reforma de este sistema, ya que «mejorará la tasa de empleo» y «garantizará la estabilidad social» en el futuro, proporcionando seguridad al gran número de emigrantes rurales que se desplaza de las zonas rurales a las urbes, especialmente una nueva generación de jóvenes en busca de mejor trabajo y remuneración.
No obstante, y como indica hoy en un editorial el oficial «Diario del Pueblo» en el que insta a hacer reformas, los riesgos de los cambios son numerosos.
«Se ha movido y se mueve un número muy grande de personas, hablamos de cientos de millones, tienen mucha presión ciudadana, pero también existe la presión política. Introducirán cambios, pero no en todo el país», explica a Efe Willy Lam, profesor de la Universidad de Hong Kong.
Lam incide en el caso de Pekín, una capital que, en su opinión, «seguirá restringiendo la entrada, sencillamente, por cuestiones políticas».
«No quieren tanto movimiento en el corazón político de China y, después del coche bomba en Tiananmen, menos aún. Hay muchos sectores del Partido que rechazan abrir la capital, y tampoco Shanghái», precisa.
El docente se muestra convencido, no obstante, de que, a pesar de que en puntos neurálgicos como los anteriores no habrá demasiado cambio, en otros puntos sí se notará, como en la provincia de Cantón, al sur de China.
Además, añade, que se seguirán ejemplos como el de la ciudad de Chongqing, donde el ex dirigente Bo Xilai, condenado a cadena perpetua por corrupción, «ya introdujo algunos cambios» en ese sentido.
Es el nombre del ex líder el que ha vuelto a sonar en paralelo a la importante reunión que se celebra en Pekín, después de que se conociera que partidarios de Bo han creado una nueva formación política que le nombra «presidente vitalicio» al estar inspirados por él sin conocerle en persona.
«No es gran cosa. Es un grupo minoritario, que apoya la política más conservadora que representaba Bo, de corte maoísta, y creo que han intentado anunciar esta creación en las fechas de la reunión para presionar al presidente Xi Jinping para que no abra demasiado la mano», opina Lam.
Y es que una mayor apertura, como la que los medios estatales están invocando con sus publicaciones, se enfrenta a la oposición también en sectores del Partido por lo que los analistas creen que los acuerdos no serán sencillos.
En el caso del «hukou», el costo que supondría su reforma -y que no se sabe si se asumiría por el Gobierno central o los locales- es uno de los principales motivos de preocupación.
Ello se debe a que, según cifras del Consejo de Estado chino (Ejecutivo), suministrar servicios públicos básicos a los trabajadores emigrantes y a sus familias en las urbes costaría alrededor de 80.000 yuanes (13.000 dólares o 9.730 euros) por persona.
Con el secretismo que caracteriza los encuentros del PCCh, los 370 miembros del Comité Central de la formación -tercer órgano de poder en China- volvieron hoy a reunirse en un hotel de la capital alejado del centro y de los focos, en el marco del llamado «III Plenario del Comité Central del XVIII Congreso del PCCh».
A pesar de que se desconoce lo que ocurre de puertas adentro, los medios de comunicación chinos, que actúan generalmente como portavoces del Gobierno, han desvelado algunas de las posibles reformas que saldrán del encuentro y que ya un alto cargo chino anunció que serían medidas «sin precedentes» en el campo económico y social.
Entre ellas, la reforma del «hukou» puede ser uno de los debates más acalorados que se estén librando hoy, dado la importancia de flexibilizar este permiso de residencia local para alcanzar acabar con la discriminación que sufren los emigrantes rurales en las urbes y la dificultad que ello entraña.
Y es que el «hukou», con más de 60 años de implantación en China, se ha vuelto un problema para el actual proceso de urbanización del país.
Se trata de un permiso de residencia que implica que los ciudadanos chinos pierdan derechos al emigrar a las ciudades como la asistencia médica o la educación, por lo que muchos consideran que, a pesar de que la población urbana superó por primera vez a la rural en 2011 en China, el país aún no es urbanita.
«La reforma del hukou está estrechamente relacionada con la consecución de una urbanización real y profunda», señala hoy el profesor Cai Fang, profesor de estudios de la población de la Academia de Ciencias Sociales de China en el diario «China Daily».
Cai destaca la importancia de la reforma de este sistema, ya que «mejorará la tasa de empleo» y «garantizará la estabilidad social» en el futuro, proporcionando seguridad al gran número de emigrantes rurales que se desplaza de las zonas rurales a las urbes, especialmente una nueva generación de jóvenes en busca de mejor trabajo y remuneración.
No obstante, y como indica hoy en un editorial el oficial «Diario del Pueblo» en el que insta a hacer reformas, los riesgos de los cambios son numerosos.
«Se ha movido y se mueve un número muy grande de personas, hablamos de cientos de millones, tienen mucha presión ciudadana, pero también existe la presión política. Introducirán cambios, pero no en todo el país», explica a Efe Willy Lam, profesor de la Universidad de Hong Kong.
Lam incide en el caso de Pekín, una capital que, en su opinión, «seguirá restringiendo la entrada, sencillamente, por cuestiones políticas».
«No quieren tanto movimiento en el corazón político de China y, después del coche bomba en Tiananmen, menos aún. Hay muchos sectores del Partido que rechazan abrir la capital, y tampoco Shanghái», precisa.
El docente se muestra convencido, no obstante, de que, a pesar de que en puntos neurálgicos como los anteriores no habrá demasiado cambio, en otros puntos sí se notará, como en la provincia de Cantón, al sur de China.
Además, añade, que se seguirán ejemplos como el de la ciudad de Chongqing, donde el ex dirigente Bo Xilai, condenado a cadena perpetua por corrupción, «ya introdujo algunos cambios» en ese sentido.
Es el nombre del ex líder el que ha vuelto a sonar en paralelo a la importante reunión que se celebra en Pekín, después de que se conociera que partidarios de Bo han creado una nueva formación política que le nombra «presidente vitalicio» al estar inspirados por él sin conocerle en persona.
«No es gran cosa. Es un grupo minoritario, que apoya la política más conservadora que representaba Bo, de corte maoísta, y creo que han intentado anunciar esta creación en las fechas de la reunión para presionar al presidente Xi Jinping para que no abra demasiado la mano», opina Lam.
Y es que una mayor apertura, como la que los medios estatales están invocando con sus publicaciones, se enfrenta a la oposición también en sectores del Partido por lo que los analistas creen que los acuerdos no serán sencillos.
En el caso del «hukou», el costo que supondría su reforma -y que no se sabe si se asumiría por el Gobierno central o los locales- es uno de los principales motivos de preocupación.
Ello se debe a que, según cifras del Consejo de Estado chino (Ejecutivo), suministrar servicios públicos básicos a los trabajadores emigrantes y a sus familias en las urbes costaría alrededor de 80.000 yuanes (13.000 dólares o 9.730 euros) por persona.
