Problemas con las cifras oficiales

Editorial
Toma protagonismo la campaña electoral y se hacen importantes las referencias de datos y estadísticas oficiales sobre distintos temas de actualidad. El problema es que en esta década de administración frenteamplista algunas de ellas han perdido credibilidad.
sáb jul 19 2014
Primero, hay un problema con algunos jerarcas que directamente falsean las cifras. Olesker, por ejemplo, hizo recientemente una presentación en la que afirmó que la prioridad macroeconómica del gasto público social para el período 2005- 2012 fue de un 25%. Es mentira. Según el propio Reporte Social edición 2013 del Ministerio de Desarrollo Social, la prioridad macroeconómica fue de menos de 20% en 2005; 20,9% en 2006; 22,8% en 2007; 23% en 2008, y de algo más de 24% en 2009, 2010 y 2011. No llega al promedio de 25% que señala el ministro Olesker.
Mujica también hace lo suyo. Hace un tiempo, afirmó que «aún en la década del noventa ya con gobiernos democráticos, la economía creció en forma importante y sin embargo no pasó lo mismo con los salarios». Es mentira. El índice de salario real medido en base 100 a julio de 2008 tuvo la siguiente evolución según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al mes de enero de cada año, entre 1990 y 2000: 1990, 102,65; 1991, 103,6; 1992, 107,57; 1993, 112,2; 1994, 111,04; 1995, 111,17; 1996, 108,14; 1997, 108,56; 1998, 109,95; 1999, 111,68; y 2000, 111,83. Es recién en enero de 2010 que se alcanzó un índice de salario real (114,14) mayor al de enero de 1993, que fue el mejor en 20 años.
Segundo, hay un problema serio con la fiabilidad de ciertos datos. Si se quiere saber, por ejemplo, cuántos son los clasificadores de basura en Montevideo, no se podrá tener estadísticas confiables. La Intendencia de Montevideo dice que son unos 6.500; la Universidad en un informe de 2012 señaló que eran algo más de 3.000; la Unión de Clasificadores de Residuos estima que son 9.000. Las diferencias son importantes. Nadie sabe, hoy, cuántos son, aproximadamente, los clasificadores que están en actividad.
En el mismo sentido, si se quiere saber cuántos son los montevideanos que viven con al menos una necesidad básica insatisfecha, los datos del Censo 2011 tienen carencias graves. Señalan sí que un 26,8% de la población de la capital está en esa situación. Pero el problema es que más de 76.000 montevideanos, casi el 6% de la población residente de los hogares particulares del departamento, concentrados en los barrios de la periferia, no fueron bien censados. Por tanto, nadie sabe cómo viven esos montevideanos que, a priori, residen en las zonas más carenciadas de la capital.
Pero hay más. El INE define la población pobre del país a partir del ingreso de las personas. Así, alguien es pobre si recibe por mes, a valores de junio de 2014, menos de $ 9.724 en Montevideo, $ 6.462 en el interior urbano, y $ 4.335 en el interior rural. Para alcanzar esas cifras se computan distintos tipos de ingresos: salarios, asignaciones familiares, jubilaciones, etc. A partir de enero de 2008 pasó a computarse, también, la cuota mensual promedio del Fonasa. El problema es que incluir el Fonasa en los ingresos de las personas sin tener en cuenta si ellas utilizan ese rubro efectivamente, implica aumentar estadísticamente sus ingresos. Pero es un aumento artificial. En particular, para la población residente en localidades de 5.000 o más habitantes, según los resultados oficiales, se pasó de 36,6% de pobres en 2005 a 12% en 2013. Sin embargo, si se deja de lado el aumento artificial de ingresos que es producto del juego metodológico de incluir la cuota del Fonasa, hay cálculos que establecen que el porcentaje de uruguayos que viven por debajo de la línea de pobreza superaría hoy el 17% del total.
Finalmente, algunos datos en salud también plantean problemas. Sobre mortalidad oncológica, recientemente, en la Rendición de Cuentas se incluyó una gráfica que muestra una caída de los fallecimientos, de 227 cada 10.000 en 2012 a 157 cada 10.000 en 2013. Pero resulta que ese marcado descenso no es lo que realmente pasó. Es decir: el Ejecutivo envió al Parlamento datos estadísticos en salud que, luego, resultaron que no son fiables.
Para elaborar políticas de calidad y para debatir con conocimiento, se precisan cifras estadísticas oficiales confiables y seguras. Evidentemente, hay problemas graves en muchas de ellas.

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