Moyano tiene razón: hay un gran problema con el Impuesto a las Ganancias. Lo notable es que estamos viendo sólo la punta del iceberg, y que no sean los propios gobernadores los que lo están diciendo.
Efectivamente, hay problemas con el mínimo no imponible, asimetrías en la aplicación del sistema, problemas en el tratamiento según la categoría, etc. Todo esto hace que el impuesto haya perdido todo viso de equidad. Independientemente de la tasa que se aplique, o de la progresividad que haya tenido inicialmente, las distorsiones sobre la base imponible son manifiestas. Sumado al resto de la carga impositiva, realmente la carga fiscal a las personas es elevadísima (a las empresas también), pero el nivel de dicha carga fiscal no es el tema de este artículo.
Quiero llamar la atención sobre un problema notablemente importante, que afecta la financiación de las provincias. Por diversas características en nuestro sistema impositivo y mecanismos de recaudación, el federalismo fiscal no existe. Las provincias deben recurrir continuamente a la Nación, que concentra más del 60% de los recursos fiscales totales.
A esta asimetría de recursos se contrapone la contratación de personal. En los últimos 9 años, el empleo público en la Argentina ha crecido notablemente más que en el sector privado. Asimismo, ha crecido notablemente más en las provincias (excluyendo CABA) que a nivel nacional. En lo que se refiere a gastos en personal, en las provincias y municipios el crecimiento ha sido notable, tanto por aumento de la cantidad de agentes como por la recomposición salarial. Asimismo, es público y notorio que ha crecido más que la recaudación.
Varias provincias tienen problemas de recursos para pagar salarios y el medio aguinaldo de junio. Cuando las provincias piden auxilio a la Nación, gran parte de los recursos revierten inmediatamente a, justamente, la Nación, ya sea a través del Impuesto a las Ganancias, o de los impuestos al trabajo (para no usar los eufemismos de cargas y contribuciones sociales) que en su mayoría son recibidos por la ANSES. A su vez, ANSES financia a la Nación con esos recursos.
Estamos ante un círculo vicioso. Repito: cada vez que las provincias o los municipios pagan sueldos, se deben realizar las deducciones de ganancias, más cargas y contribuciones y parte de esos recursos vuelven a la Nación, que concentra cada vez más recursos. Es cierto que -al menos en teoría- parte de esos recursos son coparticipables, pero en los próximos períodos. Con lo cual el endeudamiento de las provincias con la Nación, o los pedidos de ayuda financiera, son crecientes en el tiempo, dado que los salarios aumentan antes que aumenten los recursos para poder financiarlos, por el efecto de la inflación y su impacto en las paritarias.
Asimismo, hay un extraño problema de incentivos, ya que quien define gran parte de aumento del gasto corriente en empleo y remuneraciones -provincias y municipios- no es quien recauda. Se genera entonces un sistema de dependencia mutua en el plano político: los gobernadores e intendentes dependen de la Presidente, que no es lo mismo que decir que las provincias deben compartir recursos con la Nación.
El sistema será pronto insostenible, a menos que haya un salto en productividad muy importante (un efecto sumamente positivo), una disminución notable en inversión para quedar sólo con gasto corriente (un efecto nefasto en el corto y en el largo plazo), un aumento en emisión para pagar gastos (un efecto sumamente negativo), o un rediseño del sistema fiscal (un mandato de la Constitución de 1994 que aún esperamos).
Ésta es sólo una de las manifestaciones del problema de -la falta de- federalismo fiscal. Otras muestras son la discusión sobre el impuesto rural en la provincia de Buenos Aires, que afecta la recaudación de la tasa vial municipal e IGMP a nivel nacional. O la elevadísima carga impositiva que se genera sobre diversos sectores, al computar todos los impuestos incluyendo retenciones o inflación. O sobre las personas, que con lo que consumen de su sueldo neto pagan IVA, impuestos en las facturas de luz y gas, y siguen las firmas.
