Monopoly

En un tiempo, el término “operación mediática” podía referirse a una transmisión en directo desde el quirófano. En esta época ya no quedan inocentes en relación con los medios. No por eso no deja de sorprender que la utilización de este recurso ya impregne todos los estamentos de la sociedad, en especial el judicial. En estos tiempos, los abogados han tenido que aprender técnicas de venta y de oratoria y también de utilización de los medios. En un juicio siempre es importante tener a los medios de su lado. Esta “impregnación mediática” de todas las actividades habla también del inmenso poder que van adquiriendo los medios en estas sociedades.
Una demostración impecable de operación mediática fue la del juez Ricardo Recondo, representante de la corporación judicial en el Consejo de la Magistratura. Claro que en este caso el gran interesado era el propio cartel mediático y el juez allí era un mero intermediario. La estrategia fue lanzar una gran cortina de humo con el respaldo de toda la corporación de grandes medios, tanto del Grupo Clarín como de La Nación, para denunciar una supuesta operación para manipular la designación del juez que deberá dictaminar sobre la legitimidad del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o sea el artículo de desmonopolización.
Como el tero, que pone en un lado el huevo y pega el grito en otro, mientras el procedimiento normal era denunciado como amañado, Recondo ponía en funcionamiento un mecanismo forzado para apartar al Consejo de la Magistratura y así designar él mismo con otro juez, al magistrado que deberá decidir si se vuelve a dar marcha atrás la aplicación de una ley que fue sancionada por el Congreso.
Recondo fue la estrella de los programas periodísticos de TN y Canal 13. Hubo editoriales en Clarín y La Nación que ponían a este operador judicial en el rango de héroe justiciero y lo que en realidad estaba haciendo era crear condiciones favorables para que el Grupo Clarín no desmonopolice. De todos los programas a los que asistió, ninguno llamó aunque sea por teléfono a los delegados de la otra parte, por lo menos para hacer el famoso juego de las dos campanas. No podían hacerlo porque la operación requería poner el énfasis fuertemente en la descalificación del procedimiento normal. El procedimiento normal era la elección por concurso de la terna de jueces que aspiraban a ocupar el juzgado federal en lo Civil y Comercial número uno, que está vacante desde hace tres años.
La regulación que contiene el artículo 161 no es diferente de otras normas antimonopólicas que intentan limitar posiciones de mercado dominantes o hegemónicas. Su aplicación en el ámbito de la información es aún más necesaria. El poder de un monopolio mediático es mucho mayor que el de un monopolio en cualquier otra esfera. Una demostración fue la forma en que se le inventaron declaraciones al jefe del grupo Techint. Paolo Rocca salió a desmentir a Clarín recién después de que la Presidenta saliera duramente a responderle. Ese poder se expresa también en el ámbito judicial.
El juez Edmundo Carbone había hecho parte de su trayectoria durante la dictadura y sobrevivió en la carrera gracias a que fue incluido por el presidente Raúl Alfonsín en los pliegos que elevó al Congreso para que sean ratificados. En ese momento, cuando todavía no existía el Consejo de la Magistratura, el operador del radicalismo entre los jueces –la mayoría de ellos, obviamente, de la dictadura– era Ricardo Recondo, el subsecretario de Justicia de Alfonsín. Muchos jueces le deben sus nombramientos.
Edmundo Carbone, a cargo del juzgado número uno, había solicitado la jubilación en noviembre del 2009. En diciembre de ese año dio lugar a la cautelar de Clarín contra el artículo 161 e inmediatamente se acogió a la jubilación y el juzgado quedó acéfalo. La medida de Carbone incluía otra inquietud histórica de ese grupo al rechazar el artículo que permitía a las cooperativas operar señales de cable. Carbone era un juez con antecedentes reaccionarios no solamente por su trayectoria durante la dictadura. Fue el que prohibió la exhibición de la película La última tentación de Cristo, de Martín Scorsese. Cuando dio lugar a la cautelar, se respaldó en una declaración curiosa, al asegurar que “no estaba demostrada la posición dominante de Clarín”. Algún poder debe tener para que Carbone le haya concedido todo lo que el poderoso grupo le reclamó.
