Macri quiere que las empresas puedan financiar el proselitismo

El presidente Mauricio Macri. Foto: Archivo
Luego de enviar al Congreso las leyes de reforma política y de boleta única electrónica, el gobierno de Mauricio Macri comenzó a redactar un nuevo proyecto de ley de financiamiento de las campañas electorales de los partidos políticos. El eje principal de la reforma consistirá en permitir nuevamente a las empresas aportar fondos a los diversos frentes partidarios para la competencia proselitista.
Según confiaron a la nacion altas fuentes oficiales, se crearía un mecanismo de financiamiento con requisitos de transparencia, con donaciones formales y en blanco y declaración del origen de los recursos que se aporten.
«Queremos volver al sistema en que las empresas puedan financiar las campañas, porque ahora sólo están permitidas personas físicas y eso es una mentira: figuran personas pero detrás está la empresa», dijo a la nacion un funcionario que estudia el conflictivo asunto.
«Se suelen declarar aportes y financiamientos de orígenes totalmente diferentes a lo que ocurre en la realidad. Y las campañas terminan financiadas por el narcotráfico, la efedrina o actividades sospechosas «, aseguró otro allegado.
En la ley 26.215 sancionada en 2009, de financiamiento de los partidos políticos, el artículo 44 bis que regula las campañas electorales estableció que «queda prohibida toda donación o contribución a una agrupación política por personas de existencia ideal (personas jurídicas)». Solo se permiten, así, aportes de personas físicas.
Asimismo, el monto máximo que se permitió donar a personas físicas para las elecciones de octubre de 2015 por la justicia electoral fue de $ 3.459.054 por partido político nacional. Y cada partido político podía gastar un tope de $ 86.476.359 en las primarias abiertas y simultáneas y $ 172.952.719 en las elecciones generales.
En la Casa Rosada aseguraron a la nacion que Macri dio luz verde a un equipo para que redacte un nuevo proyecto de ley de financiamiento. Todavía sólo hay títulos generales. El debate lo encabezan el asesor presidencial y apoderado de Pro, José Torello, y la diputada Silvia Lospennato, muy cercana al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Se trata del núcleo duro del macrismo.
También fue consultado el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, aunque éste prefirió iniciar una ronda de consultas a todos los partidos políticos, con el propósito de presentar un proyecto de ley por consenso en los próximos meses. El funcionario sólo tenía previsto debatir el tema en 2017, aunque podría verse obligado a apurar la discusión. La idea del Gobierno sería instrumentarlo para las elecciones legislativas del año próximo.
Surgen discrepancias en el mismo equipo macrista. Mientras Torello impulsa la idea de que el financiamiento de las empresas podría ser ilimitado -o con topes altos-, con la condición de que sea declarado y transparente, Pérez no está de acuerdo con eliminar las limitaciones máximas. Sin embargo, eso sí, todos coinciden en prohibir los aportes de empresas contratistas del Estado, de obras públicas o de servicios públicos.
«De todos modos, ello surgirá del debate y de los consensos que se hagan con los demás partidos, pero tienen que volver a participar las empresas en forma transparente», señalaron en el entorno del macrismo. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, conversó con Torello y dijo que lo primero por resolver es si las campañas serán financiadas por los privados o si continuará el modelo actual, en el que el Estado financia la mayor parte, porque las personas físicas no tienen capacidad para donar grandes sumas.
Algunos sectores del peronismo cercanos a Macri consideran que plantear el debate ahora podría ser un error, dado que convalidaría el discurso del kirchnerismo de que el Gobierno se dejaría influir por grandes empresas privadas, que pasarían a ser quienes decidan las políticas de los partidos políticos.
En la reforma política que envió el Gobierno al Congreso la semana última, Pérez había omitido la ley de financiamiento de las campañas para no introducir un debate conflictivo que impidiera que se sancionen otras leyes más urgentes, como la de boleta única electrónica, la eliminación de colectoras, la reforma en las primarias abiertas, el debate presidencial obligatorio y la de transición política.
Sin embargo, los últimos escándalos de corrupción del kirchnerismo podrían abonar la idea del macrismo duro de avanzar en una ley de financiamiento para evitar el origen sospechoso de los fondos. En la campaña de Cristina Kirchner en 2007, el Frente para la Victoria recibió fondos de droguerías involucradas en la mafia de los medicamentos y del tráfico de efedrina.
«¿Qué preferimos: que el dinero lo aporte una empresa formal y reconocida o que lo haga Sebastián Forza, luego asesinado por el narco en General Rodríguez?», señaló un allegado al Presidente. «Todo lo que se declara hoy en las campañas es una mentira», agregó.
Otra alternativa podría ser elevar los topes para personas físicas, además de habilitar las contribuciones de las empresas. En principio, el Gobierno hizo sondeos y hay varios sectores del peronismo y de la UCR que estarían de acuerdo con esta reforma.
El dilema de siempre
El Gobierno impulsa un proyecto de ley para que las empresas vuelvan a financiar las campañas electorales y, así, sincerar el origen de los fondos
Hoy se financian sólo con aportes de personas fisicas o con fondos del Estado para los partidos
Las últimas campañas del kirchnerismo registraron donantes que encubrían a empresas o actividades ilícitas, como el narcotráfico y el negocio ilegal de la efedrina
El secretario de Asuntos Políticos, Adrian Pérez, promueve topes y abrira el debate a los partidos; el macrismo duro quiere dar más amplitud

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *