Clarín y La Nación ayer le dieron amplio despliegue en tapa a la imputación por supuesto «lavado de dinero» contra el empresario santacruceño Lázaro Báez, derivada de un informe televisado por Canal 13, del Grupo Clarín SA, empresa comercial que mantiene una disputa judicial con el gobierno para evitar cumplir con los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que limitan sus abusos monopólicos. En ambos casos, los diarios apropiadores de Papel Prensa SA coincidieron en elevar al fiscal actuante, Guillermo Marijuan, que decidió la imputación de Báez, al pedestal de superhéroe capaz de un mani pulite. Se trata del mismo fiscal que denunció a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por crear unidades fiscales específicas para combatir la trata de personas, las violaciones a los Derechos Humanos y la criminalidad económica y el lavado de activos, sin besar el anillo del ala más conservadora de la corporación judicial. Es casi de manual que el Grupo Clarín SA a través de los copetes de su diario, festeje a Marijuan por su avance contra la actual procuradora: en 2004, actuando como fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gils Carbó denunció a la empresa Cablevisión, de Clarín SA, por montar una red de sociedades en paraísos fiscales como Delaware (EE UU) e Islas Vírgenes, controladas por fondos buitre, para enmascarar a sus verdaderos propietarios y eludir el control del flujo y destino de sus fondos. La sospecha que planteó Gils Carbó en aquel momento fue: «¿Qué sujetos extranjeros financiaron la creación de un monopolio multimedia en la Argentina? (…) ¿A qué intereses responde? (…) ¿Es posible que el Poder Judicial permanezca indiferente ante la entronización de un conglomerado monopólico de los medios de comunicación en la Argentina que amenaza el pluralismo, la democracia sustancial, la libertad de expresión, y el derecho del pueblo argentino a que ningún monopolio gobierne la opinión pública de acuerdo a sus particulares intereses corporativos que por su naturaleza están basados en la obtención del máximo beneficio económico y repudian la intervención del Estado en la economía para proteger a la comunidad?»
Hoy, Gils Carbó, que se supone todavía quiere responder a esas mismas preguntas, es la Jefa de los Fiscales, y Clarín SA la detesta y le teme tanto como al kirchnerismo gobernante. Héctor Magnetto tiene muchas más razones para estar nervioso que cuando el sillón de la Procuración no lo ocupaba esta mujer de trayectoria cristalina y reconocida en toda la judicatura. Aquel meticuloso trabajo de Gils Carbó preguntándose sobre los fondos de Fintech SA (de Clarín) confluye con una investigación periodística publicada en el diario Crítica en 2009 que, con la firma de su director, Jorge Lanata, reveló que la banca JP Morgan manejaba una mesa de dinero que permitía lavar fortunas provenientes de la evasión y otras yerbas. En el listado de clientes, según confirmó el arrepentido gerente de esa entidad, Hernán Arbizu, ante la justicia local, estaban casi todas las empresas y los accionistas de Clarín SA: Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Aranda, Lucio Rafael Pagliaro y otros 500 argentinos que usaron el servicio para fugar sigilosamente 400 millones de dólares al extranjero, entre 2006 y 2008. El diario The New York Times informó anteayer que la Oficina de Contralor de la Moneda, entre otros siete entes reguladores de las finanzas en los Estados Unidos, está investigando al JP Morgan «por inexactitudes en sus cuentas de clientes de tarjetas de crédito y para verificar si el banco fracasó a la hora de reportar operaciones sospechosas». El año pasado, una pesquisa del subcomité permanente del Senado de EE UU elaboró un informe de 300 páginas donde concluyó que el banco intentó esquivar a los organismos reguladores. De esas opacidades y maniobras ilícitas se beneficiaron los fugadores argentinos para eludir, en principio, a la AFIP. En un trabajo del Equipo de Investigación de este diario, publicado en 2010, puede leerse: «Todo se realiza bajo el más oscuro de los anonimatos. De acuerdo a una serie de índices, la ONG Tax Justice Network determinó que Delaware es la jurisdicción con mayor ‘opacidad’ del mundo, debido a su agresividad a la hora de mantener el secreto de las finanzas internacionales, la escasa o nula colaboración con otros países en el intercambio de información y las facilidades para crear compañías fantasma en pocas horas. Estas variables, combinadas con el volumen de las transacciones sitúan a Delaware como el estado más oscuro.» Allí tiene el Grupo Clarín SA radicada buena parte de sus firmas. Pero no sólo allí, según reveló ayer este mismo diario.
La causa judicial que generó Arbizu con sus dichos y documentos, popularmente conocida como la «del lavado de Clarín», quedó radicada en el juzgado federal de Sergio Torres, y estuvo parada durante varios años, tiempo en el que Torres no fue molestado desde las páginas de Clarín, como habitualmente hace el diario, por ejemplo, con Norberto Oyarbide. Recién la semana pasada, cuando desde los medios no alineados con el grupo de Magnetto se volvió a indagar sobre su estado, el juzgado libró exhortos a los Estados Unidos y Suiza para corroborar los datos aportados por Arbizu y publicados por el extinto diario Crítica. Allí seguramente recalarán también las revelaciones de Tiempo Argentino sobre las sociedades panameñas Agea Inversora SA, Semar Inversora SA, Lexsol SA, Noirland SA, donde Magnetto figuraba como presidente, Pagliaro como secretario y Aranda como tesorero. En el caso de las dos primeras, Agea y Semar, coinciden con las que aparecen en el listado que Arbizu entregó al juez Torres. Según fuentes de la AFIP, Magnetto reconocería tener sociedades en Uruguay y en las Antillas Holandesas, pero nunca habría blanqueado las de Panamá. Se supone que ahora podría explicar para qué las usaba.
La morosidad en el trámite de este expediente, contrasta con la velocidad que el fiscal Marijuan le imprimió a la que tiene ahora como imputados a Lázaro Báez y a su hijo, Martín Báez, y a los mediáticos Leonardo Fariña –esposo de Karina Jelinek–, Federico Elaskar y Fabián Rossi –yerno de Juan Carlos Calabró–. Las prácticas bajo la lupa judicial son más o menos las mismas: sociedades en Panamá para eludir el control del fisco. El supuesto delito, también: lavado de dinero. El periodista denunciante, igual: Jorge Lanata. Y en ambos casos se habla de gente muy poderosa y multimillonaria.
Lo primero que surge a la vista, y sin que esto implique algún pedido de indemnidad para Báez, que deberá rendir cuentas ante la justicia como cualquier hijo de vecino por más plata y contactos políticos que tenga, es que detrás de la causa que activa el fiscal Marijuan –el denunciante de la procuradora que se animó a husmear en la misteriosa ingeniería societaria de Clarín SA– está, casualmente, Clarín SA y todos sus medios creando la sensación de que Báez era socio en todos los negocios del difunto Néstor Kirchner –que no puede defenderse– y, por herencia, de su viuda, que para ganar juicios por «difamación» debe viajar a Italia. «La ruta del dinero K», es el cintillo que acompaña todas las notas de la saga en el diario Clarín que reproducen más o menos los mismos datos desde que quedó instalado desde el prime time dominical de Canal 13, hace ya tres semanas, como un caso de corrupción escandaloso con abochornantes ramificaciones en el submundo de la noche y la farándula. Clarín SA, que pelea en varios frentes contra políticas públicas antimonopólicas, descarga toda su furia y su capacidad de daño contra los integrantes del gobierno que las impulsa. No es novedad, aunque hay que decirlo tantas veces como sea necesario: ningún análisis serio de la coyuntura puede eludir la presión mediática con verdades a medias, mentiras o exageraciones, que ejerce el grupo sobre los diversos actores de la política nacional.
Volviendo a lo judicial, el vértigo que adopte esta causa no es un problema. Cuanto antes se sepa la verdad, menos sufrirán las instituciones de la democracia y menos agua para el molino de la antipolítica podrán llevar las corporaciones. Lo que desnuda esta desconcertante velocidad es otro inconveniente más grave que atañe a toda la sociedad democrática: la lentitud que envuelve a esos mismos fiscales o jueces cuando se trata de investigar a los poderes fácticos, como Clarín SA, socio y brújula ideológica de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la central del establishment que no por azar, como se ve, financia a través de solicitadas la campaña contra los proyectos de democratización del Poder Judicial, impulsados por el kirchnerismo.
