El documento en el que 17 intelectuales, constitucionalistas y periodistas argentinos reclaman una revisión de la política del Gobierno sobre el conflicto por Malvinas fue presentado ayer. Si bien el acto de presentación pública previsto para ayer fue cancelado, en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Once, el documento fue dado a la prensa.
El pronunciamiento, cuya difusión disparó críticas de referentes del kirchnerismo, pide que «se tengan en cuenta los derechos e intereses de los habitantes de las islas» y, a 30 años de la guerra de 1982, afirma que «la opinión pública argentina está madura para una estrategia que concilie los intereses nacionales legítimos con el principio de autodeterminación sobre el que ha sido fundado este país».
Con el título «Malvinas, una visión alternativa», el documento lleva las firmas de los escritores Juan José Sebreli, Santiago Kovadloff, Rafael Filippelli, Emilio de Ipola, Vicente Palermo, Beatriz Sarlo, Marcos Novaro y Eduardo Antón; los historiadores Luis Alberto Romero e Hilda Sábato; los constitucionalistas Daniel Sabsay, Roberto Gargarella y José Miguel Onaindia; los periodistas Jorge Lanata, Gustavo Noriega y Pepe Eliaschev, y el ex diputado nacional Fernando Iglesias.
«Como miembros de una sociedad plural y diversa que tiene en la inmigración su fuente principal de integración poblacional, no consideramos tener derechos preferenciales que nos permitan avasallar los de quienes viven y trabajan en Malvinas desde hace varias generaciones, mucho antes de que llegaran al país algunos de nuestros ancestros», sostienen los firmantes.
Según explicó a LA NACION el investigador Marcos Novaro, el documento tiene dos puntos fundamentales: que «los habitantes de las islas deben ser reconocidos como sujetos de derecho» y que «la cuestión Malvinas contamina no sólo la política exterior sino toda la política argentina».
En referencia a la necesidad de escuchar a los isleños, Novaro explicó: «No queremos decir que uno les va a dar la razón a los malvinenses, pero sí que hay que reconocer tanto nuestro reclamo de soberanía como el de ellos». Y consideró preocupante que «mucha gente piense que ese otro no existe, o que no debería existir».
La declaración de los intelectuales insiste en que «se deben respetar el modo de vida, los deseos e intereses de los isleños», y señala que ello «implica abdicar de la intención de imponerles una soberanía, una ciudadanía y un gobierno que no desean».
«Necesitamos abandonar la agitación de la causa Malvinas y elaborar una visión alternativa que supere el conflicto y aporte a su resolución pacífica. Los principales problemas nacionales y nuestras peores tragedias no han sido causados por la pérdida de territorios ni la escasez de recursos naturales, sino por nuestra falta de respeto a la vida, los derechos humanos, las instituciones democráticas y los valores fundacionales de la República Argentina, como la libertad, la igualdad y la autodeterminación», dicen los firmantes.
A su vez, dijeron que «es necesario poner fin hoy a la contradictoria exigencia del gobierno argentino de abrir una negociación bilateral que incluya el tema de la soberanía al mismo tiempo que anuncia que la soberanía argentina es innegociable», y denunciaron a la posición argentina de «patoteril».
«Los argentinos tenemos un nacionalismo dramático que dice que Dios nos ha asignado esa porción de territorio y que es nuestra», dijo el historiador Romero, consultado por LA NACION. «Pero en los territorios vive gente y a ella le corresponden. La gente es un actor indispensable en cualquier discusión, es la dueña de la última palabra», señaló.
El documento concluye que «el intento de devolver las fronteras nacionales a una situación anterior a nuestra unidad nacional y a la propia anexión de la Patagonia no conduce a la paz».El escritor Mario Pacho O’Donnell, que preside el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, rechazó el documento redactado por un grupo de intelectuales, en el que piden una revisión de la política oficial sobre Malvinas. «En su afán por oponerse a la política de la Cancillería, se identifican insólitamente con la posición británica: el reconocimiento a la autodeterminación de los kelpers», lo que describió como «argumento falaz». También el senador nacional Aníbal Fernández descalificó a los firmantes del documento, al que definió como «cipayismo básico», y los acusó de «querer condicionar al Gobierno»..
