Página/12 :: El país :: A los bifes

En su primera conferencia de prensa, el intendente de Ezeiza y designado ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados, dijo que “tenemos que ir a los bifes lo más rápidamente posible”. Esta puede ser una reminiscencia de sus comienzos profesionales, cuando integraba con su socio Alberto Samid la rama menemista de ganadería ambulante y faena circunspecta, de cuando Carlos Menem premió tales conocimientos designándolo en la Junta Nacional de Carnes, o de cuando el nuevo edificio de su parrilla “El Mangrullo” se construyó sobre terrenos fiscales, con un crédito blando del Banco Ciudad, otorgado a su madre, porque Granados estaba inhibido. También la estanzuela La Celia, donde ocurrió el recordado tiroteo de 1999, se levanta en terrenos próximos al centro atómico de Ezeiza que pertenecieron al aeropuerto Internacional Pistarini, antes de pasar primero al usufructo y luego a la propiedad de Granados. Su hermana Leonor puso en duda la existencia misma del asalto e implicó sin decirlo que podría haberse tratado de un ajuste de cuentas societario. La expresión “barones del conurbano”, está inspirada en los “robber barons”, caracterizados así en 1870 por el periodismo estadounidense de investigación y utilizados por Karl Marx como ejemplo del pillaje como base de la acumulación capitalista primitiva. En cualquier caso, la referencia a los bifes no deja de ser llamativa tratándose de un hombre en cuyo distrito la policía ha constituido escuadrones de la muerte financiados por los comerciantes para librarlos de los pibes chorros sin molestos trámites judiciales. Varios de sus integrantes han sido condenados por la justicia (como los asesinos de Emanuel Salafia), otros quedaron a salvo porque sólo pagaron por la muerte lúmpenes reclutados por ellos (como en el caso del adolescente Diego Peralta).
Es de sobra conocido el festejo realizado en El Mangrullo para celebrar el resultado de la elección interna justicialista de 1988, porque allí Alejandro Granados conoció a Carlos Menem, lo cual tornó superflua la afiliación al radicalismo de su padre, el empresario gastronómico Santiago Granados, quien había recibido de la Fuerza Aérea el usufructo de la gastronomía en el Aeropuerto Internacional y temía perderlo con la democracia. Menos se recuerda que El Mangrullo también fue sede de la cena de camaradería de la policía bonaerense en diciembre de 2011, que terminó con una gritería de mutuas recriminaciones entre el jefe saliente, Juan Carlos Paggi, y el entonces director de Investigaciones, Roberto Castronuovo, quien sólo un mes más tarde también pasó a retiro. Los separó el jefe entrante, Hugo Matzkin, a quien el gobernador Daniel Scioli confirmó el viernes, acaso por esa cualidad de pacificador entre las distintas bandas de la gran familia policial. Pero Paggi es el candidato preferido por Granados para ocupar la secretaría de Seguridad de su ministerio, en una profundización del retroceso en el control político de las fuerzas de seguridad iniciado por el alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, que seguirá como ministro de Justicia. Granados también reclutó entre sus colaboradores al oficial del Servicio Penitenciario Federal Alfredo Javier Senoff, quien negoció el pase a disponibilidad en el SPF a cambio de no ser acusado ante la justicia por la penetración del narcotráfico. Senoff era director del Módulo 1 de la cárcel federal de Ezeiza, donde estaba alojado en condiciones de privilegio el llamado Rey de la Efedrina, Mario Segovia. La crónica del episodio, firmada en este diario el 29 de septiembre de 2009 por Horacio Cecchi, consigna que en el sector VIP que ocupaba Segovia se secuestraron “microondas, celulares, notebooks, una cantidad de dólares que algunos señalaban que llegaba a 15 mil y una cantidad de mujeres que algunos señalaban que llegaba a dos”. El Servicio sólo reconoció una fémina. La relación entre la brutalidad de las fuerzas de seguridad y la corrupción de sus integrantes es un clásico de la literatura internacional. En Nueva York fue acreditada en tres investigaciones realizadas a lo largo de un siglo por la Comisión legislativa presidida por el senador Clarence Lexow, en la década de 1890; la Comisión presidencial encabezada por el juez federal George Wickersham, en la de 1930 y la Comisión municipal Mollen, en la última década del siglo XX. En su investigación “Street Justice”, la académica Marilynn S. Johnson escribió que esas comisiones demostraron que la corrupción y la brutalidad se extendieron en los barrios más pobres, en los que los inmigrantes y los residentes no blancos tenían poca capacidad de resistir. También, que la policía transfería allí a los oficiales abusadores como forma de castigo por sus inconductas. Pero en realidad así “castigaba al vecindario más que al oficial”.