Moyano tiene razón, ¡y creo que ni él mismo sabe cuánta!
Efectivamente, hay problemas con el mínimo no imponible, asimetrías en la aplicación del sistema, problemas en el tratamiento según la categoría, etc. Todo esto hace que el impuesto haya perdido todo viso de equidad. Independientemente de la tasa que se aplique, o de la progresividad que haya tenido inicialmente, las distorsiones sobre la base imponible son manifiestas. Sumado al resto de la carga impositiva, realmente la carga fiscal a las personas es elevadísima (a las empresas también), pero el nivel de dicha carga fiscal no es el tema de este artículo.
Quiero llamar la atención sobre un problema notablemente importante, que afecta la financiación de las provincias. Por diversas características en nuestro sistema impositivo y mecanismos de recaudación, el federalismo fiscal no existe. Las provincias deben recurrir continuamente a la Nación, que concentra más del 60% de los recursos fiscales totales.
A esta asimetría de recursos se contrapone la contratación de personal. En los últimos 9 años, el empleo público en la Argentina ha crecido notablemente más que en el sector privado. Asimismo, ha crecido notablemente más en las provincias (excluyendo CABA) que a nivel nacional. En lo que se refiere a gastos en personal, en las provincias y municipios el crecimiento ha sido notable, tanto por aumento de la cantidad de agentes como por la recomposición salarial. Asimismo, es público y notorio que ha crecido más que la recaudación.
Varias provincias tienen problemas de recursos para pagar salarios y el medio aguinaldo de junio. Cuando las provincias piden auxilio a la Nación, gran parte de los recursos revierten inmediatamente a, justamente, la Nación, ya sea a través del Impuesto a las Ganancias, o de los impuestos al trabajo (para no usar los eufemismos de cargas y contribuciones sociales) que en su mayoría son recibidos por la ANSES. A su vez, ANSES financia a la Nación con esos recursos.
Estamos ante un círculo vicioso. Repito: cada vez que las provincias o los municipios pagan sueldos, se deben realizar las deducciones de ganancias, más cargas y contribuciones y parte de esos recursos vuelven a la Nación, que concentra cada vez más recursos. Es cierto que -al menos en teoría- parte de esos recursos son coparticipables, pero en los próximos períodos. Con lo cual el endeudamiento de las provincias con la Nación, o los pedidos de ayuda financiera, son crecientes en el tiempo, dado que los salarios aumentan antes que aumenten los recursos para poder financiarlos, por el efecto de la inflación y su impacto en las paritarias.
Asimismo, hay un extraño problema de incentivos, ya que quien define gran parte de aumento del gasto corriente en empleo y remuneraciones -provincias y municipios- no es quien recauda. Se genera entonces un sistema de dependencia mutua en el plano político: los gobernadores e intendentes dependen de la Presidente, que no es lo mismo que decir que las provincias deben compartir recursos con la Nación.
El sistema será pronto insostenible, a menos que haya un salto en productividad muy importante (un efecto sumamente positivo), una disminución notable en inversión para quedar sólo con gasto corriente (un efecto nefasto en el corto y en el largo plazo), un aumento en emisión para pagar gastos (un efecto sumamente negativo), o un rediseño del sistema fiscal (un mandato de la Constitución de 1994 que aún esperamos).
Ésta es sólo una de las manifestaciones del problema de -la falta de- federalismo fiscal. Otras muestras son la discusión sobre el impuesto rural en la provincia de Buenos Aires, que afecta la recaudación de la tasa vial municipal e IGMP a nivel nacional. O la elevadísima carga impositiva que se genera sobre diversos sectores, al computar todos los impuestos incluyendo retenciones o inflación. O sobre las personas, que con lo que consumen de su sueldo neto pagan IVA, impuestos en las facturas de luz y gas, y siguen las firmas.
Moyano tiene razón, ¡y creo que ni él mismo sabe cuánta!