El radicalismo no se animó a votar la ley de medios, junto con los legisladores del PRO y de la Coalición Cívica. Estos diputados perdieron la votación democrática en el recinto frente a votos del oficialismo y de muchas otras fuerzas provinciales y de centroizquierda. Ahora, dos miembros del radicalismo, Recondo y el diputado Oscar Aguad, más otro del PRO, el representante de los abogados Alejandro Fargosi, son los operadores en el Consejo de la Magistratura para frenar de cualquier manera lo que fue aprobado en forma democrática en el Congreso. El PRO y el radicalismo perdieron la votación parlamentaria cuando se opusieron a la ley de medios y no es democrático pretender ahora frenarla con operaciones mediáticas y judiciales.
Recondo, un destacado operador en la época en que los jueces eran repartidos entre los partidos políticos, antes de la existencia del Consejo de la Magistratura, basa todo su discurso público y mediático en las supuestas presiones del oficialismo sobre los magistrados. No hace tanto puso el grito en el cielo cuando una representante del oficialismo planteó flexibilizar el procedimiento para la designación de jueces. Y ahora hizo una campaña por todo lo contrario, o sea denigró ese procedimiento como una maniobra oficialista. No se puede ser tan contradictorio y al mismo tiempo mantener alguna seriedad ante la opinión pública, a menos que se tenga todo el respaldo de los grandes medios.
El procedimiento para designar jueces naturales en los juzgados vacantes es a través de concursos públicos de los cuales son elegidos los tres mejor calificados. Esa terna es elevada por la Magistratura al Poder Ejecutivo para que elija a uno de ellos. A su vez el Poder Ejecutivo debe presentar a su elegido al Senado que puede aprobar o no la designación. Después de tres años de tramiteríos y mucha discusión y cruce de acusaciones se había llegado a la conformación de las ternas. Es un procedimiento que tiende a minimizar la injerencia externa. El más democrático que se ha encontrado hasta ahora. Pero no se puede ser democrático según la conveniencia. Recondo se lanzó a una campaña mediática cuando percibió que los intereses del Grupo Clarín entraban en un territorio que no podía controlar. La excusa de que opera contra la ley de medios y no a favor de Clarín no tiene sentido porque ambas afirmaciones significan lo mismo. La excusa de que la ley de medios no es democrática o que el Gobierno la quiere usar en su disputa con los grupos mediáticos hegemónicos es mucho menos democrática que cualquier objeción que se le haga a la norma. Esa ley fue aprobada por el Congreso porque es un requerimiento de la sociedad –ésa es la esencia de la democracia– y lo que hay que hacer es aplicarla, afecte a quien afecte, sean oficialistas u opositores.
Finalmente Recondo dejó de lado el procedimiento democrático, y como también es vicepresidente de la Cámara Civil y Comercial, se reunió con su colega presidente de esa Cámara, Martín Farrell, y entre los dos designaron a un juez jubilado, Raúl Tettamanti, como juez subrogante del juzgado que se hará cargo de una causa tan delicada. El representante de la corporación de los jueces ante la Magistratura pisoteó así los procedimientos democráticos.
Recondo pontifica sobre un tema importante y necesario como la independencia de los poderes y alude a las presiones del Ejecutivo. Pero nunca se refiere a las presiones mediáticas, económicas, corporativas o sectoriales que sufren los jueces. De todas ellas la más poderosa es la de los medios, incluso más que la del Estado. Recondo asegura que los jueces no se atreven a juzgar a las autoridades de Gobierno porque ponen en riesgo sus carreras. Pero una campaña mediática puede pulverizar la carrera de jueces verdaderamente independientes que no acatan las reglas de juego de los grandes medios. Recondo es un gran opositor al gobierno. Según su teorema, su carrera debería estar por el piso y sin embargo no le va tan mal. Pero además, Recondo tiene el respaldo de la corporación mediática. Si se quiere, en ese debate en la Magistratura se cruzaron lanzas entre el poder del oficialismo y el de los medios concentrados –que no son instituciones democráticas sino grandes empresas– representados por Recondo. Finalmente la designación de Tettamanti por Recondo da una idea justa de cuál es el poder más peligroso.