El nuevo control de precios de 187 productos, que arrancará el 3 de enero en los supermercados, es a la lucha contra la inflación casi lo mismo que instalar de apuro un pequeño generador de electricidad en un edificio sin luz. Un paño frío para bajar transitoriamente la fiebre (de precios), sin atacar las causas de la enfermedad.
Se trata de una medida sui géneris por donde se la mire y esto crea enormes dudas sobre su eficacia.
Por un lado, esos productos de consumo masivo -si bien resultarán más relevantes que los 500 de la olvidable «canasta nacional» de Guillermo Moreno- representan una ínfima proporción dentro de los 50.000 precios de referencia que pueden existir en un hipermercado (de los cuales casi la mitad corresponde a alimentos, bebidas y productos de limpieza y tocador). Además, las grandes cadenas concentran menos de la mitad del consumo total en la Argentina.
Por otro, fue anunciado con tanta anticipación que facilitó la formación de «colchones» de precios en las góndolas apenas Moreno abandonó su cargo. Es difícil saber si esos aumentos preventivos fueron aplicados por los supermercados o si éstos trasladaron subas de sus proveedores, ya que en estos casos unos y otros suelen jugar al Gran Bonete. Las únicas evidencias constatables son que en estas fiestas de fin de año reaparecieron llamativamente las ofertas por volumen (tipo 3 x 2 o descuentos de 50% en la segunda unidad). Y que también surgieron nuevas presentaciones (como sachets de 700 cc de una conocida marca de yogur, a un precio comparativamente más alto que el de un litro) o distintas variedades de yerba mate (liviana, relax o bio, con probióticos) de una primera marca, aunque al mismo precio que la tradicional.
Más llamativo aún es que el lanzamiento oficial del «acuerdo» de precios, a través de Jorge Capitanich y Axel Kicillof , se produjo dos semanas antes de su entrada en vigencia, aunque sin incluir las marcas que estarán alcanzadas ni sus valores de venta al público. La razón es que entonces sólo firmaron las cámaras, pero no las empresas socias. Pero mucho más sorprendente es que algunas compañías líderes convocadas luego por la Secretaría de Comercio para comunicarles qué productos debían incluir (dos o tres en cada caso), se encontraron con la novedad de precios fijados oficialmente más altos que los ya existentes; tal vez para prevenir problemas de abastecimiento en los próximos meses. En cambio, ninguna obtuvo precisiones sobre cómo se aplicará el anunciado «control fiscal» de la AFIP sobre los precios y márgenes de cada uno de los eslabones de cada cadena sobre la base de la facturación electrónica online . Ni mucho menos qué ocurrirá con los miles de otros productos no incluidos en la nueva canasta, que Moreno dividía arbitrariamente en tres categorías (masivos, selectivos y premium) para autorizar ajustes.
En los papeles este acuerdo limitado y forzoso regirá por un año, aunque los precios sólo estarán congelados hasta abril. A partir de entonces podrán recibir autorizaciones de ajustes trimestrales, sector por sector, en función de subas comprobables de costos.
De ahí que, desde un punto de vista práctico, el titular de la UIA, Héctor Méndez, sentenció que intervenían «muchas manos» para que este intento tenga éxito.
Desde un enfoque conceptual, el economista y periodista Enrique Szewach sostiene que la Argentina es uno de los pocos países del mundo donde se asigna a la Secretaría de Comercio la tarea de frenar la inflación, sin considerar el creciente déficit fiscal ni el abuso de la «maquinita» del Banco Central para financiarlo, ni tampoco las tasas de interés para manejar el comportamiento de la demanda real de dinero.
Sin reconocer la gravitación de estos componentes, el Ministerio de Economía admite en cambio implícitamente -al evitar un congelamiento prolongado- que hay aumentos de costos que impactan en la formación de precios.
De hecho, la tasa de inflación perdió este año una de sus «anclas» nominales, con la aceleración del ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial, que trepó 32% (entre puntas) y encarece los insumos importados. Si se consideran los últimos dos meses, la tasa anualizada se ubica en 70 por ciento. Por eso los pronósticos para el dólar oficial a fin de 2014 oscilan entre 8,80 y 9,20 pesos, aunque su futura evolución sea una incógnita, al igual que la brecha cambiaria con el paralelo.
Otra incógnita sin despejar es qué ocurrirá con los ajustes salariales en las próximas paritarias, que las empresas incluidas en el acuerdo de precios no podrían aplicar hasta fin de marzo. La pauta oficial de 18% -que en teoría iba a operar como un ancla parcial- quedó sepultada por la crisis policial en las provincias. Ahora dispara reclamos que parten de un piso de 25% y un techo desconocido en gremios del sector público y privado, después de que en 2013 los salarios reales perdieran terreno frente a la inflación, que se ubicó en torno de 27% anual. Claramente, mantener fijos y uniformes los precios de menos de 200 productos no equivale a frenarla. Pueden dar fe los usuarios de colectivos de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que desde el 1° de enero sufrirán aumentos de 66% en las tarifas -las más bajas del país-, a fin de contener los subsidios estatales al transporte de pasajeros. Si no ocurrió lo mismo -aunque de manera más selectiva- con las tarifas eléctricas, fue por los cortes que en estas tórridas semanas dejaron sin luz a miles de hogares y obligaron a postergar la medida. Mientras tanto ya aumentaron (12%) las tarifas aéreas de cabotaje, que probablemente sean seguidas por el transporte de larga distancia.
Hasta hace un mes, no pocos analistas suponían que el «acuerdo» de precios apuntaba a un arranque menos traumático del nuevo índice de precios nacional (IPCNu), que también debuta en enero de 2014. Pero la decisión oficial de ajustar ya las tarifas del transporte y el hecho de que increíblemente no se hayan difundido todavía la estructura ni las ponderaciones del nuevo indicador, también lo convierte en una nebulosa. Sobre todo cuando se mantiene la misma conducción del Indec y no hay indicios sobre si se computarán precios reales o ficticios (como hasta ahora), ni si habrá un empalme de las series estadísticas para comparar el IPCNu con los inverosímiles aumentos que registra el organismo desde 2007.
Sin una medición oficial confiable de la inflación hay que valerse de cálculos de entrecasa. El seguimiento de precios que realiza esta columna en la misma sucursal porteña de una cadena de supermercados indica que el costo de la canasta fija de 30 productos se ubica a fin de este mes en $ 1118,55, con un aumento de 38% con respecto a diciembre de 2012 ($ 809,93), de los cuales casi 10% corresponde al alza de los últimos dos meses. Pero quizá lo que despierta nostalgias es verificar que, a comienzos de 2007, un kilo de pan costaba $ 2,09 (hoy $ 25,90); una gaseosa de litro y medio, $ 2,89 (hoy $ 14,39); medio kilo de yerba, $ 2,88 (hoy $ 19,19); un kilo de azúcar, $ 1,38 (hoy $ 8,50), y uno de milanesas, $ 10,69 (hoy $ 69,79). Y que por los 30 artículos debía abonarse un ticket de $ 222,70, que hoy obliga a pagar 400% más. .
