La crisis de los frigoríficos / Secuelas de la internación oficial en la ganadería
Miércoles 11 de mayo de 2011 | Publicado en edición impresa
Mercedes Colombres
LA NACION
Desempleada, embarazada y con dos hijos, las perspectivas de María Angeles Vallejos no son precisamente prometedoras. Ella es una de las ex empleadas tercerizadas del Frigorífico Runfo, de José, Néstor y Enzo Navarro, en La Matanza, que el 29 de marzo se chocó contra la realidad en la puerta de la empresa. «Nos dijeron que no podíamos entrar. Sin telegrama, sin aviso previo. Ahora tengo que vivir de los 600 pesos que me corresponden de la garantía horaria», dice Vallejos.
El de Vallejos es sólo uno de los 15.000 despidos que sufrió el sector desde 2006. Fue ese año cuando, al cerrarse las exportaciones de carne, arrancó la intervención oficial en este mercado, una política que terminó con 12 millones de cabezas menos y precios astronómicos para la hacienda a partir de 2010.
Eduardo Sánchez y Jesús Gani, de 26 años ambos y padres de familia, pasaron por algo similar a lo de Vallejos. Fueron echados de Ansucaru, firma tercerizada de Frigorífico Rioplatense, luego de una huelga en la que fueron activos participantes. Hoy están en sus puestos de trabajo merced a una conciliación obligatoria, pero no saben hasta cuándo. Mientras, sobreviven con ayuda de sus parientes.
Al parecer, la única chance que les queda a Vallejos, Sánchez y Gani es sumarse a una de las cuadrillas que abundan hoy en la industria. Estas cuadrillas, explicó Carlos Zerrizuela, delegado de Rioplatense, «son una plaga» que atenta contra el trabajo en blanco en la industria. «Se arman con ex empleados de frigoríficos que facturan el día de trabajo, cobran más barato que nosotros y no tienen cobertura. Esto abarata los costos, por lo que los frigoríficos cada día derivan más trabajo a las cuadrillas y les restan trabajo a sus propios obreros», dijo Zerrizuela.
Los frigoríficos Runfo y Rioplatense son la otra cara de la misma crisis. Runfo es una de las tantas empresas que no tuvo acceso a los permisos de exportación y subsidios que emitió el Gobierno para las empresas que se alinearon con la política oficial (por ejemplo, entregar carne para las baratas organizadas por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno). Esto determinó el cierre de la empresa, dejando 266 de sus 293 empleados en la calle. El resto sigue cobrando, pero no trabaja.
Rioplatense, por el contrario, supo adaptarse a los vientos kirchneristas. Gracias a eso, mientras Runfo se hundía, se vio favorecida por permisos de exportación y subsidios. Sin embargo, los obreros afirman que la bonanza nunca se trasladó a ellos. «El negocio se concentró en los años del kirchnerismo y pasó a manos de unas pocas empresas, que eligieron tercerizar tareas para reducir los costos. Eso convirtió a nuestro oficio en una changa», dijo Eduardo Colman, delegado y ex obrero de Runfo. La Nacion intentó sin éxito contactar a los propietarios de ambos frigoríficos para conocer su versión de los hechos.
Según los despedidos, los frigoríficos generan tanto trabajo en los buenos tiempos que su crisis se transformó en un problema social en las localidades donde están emplazados. Las autoridades de La Matanza, baluarte kirchnerista, no supieron encontrar soluciones a los desempleados. «Nos ofrecen bolsones (con alimentos), pero nosotros queremos trabajar», dijo Colman.
Para los ex empleados de Rioplatense, que está en Pacheco, el intendente de Tigre, Sergio Massa, prometió ayudas que aún no llegaron. «A ningún político le importa en serio nuestro problema», reflexionaron Colman y Zerrizuela.
La carne siempre fue un sector ciclotímico, explicaron los obreros. A épocas de expansión se suceden épocas de achique y despidos. Pero la última crisis, explicaron Cristian Padilla y Sebastián Sánchez, los otros delegados de Rioplatense, fue la más cruel de todas. «Esta vez echaron a gente que estaba con tratamientos de salud y a embarazadas. No hubo contemplaciones», dijeron.
Tanto los empleados de Rioplatense como los de Runfo dicen tener buena llegada con los propietarios de las empresas. En Runfo, por ejemplo, los empleados recibieron la promesa de los Navarro de que la planta reabrirá en algún momento del año. En Rioplatense, en cambio, los empleados escucharon al dueño, Rodolfo Costantini, quejarse por estar perdiendo millones. Claro que, según los entrevistados, los dichos de Costantini perdieron valor cuando se enteraron de que mientras arreciaba la crisis, Rioplatense era denunciado por haber cobrado un subsidio de $ 7 millones a los feedlots que no correspondía, y cuando vieron a Costantini en las revistas del corazón como protagonista de la noche de Punta del Este.