A esa central atenta a sostener con el cuerpo y más a los jueces y fiscales que son más rápidos con el funcionariado político que con los empresarios de verdad, reportan, entre otros, el Grupo Ledesma, de la familia azucarera Blaquier, a cuyos integrantes se investiga por las desapariciones en el ingenio en el caso conocido como «La noche del Apagón». Más de tres décadas tuvieron que esperar las víctimas para ver sentado en el banquillo a Pedro Blaquier. También el Grupo Techint, de la familia Rocca, socio de Clarín SA en la firma Impripost, que según el diario Bae Negocios del jueves 2 «evadió más de U$S 16 millones a través de una empresa fantasma.» Lo hizo aprovechando una supuesta laguna» en un convenio bilateral tributario firmado por Argentina y España. La investigación la tuvo que hacer la agencia internacional Bloomberg, que aseguró: «Los dividendos de las fábricas en la Argentina fueron canalizados a paraísos fiscales.» Pero la justicia que defiende a AEA y viceversa no parece haberse enterado de nada. Es la misma que beneficia con una cautelar a La Nación SA (también miembro de AEA) para que no pague los impuestos y a la Sociedad Rural para que mantenga usurpado el predio de Palermo.
Hace tres años que ningún juez federal llama a indagatoria en sede penal a Héctor Magnetto, a Bartolomé Mitre y a Ernestina Herrera de Noble por los supuestos delitos de lesa humanidad cometidos durante el despojo accionario de Papel Prensa a la familia Graiver. Pero Clarín SA sí tiene fiscales federales que en trámite exprés toman decisiones que aportan a su relato catastrófico de un gobierno dominado por corruptos y coimeros, más agresivos e insaciables que los socios de AEA, que durante décadas se la llevaron en pala, gozaron de la suspensión de las garantías constitucionales para hacer negocios, sostuvieron políticas excluyentes y ahora juegan otra vez a la devaluación y al endeudamiento para lograr una nueva transferencia de recursos de los sectores más pobres a los ricos de la sociedad, vía licuación de salarios y aumentos de precios. Y si tienen algún problema, siempre estará su justicia, la corporativa, para darle una mano.
Cuando la presidenta dijo que tuvo que irse a Italia a hacer un juicio por «difamación» porque, de haberlo hecho acá, lo habría perdido seguro, un sector de la sociedad tragó saliva: si le pasa a ella, pensó, que es la jefa de Estado, qué puede esperar el resto que vive a la intemperie.
¿Es que no hay justicia en la Argentina?
Sí, «la justicia por mano propia» que ejercen Clarín y AEA.
El desafío es construir otra que sea democrática. «
El último papelón de clarín
El Grupo Clarín SA, en verdad, sus dueños y accionistas, a quienes el juez federal Sergio Torres investiga por maniobras de evasión y presunto lavado tras las confesiones del arrepentido del JP Morgan Hernán Arbizu, es el que impulsa mediáticamente la denuncia contra el empresario santacruceño Lázaro Báez. Parece una estrategia contraofensiva en su guerra contra el gobierno: si nosotros lavamos y evadimos, el «kirchnerista Báez» también lo hace, lo cual sería mucho más grave que lo nuestro. La receptividad judicial de un fiscal a su escalada mediática, no debe omitir que se trata de un grupo empresario con capacidad monopólica para instalar en la agenda pública asuntos de su propio interés como si fueran, en realidad, los del conjunto de la sociedad. Esa facilidad para crear sentido sobre ciertos acontecimientos, en muchos casos, crea confusión en la opinión pública, que a