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El conflicto de los camioneros ingresó en una fase aguda cuyo desenlace ningún actor se animaba anoche a vaticinar. El Gobierno movilizó a la Gendarmería y sorprendió con la amenaza de hacer intervenir a las Fuerzas Armadas para garantizar el transporte. El gremio hizo saber que, ante cualquier episodio de represión, convocaría a una movilización a Plaza de Mayo.
La escalada terminó con una denuncia penal del ministro del Interior contra Hugo y Pablo Moyano, a la que el secretario general de la CGT respondió con un paro general de camioneros. La vieja leyenda urbana según la cual los peronistas no se levantan contra gobiernos peronistas encontró una desmentida. Es el modo en que empezó a materializarse un nuevo mapa de poder que hasta ahora sólo se insinuaba en la retórica.
Cristina Kirchner abandonó ayer la cumbre ambiental Río+20 para ponerse al frente de la confrontación con Hugo Moyano. Sólo una vez había ocurrido algo igual. En enero de 2010, durante la polémica por las reservas del Banco Central, suspendió un viaje a China para no dejar en el poder a Julio Cobos. Entonces la dominó la misma sospecha que ahora: se ha puesto en marcha una operación «destituyente».
Los Moyano, por su parte, no hablaban de ir a la Plaza de Mayo desde marzo del año pasado, cuando llegó de Suiza un exhorto para investigar a la empresa Covelia por lavado de dinero. Anoche invitaban a otros sindicatos a marchar juntos mañana.
En el conflicto con Moyano aparecen rasgos inconfundibles de la actual administración. El más evidente es la convivencia de una gigantesca masa de poder con una ausencia inquietante de gobierno. La Presidenta debió regresar desde Brasil porque en Buenos Aires no había nadie autorizado para decidir un castigo o una aproximación a los camioneros. En las últimas 48 horas se ensayaron por lo menos dos conversaciones con amigos de Moyano. Ninguna prosperó. Los interlocutores oficiales ignoraban el criterio de su jefa en este caso.
Anoche era difícil encontrar en el gabinete o en los sindicatos un pronóstico certero sobre el desenlace de la pelea. La primera reacción del Gobierno fue, a través del vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, sostener que «éste es un modelo exitoso, que sacó a la patria del colapso en 2003 y que ahora es perjudicado por la irracionalidad de los intempestivos». Mariotto produjo una primicia: ésa es la justificación a la que apelará el kirchnerismo si la economía sigue empeorando.
El otro reflejo fue garantizar el orden. La Presidenta se respaldó en Sergio Berni, interventor de facto del ministerio de Nilda Garré. El secretario de Seguridad es, contra lo que cabía esperar del actual gobierno, un teniente coronel en actividad. Berni informó ayer que se movilizaría a las Fuerzas Armadas para intervenir en el enfrentamiento sindical. La receta es muy incómoda para los organismos de derechos humanos que a fines del año pasado protestaron contra la criminalización de las protestas sociales de la nueva ley antilavado.
Anoche la Gendarmería fue a desbaratar el bloqueo a una planta de almacenaje de YPF en La Matanza. Pablo Moyano saturó las casillas de mensajes de otros sindicalistas avisando: «Estoy yendo a La Matanza porque nos quieren reprimir».
La virulencia de esta crisis es fácil de explicar. No es un conflicto sino un divorcio. El antiguo matrimonio con Moyano atraviesa una experiencia por la que ya pasaron los Eskenazi, los Duhalde, Daniel Scioli o el Grupo Clarín. Por esa razón es engorroso repartir responsabilidades. Buena parte del poder de bloqueo con que hoy cuenta Moyano le fue otorgada por el Gobierno. Cristina Kirchner debió reponer el principio de autoridad. Ayer a su lado se especulaba con la suspensión de la personería y hasta con la intervención del gremio. Hubo consultas con el juez Claudio Bonadio, que lleva la causa por enriquecimiento ilícito de Moyano y de su esposa. Pero es difícil que Bonadio se involucre en esta guerra. En la otra trinchera, el líder de los camioneros repetía que está dispuesto a ir preso. Su plan es secuencial. Comenzó con el paro de los transportadores de caudales, siguió con el de combustibles y se podría extender a los camiones de cargas y recolectores de residuos.