Es que, como confió un empresario del sector que pidió reserva de identidad, la ciclotimia de la carne hace que ningún industrial arriesgue un peso de los propios para salvar su planta en las malas épocas.
Las últimas palabras de los obreros son sobre el publicitado plan Carne Para Todos. «Si quieren solucionar el problema de la carne, con el camioncito no alcanza. Hay que recuperar el trabajo», dijo Jorge Montenegro, ex obrero de Internacional, de Avellaneda, actualmente cerrado. «Si el Gobierno quiere carne barata, la podemos producir, pero necesitamos nuestros trabajos. O que se piense en recuperar las fábricas cerradas para los empleados y se las subsidie para seguir funcionando», dijo Zerrizuela.
La voz de los gremios
Los entrevistados no ahorran críticas a los principales gremios, la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne (que preside Alberto Fantini) y el Sindicato del Personal de Frigoríficos de Carnes de Capital Federal y Gran Buenos Aires (que preside Segundo Molina). «Ni Fantini ni Molina buscan soluciones», dijeron Colman y Zerrizuela.
La Nacion intentó contactar a Molina, sin éxito. Fantini, por su lado, refutó las críticas. «Yo fui el único que se le quejó a Cristina en el último acto de la CGT y les conseguí subsidios a muchos. Que esté cerca del Gobierno no significa que esté de acuerdo con la política de carnes. Pero acá los que tienen que responder son los frigoríficos exportadores, que fueron los cómplices en este desastre», disparó Fantini.
El secretario del Sindicato de la Carne de Gran Buenos Aires y Zona Sur (Sicgba), Silvio Etchehun, le echa la culpa de la crisis y de los 1200 despidos que se hicieron en lo que va del año a la intervención oficial, y carga las tintas sobre Molina y Fantini. «Runfo cerró hace un mes y su gremio, el de Molina, no hizo nada. Fantini tampoco protestó por los innumerables cierres que hubo en el interior. Ellos están demasiado cerca del Gobierno y de los empresarios», dijo Etchehun.
Como solución a la crisis, Etchehun destaca un proyecto que ya presentó a varios espacios políticos: que este año se importen 4,8 millones de bovinos livianos de Brasil para reactivar la faena, medida que debe ser acompañada por beneficios impositivos para productores y frigoríficos.
Miércoles 11 de mayo de 2011 | Publicado en edición impresa
Mercedes Colombres
LA NACION
Desempleada, embarazada y con dos hijos, las perspectivas de María Angeles Vallejos no son precisamente prometedoras. Ella es una de las ex empleadas tercerizadas del Frigorífico Runfo, de José, Néstor y Enzo Navarro, en La Matanza, que el 29 de marzo se chocó contra la realidad en la puerta de la empresa. «Nos dijeron que no podíamos entrar. Sin telegrama, sin aviso previo. Ahora tengo que vivir de los 600 pesos que me corresponden de la garantía horaria», dice Vallejos.
El de Vallejos es sólo uno de los 15.000 despidos que sufrió el sector desde 2006. Fue ese año cuando, al cerrarse las exportaciones de carne, arrancó la intervención oficial en este mercado, una política que terminó con 12 millones de cabezas menos y precios astronómicos para la hacienda a partir de 2010.
Eduardo Sánchez y Jesús Gani, de 26 años ambos y padres de familia, pasaron por algo similar a lo de Vallejos. Fueron echados de Ansucaru, firma tercerizada de Frigorífico Rioplatense, luego de una huelga en la que fueron activos participantes. Hoy están en sus puestos de trabajo merced a una conciliación obligatoria, pero no saben hasta cuándo. Mientras, sobreviven con ayuda de sus parientes.
Al parecer, la única chance que les queda a Vallejos, Sánchez y Gani es sumarse a una de las cuadrillas que abundan hoy en la industria. Estas cuadrillas, explicó Carlos Zerrizuela, delegado de Rioplatense, «son una plaga» que atenta contra el trabajo en blanco en la industria. «Se arman con ex empleados de frigoríficos que facturan el día de trabajo, cobran más barato que nosotros y no tienen cobertura. Esto abarata los costos, por lo que los frigoríficos cada día derivan más trabajo a las cuadrillas y les restan trabajo a sus propios obreros», dijo Zerrizuela.
Los frigoríficos Runfo y Rioplatense son la otra cara de la misma crisis. Runfo es una de las tantas empresas que no tuvo acceso a los permisos de exportación y subsidios que emitió el Gobierno para las empresas que se alinearon con la política oficial (por ejemplo, entregar carne para las baratas organizadas por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno). Esto determinó el cierre de la empresa, dejando 266 de sus 293 empleados en la calle. El resto sigue cobrando, pero no trabaja.