fuerza de repetición y jerarquización temática puede terminar asumiendo como verosímil aquello que no termina de ser absolutamente cierto. Lo que sigue es casi un ejercicio académico. Convendría tener a mano el Clarín del domingo 7 de abril. Allí, una nota sin firma, en página 32, de la sección El País, fue titulada: «Desestiman la denuncia K contra los afiches opositores.» En la bajada, se añadió: «Lo hizo el fiscal electoral. Es por un avance del FPV contra los dirigentes de la oposición». La volanta, lo que va por arriba del título y fija el tema, dijo: «Revés judicial a una estrategia del kirchnerismo». Refiere a lo que sería un rechazo a la denuncia que hizo el apoderado del FPV Jorge Landau por la campaña electoral fuera de término («Ella o vos») de Francisco de Narváez. Clarín tituló que había sido desestimada. Sin embargo, en la segunda parte del primer párrafo de la nota anónima puede leerse: «El caso puede llegar a ser desestimado si Di Lello (el fiscal, de nombre Jorge) dictamina de forma similar a casos con denuncias del mismo tono». Primero: el fiscal no había desestimado como Clarín mal informaba en su título. Segundo: la sensación es que Clarín, actuando como si fuera un tribunal de alzada, le marcaba al fiscal, según jurisprudencia misteriosa, qué decisión debería tomar sobre la denuncia. A medida que se avanza en la lectura del artículo, la intencionalidad de incidir en la voluntad del representante del Ministerio Público queda cada vez más al desnudo: «A partir de estos antecedentes, en Tribunales aseguran que la causa iniciada por Landau correrá la misma suerte que las demás. Es decir que podría llegar a ser desestimada por el propio Di Lello por inexistencia de delito.» El título era asertivo («Desestiman la denuncia K»), aunque el texto lo relativizaba y la realidad de los hechos, finalmente, desmintió todo lo publicado: el sábado 4 de mayo, en página 18, de la misma sección El País, Clarín tuvo que titular «La Justicia ordenó suspender los avisos de De Narváez». ¿En qué quedamos? O Clarín mintió una semana antes, o tenía mala información, o buscaba –como puede suponerse con algo de inteligencia–, crear las condiciones mediáticas para derrotar desde sus páginas y de antemano la presentación judicial del kirchnerismo por violación a la Ley Electoral de parte de Francisco de Narváez. Lo que pasó realmente es que la jueza federal María Servini de Cubría resolvió algo obvio. No estamos en campaña todavía. Comienza para las elecciones primarias el 12 de julio y para los avisos audiovisuales el 27. La elección recién será el 11 de agosto. Ocurre que Clarín titula cada vez más a partir de sus propios intereses político-comerciales y no sobre lo que pasa. Es tan, pero tan cristalina su ausencia de compromiso con la verdad y su tentación de convertir en titular su «noticia deseada», que en menos de una semana tuvo que capitular rendido ante la evidencia, y lo que supuestamente era un revés para el oficialismo se transformó en papelón informativo para el diario de Héctor Magnetto. No sin antes confundir a Jorge Landau con «Jorge Laclau», el apellido de uno de los intelectuales que apoyan el modelo K, que ellos detestan. Está escrito. Pueden leerlo en el Clarín de ayer. Es para psicólogos.
¿Esto hace menos responsable o investigable a Lázaro Báez? Para nada. Son dos cosas distintas. Lo que demuestra el «papelón De Narváez» es que Clarín como fiscal público de la Nación no cumple con los requisitos: miente urgido por dañar al kirchnerismo.
