«Al instaurar el aguinaldo por decreto en el año 1945, Perón desató la furia de toda la oposición.
La Prensa, el gran diario opositor, hizo una crítica instrumental
«Es la forma de legislar por decreto, sin sujeción a las normas constitucionales y sin las garantías que ellas aseguran, lo que infunde desconfianza y alarma» pero sobre todo de fondo:
En tanto medida económica, el aguinaldo debía ser pactado por la sociedad civil sin la intromisión del Estado. La decisión del gobierno restringía en ese sentido las libertades económicas.
Lo asombroso es que también se opuso la UCR, el Partido Socialista e incluso el Partido Comunista, que explicó (con una candidez sólo superada 60 años más tarde por el MST de Vilma Ripoll al oponerse a la 125 junto a la Sociedad Rural), que el aguinaldo «perjudicará a los pequeños patronos».
Para la oposición boliviana la medida es «demagógica y electoral» y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia la calificó incluso de «política», una característica sin duda asombrosa viniendo de un decreto presidencial y auguró que «seguramente no existirán los recursos disponibles para asumir el incremento».
Previsiblemente, señaló también que sería «una pésima señal para las futuras inversiones».
La Prensa, el gran diario opositor, hizo una crítica instrumental
«Es la forma de legislar por decreto, sin sujeción a las normas constitucionales y sin las garantías que ellas aseguran, lo que infunde desconfianza y alarma» pero sobre todo de fondo:
En tanto medida económica, el aguinaldo debía ser pactado por la sociedad civil sin la intromisión del Estado. La decisión del gobierno restringía en ese sentido las libertades económicas.
Lo asombroso es que también se opuso la UCR, el Partido Socialista e incluso el Partido Comunista, que explicó (con una candidez sólo superada 60 años más tarde por el MST de Vilma Ripoll al oponerse a la 125 junto a la Sociedad Rural), que el aguinaldo «perjudicará a los pequeños patronos».
Para la oposición boliviana la medida es «demagógica y electoral» y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia la calificó incluso de «política», una característica sin duda asombrosa viniendo de un decreto presidencial y auguró que «seguramente no existirán los recursos disponibles para asumir el incremento».
Previsiblemente, señaló también que sería «una pésima señal para las futuras inversiones».
