Luego de la salida del cepo cambiario, ahora es clave que se alineen las variables económicas para que la economía vuelva a crecer y avance de manera sustentable, en el mediano plazo, hacia el desarrollo económico. Resulta auspiciosa la intención del Gobierno de convocar a un acuerdo económico y social. Pero ante la demora de la convocatoria, tenemos que preguntarnos qué tipo de acuerdo se persigue y para qué se busca reunir a empresarios y trabajadores.
Sería un error creer que el acuerdo debe encararse como una paritaria ampliada que busque contener precios y salarios. Es ciertamente importante «transitar el verano», como planteó hace poco el ministro Prat-Gay, pero un llamado a un acuerdo no tiene que limitarse a ese cortísimo plazo sino que debe fijar políticas y metas concretas, ritmos y prioridades que enfrenten los problemas de fondo de la economía.
En 2015 redacté un proyecto de ley para que en la Argentina tengamos un Consejo Económico y Social, donde todos los sectores participemos de un espacio institucional para discutir y confeccionar esas políticas de Estado que el país nunca pudo tener.
Las recurrentes problemáticas económicas del país requieren respuestas integrales y consistentes. A lo largo de nuestra historia, hemos estado más pendientes de resolver las urgencias que de proyectar nuestros caminos. Con más de 30 años de democracia ininterrumpida y algunos consensos mínimos alcanzados, estamos ante una buena oportunidad de seguir construyendo acuerdos duraderos y que nos dirijan hacia la realización de nuestro potencial productivo.
Para evitar las recurrencias negativas, como la restricción externa o la falsa dicotomía que se plantea entre inversión y redistribución, es necesario que el Consejo Económico y Social esté atravesado por una lógica institucional, más que por un impulso espontáneo de coyuntura. La experiencia internacional indica que sólo a través de un marco institucional que establezca las coordenadas de los consensos será posible alcanzar el desarrollo. En España, sin ir más lejos, el Consejo tiene rango constitucional.
Luego de la salida del cepo, el Gobierno tiene el desafío de estabilizar las expectativas inflacionarias para que la economía sea competitiva sin resignar el poder de compra de los salarios, que se constituyen como nuestros principales motores. Empresarios y trabajadores tenemos que ser responsables y hacer nuestro aporte para que el proceso sea virtuoso. Pero en el ínterin, es también hora de pensar, discutir y consensuar nuestro futuro mediato, y actuar en conjunto para alcanzarlo. Para eso tiene que servir cualquier Acuerdo Económico y Social que se convoque.ß
Luego de la salida del cepo cambiario, ahora es clave que se alineen las variables económicas para que la economía vuelva a crecer y avance de manera sustentable, en el mediano plazo, hacia el desarrollo económico. Resulta auspiciosa la intención del Gobierno de convocar a un acuerdo económico y social. Pero ante la demora de la convocatoria, tenemos que preguntarnos qué tipo de acuerdo se persigue y para qué se busca reunir a empresarios y trabajadores.
Sería un error creer que el acuerdo debe encararse como una paritaria ampliada que busque contener precios y salarios. Es ciertamente importante «transitar el verano», como planteó hace poco el ministro Prat-Gay, pero un llamado a un acuerdo no tiene que limitarse a ese cortísimo plazo, sino que debe fijar políticas y metas concretas, ritmos y prioridades que enfrenten los problemas de fondo de la economía.
En 2015 redacté un proyecto de ley para que en la Argentina tengamos un Consejo Económico y Social, donde todos los sectores participemos de un espacio institucional para discutir y confeccionar esas políticas de Estado que el país nunca pudo tener.
Las recurrentes problemáticas económicas del país requieren respuestas integrales y consistentes. A lo largo de nuestra historia, hemos estado más pendientes de resolver las urgencias que de proyectar nuestros caminos. Con más de 30 años de democracia ininterrumpida y algunos consensos mínimos alcanzados, estamos ante una buena oportunidad de seguir construyendo acuerdos duraderos y que nos dirijan hacia la realización de nuestro potencial productivo.
Para evitar las recurrencias negativas, como la restricción externa o la falsa dicotomía que se plantea entre inversión y redistribución, es necesario que el Consejo Económico y Social esté atravesado por una lógica institucional, más que por un impulso espontáneo de coyuntura. La experiencia internacional indica que sólo a través de un marco institucional que establezca las coordenadas de los consensos será posible alcanzar el desarrollo. En España, sin ir más lejos, el Consejo tiene rango constitucional.
Luego de la salida del cepo, el Gobierno tiene el desafío de estabilizar las expectativas inflacionarias para que la economía sea competitiva sin resignar el poder de compra de los salarios, que se constituyen como nuestros principales motores. Empresarios y trabajadores tenemos que ser responsables y hacer nuestro aporte para que el proceso sea virtuoso. Pero en el ínterin es también hora de pensar, discutir y consensuar nuestro futuro mediato, y actuar en conjunto para alcanzarlo. Para eso tiene que servir cualquier acuerdo económico y social que se convoque.