En la Argentina, Rodolfo J. Walsh describió el mismo fenómeno hace 45 años desde el Semanario CGT con una serie de notas en la que presentó a la policía de Buenos Aires como “una jauría de hombres degenerados, un hampa de uniforme, una delincuencia organizada que actúa en nombre de la ley. La secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata”. La relación promiscua entre el narcotráfico y la policía bonaerense actual fue puesta de relieve en el informe de la comisión senatorial que investigó el crimen de la nena Candela Sol Rodríguez, mientras en Córdoba y Santa Fe las respectivas cúpulas aparecen involucradas como avanzada del delito sobre las instituciones de seguridad. Córdoba era la única provincia que tenía a un policía como ministro de Seguridad, Alejo Paredes, quien al ser designado escogió para sucederlo al frente de la fuerza al comisario Ramón Frías. Ambos tuvieron vinculación con el servicio de informaciones D2 durante la dictadura, según denunció en uno de los juicios por crímenes de lesa humanidad el ex policía Luis Urquiza, secuestrado y torturado en esa unidad en 1976, y que logró exiliarse tres años después. De regreso al país, en la década de 1990, denunció lo sucedido, pero el Director de Inteligencia Criminal de entonces era el ex D2 Luis Yanicelli, en la actualidad condenado a prisión perpetua, y Paredes era su secretario. Urquiza también denunció que Frías amenazó al comisario Julio César Giménez para que dejara de investigar el asesinato de su padre en el D2, si no quería que le ocurriera lo mismo. Aunque el gobierno de José De la Sota acusó al gobierno nacional de una maniobra en su contra utilizando al fiscal de la causa (¡sólo porque forma parte de Justicia Legítima!) las pruebas sobre la corrupción en la policía de drogas eran tan abrumadoras que Paredes y Farías debieron presentar la renuncia. Scioli desoyó las recomendaciones de aquella comisión investigadora, que incluían la exoneración de medio centenar de altos mandos policiales, comenzando por su jefe, Hugo Matzkin. Con Paggi de segundo y Senoff como colaborador, esos contactos espurios ascienden a una pantalla superior. Mientras, el jefe policial de Ezeiza con el que Granados se presentó por primera vez en público, Francisco Rupnik, reincidió en la periódica propuesta de recrear el Servicio Militar Obligatorio para sacar a los chicos de la calle. Cuando Scioli le tomó juramento ante un crucifijo de madera de medio metro (por Dios, por la Patria y por los Santos Evangelios), Granados respondió a la pregunta con un estridente “¡¡¡¡Síííííí, juro!!!!” al que una claque entusiasta respondió “Olé… olé… ole… Aleeee, Aleeeee”, en un clima festivo que no condice con la presunta emergencia por la cual 4500 gendarmes fueron sustraídos de la frontera, donde los reemplazan efectivos militares, para realizar tareas cuya confusa descripción no parece encajar en ninguno de los supuestos de las leyes de Defensa Nacional, de 1988, de Seguridad Interior, de 1992, y de Inteligencia Nacional, de 2001, en las que se expresa el mayor consenso multipartidario alcanzado por la democracia argentina en treinta años. Mientras un centenar de cadetes de la Escuela Vucetich formaban con sus uniformes prusianos y una pluma en el casco plateado, dos camionetas de la confitería más cara de la ciudad, “El Rey del Dulce”, descargaban el servicio para culminar el festejo. Luego de su irónico vaticinio acerca del ruido que hará la gestión de Granados, Casal paladeaba el plato frío de la venganza sobre todos sus críticos, con la satisfecha expresión de “ahora sí van a ver lo que es bueno”. Con apresurado tono presidencial, Scioli dijo que a nadie se le ocurriría cuestionar el progresismo de Lula por haber enviado el Ejército a las favelas, y citó una frase del ex presidente brasileño. “¿Si nos derribaron un helicóptero, con qué quieren que disparemos? ¿Con pétalos de rosas?”. Doble desatino: en Brasil se ordenó a las tropas desalojar varias favelas ocupadas por la estructura militar de los carteles de la droga, en una operación breve y con rápida retirada, para que pudieran hacerse cargo las estructuras de seguridad y de asistencia social. Aquí, el único helicóptero que falta no fue derribado por los narcos con bazucas ni misiles. Se perdió con su piloto, Alejandro Ferzola, el 2 de enero de 2011, en el trayecto entre Coronel Brandsen y Santa Teresita. En un año y medio, la policía de Scioli ni siquiera pudo encontrar sus restos. Y la intervención que se reclama de los militares argentinos no está contemplada en su doctrina, organización, equipamiento ni capacitación.
El primero que respondió a la convocatoria de Granados fue su colega de Tres de Febrero, el dirigente de la UOM Hugo Curto, quien salió a cazar ladrones durante dieciocho horas sin dormir, con chaleco antibalas y flanqueado por dos policías no aptos para el horario de protección al menor. La foto difundida por el propio municipio podría ganar un concurso sobre la inseguridad o ilustrar un debate académico acerca de la vigencia en el siglo XXI de las doctrinas del criminólogo italiano del siglo XIX Cesare Lombroso. Escéptico sobre la utilidad de la Justicia, el ex boxeador Curto encabezó junto con Gerónimo Venegas, Hugo Moyano y Omar Maturano la campaña “No jodán con Perón”, cuando dos jueces citaron a Isabel Martínez en sendas causas sobre los crímenes de la Triple A, en 2007. “Todo el mundo sabe que esto en lugar de ser una investigación es un hecho político”, reclamó Curto, quien también pidió que se investigaran “los asesinatos de José Ignacio Rucci y de Augusto Timoteo Vandor”. Igual que Granados, Curto dijo que tenía un arma en su casa y aseguró que lo mismo ocurre en casi todos los hogares argentinos. Si esto fuera así, la política de desarme emprendida por Scioli y el gobierno nacional, habría sido un completo fracaso. Sin embargo, el programa argentino, que ya destruyó 193.000 armas de fuego, fue elegido por una organización internacional con sede en Londres como uno de los tres mejores del mundo. Dentro de dos meses se elegirá al ganador del cotejo. Del mismo modo, la Comisión de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción propuso como modelo para todos los países de la OEA la política de transparencia que Nilda Garré aplicó mientras fue ministra de Seguridad. En una nota al Estado Nacional, la Comisión destacó el desarrollo de cursos de capacitación, análisis de contrataciones públicas y el “examen de las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por las personas designadas en los cargos superiores de las mencionadas fuerzas y seguimiento de denuncias de posibles actos de corrupción que derivaron en presentaciones judiciales o sumarios administrativos”, e instó “a implementar ese tipo de experiencias y controles en otros organismos públicos”. Es obvio que las preocupaciones del gobierno bonaerense discurren por otro andarivel. En mayo, Curto inauguró junto con Scioli la sede descentralizada de la Escuela de Policía “Juan Vucetich” en Tres de Febrero. “La inseguridad es el flagelo más importante que tenemos”, dijo entonces. Su derrota en las PASO de agosto fue una de las peores del Gran Buenos Aires, lo cual relativiza la idea establecida de que la seguridad fue el principal determinante del voto. Que Curto es un hombre de acción no sorprende a nadie. Hace poco fue sobreseído en el juzgado de instrucción Nº 35 de la Capital, en la causa por violencia doméstica caratulada “Hugo Curto y otros s/amenazas”. Mientras Curto, que fue derrotado, intenta mostrar su rotunda personalidad, Granados, que ya ascendió un casillero, trata de disimular la suya. Con membrete del municipio de Ezeiza distribuyó dos fotos y un comunicado en el que se refiere a sí mismo en maradónica tercera persona con prosa exquisita (como la hubiera calificado Adolfo Bioy Casares): “Un intendente al que se lo tildaba de ‘Mano Dura’, ‘Insensible’. Pero al mejor estilo de un hombre que fue su amigo del alma, ‘Néstor Kirchner’, se salió del protocolo y luego de tomarle juramento el gobernador, Alejandro, inmediatamente se abrazó con su esposa la Diputada Nacional Dulce Granados, su compañera soporte emocional del nuevo ministro”.
La relación entre intendentes y armas no es privativa de ninguno de los sectores que se disputan la hegemonía bonaerense, aunque algunos ponen más el cuerpo que otros. El 31 de agosto fue detenido el barrabrava del club Tigre Cristian Franco Carbonel, cuando circulaba armado junto con Jonatan Walter De Vicenzi y Emanuel Ricardo Luján. Les secuestaron dos armas de guerra (una Beretta .9mm y una Browning 11.25) con un proyectil en cada recámara y cargadores completos. La Beretta tenía la numeración limada y la Browning, la inscripción Aeronáutica Argentina. Carbonel estaba enyesado por una fractura producto de un balazo, tenía una condena a tres años de cárcel por asociación ilícita, de 2006, y otra de diez años por homicidio de 2005. Estuvo detenido desde 2004 hasta 2011, cuando la justicia le concedió la libertad condicional. Pese a estos antecedentes, al salir consiguió empleo en el municipio de Tigre, que conduce Sergio Massa. El fiscal de Rincón de Milberg, Mariano Magaz, no incorporó la actuación al Servicio Informático del Ministerio Público, como ya había hecho con el asalto a la casa del intendente. (En ese sistema SIMP es posible trabajar en borrador, que permite modificar y guardar el documento; a la firma, de modo que sólo puede verlo el fiscal o el defensor que lo realiza, y firmado. Sólo en este tercer caso se puede ver en todas las dependencias conectadas y es imposible modificarlo.)
Mientras en la Legislatura bonaerense las disidencias políticas impiden tratar alguno de los proyectos de creación de policías comunales, Granados avanzaba con su implantación de facto, como corresponde a un hombre rudo. Así, anunció que los intendentes deberán diseñar sus propios planes de seguridad y asumir un papel más activo en la lucha contra el delito. “El jefe de policía del distrito es el intendente, el que tiene que marcar el rumbo, el que debe decir dónde ponemos el patrullero y dónde ponemos la Gendarmería”, llegó a decir. Cada gestión intentó innovar en la confección del mapa del delito. Carlos Arslanian lo encomendó a las direcciones departamentales de la policía. Carlos Stornelli, a la Dirección de “Evaluación de Información para la Prevención del Delito”, un reducto de la guerra fría y de la Doctrina de la Seguridad Nacional que sistematiza la información centralizada por el Centro de Operaciones Policiales. Con Casal se realizó un chequeo minucioso delito por delito en la departamental Mar del Plata, y se detectó una discordancia sideral. La misma falta de confiabilidad tiene el mapa que confecciona esa Dirección y del que Casal ordenó no informar al Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Granados también dijo que los efectivos de Gendarmería se quedarán para siempre en el conurbano, mientras otras fuentes del gobierno afirman que sólo será hasta fin de año, cuando egresen la misma cantidad de nuevos oficiales de las escuelas de policía. Mejor así. La Gendarmería está capacitada para enfrentar ciertos delitos vinculados con la frontera, como contrabando, trata de personas o tráfico de drogas. Su permanencia en el conurbano es tan inapropiada como el patrullaje de playas en verano por agentes penitenciarios entrenados para el manejo de detenidos. Otro anuncio de Granados fue el incremento del personal a 100.000 efectivos, que “tengan en orden sus chalecos, patrulleros y armas”. De los 55.000 efectivos actuales, sólo 18.000 pertenecen al escalafón de comando y cumplen tareas en la calle. Dadas las condiciones de trabajo pre-industriales vigentes, ante la convocatoria de la Policía Metropolitana, donde cobran al ingreso 15.000 pesos, se presentaron 4.500 bonaerenses. La Metropolitana eligió cerca de un millar, de entre los legajos más limpios. Es obvio así que los prometidos 100.000 efectivos no son soportables por el presupuesto provincial.