Por Guillermo Mastrini / Martin Becerra
04/08/12 – 11:06
Uno de los saldos más positivos de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es el debate público instalado sobre la organización y estructura del sistema de medios. Dicho sistema incide cotidianamente sobre la vida de las personas al brindar masivamente información básica a partir de la cual la ciudadanía ejerce sus opciones políticas, económicas y sociales.
La Ley de Medios estableció los cimientos sobre los cuales edificar políticas de comunicación que potencien la diversidad cultural e informativa de la sociedad argentina. Pero estos objetivos no se alcanzan con la sanción de la ley, sino que el proceso de implementación y la formulación de nuevas políticas adecuadas a la realidad cambiante deberían mantener el mismo espíritu para alcanzarlos.
A casi tres años de la sanción de la ley resulta evidente es que los discursos más radicalizados formulados en el fragor de la discusión en el Congreso resultaron equivocados. Ni, como prometían sus promotores, la sanción generó la inmediata democratización audiovisual a partir del ingreso de miles de nuevos actores, así como tampoco se verifica la desaparición de canales informativos importantes como denunciaban sus detractores.
Para alcanzar un escenario comunicacional que mejore el actual es necesario mantener un debate público abierto y serio que promueva políticas estables para todos los actores del sistema y que la aplicación de la ley deje de ser discrecional y que pueda sostenerse cuando el actual gobierno, principal impulsor de la norma, sea sucedido por otro.
En este sentido, la tarea del Gobierno es promover la mayor participación posible, lo que implica reflejar la diversidad política, geográfica y cultural del país. La integración plena de los organismos colegiados y el respeto de la pluralidad de ideas en los medios de gestión estatal son formas de legitimar una ley que en su texto se destaca por el respecto a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
Las empresas de medios, otro actor directamente interesado, tienen un desafío que cumplir en momentos en los que, como nunca antes, la sociedad examina su comportamiento. No sólo por deontología periodística sino por lectura de la coyuntura, los medios mejorarían si sembraran la mayor transparencia informativa posible con rigor periodístico, incluso señalando aquellos aspectos que afecten sus intereses corporativos. Es poco constructivo, por ejemplo, afirmar que el Gobierno impide el control de la ley de medios, sin señalar que durante dos años la oposición se negó a integrar los cuerpos colegiados previstos en la ley.
Los grandes protagonistas de la contienda demostrarán en los próximos meses si están a la altura de los nuevos tiempos. Esta demostración será importante, sobre todo porque el debate, que es crucial, no se agota aquí. En efecto, para que los mejores objetivos de la ley se concreten, es preciso además crear con audacia escenarios que contengan el proceso de convergencia de los medios audiovisuales con las telecomunicaciones e internet, dando cuenta de la realidad de estos tres sectores y conectando las posiciones que ejercen algunos conglomerados con la necesidad de financiamiento de contenidos diversos. Más aún: la economía del sector audiovisual, las profusas y opacas relaciones entre el Gobierno y los medios (lo que incluye la publicidad oficial, pero se extiende más allá dado que involucra subvenciones y exenciones fiscales, por ejemplo) y el acceso a la información pública constituyen pilares ineludibles de una agenda inclusiva que procure la democratización de las comunicaciones.
*Investigadores, UBA y U.N.Quilmes.
