Argentina
Moreno querellará a la consultora de Orlando Ferreres por publicar una “inflación de escritorio”
La Secretaría de Comercio ya demandó, y multó por $500.000, a las consultoras de Carlos Melconinan y Rodolfo Santangelo. Además, sancionó a los estudios de Graciela Bevacqua y de FIEL.
El Código Penal prevé, para el fraude, penas de seis meses a dos años de prisión
“Son informes falsos, construidos a fin de beneficiarse ella misma y beneficiar con ganancias extraordinarias a algunos agentes del mercado financiero.” Así definió el Gobierno nacional, en una presentación judicial que se hará en las próximas horas y que lleva la firma del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, a la tarea desarrollada por la consultora de Orlando Ferreres.
Además, afirmó que esa labor perjudica a los consumidores y al Estado nacional, y que tiene –incluso– vinculación de carácter internacional.
Las operaciones involucran a la consultora y a agentes del mercado que se benefician –según el escrito– mediante la transacción de bonos ajustados por el coeficiente de estabilización de referencia (CER), la oferta de créditos y préstamos al sector privado y el tipo de cambio a futuro.
Apoyada en el artículo 300 del Código Procesal Penal, la denuncia es por la elaboración de un “inventado índice de inflación” que Moreno llama “inflación de escritorio”, elaborado para utilizar “en reunión conjuntamente con algunos agentes del mercado financiero” y tuvo como objetivo “provocar una situación de inestabilidad psicológica en la sociedad y en el mercado, con el claro resultado de obtener ganancias injustas e indebidas”.
CONNIVENCIA. Los actores que se benefician con las operaciones y que Moreno señala son las consultoras, que publican los informes caracterizados como “inventos pseudocientíficos carentes de rigor”, no son otros más que los bancos y compañías financieras, poseedoras de activos que les otorgan ganancias extraordinarias utilizando los informes de las consultoras para inflar los índices de precios.
La querella también dispara contra las empresas ofertantes de bienes y servicios y los empleados y funcionarios del sector público nacional, solicitando que se preste atención a la nómina de quienes ocuparon funciones en la Dirección de Índices de Precios de Consumo del INDEC entre 2000 y 2006. La referencia es clara: Graciela Bevacqua, ex directora del índice de precios al consumidor.
La connivencia entre los actores que subraya el secretario de Comercio se efectúa mediante las metodologías enunciadas, luego de la venta por parte de la consultora a bancos y compañías financieras de “presuntos datos estadísticos tendientes a mejorar la tasa de ganancias de manera espuria a sus clientes”.
La principal denuncia expresa que así las consultoras y bancos (formadores de opinión y generadores de expectativas) presionan a que se eleven las estimaciones oficiales de inflación.
MODUS OPERANDI. La mecánica del ilícito, según Moreno, se desarrolla de la siguiente manera: las entidades apuntadas poseen títulos públicos que son ajustados por el CER, calculado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el INDEC.
La intención de los tenedores de deuda local es comprar los bonos “bajo la par” y presionar para que ese índice aumente, de manera que cuando el titulo llegue a su vencimiento, su precio sea aun mayor. “No importa si el índice se condice con la realidad, lo importante es cumplir con el mandato de su cliente: que la inflación debe ser altísima para que la ganancia ilícita también lo sea”, afirma la denuncia.
“Esta es la más acabada descripción del delito que vengo a denunciar, consistente en una relación causal entre la empresa de Orlando Ferreres y algunos bancos y compañías financieras, con el único objetivo de obtener lucros desmedidos en base a mecanismos ilegítimos, como lo establece el artículo 300 del CPN, incisos 1 y 2”, indica el texto.
La denuncia presenta números notables: de acuerdo con la querella promovida por Comercio Interior, “si el mercado hubiera convalidado las tasas inflacionarias que OJF consignaba en sus informes, las diferencias de valor de los bonos indexados registrarían un alza de entre 12 y 23% por año y hubieran significado un beneficio en torno de u$s40.000 millones a favor de sus tenedores ($160 mil millones), cantidad mayor a todos los billetes y monedas que circulan en el país”.
El “índice de escritorio” también beneficia a los agentes del mercado que lo aplican a sus mercancías para subir los precios de las mismas “por utilización de un índice sobreestimado”, explica la denuncia, y suma que la tasa de interés sube y la tasa de ajuste de los bonos públicos atados al CER también aumenta. “Con el ardid pergeñado por la consultora denunciada y algunos agentes financieros, hay dos grandes víctimas: los consumidores y el Estado”.
Para concluir, Moreno indica en el apartado que describe la tipicidad del delito que la infracción concreta “practicar cálculos basados en estudios estadísticos sin rigor científico que producen subas en los precios por medio de noticias falsas en coalición con otros agentes del mercado, con el fin de obtener un precio determinado al alza”.
