Cuando preguntan qué pasará con la ronda de paritarias para 2012, me parece prudente evitar el papel de oráculo. Sin embargo se puWede efectuar un pronóstico objetivo, sin incurrir en voluntarismo, recurriendo al método de análisis de la historia reciente. Es lo que hacemos los abogados cuando revisamos la jurisprudencia, es decir los precedentes, de esa manera podemos vislumbrar, aproximarnos, al resultado que podrá tener el reclamo de un derecho en los estrados de la justicia.
Como una breve introducción al tema, quiero reivindicar al presidente Néstor Kirchner y a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque merced a su política ha resultado totalmente operativo el derecho constitucional a la negociación colectiva. No es ocioso recordar que este derecho fue violado desde l976 hasta principios de l988, y que luego de un breve intervalo, los Decretos 1334/9l y 470/93 (Menem, Cavallo y Cía.) lo limitaron inconstitucionalmente, terminando ese camino regresivo con la sanción de la Ley 25.250, inmortalizada por el secretario general de la CGT, compañero Hugo Moyano, con el nombre de “Ley Banelco”.
Ahora sí, después de esa ineludible referencia histórica, y a poco de analizar el pasado inmediato, uno podría concluir que la experiencia de los últimos, seis, siete u ocho años, nos lleva a la afirmación que, a partir de la plena vigencia de ese derecho constitucional, los actores, sindicatos, cámaras empresarias y el Ministerio de Trabajo han actuado con responsabilidad y razonabilidad, es más, el estudio de la conflictividad laboral también nos permite afirmar que, como causa fuente, la negociación de convenios colectivos de trabajo ha tenido muy escasa participación en la conflictividad. La mayor cantidad de los conflictos devienen de razones distintas a la negociación de convenios colectivos de trabajo.
Quiero señalar que el Decreto 392/03, dictado por el querido presidente Néstor Kirchner, fue el que dio un impulso magnífico al avance de la renovación de los convenios colectivos. Ello sucedió por cuanto, al sumar a los sueldos básicos de los convenios los importes no remunerativos, que entonces ascendían a $ 200, se produjo el achatamiento de las categorías profesionales, es decir, se acortaba la distancia entre lo que percibía un trabajador con alta calificación laboral y otro que no la tenía. Esta circunstancia opera una verdadera distorsión en la organización empresarial, circunstancia que hizo imprescindible la rediscusión de los convenios para adecuar el abanico salarial.
Por otra parte, el modelo de gobierno que nació en el mes de mayo de 2003 apuntó como eje fundamental de su política económica al crecimiento del mercado doméstico. Esta decisión fundamental implicó dirigirse al fortalecimiento del poder adquisitivo del salario. Para todo ello, el convenio colectivo fue un instrumento inmejorable y, además, herramienta fenomenal para que los dirigentes, en cumplimiento de su rol, la pongan en defensa de los trabajadores. Basta observar que, a pesar de las crisis recurrentes del llamado primer mundo, la decisión del gobierno nacional logró que esos vendavales que azotaron a los Estados Unidos, y fundamentalmente a Europa, sólo fueran en nuestro país algunos vientos fuertes y, además, de poca extensión en el tiempo. Nuestra economía respondió con eficacia en la defensa del empleo y la producción. Tan es así, que, pese a esa crisis, la negociación colectiva siguió sin solución de continuidad, de manera tal que, en 2010, se firmaron aproximadamente 1500 convenios. Señalo además que el nivel de firmas de estos convenios tuvo, desde 2003, un incesante aumento cuantitativo.
Para que se vislumbre en su magnitud esa cifra, es decir 1500 convenios suscriptos, es útil establecer alguna referencia cuantitativa, y para ello vale que recordemos que en 1975, en pleno Rodrigazo, fueron menos de la mitad, más exactamente, 620 los convenios colectivos firmados por las partes signatarias.
Abrigo la esperanza de que los sectores empresarios, algunos de ellos formadores monopólicos u oligopólicos de precios de insumos de la canasta alimentaria, tengan la responsabilidad de salir de la desaconsejable nominalidad, y en consecuencia, no reajusten irrazonablemente los precios.
Quiero recordar, para que no aparezca como extraño el reclamo que acabo de formular, lo ocurrido con los precios a finales de 2009 y principios de 2010. En ese lapso, prácticamente no se firmó ningún convenio colectivo de trabajo, o sea que no existió sobre los precios ninguna incidencia de costo de origen laboral. El mercado interno se benefició con un enorme incremento de recursos a través de: a) vía la Asignación Universal por Hijo, b) el reajuste de los haberes jubilatorios por la aplicación de la ley de movilidad y c) la creación de nuevos puestos de trabajo por el plan de cooperativas. Según dicen los economistas, esto produjo lo que los expertos denominan “demanda agregada”. La respuesta de los productores de bienes y servicios no fue la de contestar aumentando cuantitativamente la oferta, sino la más fácil de aumentar los precios.
Sin duda, si se evita que ello ocurra y por el contrario (partiendo de la gravitación que tiene en la discusión salarial el valor de la canasta familiar, los otros son por ejemplo, la tasa de actividad, de empleo, de rentabilidad, etcétera) no se produce un ajuste irracional de los precios, los reclamos de reajuste salarial en las paritarias guardarían razonable proporción. De esa manera, saldríamos de la perniciosa nominalidad, y la discusión salarial se dará en su medida y armoniosamente.
Apostemos en todo caso que esta sea “la profecía autocumplida” y aventemos las voces alarmistas que operan en sentido contrario a la que la sociedad argentina requiere.
