El pacto de prestaciones recÃprocas entre el gobierno bonaerense y sus fuerzas de seguridad se hizo evidente con los vergonzosos episodios del lunes 12 en la Legislatura y en las celebraciones posteriores del DÃa de la PolicÃa, cuando dos miembros de la cúpula estuvieron a punto de tomarse a golpes. Lo expuse el domingo, en mi nota “Previsible”. A falta de respuesta, el jefe de gabinete bonaerense Alberto Pérez reaccionó con la descalificación personal. “Es irrisorio que quien escribÃa los prólogos de los libros de la Fuerza Aérea en la dictadura critique a una mujer que perdió a sus dos hijos en manos del terrorismo de Estado”, dijo. Agregó que la Secretaria de Derechos Humanos Sara Derotier de Cobacho se moviliza en silla de ruedas y debe someterse a tres sesiones semanales de diálisis porque perdió un riñón en la tortura.
Nunca escribà ningún prólogo a ningún libro de la Fuerza Aérea ni tuve relación alguna con sus jefes. Ese es un invento de la SIDE menemista en represalia por mi libro Robo para la Corona, que desde entonces repiten todos aquellos que no tienen argumentos para replicar a mis documentadas notas. Por sus padecimientos la señora de Cobacho merece, y ha recibido, todo tipo de desagravios, homenajes y reparaciones. Pero no la califican para un cargo en el que ha paralizado toda investigación sobre las violaciones masivas y sistemáticas a los Derechos Humanos que causan las fuerzas comandadas por el primer oficial penitenciario que llegó a ocupar el ministerio de Justicia y Seguridad en la provincia, alcaide mayor Ricardo Casal. Debido a su crÃtica salud ha delegado sus facultades en el esposo de su nieta, Fernando Cano, de comprobada incompetencia. El gobernador Daniel Scioli ofreció el cargo de Cobacho a Edgardo Binstock, del Movimiento Evita, pero Casal lo vetó, porque en su anterior gestión desarrolló un trabajo territorial en el que recogió las denuncias que se formulan en los barrios contra los abusos policiales, que el gobierno no tiene interés en controlar, porque se beneficia a cambio. Nadie ha explicado tampoco el origen de los 190.000 pesos que según el oficial policial de la división narcotráfico, Gustavo Mena, fueron robados de la caja fuerte de la SecretarÃa, suma imposible de justificar. Ni pueden rendir cuentas del trámite vidrioso por el cual los ladrones (uno de ellos también policÃa de narcotráfico) devolvieron la netbook de Cobacho, de madrugada, en un café, con presencia de oficiales de la policÃa y del juez César Melazo, que no intervenÃa en la causa. Melazo es el mismo juez que, fuera de su jurisdicción, actuó de mediador entre el gobierno provincial y sus policÃas rebeldes, que con buena lógica se niegan a aceptar sanciones por haber cumplido las órdenes que les impartieron de no permitir el acceso a los palcos de nadie que no vistiera la remera naranja del sciolismo. El uso de la policÃa para fines polÃticos es una vieja tradición bonaerense, que degrada a ambas partes. Si la única reacción posible es el insulto a quien lo señala, el gobierno provincial está en dificultades más serias de lo que cree.
Nunca escribà ningún prólogo a ningún libro de la Fuerza Aérea ni tuve relación alguna con sus jefes. Ese es un invento de la SIDE menemista en represalia por mi libro Robo para la Corona, que desde entonces repiten todos aquellos que no tienen argumentos para replicar a mis documentadas notas. Por sus padecimientos la señora de Cobacho merece, y ha recibido, todo tipo de desagravios, homenajes y reparaciones. Pero no la califican para un cargo en el que ha paralizado toda investigación sobre las violaciones masivas y sistemáticas a los Derechos Humanos que causan las fuerzas comandadas por el primer oficial penitenciario que llegó a ocupar el ministerio de Justicia y Seguridad en la provincia, alcaide mayor Ricardo Casal. Debido a su crÃtica salud ha delegado sus facultades en el esposo de su nieta, Fernando Cano, de comprobada incompetencia. El gobernador Daniel Scioli ofreció el cargo de Cobacho a Edgardo Binstock, del Movimiento Evita, pero Casal lo vetó, porque en su anterior gestión desarrolló un trabajo territorial en el que recogió las denuncias que se formulan en los barrios contra los abusos policiales, que el gobierno no tiene interés en controlar, porque se beneficia a cambio. Nadie ha explicado tampoco el origen de los 190.000 pesos que según el oficial policial de la división narcotráfico, Gustavo Mena, fueron robados de la caja fuerte de la SecretarÃa, suma imposible de justificar. Ni pueden rendir cuentas del trámite vidrioso por el cual los ladrones (uno de ellos también policÃa de narcotráfico) devolvieron la netbook de Cobacho, de madrugada, en un café, con presencia de oficiales de la policÃa y del juez César Melazo, que no intervenÃa en la causa. Melazo es el mismo juez que, fuera de su jurisdicción, actuó de mediador entre el gobierno provincial y sus policÃas rebeldes, que con buena lógica se niegan a aceptar sanciones por haber cumplido las órdenes que les impartieron de no permitir el acceso a los palcos de nadie que no vistiera la remera naranja del sciolismo. El uso de la policÃa para fines polÃticos es una vieja tradición bonaerense, que degrada a ambas partes. Si la única reacción posible es el insulto a quien lo señala, el gobierno provincial está en dificultades más serias de lo que cree.
«Una octogenaria con la voz áspera del tabaco fuerte, que se desplaza en silla de ruedas y tres veces por semana debe someterse a un tratamiento de diálisis». Si hay algo admirable del Perro es ese tipico coraje y valentia del militante/servicio kirchnerista a la hora de denunciar a los verdaderos enemigos de la patria. Menos mal que a la vil octogenaria no se le ocurrio andar ligera de ropas como Viky Donda. Que Jorge Rivas siga haciendo bien los deberes del buen kirchnerista, si no le caera tambien la implacable espada justiciera del Superagente K.
astrotroll en defensa de los buenos muchachos!!!