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El consultor argentino Martín Carotti cree que los conflictos mineros en la región tienen tinte ideológico. Las comunidades tienen el derecho de participar.
¿Qué factores explican los conflictos en el sector minero de América Latina?
El discurso antiminero es muy parecido en toda América Latina, nace y se alimenta de ciertos sectores intelectuales del primer mundo, sectores que profesan ideas antidesarrollo y conservacionistas. Ese pensamiento se expande, en una suerte de ‘colonialismo mental’, en algunas minorías políticas que infunden miedo, aprovechando el natural desconocimiento de la gente común sobre la minería.
¿Un arma política?
El discurso es usado por opositores políticos para cautivar a la gente y conseguir votos. Es difícil saber si lo hacen por ignorancia o tiene una dosis de cinismo.
¿Y el tema ambiental?
En el fondo, el conflicto no es por el medioambiente, a esta gente el medioambiente no le importa, solo alimentan el conflicto por cuestiones políticas. No debemos olvidar la posible participación de los que lucran con la minería ilegal, muy interesados en eliminar la competencia de la actividad legal, regulada y ambientalmente sustentable.
¿La posibilidad de contaminación al agua no es suficiente argumento?
Si ese fuera el problema, las principales fuentes de contaminación son los agroquímicos, pesticidas y los efluentes urbanos. Pero estos temas no parecen preocupar a los ‘defensores del agua’.
¿Existe una minería que no contamine?
Sí, la minería legal, la que se hace con responsabilidad, aplicando la tecnología adecuada, con control del Estado y de la comu- nidad. Lo otro es ilegal, es delito.
¿Este tipo de conflictos se repite en países mineros como Canadá o Sudáfrica?
En los países con fuerte tradición minera, la situación es distinta. Allí, muy poca gente discute los beneficios de la actividad, porque los disfrutan desde hace tiempo. La minería está integrada a sus vidas, es una industria más. En cuanto a los controles ambientales, la gente confía en el Estado.
¿Qué responsabilidad tienen los gobiernos en los conflictos mineros?
Los gobiernos tardaron en darse cuenta del aporte al desarrollo y a las cuentas públicas de la minería. Salvo algunas excepciones, recién en el último par de años están tomando la decisión de impulsar el sector. El problema surge porque muchos actores políticos han utilizado el discurso antiminero en forma demagógica, como tema de campaña. Y no son pocos los casos en que luego deben desandar su discurso, perdiendo credibilidad y arrastrando a la minería al desprestigio. La minería no es de izquierda ni de derecha, es solo una importante actividad extractiva e industrial. Los gobiernos deben promover a la minería sustentable con participación de la comunidad.
¿Y qué responsabilidad tienen las empresas mineras?
Las empresas mineras llegaron tarde y mal. Durante los 90 creyeron que era suficiente explorar, desarrollar, extraer minerales, pagar impuestos y cumplir la ley. No supieron comunicar su actividad, que en muchas regiones era nueva, y la oposición antiminera creció ante sus ojos sin saber qué hacer ni cómo atajarla. Siguen con sus acciones de RSE, con efecto ambiguo y dudoso, cuando no contraproducente. Las empresas deben asumir un permanente compromiso de transparencia, diálogo y respeto a la comunidad.
¿Cómo se han manejado las regulaciones ambientales y la participación de las comunidades en zonas mineras?
Si bien las legislaciones ambientales son modernas y responden a las más recientes exigencias en cuanto a preservación del medioambiente, la participación de la comunidad en los monitoreos comunitarios es algo reciente. El primer ejemplo argentino que conozco data del 2006 (mina Veladero), experiencia que fue reproducida en numerosas operaciones con éxito. La minería es la única actividad que tiene legislación de protección ambiental propia y que permite, promueve y hasta organiza el monitoreo ambiental de sus operaciones, por la comunidad.
¿La participación de la comunidad en el monitoreo de las minas es una concesión?
No. Es un derecho que debe ser exigido y acordado con la empresa minera. Los resultados así obtenidos satisfacen a ambas partes. Para la comunidad, porque comprueba de manera directa y personal, los estándares medioambientales con los que trabaja la mina, abandonando sus temores, y para la empresa, por trabajar integrada a la comunidad, compartiendo una experiencia de participación ciudadana.
¿Qué relación tienen los mayores precios de los minerales con los conflictos?
Por un lado, las supuestas ‘ganancias extraordinarias’ incentivan cierta percepción de injusticia. Por otro lado, no debemos descartar la posibilidad de que esa percepción promueva prácticas extorsivas, sea para obtener beneficios económicos como de otro tipo: sindicales, políticos y hasta de prestigio, asumiendo posiciones ‘políticamente correctas’ frente a una actividad muy expuesta, para obtener ventajas.
¿Qué políticas son recomendables para un país que empieza a incursionar en la minería a gran escala como Ecuador?
Es difícil recomendar políticas en un país, con una realidad y una historia que uno no ha vivido. Minería es inversión de largo plazo, y lo que los dueños del dinero necesitan conocer por anticipado son las reglas de juego, claras y precisas, para tomar su decisión. Es más importante tener reglas claras y el compromiso de mantenerlas, que algunos puntos más o menos de presión tributaria.
Y otro factor fundamental es la decisión del Gobierno de educar, de comunicar minería a la comunidad, y asumir su responsabilidad en cumplir y hacer cumplir la ley, para asegurar el control ambiental de las operaciones y convencer a la comunidad de ello. Y me consta que el Gobierno ecuatoriano ha asumido con responsabilidad esta tarea. Tuve la oportunidad de participar y lo he visto.Martín Carotti
Su experiencia. Está especializado en Ges- tión de derechos mineros y exploración. También en Comunicación en minería, con experiencia en medios.
Su punto de vista. La minería es una industria más. Pero necesita el control
del Estado y de las comunidades.
El consultor argentino Martín Carotti cree que los conflictos mineros en la región tienen tinte ideológico. Las comunidades tienen el derecho de participar.
¿Qué factores explican los conflictos en el sector minero de América Latina?
El discurso antiminero es muy parecido en toda América Latina, nace y se alimenta de ciertos sectores intelectuales del primer mundo, sectores que profesan ideas antidesarrollo y conservacionistas. Ese pensamiento se expande, en una suerte de ‘colonialismo mental’, en algunas minorías políticas que infunden miedo, aprovechando el natural desconocimiento de la gente común sobre la minería.
¿Un arma política?
El discurso es usado por opositores políticos para cautivar a la gente y conseguir votos. Es difícil saber si lo hacen por ignorancia o tiene una dosis de cinismo.
¿Y el tema ambiental?
En el fondo, el conflicto no es por el medioambiente, a esta gente el medioambiente no le importa, solo alimentan el conflicto por cuestiones políticas. No debemos olvidar la posible participación de los que lucran con la minería ilegal, muy interesados en eliminar la competencia de la actividad legal, regulada y ambientalmente sustentable.
¿La posibilidad de contaminación al agua no es suficiente argumento?
Si ese fuera el problema, las principales fuentes de contaminación son los agroquímicos, pesticidas y los efluentes urbanos. Pero estos temas no parecen preocupar a los ‘defensores del agua’.
¿Existe una minería que no contamine?
Sí, la minería legal, la que se hace con responsabilidad, aplicando la tecnología adecuada, con control del Estado y de la comu- nidad. Lo otro es ilegal, es delito.
¿Este tipo de conflictos se repite en países mineros como Canadá o Sudáfrica?
En los países con fuerte tradición minera, la situación es distinta. Allí, muy poca gente discute los beneficios de la actividad, porque los disfrutan desde hace tiempo. La minería está integrada a sus vidas, es una industria más. En cuanto a los controles ambientales, la gente confía en el Estado.
¿Qué responsabilidad tienen los gobiernos en los conflictos mineros?
Los gobiernos tardaron en darse cuenta del aporte al desarrollo y a las cuentas públicas de la minería. Salvo algunas excepciones, recién en el último par de años están tomando la decisión de impulsar el sector. El problema surge porque muchos actores políticos han utilizado el discurso antiminero en forma demagógica, como tema de campaña. Y no son pocos los casos en que luego deben desandar su discurso, perdiendo credibilidad y arrastrando a la minería al desprestigio. La minería no es de izquierda ni de derecha, es solo una importante actividad extractiva e industrial. Los gobiernos deben promover a la minería sustentable con participación de la comunidad.
¿Y qué responsabilidad tienen las empresas mineras?
Las empresas mineras llegaron tarde y mal. Durante los 90 creyeron que era suficiente explorar, desarrollar, extraer minerales, pagar impuestos y cumplir la ley. No supieron comunicar su actividad, que en muchas regiones era nueva, y la oposición antiminera creció ante sus ojos sin saber qué hacer ni cómo atajarla. Siguen con sus acciones de RSE, con efecto ambiguo y dudoso, cuando no contraproducente. Las empresas deben asumir un permanente compromiso de transparencia, diálogo y respeto a la comunidad.
¿Cómo se han manejado las regulaciones ambientales y la participación de las comunidades en zonas mineras?
Si bien las legislaciones ambientales son modernas y responden a las más recientes exigencias en cuanto a preservación del medioambiente, la participación de la comunidad en los monitoreos comunitarios es algo reciente. El primer ejemplo argentino que conozco data del 2006 (mina Veladero), experiencia que fue reproducida en numerosas operaciones con éxito. La minería es la única actividad que tiene legislación de protección ambiental propia y que permite, promueve y hasta organiza el monitoreo ambiental de sus operaciones, por la comunidad.
¿La participación de la comunidad en el monitoreo de las minas es una concesión?
No. Es un derecho que debe ser exigido y acordado con la empresa minera. Los resultados así obtenidos satisfacen a ambas partes. Para la comunidad, porque comprueba de manera directa y personal, los estándares medioambientales con los que trabaja la mina, abandonando sus temores, y para la empresa, por trabajar integrada a la comunidad, compartiendo una experiencia de participación ciudadana.
¿Qué relación tienen los mayores precios de los minerales con los conflictos?
Por un lado, las supuestas ‘ganancias extraordinarias’ incentivan cierta percepción de injusticia. Por otro lado, no debemos descartar la posibilidad de que esa percepción promueva prácticas extorsivas, sea para obtener beneficios económicos como de otro tipo: sindicales, políticos y hasta de prestigio, asumiendo posiciones ‘políticamente correctas’ frente a una actividad muy expuesta, para obtener ventajas.
¿Qué políticas son recomendables para un país que empieza a incursionar en la minería a gran escala como Ecuador?
Es difícil recomendar políticas en un país, con una realidad y una historia que uno no ha vivido. Minería es inversión de largo plazo, y lo que los dueños del dinero necesitan conocer por anticipado son las reglas de juego, claras y precisas, para tomar su decisión. Es más importante tener reglas claras y el compromiso de mantenerlas, que algunos puntos más o menos de presión tributaria.
Y otro factor fundamental es la decisión del Gobierno de educar, de comunicar minería a la comunidad, y asumir su responsabilidad en cumplir y hacer cumplir la ley, para asegurar el control ambiental de las operaciones y convencer a la comunidad de ello. Y me consta que el Gobierno ecuatoriano ha asumido con responsabilidad esta tarea. Tuve la oportunidad de participar y lo he visto.Martín Carotti
Su experiencia. Está especializado en Ges- tión de derechos mineros y exploración. También en Comunicación en minería, con experiencia en medios.
Su punto de vista. La minería es una industria más. Pero necesita el control
del Estado y de las comunidades.