El autor es empresario, diputado nacional (Frente Renovador) y dirigente de la UIA
Sería un error creer que el acuerdo debe encararse como una paritaria ampliada que busque contener precios y salarios. Es ciertamente importante «transitar el verano», como planteó hace poco el ministro Prat-Gay, pero un llamado a un acuerdo no tiene que limitarse a ese cortísimo plazo sino que debe fijar políticas y metas concretas, ritmos y prioridades que enfrenten los problemas de fondo de la economía.
En 2015 redacté un proyecto de ley para que en la Argentina tengamos un Consejo Económico y Social, donde todos los sectores participemos de un espacio institucional para discutir y confeccionar esas políticas de Estado que el país nunca pudo tener.
Las recurrentes problemáticas económicas del país requieren respuestas integrales y consistentes. A lo largo de nuestra historia, hemos estado más pendientes de resolver las urgencias que de proyectar nuestros caminos. Con más de 30 años de democracia ininterrumpida y algunos consensos mínimos alcanzados, estamos ante una buena oportunidad de seguir construyendo acuerdos duraderos y que nos dirijan hacia la realización de nuestro potencial productivo.
Para evitar las recurrencias negativas, como la restricción externa o la falsa dicotomía que se plantea entre inversión y redistribución, es necesario que el Consejo Económico y Social esté atravesado por una lógica institucional, más que por un impulso espontáneo de coyuntura. La experiencia internacional indica que sólo a través de un marco institucional que establezca las coordenadas de los consensos será posible alcanzar el desarrollo. En España, sin ir más lejos, el Consejo tiene rango constitucional.
Luego de la salida del cepo, el Gobierno tiene el desafío de estabilizar las expectativas inflacionarias para que la economía sea competitiva sin resignar el poder de compra de los salarios, que se constituyen como nuestros principales motores. Empresarios y trabajadores tenemos que ser responsables y hacer nuestro aporte para que el proceso sea virtuoso. Pero en el ínterin, es también hora de pensar, discutir y consensuar nuestro futuro mediato, y actuar en conjunto para alcanzarlo. Para eso tiene que servir cualquier Acuerdo Económico y Social que se convoque.ß
Luego de la salida del cepo cambiario, ahora es clave que se alineen las variables económicas para que la economía vuelva a crecer y avance de manera sustentable, en el mediano plazo, hacia el desarrollo económico. Resulta auspiciosa la intención del Gobierno de convocar a un acuerdo económico y social. Pero ante la demora de la convocatoria, tenemos que preguntarnos qué tipo de acuerdo se persigue y para qué se busca reunir a empresarios y trabajadores.
Sería un error creer que el acuerdo debe encararse como una paritaria ampliada que busque contener precios y salarios. Es ciertamente importante «transitar el verano», como planteó hace poco el ministro Prat-Gay, pero un llamado a un acuerdo no tiene que limitarse a ese cortísimo plazo, sino que debe fijar políticas y metas concretas, ritmos y prioridades que enfrenten los problemas de fondo de la economía.
En 2015 redacté un proyecto de ley para que en la Argentina tengamos un Consejo Económico y Social, donde todos los sectores participemos de un espacio institucional para discutir y confeccionar esas políticas de Estado que el país nunca pudo tener.
Las recurrentes problemáticas económicas del país requieren respuestas integrales y consistentes. A lo largo de nuestra historia, hemos estado más pendientes de resolver las urgencias que de proyectar nuestros caminos. Con más de 30 años de democracia ininterrumpida y algunos consensos mínimos alcanzados, estamos ante una buena oportunidad de seguir construyendo acuerdos duraderos y que nos dirijan hacia la realización de nuestro potencial productivo.
Para evitar las recurrencias negativas, como la restricción externa o la falsa dicotomía que se plantea entre inversión y redistribución, es necesario que el Consejo Económico y Social esté atravesado por una lógica institucional, más que por un impulso espontáneo de coyuntura. La experiencia internacional indica que sólo a través de un marco institucional que establezca las coordenadas de los consensos será posible alcanzar el desarrollo. En España, sin ir más lejos, el Consejo tiene rango constitucional.
Luego de la salida del cepo, el Gobierno tiene el desafío de estabilizar las expectativas inflacionarias para que la economía sea competitiva sin resignar el poder de compra de los salarios, que se constituyen como nuestros principales motores. Empresarios y trabajadores tenemos que ser responsables y hacer nuestro aporte para que el proceso sea virtuoso. Pero en el ínterin es también hora de pensar, discutir y consensuar nuestro futuro mediato, y actuar en conjunto para alcanzarlo. Para eso tiene que servir cualquier acuerdo económico y social que se convoque.
El autor es empresario, diputado nacional (Frente Renovador) y dirigente de la UIA