Se debe ser coherente con el modelo votado por el más del 54% de la ciudadanía, fortaleciendo el poder adquisitivo del salario, pensando que la remuneración no es sólo costo laboral, sino también consumo e inversión, y de esta manera, fortaleciendo el mercado interno, se aumentará la tasa de actividad, el empleo, la igualdad y la justicia social.
Como una breve introducción al tema, quiero reivindicar al presidente Néstor Kirchner y a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque merced a su política ha resultado totalmente operativo el derecho constitucional a la negociación colectiva. No es ocioso recordar que este derecho fue violado desde l976 hasta principios de l988, y que luego de un breve intervalo, los Decretos 1334/9l y 470/93 (Menem, Cavallo y Cía.) lo limitaron inconstitucionalmente, terminando ese camino regresivo con la sanción de la Ley 25.250, inmortalizada por el secretario general de la CGT, compañero Hugo Moyano, con el nombre de “Ley Banelco”.
Ahora sí, después de esa ineludible referencia histórica, y a poco de analizar el pasado inmediato, uno podría concluir que la experiencia de los últimos, seis, siete u ocho años, nos lleva a la afirmación que, a partir de la plena vigencia de ese derecho constitucional, los actores, sindicatos, cámaras empresarias y el Ministerio de Trabajo han actuado con responsabilidad y razonabilidad, es más, el estudio de la conflictividad laboral también nos permite afirmar que, como causa fuente, la negociación de convenios colectivos de trabajo ha tenido muy escasa participación en la conflictividad. La mayor cantidad de los conflictos devienen de razones distintas a la negociación de convenios colectivos de trabajo.
Quiero señalar que el Decreto 392/03, dictado por el querido presidente Néstor Kirchner, fue el que dio un impulso magnífico al avance de la renovación de los convenios colectivos. Ello sucedió por cuanto, al sumar a los sueldos básicos de los convenios los importes no remunerativos, que entonces ascendían a $ 200, se produjo el achatamiento de las categorías profesionales, es decir, se acortaba la distancia entre lo que percibía un trabajador con alta calificación laboral y otro que no la tenía. Esta circunstancia opera una verdadera distorsión en la organización empresarial, circunstancia que hizo imprescindible la rediscusión de los convenios para adecuar el abanico salarial.
Por otra parte, el modelo de gobierno que nació en el mes de mayo de 2003 apuntó como eje fundamental de su política económica al crecimiento del mercado doméstico. Esta decisión fundamental implicó dirigirse al fortalecimiento del poder adquisitivo del salario. Para todo ello, el convenio colectivo fue un instrumento inmejorable y, además, herramienta fenomenal para que los dirigentes, en cumplimiento de su rol, la pongan en defensa de los trabajadores. Basta observar que, a pesar de las crisis recurrentes del llamado primer mundo, la decisión del gobierno nacional logró que esos vendavales que azotaron a los Estados Unidos, y fundamentalmente a Europa, sólo fueran en nuestro país algunos vientos fuertes y, además, de poca extensión en el tiempo. Nuestra economía respondió con eficacia en la defensa del empleo y la producción. Tan es así, que, pese a esa crisis, la negociación colectiva siguió sin solución de continuidad, de manera tal que, en 2010, se firmaron aproximadamente 1500 convenios. Señalo además que el nivel de firmas de estos convenios tuvo, desde 2003, un incesante aumento cuantitativo.
Para que se vislumbre en su magnitud esa cifra, es decir 1500 convenios suscriptos, es útil establecer alguna referencia cuantitativa, y para ello vale que recordemos que en 1975, en pleno Rodrigazo, fueron menos de la mitad, más exactamente, 620 los convenios colectivos firmados por las partes signatarias.
Abrigo la esperanza de que los sectores empresarios, algunos de ellos formadores monopólicos u oligopólicos de precios de insumos de la canasta alimentaria, tengan la responsabilidad de salir de la desaconsejable nominalidad, y en consecuencia, no reajusten irrazonablemente los precios.
Quiero recordar, para que no aparezca como extraño el reclamo que acabo de formular, lo ocurrido con los precios a finales de 2009 y principios de 2010. En ese lapso, prácticamente no se firmó ningún convenio colectivo de trabajo, o sea que no existió sobre los precios ninguna incidencia de costo de origen laboral. El mercado interno se benefició con un enorme incremento de recursos a través de: a) vía la Asignación Universal por Hijo, b) el reajuste de los haberes jubilatorios por la aplicación de la ley de movilidad y c) la creación de nuevos puestos de trabajo por el plan de cooperativas. Según dicen los economistas, esto produjo lo que los expertos denominan “demanda agregada”. La respuesta de los productores de bienes y servicios no fue la de contestar aumentando cuantitativamente la oferta, sino la más fácil de aumentar los precios.
Sin duda, si se evita que ello ocurra y por el contrario (partiendo de la gravitación que tiene en la discusión salarial el valor de la canasta familiar, los otros son por ejemplo, la tasa de actividad, de empleo, de rentabilidad, etcétera) no se produce un ajuste irracional de los precios, los reclamos de reajuste salarial en las paritarias guardarían razonable proporción. De esa manera, saldríamos de la perniciosa nominalidad, y la discusión salarial se dará en su medida y armoniosamente.
Apostemos en todo caso que esta sea “la profecía autocumplida” y aventemos las voces alarmistas que operan en sentido contrario a la que la sociedad argentina requiere.
Se debe ser coherente con el modelo votado por el más del 54% de la ciudadanía, fortaleciendo el poder adquisitivo del salario, pensando que la remuneración no es sólo costo laboral, sino también consumo e inversión, y de esta manera, fortaleciendo el mercado interno, se aumentará la tasa de actividad, el empleo, la igualdad y la justicia social.