Rioplatense, por el contrario, supo adaptarse a los vientos kirchneristas. Gracias a eso, mientras Runfo se hundía, se vio favorecida por permisos de exportación y subsidios. Sin embargo, los obreros afirman que la bonanza nunca se trasladó a ellos. «El negocio se concentró en los años del kirchnerismo y pasó a manos de unas pocas empresas, que eligieron tercerizar tareas para reducir los costos. Eso convirtió a nuestro oficio en una changa», dijo Eduardo Colman, delegado y ex obrero de Runfo. La Nacion intentó sin éxito contactar a los propietarios de ambos frigoríficos para conocer su versión de los hechos.
Según los despedidos, los frigoríficos generan tanto trabajo en los buenos tiempos que su crisis se transformó en un problema social en las localidades donde están emplazados. Las autoridades de La Matanza, baluarte kirchnerista, no supieron encontrar soluciones a los desempleados. «Nos ofrecen bolsones (con alimentos), pero nosotros queremos trabajar», dijo Colman.
Para los ex empleados de Rioplatense, que está en Pacheco, el intendente de Tigre, Sergio Massa, prometió ayudas que aún no llegaron. «A ningún político le importa en serio nuestro problema», reflexionaron Colman y Zerrizuela.
La carne siempre fue un sector ciclotímico, explicaron los obreros. A épocas de expansión se suceden épocas de achique y despidos. Pero la última crisis, explicaron Cristian Padilla y Sebastián Sánchez, los otros delegados de Rioplatense, fue la más cruel de todas. «Esta vez echaron a gente que estaba con tratamientos de salud y a embarazadas. No hubo contemplaciones», dijeron.
Tanto los empleados de Rioplatense como los de Runfo dicen tener buena llegada con los propietarios de las empresas. En Runfo, por ejemplo, los empleados recibieron la promesa de los Navarro de que la planta reabrirá en algún momento del año. En Rioplatense, en cambio, los empleados escucharon al dueño, Rodolfo Costantini, quejarse por estar perdiendo millones. Claro que, según los entrevistados, los dichos de Costantini perdieron valor cuando se enteraron de que mientras arreciaba la crisis, Rioplatense era denunciado por haber cobrado un subsidio de $ 7 millones a los feedlots que no correspondía, y cuando vieron a Costantini en las revistas del corazón como protagonista de la noche de Punta del Este.
Es que, como confió un empresario del sector que pidió reserva de identidad, la ciclotimia de la carne hace que ningún industrial arriesgue un peso de los propios para salvar su planta en las malas épocas.
Las últimas palabras de los obreros son sobre el publicitado plan Carne Para Todos. «Si quieren solucionar el problema de la carne, con el camioncito no alcanza. Hay que recuperar el trabajo», dijo Jorge Montenegro, ex obrero de Internacional, de Avellaneda, actualmente cerrado. «Si el Gobierno quiere carne barata, la podemos producir, pero necesitamos nuestros trabajos. O que se piense en recuperar las fábricas cerradas para los empleados y se las subsidie para seguir funcionando», dijo Zerrizuela.
La voz de los gremios
Los entrevistados no ahorran críticas a los principales gremios, la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne (que preside Alberto Fantini) y el Sindicato del Personal de Frigoríficos de Carnes de Capital Federal y Gran Buenos Aires (que preside Segundo Molina). «Ni Fantini ni Molina buscan soluciones», dijeron Colman y Zerrizuela.
La Nacion intentó contactar a Molina, sin éxito. Fantini, por su lado, refutó las críticas. «Yo fui el único que se le quejó a Cristina en el último acto de la CGT y les conseguí subsidios a muchos. Que esté cerca del Gobierno no significa que esté de acuerdo con la política de carnes. Pero acá los que tienen que responder son los frigoríficos exportadores, que fueron los cómplices en este desastre», disparó Fantini.
El secretario del Sindicato de la Carne de Gran Buenos Aires y Zona Sur (Sicgba), Silvio Etchehun, le echa la culpa de la crisis y de los 1200 despidos que se hicieron en lo que va del año a la intervención oficial, y carga las tintas sobre Molina y Fantini. «Runfo cerró hace un mes y su gremio, el de Molina, no hizo nada. Fantini tampoco protestó por los innumerables cierres que hubo en el interior. Ellos están demasiado cerca del Gobierno y de los empresarios», dijo Etchehun.
Como solución a la crisis, Etchehun destaca un proyecto que ya presentó a varios espacios políticos: que este año se importen 4,8 millones de bovinos livianos de Brasil para reactivar la faena, medida que debe ser acompañada por beneficios impositivos para productores y frigoríficos.
