El periodista Eduardo Blaustein entrevistó en Miradas al Sur a Martín Becerra sobre la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sobre otros ejes de las políticas del sector de la comunicación y los medios masivos en la Argentina. A continuación se plantean las respuestas que valoran por un lado ciertos avances significativos y critican varios aspectos centrales de dichas políticas.
Año 5. Edición número 190. Domingo 8 de enero de 2012
El mundo de los consumos y flujos comunicacionales es más que el empleo abusivo de la palabra “monopolio”, aun cuando la concentración mediática, al menos hasta el 2003, haya determinado agendas y prácticas políticas deleznables, además de habernos empobrecido culturalmente. Comunicación es también mucho más que el apellido Tinelli e infinitamente más que las peleas de protofamosas de buen cuerpo. Un par de datos apenas en relación con las (no tan) nuevas tecnologías: ya en 2009 el total de conexiones domiciliarias a internet en Argentina llegaba a 3.870.542 (sólo en banda ancha, 3.400.000) y la cantidad de navegantes era de 25 millones de usuarios. Los jóvenes, coinciden las encuestas, se pasan al menos dos o tres horas conectados a la Red.
Entre esos usuarios que miran menos tele de lo que la tele y sus satélites insisten en afirmar, están los pibes de secundario que recibieron sus netbooks. Un dato más –por ahora mal estudiado respecto del uso concreto de esas compus– que añade complejidad a todo lo que ha impulsado el Gobierno en los últimos tiempos en términos de políticas de comunicación. Son políticas que no adquirieron tanta visibilidad como la sanción de la ley de medios o la de producción de papel para diarios. Y que algunos (¿muchos?) conocen por los nombres de ciertas siglas y espacios paradigmáticos: el Incaa, el Bacua (Banco de Contenidos Universales Argentino), la TDT (Televisión Digital Terrestre), la TDA (la digital). A eso se suma, como mínimo y sin agotar, la continuidad de nuevas señales como Encuentro, Incaa TV, Paka Paka y otras existentes o por venir.
Desde organismos estatales revitalizados, desde otros todavía flamantes, a través de nuevos sistemas tecnológicos y nuevas normas, discutiendo a veces desde la base o desde las provincias, hoy ya se producen y circulan en el país decenas de contenidos absolutamente novedosos: documentales, ficciones, tiras, unitarios. Todo este movimiento genera entusiasmos pero también preguntas, debates, críticas, incertidumbres. Miradas al Sur dedica estas cuatro páginas a pensar tranquis lo que está pasando y lo que podría venir, tratando de eludir la coyuntura, en general ruidosa/mal.
Los que participaron de nuestra invitación a discutir recibieron la misma lista de preguntas, entendidas más bien como disparadores. María O’Donnell, quien en estos días además de su programa radial reemplaza a Magdalena Ruiz Guiñazú en las mañanas de Continental, acaba de mudarse. A quien escribe le consta el dato, tanto como el de la buena predisposición de María para participar en un debate en cancha ajena, así como su respetable trayectoria profesional, que tuvo un punto de arranque fundamental en Página/12. El que escribe también se ataja: está buenísimo que podamos ampliar el espectro de voces para un intercambio como éste; hay cosas a tomar en cuenta acerca de lo que se dice desde otros lados. Un poco como alguna vez lo pidió sin suerte Horacio González en 6,7,8: “Hay que aprender a discutir con…” (aquella vez era por Beatriz Sarlo).
Estas líneas estaban escritas e iban a continuar las que sigue cuando de pronto –¡zas!– llegaron las respuestas de los queridos compañeros Glenn Postolsky (director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA) y Gustavo Bulla (director nacional de Supervisión y Evaluación del Afsca), quienes se tomaron veraniegamente la consigna de usar las preguntas como disparadores… pero escribieron excelentes columnas íntimamente ligadas a esos disparadores. Con lo cual la guía siguiente sólo rige para Martín Becerra y David Blaustein. Para ambos, aplauso, medalla y beso.
Martín Becerra. Investigador, docente universitario, periodista
Miradas al Sur, 8 de enero de 2012
1. ¿Hasta dónde comienzan a verse resultados de la sanción de la ley de medios, más allá de la paralización parcial en la aplicación del artículo 161? ¿Qué dicen esos resultados?