Hoy, Gils Carbó, que se supone todavía quiere responder a esas mismas preguntas, es la Jefa de los Fiscales, y Clarín SA la detesta y le teme tanto como al kirchnerismo gobernante. Héctor Magnetto tiene muchas más razones para estar nervioso que cuando el sillón de la Procuración no lo ocupaba esta mujer de trayectoria cristalina y reconocida en toda la judicatura. Aquel meticuloso trabajo de Gils Carbó preguntándose sobre los fondos de Fintech SA (de Clarín) confluye con una investigación periodística publicada en el diario Crítica en 2009 que, con la firma de su director, Jorge Lanata, reveló que la banca JP Morgan manejaba una mesa de dinero que permitía lavar fortunas provenientes de la evasión y otras yerbas. En el listado de clientes, según confirmó el arrepentido gerente de esa entidad, Hernán Arbizu, ante la justicia local, estaban casi todas las empresas y los accionistas de Clarín SA: Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Aranda, Lucio Rafael Pagliaro y otros 500 argentinos que usaron el servicio para fugar sigilosamente 400 millones de dólares al extranjero, entre 2006 y 2008. El diario The New York Times informó anteayer que la Oficina de Contralor de la Moneda, entre otros siete entes reguladores de las finanzas en los Estados Unidos, está investigando al JP Morgan «por inexactitudes en sus cuentas de clientes de tarjetas de crédito y para verificar si el banco fracasó a la hora de reportar operaciones sospechosas». El año pasado, una pesquisa del subcomité permanente del Senado de EE UU elaboró un informe de 300 páginas donde concluyó que el banco intentó esquivar a los organismos reguladores. De esas opacidades y maniobras ilícitas se beneficiaron los fugadores argentinos para eludir, en principio, a la AFIP. En un trabajo del Equipo de Investigación de este diario, publicado en 2010, puede leerse: «Todo se realiza bajo el más oscuro de los anonimatos. De acuerdo a una serie de índices, la ONG Tax Justice Network determinó que Delaware es la jurisdicción con mayor ‘opacidad’ del mundo, debido a su agresividad a la hora de mantener el secreto de las finanzas internacionales, la escasa o nula colaboración con otros países en el intercambio de información y las facilidades para crear compañías fantasma en pocas horas. Estas variables, combinadas con el volumen de las transacciones sitúan a Delaware como el estado más oscuro.» Allí tiene el Grupo Clarín SA radicada buena parte de sus firmas. Pero no sólo allí, según reveló ayer este mismo diario.
La causa judicial que generó Arbizu con sus dichos y documentos, popularmente conocida como la «del lavado de Clarín», quedó radicada en el juzgado federal de Sergio Torres, y estuvo parada durante varios años, tiempo en el que Torres no fue molestado desde las páginas de Clarín, como habitualmente hace el diario, por ejemplo, con Norberto Oyarbide. Recién la semana pasada, cuando desde los medios no alineados con el grupo de Magnetto se volvió a indagar sobre su estado, el juzgado libró exhortos a los Estados Unidos y Suiza para corroborar los datos aportados por Arbizu y publicados por el extinto diario Crítica. Allí seguramente recalarán también las revelaciones de Tiempo Argentino sobre las sociedades panameñas Agea Inversora SA, Semar Inversora SA, Lexsol SA, Noirland SA, donde Magnetto figuraba como presidente, Pagliaro como secretario y Aranda como tesorero. En el caso de las dos primeras, Agea y Semar, coinciden con las que aparecen en el listado que Arbizu entregó al juez Torres. Según fuentes de la AFIP, Magnetto reconocería tener sociedades en Uruguay y en las Antillas Holandesas, pero nunca habría blanqueado las de Panamá. Se supone que ahora podría explicar para qué las usaba.
La morosidad en el trámite de este expediente, contrasta con la velocidad que el fiscal Marijuan le imprimió a la que tiene ahora como imputados a Lázaro Báez y a su hijo, Martín Báez, y a los mediáticos Leonardo Fariña –esposo de Karina Jelinek–, Federico Elaskar y Fabián Rossi –yerno de Juan Carlos Calabró–. Las prácticas bajo la lupa judicial son más o menos las mismas: sociedades en Panamá para eludir el control del fisco. El supuesto delito, también: lavado de dinero. El periodista denunciante, igual: Jorge Lanata. Y en ambos casos se habla de gente muy poderosa y multimillonaria.
Lo primero que surge a la vista, y sin que esto implique algún pedido de indemnidad para Báez, que deberá rendir cuentas ante la justicia como cualquier hijo de vecino por más plata y contactos políticos que tenga, es que detrás de la causa que activa el fiscal Marijuan –el denunciante de la procuradora que se animó a husmear en la misteriosa ingeniería societaria de Clarín SA– está, casualmente, Clarín SA y todos sus medios creando la sensación de que Báez era socio en todos los negocios del difunto Néstor Kirchner –que no puede defenderse– y, por herencia, de su viuda, que para ganar juicios por «difamación» debe viajar a Italia. «La ruta del dinero K», es el cintillo que acompaña todas las notas de la saga en el diario Clarín que reproducen más o menos los mismos datos desde que quedó instalado desde el prime time dominical de Canal 13, hace ya tres semanas, como un caso de corrupción escandaloso con abochornantes ramificaciones en el submundo de la noche y la farándula. Clarín SA, que pelea en varios frentes contra políticas públicas antimonopólicas, descarga toda su furia y su capacidad de daño contra los integrantes del gobierno que las impulsa. No es novedad, aunque hay que decirlo tantas veces como sea necesario: ningún análisis serio de la coyuntura puede eludir la presión mediática con verdades a medias, mentiras o exageraciones, que ejerce el grupo sobre los diversos actores de la política nacional.
