Hermes Binner Roberto Bouzas Juan J. Campanella Dante Caputo Roberto García Moritán Roberto Guareschi Osvaldo Guariglia Aníbal Pérez Liñan Vicente Palermo Roberto Russell Horacio Tarcus Marcela Ternavasio Juan Gabriel Tokatlian
La aprobación legislativa del Memorándum de Entendimiento firmado con la República Islámica de Irán tiene y tendrá profundas implicancias internas e internacionales. La política exterior del país, su inserción actual y su proyección futura nos enfrentan a un camino que se bifurca.
El logro de justicia frente al acto terrorista ocurrido en 1994 contra la AMIA se debe inscribir en las mejores tradiciones del país. El aporte argentino a la paz y la seguridad internacional coronada en su momento con el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz al Canciller Carlos Saavedra Lamas y el fin de la rivalidad argentino-brasileña a partir de los acuerdos entre los Presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney y que derivaron más tarde en MERCOSUR fueron testimonio de un modo de validar, entre otros, el derecho internacional y la convivencia pacífica entre las naciones. Se trató de decisiones de alcance estratégico que le brindaron reputación y credibilidad a la política internacional de la Argentina, al tiempo que contribuyeron al bienestar, la seguridad y la autonomía del país. En un tiempo más reciente la activa promoción y defensa de los derechos humanos en la política internacional durante la presidencia de Néstor Kirchner le brindó prestigio e influencia al país. Inversamente, la tardía declaración de beligerancia contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial y la ocupación militar de las Islas Malvinas significaron decisiones que erosionaron el reconocimiento y el respeto mundial de la Argentina: fueron decisiones estratégicamente erradas. Este Memorándum, firmado por el Ejecutivo y hoy debatido por el Legislativo tiene la estatura de aquellas determinaciones. Ese es el tamaño de lo que hay en juego con el acuerdo iraní-argentino.
No dudamos que cuando un gobierno, en Argentina y en otras latitudes, se dispone a negociar con otro país lo hace con la convicción de que no siempre los intereses y valores de las partes son convergentes: se negocia con aliados, con amigos, con distantes, con oponentes, y hasta con recalcitrantes. El punto medular es que el Memorándum firmado necesita más esclarecimiento y una mejor comprensión. Nada obliga tal lo públicamente acordado que nuestro país deba ser el primero en aprobarlo ni que haya que hacerlo con carácter urgente ni que sea bueno contar para ello con el apoyo de un solo partido. No se debe maniobrar con ambigüedades, porque el resultado sería una legalidad frágil y una legitimidad cuestionable.
Es imperioso hacer una pausa; esto es, ampliar los canales de deliberación, elevar la calidad del debate e incrementar las expresiones de diversos actores de la sociedad civil. En breve, se requiere una discusión sustantiva de un asunto cuyos efectos de corto y largo plazos serán, a no dudarlo, importantes. El Congreso debería convocar audiencias especiales, los partidos políticos deberían avanzar en nuevos debates internos sobre el tema, las organizaciones no gubernamentales deberían pronunciarse con amplitud y difusión, y el gobierno debería dar la bienvenida a todas esas manifestaciones democráticas y pluralistas.
En buena medida el ingreso de la Argentina a la política mundial del siglo XXI está íntimamente vinculado a este tema. Oficialistas y opositores, fuerzas políticas y sociales, trabajadores e intelectuales, expertos y legos debemos asumir que, mancomunados, podemos dar un paso prometedor para alcanzar la justicia en el atentado a la AMIA; o podemos, en el vértigo, dar un paso abismal que nos divida, cree rencores y consagre la impunidad.
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La aprobación legislativa del Memorándum de Entendimiento firmado con la República Islámica de Irán tiene y tendrá profundas implicancias internas e internacionales. La política exterior del país, su inserción actual y su proyección futura nos enfrentan a un camino que se bifurca.
El logro de justicia frente al acto terrorista ocurrido en 1994 contra la AMIA se debe inscribir en las mejores tradiciones del país. El aporte argentino a la paz y la seguridad internacional coronada en su momento con el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz al Canciller Carlos Saavedra Lamas y el fin de la rivalidad argentino-brasileña a partir de los acuerdos entre los Presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney y que derivaron más tarde en MERCOSUR fueron testimonio de un modo de validar, entre otros, el derecho internacional y la convivencia pacífica entre las naciones. Se trató de decisiones de alcance estratégico que le brindaron reputación y credibilidad a la política internacional de la Argentina, al tiempo que contribuyeron al bienestar, la seguridad y la autonomía del país. En un tiempo más reciente la activa promoción y defensa de los derechos humanos en la política internacional durante la presidencia de Néstor Kirchner le brindó prestigio e influencia al país. Inversamente, la tardía declaración de beligerancia contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial y la ocupación militar de las Islas Malvinas significaron decisiones que erosionaron el reconocimiento y el respeto mundial de la Argentina: fueron decisiones estratégicamente erradas. Este Memorándum, firmado por el Ejecutivo y hoy debatido por el Legislativo tiene la estatura de aquellas determinaciones. Ese es el tamaño de lo que hay en juego con el acuerdo iraní-argentino.
No dudamos que cuando un gobierno, en Argentina y en otras latitudes, se dispone a negociar con otro país lo hace con la convicción de que no siempre los intereses y valores de las partes son convergentes: se negocia con aliados, con amigos, con distantes, con oponentes, y hasta con recalcitrantes. El punto medular es que el Memorándum firmado necesita más esclarecimiento y una mejor comprensión. Nada obliga tal lo públicamente acordado que nuestro país deba ser el primero en aprobarlo ni que haya que hacerlo con carácter urgente ni que sea bueno contar para ello con el apoyo de un solo partido. No se debe maniobrar con ambigüedades, porque el resultado sería una legalidad frágil y una legitimidad cuestionable.
Es imperioso hacer una pausa; esto es, ampliar los canales de deliberación, elevar la calidad del debate e incrementar las expresiones de diversos actores de la sociedad civil. En breve, se requiere una discusión sustantiva de un asunto cuyos efectos de corto y largo plazos serán, a no dudarlo, importantes. El Congreso debería convocar audiencias especiales, los partidos políticos deberían avanzar en nuevos debates internos sobre el tema, las organizaciones no gubernamentales deberían pronunciarse con amplitud y difusión, y el gobierno debería dar la bienvenida a todas esas manifestaciones democráticas y pluralistas.
En buena medida el ingreso de la Argentina a la política mundial del siglo XXI está íntimamente vinculado a este tema. Oficialistas y opositores, fuerzas políticas y sociales, trabajadores e intelectuales, expertos y legos debemos asumir que, mancomunados, podemos dar un paso prometedor para alcanzar la justicia en el atentado a la AMIA; o podemos, en el vértigo, dar un paso abismal que nos divida, cree rencores y consagre la impunidad.
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