Hay otro factor que alimenta la violencia: el principal interlocutor oficial de Moyano, Julio De Vido, es hoy un alma en pena. Entre las áreas que le arrebataron está la de Transportes, donde arraigan los intereses de los camioneros. La Presidenta, despiadada, obligó ayer al ministro a transformarse en el verdugo mediático de Moyano. Otro socio al que De Vido debe apuñalar para demostrar lealtad con los que le pagan el sueldo. Carlos Zannini, un maestro de la intriga, festeja.
Quienes enfrentan al camionero en la CGT, en cambio, esperan sacar ventaja de esta tempestad. El viernes pasado pidieron a Carlos Tomada que anule el llamado del 12 de julio a elecciones sindicales, dejando a Moyano en situación irregular. La central reconocida por el Gobierno pasaría a estar conducida por el secretario adjunto de la UOM, Juan Belén.
Desde el punto de vista simbólico y político, el Gobierno no puede quedar más desaliñado. Para enfrentar los reclamos distributivos de Moyano recurre al sindicalismo apoltronado y acuerdista de Armando Cavalieri y Carlos West Ocampo, y a la oposición irreverente de Luis Barrionuevo. Un nuevo desafío para las destrezas retóricas del grupo Carta Abierta.
Hay otra señal de que esta querella es un producto típico de la Casa Rosada: la lógica conspirativa con la que la Presidenta la interpreta. El Moyano que desabastece estaciones de servicio y cajeros automáticos es el mismo que jugó al fútbol con Daniel Scioli hace dos domingos. Mariotto se encargó de denunciarlo. La visita del camionero a La Ñata corroboró para el Gobierno que la sindical es una batalla de la guerra sucesoria. Sobre todo desde que Scioli confesó su ensoñación presidencial. A Moyano no le preocupa dotar de verosimilitud a esa pesadilla. El problema es para Scioli. Ahora en Olivos esperan que, desde la residencia de su amigo Stefano Todini, en Costa Esmeralda, emita algún mensaje de censura hacia su aliado camionero.
Hay otro indicio que para Cristina Kirchner demuestra la evidencia de un complot y es la generosa hospitalidad del canal TN, del Grupo Clarín, para con Moyano. Un detalle la enfurece: la primera vez que Néstor Kirchner tuvo entre las manos la frase «Clarín miente» fue cuando le arrebató un cartelito al jefe de la CGT en la tribuna de un acto contra el campo. Para Kirchner fue una victoria secreta. Cuando se enteró de que sería Presidente, había confesado ante un grupo de íntimos: «Sólo temo a dos personas, Magnetto y Moyano».
La telaraña de maquinaciones impide a la Presidenta ver lo obvio: la protesta de Moyano expresa un malestar que excede a los choferes de camiones. En el Ministerio de Trabajo hay 130 paritarias sin homologar. El secretario de la CGT incluyó en los motivos de su huelga la reducción del mínimo no imponible y el aumento de las asignaciones familiares. No son banderas inocentes: todo el gremialismo está detrás de ellas. Además, numerosos empresarios confían en que se desaten conflictos sindicales para que el Gobierno atienda sus reclamos económicos. Basta observar el sector de la energía y el de la salud.
Lo más sorprendente: hay franjas de clase media alta que sólo admiraban en la Presidenta la capacidad para rigorear a Moyano que ahora se ilusionan con él. «En vez de aplicar la ley de abastecimiento contra los camioneros, que se la apliquen al Gobierno, que dejó a los ahorristas sin dólares», se escuchó decir ayer a un oyente de radio. Moyano disfruta de la metamorfosis. De la mano del ex árbitro Guillermo Marconi recorre locales de Barrio Norte dando conferencias. «Para los caceroleros es la gran esperanza negra», bromean a su lado, con esa incorrección política que prosperó siempre en el ambiente sindical..