Volviendo a lo judicial, el vértigo que adopte esta causa no es un problema. Cuanto antes se sepa la verdad, menos sufrirán las instituciones de la democracia y menos agua para el molino de la antipolítica podrán llevar las corporaciones. Lo que desnuda esta desconcertante velocidad es otro inconveniente más grave que atañe a toda la sociedad democrática: la lentitud que envuelve a esos mismos fiscales o jueces cuando se trata de investigar a los poderes fácticos, como Clarín SA, socio y brújula ideológica de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la central del establishment que no por azar, como se ve, financia a través de solicitadas la campaña contra los proyectos de democratización del Poder Judicial, impulsados por el kirchnerismo.
A esa central atenta a sostener con el cuerpo y más a los jueces y fiscales que son más rápidos con el funcionariado político que con los empresarios de verdad, reportan, entre otros, el Grupo Ledesma, de la familia azucarera Blaquier, a cuyos integrantes se investiga por las desapariciones en el ingenio en el caso conocido como «La noche del Apagón». Más de tres décadas tuvieron que esperar las víctimas para ver sentado en el banquillo a Pedro Blaquier. También el Grupo Techint, de la familia Rocca, socio de Clarín SA en la firma Impripost, que según el diario Bae Negocios del jueves 2 «evadió más de U$S 16 millones a través de una empresa fantasma.» Lo hizo aprovechando una supuesta laguna» en un convenio bilateral tributario firmado por Argentina y España. La investigación la tuvo que hacer la agencia internacional Bloomberg, que aseguró: «Los dividendos de las fábricas en la Argentina fueron canalizados a paraísos fiscales.» Pero la justicia que defiende a AEA y viceversa no parece haberse enterado de nada. Es la misma que beneficia con una cautelar a La Nación SA (también miembro de AEA) para que no pague los impuestos y a la Sociedad Rural para que mantenga usurpado el predio de Palermo.
Hace tres años que ningún juez federal llama a indagatoria en sede penal a Héctor Magnetto, a Bartolomé Mitre y a Ernestina Herrera de Noble por los supuestos delitos de lesa humanidad cometidos durante el despojo accionario de Papel Prensa a la familia Graiver. Pero Clarín SA sí tiene fiscales federales que en trámite exprés toman decisiones que aportan a su relato catastrófico de un gobierno dominado por corruptos y coimeros, más agresivos e insaciables que los socios de AEA, que durante décadas se la llevaron en pala, gozaron de la suspensión de las garantías constitucionales para hacer negocios, sostuvieron políticas excluyentes y ahora juegan otra vez a la devaluación y al endeudamiento para lograr una nueva transferencia de recursos de los sectores más pobres a los ricos de la sociedad, vía licuación de salarios y aumentos de precios. Y si tienen algún problema, siempre estará su justicia, la corporativa, para darle una mano.
Cuando la presidenta dijo que tuvo que irse a Italia a hacer un juicio por «difamación» porque, de haberlo hecho acá, lo habría perdido seguro, un sector de la sociedad tragó saliva: si le pasa a ella, pensó, que es la jefa de Estado, qué puede esperar el resto que vive a la intemperie.
¿Es que no hay justicia en la Argentina?
Sí, «la justicia por mano propia» que ejercen Clarín y AEA.