DARIO GANNIO
argentina@buenosaireseconomico.com
Moreno querellará a la consultora de Orlando Ferreres por publicar una “inflación de escritorio”
La Secretaría de Comercio ya demandó, y multó por $500.000, a las consultoras de Carlos Melconinan y Rodolfo Santangelo. Además, sancionó a los estudios de Graciela Bevacqua y de FIEL.
El Código Penal prevé, para el fraude, penas de seis meses a dos años de prisión
“Son informes falsos, construidos a fin de beneficiarse ella misma y beneficiar con ganancias extraordinarias a algunos agentes del mercado financiero.” Así definió el Gobierno nacional, en una presentación judicial que se hará en las próximas horas y que lleva la firma del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, a la tarea desarrollada por la consultora de Orlando Ferreres.
Además, afirmó que esa labor perjudica a los consumidores y al Estado nacional, y que tiene –incluso– vinculación de carácter internacional.
Las operaciones involucran a la consultora y a agentes del mercado que se benefician –según el escrito– mediante la transacción de bonos ajustados por el coeficiente de estabilización de referencia (CER), la oferta de créditos y préstamos al sector privado y el tipo de cambio a futuro.
Apoyada en el artículo 300 del Código Procesal Penal, la denuncia es por la elaboración de un “inventado índice de inflación” que Moreno llama “inflación de escritorio”, elaborado para utilizar “en reunión conjuntamente con algunos agentes del mercado financiero” y tuvo como objetivo “provocar una situación de inestabilidad psicológica en la sociedad y en el mercado, con el claro resultado de obtener ganancias injustas e indebidas”.
CONNIVENCIA. Los actores que se benefician con las operaciones y que Moreno señala son las consultoras, que publican los informes caracterizados como “inventos pseudocientíficos carentes de rigor”, no son otros más que los bancos y compañías financieras, poseedoras de activos que les otorgan ganancias extraordinarias utilizando los informes de las consultoras para inflar los índices de precios.
La querella también dispara contra las empresas ofertantes de bienes y servicios y los empleados y funcionarios del sector público nacional, solicitando que se preste atención a la nómina de quienes ocuparon funciones en la Dirección de Índices de Precios de Consumo del INDEC entre 2000 y 2006. La referencia es clara: Graciela Bevacqua, ex directora del índice de precios al consumidor.
La connivencia entre los actores que subraya el secretario de Comercio se efectúa mediante las metodologías enunciadas, luego de la venta por parte de la consultora a bancos y compañías financieras de “presuntos datos estadísticos tendientes a mejorar la tasa de ganancias de manera espuria a sus clientes”.
La principal denuncia expresa que así las consultoras y bancos (formadores de opinión y generadores de expectativas) presionan a que se eleven las estimaciones oficiales de inflación.
MODUS OPERANDI. La mecánica del ilícito, según Moreno, se desarrolla de la siguiente manera: las entidades apuntadas poseen títulos públicos que son ajustados por el CER, calculado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el INDEC.
La intención de los tenedores de deuda local es comprar los bonos “bajo la par” y presionar para que ese índice aumente, de manera que cuando el titulo llegue a su vencimiento, su precio sea aun mayor. “No importa si el índice se condice con la realidad, lo importante es cumplir con el mandato de su cliente: que la inflación debe ser altísima para que la ganancia ilícita también lo sea”, afirma la denuncia.
“Esta es la más acabada descripción del delito que vengo a denunciar, consistente en una relación causal entre la empresa de Orlando Ferreres y algunos bancos y compañías financieras, con el único objetivo de obtener lucros desmedidos en base a mecanismos ilegítimos, como lo establece el artículo 300 del CPN, incisos 1 y 2”, indica el texto.
La denuncia presenta números notables: de acuerdo con la querella promovida por Comercio Interior, “si el mercado hubiera convalidado las tasas inflacionarias que OJF consignaba en sus informes, las diferencias de valor de los bonos indexados registrarían un alza de entre 12 y 23% por año y hubieran significado un beneficio en torno de u$s40.000 millones a favor de sus tenedores ($160 mil millones), cantidad mayor a todos los billetes y monedas que circulan en el país”.
El “índice de escritorio” también beneficia a los agentes del mercado que lo aplican a sus mercancías para subir los precios de las mismas “por utilización de un índice sobreestimado”, explica la denuncia, y suma que la tasa de interés sube y la tasa de ajuste de los bonos públicos atados al CER también aumenta. “Con el ardid pergeñado por la consultora denunciada y algunos agentes financieros, hay dos grandes víctimas: los consumidores y el Estado”.
Para concluir, Moreno indica en el apartado que describe la tipicidad del delito que la infracción concreta “practicar cálculos basados en estudios estadísticos sin rigor científico que producen subas en los precios por medio de noticias falsas en coalición con otros agentes del mercado, con el fin de obtener un precio determinado al alza”.
DARIO GANNIO
argentina@buenosaireseconomico.com
