EL MUNDO › EL DRAMA DE NIñAS Y JOVENES COLOMBIANAS,
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La mujer le dio una entrevista el 22 de marzo. Dijo que “al final se pudo establecer que la niña habÃa sido violada, logramos saber quiénes eran los responsables y, pese al dolor que nos embargaba, yo misma los busqué en la base y los confronté. Su respuesta fue: ‘Su hija es una putica; aquà no ha pasado nada’â€. Desde ese momento, a Olga comenzaron a seguirla, tuvo que abandonar Melgar con sus dos hijas –la mayor, que fue la vÃctima, hoy tiene 20 años– y perdió todo. El diario informó que Castillo inició una demanda formal, que investigaron tanto la Justicia ordinaria como la militar y hasta hubo un llamado de la DefensorÃa del Pueblo para que se acelerara el proceso. Pero los acusados regresaron a Estados Unidos sin pasar por los tribunales colombianos y mucho menos por la cárcel.
Seis años después, en octubre de 2013, el Puerto de Tumaco, sobre la costa sur del PacÃfico, era noticia por informaciones semejantes. Militantes de derechos humanos, docentes y vecinos del lugar, denunciaban que militares estadounidenses y colombianos pagaban hasta 50 dólares para tener sexo con menores de edad.
La mujer le dio una entrevista el 22 de marzo. Dijo que “al final se pudo establecer que la niña habÃa sido violada, logramos saber quiénes eran los responsables y, pese al dolor que nos embargaba, yo misma los busqué en la base y los confronté. Su respuesta fue: ‘Su hija es una putica; aquà no ha pasado nada’â€. Desde ese momento, a Olga comenzaron a seguirla, tuvo que abandonar Melgar con sus dos hijas –la mayor, que fue la vÃctima, hoy tiene 20 años– y perdió todo. El diario informó que Castillo inició una demanda formal, que investigaron tanto la Justicia ordinaria como la militar y hasta hubo un llamado de la DefensorÃa del Pueblo para que se acelerara el proceso. Pero los acusados regresaron a Estados Unidos sin pasar por los tribunales colombianos y mucho menos por la cárcel.
Seis años después, en octubre de 2013, el Puerto de Tumaco, sobre la costa sur del PacÃfico, era noticia por informaciones semejantes. Militantes de derechos humanos, docentes y vecinos del lugar, denunciaban que militares estadounidenses y colombianos pagaban hasta 50 dólares para tener sexo con menores de edad.