1. Creo que el Gobierno concentró prioritariamente la atención de la aplicación de la ley al artículo 161. Otros grupos concentrados, pasados ya dos años de la sanción de la ley y sin que medie medida cautelar judicial a su favor, siguen funcionando como si la normativa no hubiera cambiado. Sin embargo, hay aspectos que mejoran el panorama audiovisual y sí se han concretado. La exigencia de producción propia, el aliento a la producción federal, son novedades bienvenidas que se enmarcan en la ley.
La asignación de frecuencias a provincias, municipios y universidades es un gran avance por parte de la Autoridad de Aplicación, hoy sólo integrada por el oficialismo, pero hasta ahora no hay un correspondiente adelanto en la concreción de nuevas emisoras de carácter público a nivel provincial y municipal. Esto es razonable, pues lleva tiempo hacerlo.
Otros ejes de la ley, como el tiempo de publicidad límite, en la práctica no se cumplen porque los operadores (tanto los privados como los estatales) emiten “chivos”, auspicios y otras formas encubiertas de publicidad durante la programación. Tampoco se cumple la disposición expresa de que los medios de gestión estatal sean abiertos a las diferencias, que sean plurales.
Otro aspecto fundamental de la política comunicacional del Gobierno ha sido la instalación de la televisión digital terrestre. Este es un avance por la norma elegida (japonesa-brasileña) y que ha tenido la excepcional ventaja de comenzar su diseminación por los sectores populares (a través de la entrega de decodificadores). Sin embargo es un tema que se maneja por afuera de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque el Gobierno ha permitido que operen en televisión digital empresas que carecen de licencia en analógico y que no han ganado ningún concurso para emitir, como la ley exige.
2. Existen temores, en algunos sectores, de que la creación de nuevos medios en todo el país refuerce más a la comunicación estatal (que incluye la de los gobiernos provinciales y municipales) antes que la social, comunitaria o alternativa. ¿Qué opinan?
2. Este temor no se funda en la ley, que es clara respecto de la prioridad que tiene la comunicación social y comunitaria por un lado, y que también lo es respecto del mandato de pluralismo que recae sobre los medios de gestión estatal. El temor se funda en el uso que el Gobierno hace de los medios estatales, que los aleja de un modelo de “servicio público” y en rigor los inscribe en la tradicional sujeción gubernamental. Ese criterio, hablando claro, legitima también a Mauricio Macri para decidir a su antojo la línea de Radio Municipal, de la FM 2×4, o de la señal Ciudad Abierta.
3. ¿Qué opinan sobre la sanción de la ley ligada a la producción de papel para diarios? ¿Qué impacto puede tener?
3.Creo que la ley que declara de interés general la provisión de papel para diarios es, en sus fundamentos y objetivos, necesaria desde hace décadas. Y es un avance importante en un tema ligado al peor capítulo de nuestra historia reciente. Pero tengo una diferencia central con la ley y es que para lograr sus objetivos no debería plantear la posibilidad de impedir la libre importación de papel. Es decir, para permitir un mejor acceso de todos los actores del mercado editorial de diarios al insumo papel, la ley debería garantizar por un lado condiciones equitativas de abastecimiento a través de Papel Prensa (cosa que la ley hace) como también habilitar la libre importación, pero la ley supedita esto a una evaluación de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Economía.
4. ¿Creen verosímil la posibilidad de que el Estado, tras la sanción de la ley ligada a Papel Prensa, pueda apoderarse de esa empresa mediante un avance accionario?
4. Si observo el comportamiento del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, diría que no es verosímil. Pero ignoro cuáles son los planes del Gobierno al respecto.
5. Tomando en cuenta la construcción dispersa pero extendida de nuevos emisores fragmentados, un eventual avance en la desmonopolización, la generación y circulación de nuevos contenidos a través de la tarea del Incaa, nuevas señales culturales y científicas del Estado, el Bacua y los nuevos sistemas de televisión (TDA,TDT), ¿cuál creen que será –comparando con el paradigma liberal del que venimos– la situación de los flujos comunicacionales y su impacto cultural en dos, cinco o diez años?
5.En primer lugar: resta ver en qué condiciones se produce ese “eventual avance en la desmonopolización”. En los últimos dos años, con la ley en vigencia, no se ha visto tal cosa. En segundo lugar: creo que las políticas de producción de contenidos con criterio federal y por concursos son fundamentales. Pero carecen de sostenibilidad. Dependen de una coyuntural iniciativa del gobierno y de su flujo económico. No hay una política económica para el sector audiovisual que tenga al mismo tiempo carácter público y estabilidad. Si mañana cambia el gobierno, o la relación de fuerzas al interior del propio gobierno, y se define otra prioridad, por decreto, buena parte de esas valiosas iniciativas quedarán abandonadas. Para pensar en impacto cultural a largo plazo es preciso pensar en políticas culturales a largo plazo. Lo que yo veo en el Gobierno son políticas culturales de corto plazo audaces, novedosas y en muchos casos (no todos), bien fundamentadas, pero desarticuladas de una noción de lo público que sume más allá de las filas propias y que a la vez, por esa misma articulación, garanticen su sostenibilidad en el tiempo.
6. ¿Qué virtudes y qué reparos marcarían en lo que se pueda llamar la “comunicación kirchnerista”. No la institucional sino la que se genera desde los medios públicos y los allegados al Gobierno.
6. Creo que han tenido la virtud de problematizar zonas completamente vacantes de debate masivo, como en el caso de la “neutralidad” de los medios privados, su ideología de “objetividad” y, en el caso del Grupo Clarín, sus intereses empresariales. Con los otros grupos concentrados no se ejerce la misma pedagogía, digamos. Otra virtud importante es que los medios de gestión estatal salieron a disputar audiencias, se sacudieron de esa modorra que consistía en quedarse en el cómodo lugar del último orejón del tarro. Sin embargo, esto lo han hecho a expensas del pluralismo interno: resignaron y resignan, de forma creciente además, la posibilidad de sumar voces que no estén absolutamente encolumnadas con su propia línea, generando una desconfianza visceral hacia la duda, hacia el razonamiento crítico. Los medios de gestión estatal cuentan con espacios interesantes, como Visión 7 Internacional o el informativo de Radio Nacional, pero los núcleos centrales de su información política muestran una intemperancia que no se condice con la función que tendrían que cumplir.
7. ¿Corre riesgo la libertad de expresión en Argentina? ¿Por qué?.
7.En la Argentina existe una completa libertad de opinión. Para pensar en términos amplios la libertad de expresión es necesario diferenciar dos tipos de amenazas, siguiendo la postura de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Por un lado las amenazas directas, como la clausura de medios o la censura, que en la Argentina no existen. Por otro lado, las amenazas indirectas, ligadas a la distribución arbitraria de la publicidad oficial, la concentración de medios o la falta de legislación sobre el acceso a la información. En estos aspectos hay aún un largo camino para recorrer en la Argentina. Se trata de un camino allanado ya por la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Año 5. Edición número 190. Domingo 8 de enero de 2012
El mundo de los consumos y flujos comunicacionales es más que el empleo abusivo de la palabra “monopolio”, aun cuando la concentración mediática, al menos hasta el 2003, haya determinado agendas y prácticas políticas deleznables, además de habernos empobrecido culturalmente. Comunicación es también mucho más que el apellido Tinelli e infinitamente más que las peleas de protofamosas de buen cuerpo. Un par de datos apenas en relación con las (no tan) nuevas tecnologías: ya en 2009 el total de conexiones domiciliarias a internet en Argentina llegaba a 3.870.542 (sólo en banda ancha, 3.400.000) y la cantidad de navegantes era de 25 millones de usuarios. Los jóvenes, coinciden las encuestas, se pasan al menos dos o tres horas conectados a la Red.
Entre esos usuarios que miran menos tele de lo que la tele y sus satélites insisten en afirmar, están los pibes de secundario que recibieron sus netbooks. Un dato más –por ahora mal estudiado respecto del uso concreto de esas compus– que añade complejidad a todo lo que ha impulsado el Gobierno en los últimos tiempos en términos de políticas de comunicación. Son políticas que no adquirieron tanta visibilidad como la sanción de la ley de medios o la de producción de papel para diarios. Y que algunos (¿muchos?) conocen por los nombres de ciertas siglas y espacios paradigmáticos: el Incaa, el Bacua (Banco de Contenidos Universales Argentino), la TDT (Televisión Digital Terrestre), la TDA (la digital). A eso se suma, como mínimo y sin agotar, la continuidad de nuevas señales como Encuentro, Incaa TV, Paka Paka y otras existentes o por venir.
Desde organismos estatales revitalizados, desde otros todavía flamantes, a través de nuevos sistemas tecnológicos y nuevas normas, discutiendo a veces desde la base o desde las provincias, hoy ya se producen y circulan en el país decenas de contenidos absolutamente novedosos: documentales, ficciones, tiras, unitarios. Todo este movimiento genera entusiasmos pero también preguntas, debates, críticas, incertidumbres. Miradas al Sur dedica estas cuatro páginas a pensar tranquis lo que está pasando y lo que podría venir, tratando de eludir la coyuntura, en general ruidosa/mal.
Los que participaron de nuestra invitación a discutir recibieron la misma lista de preguntas, entendidas más bien como disparadores. María O’Donnell, quien en estos días además de su programa radial reemplaza a Magdalena Ruiz Guiñazú en las mañanas de Continental, acaba de mudarse. A quien escribe le consta el dato, tanto como el de la buena predisposición de María para participar en un debate en cancha ajena, así como su respetable trayectoria profesional, que tuvo un punto de arranque fundamental en Página/12. El que escribe también se ataja: está buenísimo que podamos ampliar el espectro de voces para un intercambio como éste; hay cosas a tomar en cuenta acerca de lo que se dice desde otros lados. Un poco como alguna vez lo pidió sin suerte Horacio González en 6,7,8: “Hay que aprender a discutir con…” (aquella vez era por Beatriz Sarlo).
Estas líneas estaban escritas e iban a continuar las que sigue cuando de pronto –¡zas!– llegaron las respuestas de los queridos compañeros Glenn Postolsky (director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA) y Gustavo Bulla (director nacional de Supervisión y Evaluación del Afsca), quienes se tomaron veraniegamente la consigna de usar las preguntas como disparadores… pero escribieron excelentes columnas íntimamente ligadas a esos disparadores. Con lo cual la guía siguiente sólo rige para Martín Becerra y David Blaustein. Para ambos, aplauso, medalla y beso.
Martín Becerra. Investigador, docente universitario, periodista
Miradas al Sur, 8 de enero de 2012
1. ¿Hasta dónde comienzan a verse resultados de la sanción de la ley de medios, más allá de la paralización parcial en la aplicación del artículo 161? ¿Qué dicen esos resultados?
1. Creo que el Gobierno concentró prioritariamente la atención de la aplicación de la ley al artículo 161. Otros grupos concentrados, pasados ya dos años de la sanción de la ley y sin que medie medida cautelar judicial a su favor, siguen funcionando como si la normativa no hubiera cambiado. Sin embargo, hay aspectos que mejoran el panorama audiovisual y sí se han concretado. La exigencia de producción propia, el aliento a la producción federal, son novedades bienvenidas que se enmarcan en la ley.
La asignación de frecuencias a provincias, municipios y universidades es un gran avance por parte de la Autoridad de Aplicación, hoy sólo integrada por el oficialismo, pero hasta ahora no hay un correspondiente adelanto en la concreción de nuevas emisoras de carácter público a nivel provincial y municipal. Esto es razonable, pues lleva tiempo hacerlo.
Otros ejes de la ley, como el tiempo de publicidad límite, en la práctica no se cumplen porque los operadores (tanto los privados como los estatales) emiten “chivos”, auspicios y otras formas encubiertas de publicidad durante la programación. Tampoco se cumple la disposición expresa de que los medios de gestión estatal sean abiertos a las diferencias, que sean plurales.
Otro aspecto fundamental de la política comunicacional del Gobierno ha sido la instalación de la televisión digital terrestre. Este es un avance por la norma elegida (japonesa-brasileña) y que ha tenido la excepcional ventaja de comenzar su diseminación por los sectores populares (a través de la entrega de decodificadores). Sin embargo es un tema que se maneja por afuera de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque el Gobierno ha permitido que operen en televisión digital empresas que carecen de licencia en analógico y que no han ganado ningún concurso para emitir, como la ley exige.
2. Existen temores, en algunos sectores, de que la creación de nuevos medios en todo el país refuerce más a la comunicación estatal (que incluye la de los gobiernos provinciales y municipales) antes que la social, comunitaria o alternativa. ¿Qué opinan?
2. Este temor no se funda en la ley, que es clara respecto de la prioridad que tiene la comunicación social y comunitaria por un lado, y que también lo es respecto del mandato de pluralismo que recae sobre los medios de gestión estatal. El temor se funda en el uso que el Gobierno hace de los medios estatales, que los aleja de un modelo de “servicio público” y en rigor los inscribe en la tradicional sujeción gubernamental. Ese criterio, hablando claro, legitima también a Mauricio Macri para decidir a su antojo la línea de Radio Municipal, de la FM 2×4, o de la señal Ciudad Abierta.
3. ¿Qué opinan sobre la sanción de la ley ligada a la producción de papel para diarios? ¿Qué impacto puede tener?