El desafío es construir otra que sea democrática. «
El último papelón de clarín
El Grupo Clarín SA, en verdad, sus dueños y accionistas, a quienes el juez federal Sergio Torres investiga por maniobras de evasión y presunto lavado tras las confesiones del arrepentido del JP Morgan Hernán Arbizu, es el que impulsa mediáticamente la denuncia contra el empresario santacruceño Lázaro Báez. Parece una estrategia contraofensiva en su guerra contra el gobierno: si nosotros lavamos y evadimos, el «kirchnerista Báez» también lo hace, lo cual sería mucho más grave que lo nuestro. La receptividad judicial de un fiscal a su escalada mediática, no debe omitir que se trata de un grupo empresario con capacidad monopólica para instalar en la agenda pública asuntos de su propio interés como si fueran, en realidad, los del conjunto de la sociedad. Esa facilidad para crear sentido sobre ciertos acontecimientos, en muchos casos, crea confusión en la opinión pública, que a fuerza de repetición y jerarquización temática puede terminar asumiendo como verosímil aquello que no termina de ser absolutamente cierto. Lo que sigue es casi un ejercicio académico. Convendría tener a mano el Clarín del domingo 7 de abril. Allí, una nota sin firma, en página 32, de la sección El País, fue titulada: «Desestiman la denuncia K contra los afiches opositores.» En la bajada, se añadió: «Lo hizo el fiscal electoral. Es por un avance del FPV contra los dirigentes de la oposición». La volanta, lo que va por arriba del título y fija el tema, dijo: «Revés judicial a una estrategia del kirchnerismo». Refiere a lo que sería un rechazo a la denuncia que hizo el apoderado del FPV Jorge Landau por la campaña electoral fuera de término («Ella o vos») de Francisco de Narváez. Clarín tituló que había sido desestimada. Sin embargo, en la segunda parte del primer párrafo de la nota anónima puede leerse: «El caso puede llegar a ser desestimado si Di Lello (el fiscal, de nombre Jorge) dictamina de forma similar a casos con denuncias del mismo tono». Primero: el fiscal no había desestimado como Clarín mal informaba en su título. Segundo: la sensación es que Clarín, actuando como si fuera un tribunal de alzada, le marcaba al fiscal, según jurisprudencia misteriosa, qué decisión debería tomar sobre la denuncia. A medida que se avanza en la lectura del artículo, la intencionalidad de incidir en la voluntad del representante del Ministerio Público queda cada vez más al desnudo: «A partir de estos antecedentes, en Tribunales aseguran que la causa iniciada por Landau correrá la misma suerte que las demás. Es decir que podría llegar a ser desestimada por el propio Di Lello por inexistencia de delito.» El título era asertivo («Desestiman la denuncia K»), aunque el texto lo relativizaba y la realidad de los hechos, finalmente, desmintió todo lo publicado: el sábado 4 de mayo, en página 18, de la misma sección El País, Clarín tuvo que titular «La Justicia ordenó suspender los avisos de De Narváez». ¿En qué quedamos? O Clarín mintió una semana antes, o tenía mala información, o buscaba –como puede suponerse con algo de inteligencia–, crear las condiciones mediáticas para derrotar desde sus páginas y de antemano la presentación judicial del kirchnerismo por violación a la Ley Electoral de parte de Francisco de Narváez. Lo que pasó realmente es que la jueza federal María Servini de Cubría resolvió algo obvio. No estamos en campaña todavía. Comienza para las elecciones primarias el 12 de julio y para los avisos audiovisuales el 27. La elección recién será el 11 de agosto. Ocurre que Clarín titula cada vez más a partir de sus propios intereses político-comerciales y no sobre lo que pasa. Es tan, pero tan cristalina su ausencia de compromiso con la verdad y su tentación de convertir en titular su «noticia deseada», que en menos de una semana tuvo que capitular rendido ante la evidencia, y lo que supuestamente era un revés para el oficialismo se transformó en papelón informativo para el diario de Héctor Magnetto. No sin antes confundir a Jorge Landau con «Jorge Laclau», el apellido de uno de los intelectuales que apoyan el modelo K, que ellos detestan. Está escrito. Pueden leerlo en el Clarín de ayer. Es para psicólogos.
¿Esto hace menos responsable o investigable a Lázaro Báez? Para nada. Son dos cosas distintas. Lo que demuestra el «papelón De Narváez» es que Clarín como fiscal público de la Nación no cumple con los requisitos: miente urgido por dañar al kirchnerismo.