El pronunciamiento, cuya difusión disparó críticas de referentes del kirchnerismo, pide que «se tengan en cuenta los derechos e intereses de los habitantes de las islas» y, a 30 años de la guerra de 1982, afirma que «la opinión pública argentina está madura para una estrategia que concilie los intereses nacionales legítimos con el principio de autodeterminación sobre el que ha sido fundado este país».
Con el título «Malvinas, una visión alternativa», el documento lleva las firmas de los escritores Juan José Sebreli, Santiago Kovadloff, Rafael Filippelli, Emilio de Ipola, Vicente Palermo, Beatriz Sarlo, Marcos Novaro y Eduardo Antón; los historiadores Luis Alberto Romero e Hilda Sábato; los constitucionalistas Daniel Sabsay, Roberto Gargarella y José Miguel Onaindia; los periodistas Jorge Lanata, Gustavo Noriega y Pepe Eliaschev, y el ex diputado nacional Fernando Iglesias.
«Como miembros de una sociedad plural y diversa que tiene en la inmigración su fuente principal de integración poblacional, no consideramos tener derechos preferenciales que nos permitan avasallar los de quienes viven y trabajan en Malvinas desde hace varias generaciones, mucho antes de que llegaran al país algunos de nuestros ancestros», sostienen los firmantes.
Según explicó a LA NACION el investigador Marcos Novaro, el documento tiene dos puntos fundamentales: que «los habitantes de las islas deben ser reconocidos como sujetos de derecho» y que «la cuestión Malvinas contamina no sólo la política exterior sino toda la política argentina».
En referencia a la necesidad de escuchar a los isleños, Novaro explicó: «No queremos decir que uno les va a dar la razón a los malvinenses, pero sí que hay que reconocer tanto nuestro reclamo de soberanía como el de ellos». Y consideró preocupante que «mucha gente piense que ese otro no existe, o que no debería existir».
La declaración de los intelectuales insiste en que «se deben respetar el modo de vida, los deseos e intereses de los isleños», y señala que ello «implica abdicar de la intención de imponerles una soberanía, una ciudadanía y un gobierno que no desean».
«Necesitamos abandonar la agitación de la causa Malvinas y elaborar una visión alternativa que supere el conflicto y aporte a su resolución pacífica. Los principales problemas nacionales y nuestras peores tragedias no han sido causados por la pérdida de territorios ni la escasez de recursos naturales, sino por nuestra falta de respeto a la vida, los derechos humanos, las instituciones democráticas y los valores fundacionales de la República Argentina, como la libertad, la igualdad y la autodeterminación», dicen los firmantes.
A su vez, dijeron que «es necesario poner fin hoy a la contradictoria exigencia del gobierno argentino de abrir una negociación bilateral que incluya el tema de la soberanía al mismo tiempo que anuncia que la soberanía argentina es innegociable», y denunciaron a la posición argentina de «patoteril».
«Los argentinos tenemos un nacionalismo dramático que dice que Dios nos ha asignado esa porción de territorio y que es nuestra», dijo el historiador Romero, consultado por LA NACION. «Pero en los territorios vive gente y a ella le corresponden. La gente es un actor indispensable en cualquier discusión, es la dueña de la última palabra», señaló.
El documento concluye que «el intento de devolver las fronteras nacionales a una situación anterior a nuestra unidad nacional y a la propia anexión de la Patagonia no conduce a la paz».El escritor Mario Pacho O’Donnell, que preside el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, rechazó el documento redactado por un grupo de intelectuales, en el que piden una revisión de la política oficial sobre Malvinas. «En su afán por oponerse a la política de la Cancillería, se identifican insólitamente con la posición británica: el reconocimiento a la autodeterminación de los kelpers», lo que describió como «argumento falaz». También el senador nacional Aníbal Fernández descalificó a los firmantes del documento, al que definió como «cipayismo básico», y los acusó de «querer condicionar al Gobierno»..