3.Creo que la ley que declara de interés general la provisión de papel para diarios es, en sus fundamentos y objetivos, necesaria desde hace décadas. Y es un avance importante en un tema ligado al peor capítulo de nuestra historia reciente. Pero tengo una diferencia central con la ley y es que para lograr sus objetivos no debería plantear la posibilidad de impedir la libre importación de papel. Es decir, para permitir un mejor acceso de todos los actores del mercado editorial de diarios al insumo papel, la ley debería garantizar por un lado condiciones equitativas de abastecimiento a través de Papel Prensa (cosa que la ley hace) como también habilitar la libre importación, pero la ley supedita esto a una evaluación de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Economía.
4. ¿Creen verosímil la posibilidad de que el Estado, tras la sanción de la ley ligada a Papel Prensa, pueda apoderarse de esa empresa mediante un avance accionario?
4. Si observo el comportamiento del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, diría que no es verosímil. Pero ignoro cuáles son los planes del Gobierno al respecto.
5. Tomando en cuenta la construcción dispersa pero extendida de nuevos emisores fragmentados, un eventual avance en la desmonopolización, la generación y circulación de nuevos contenidos a través de la tarea del Incaa, nuevas señales culturales y científicas del Estado, el Bacua y los nuevos sistemas de televisión (TDA,TDT), ¿cuál creen que será –comparando con el paradigma liberal del que venimos– la situación de los flujos comunicacionales y su impacto cultural en dos, cinco o diez años?
5.En primer lugar: resta ver en qué condiciones se produce ese “eventual avance en la desmonopolización”. En los últimos dos años, con la ley en vigencia, no se ha visto tal cosa. En segundo lugar: creo que las políticas de producción de contenidos con criterio federal y por concursos son fundamentales. Pero carecen de sostenibilidad. Dependen de una coyuntural iniciativa del gobierno y de su flujo económico. No hay una política económica para el sector audiovisual que tenga al mismo tiempo carácter público y estabilidad. Si mañana cambia el gobierno, o la relación de fuerzas al interior del propio gobierno, y se define otra prioridad, por decreto, buena parte de esas valiosas iniciativas quedarán abandonadas. Para pensar en impacto cultural a largo plazo es preciso pensar en políticas culturales a largo plazo. Lo que yo veo en el Gobierno son políticas culturales de corto plazo audaces, novedosas y en muchos casos (no todos), bien fundamentadas, pero desarticuladas de una noción de lo público que sume más allá de las filas propias y que a la vez, por esa misma articulación, garanticen su sostenibilidad en el tiempo.
6. ¿Qué virtudes y qué reparos marcarían en lo que se pueda llamar la “comunicación kirchnerista”. No la institucional sino la que se genera desde los medios públicos y los allegados al Gobierno.
6. Creo que han tenido la virtud de problematizar zonas completamente vacantes de debate masivo, como en el caso de la “neutralidad” de los medios privados, su ideología de “objetividad” y, en el caso del Grupo Clarín, sus intereses empresariales. Con los otros grupos concentrados no se ejerce la misma pedagogía, digamos. Otra virtud importante es que los medios de gestión estatal salieron a disputar audiencias, se sacudieron de esa modorra que consistía en quedarse en el cómodo lugar del último orejón del tarro. Sin embargo, esto lo han hecho a expensas del pluralismo interno: resignaron y resignan, de forma creciente además, la posibilidad de sumar voces que no estén absolutamente encolumnadas con su propia línea, generando una desconfianza visceral hacia la duda, hacia el razonamiento crítico. Los medios de gestión estatal cuentan con espacios interesantes, como Visión 7 Internacional o el informativo de Radio Nacional, pero los núcleos centrales de su información política muestran una intemperancia que no se condice con la función que tendrían que cumplir.
7. ¿Corre riesgo la libertad de expresión en Argentina? ¿Por qué?.
7.En la Argentina existe una completa libertad de opinión. Para pensar en términos amplios la libertad de expresión es necesario diferenciar dos tipos de amenazas, siguiendo la postura de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA). Por un lado las amenazas directas, como la clausura de medios o la censura, que en la Argentina no existen. Por otro lado, las amenazas indirectas, ligadas a la distribución arbitraria de la publicidad oficial, la concentración de medios o la falta de legislación sobre el acceso a la información. En estos aspectos hay aún un largo camino para recorrer en la Argentina. Se trata de un camino allanado ya por la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
