Producción estatal, para poner remedio a las medicinas

El pulso de la economía de cada familia puede medirse al analizar cómo aumentan los precios de los alimentos, de la ropa y de las tarifas de los servicios públicos. Pero el bolsillo de las personas también se desinfla de acuerdo con las subas en los valores de los medicamentos. De hecho, el costo de los remedios se lleva una parte mucho mayor del presupuesto de los sectores populares que de aquellos ubicados en las posiciones más privilegiadas de la escala social. En ese sentido, el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció un acuerdo con los principales laboratorios privados para que vuelvan a las listas vigentes al 31 de diciembre. Y a partir del mes que comenzó ayer, se autorizan subas de un “4 por ciento en promedio”, según el funcionario. De todas formas, la presencia real de la inflación destapó el debate sobre cuán accesibles son las medicaciones, el rol de los laboratorios estatales y la necesidad de reglamentar la Ley 26.688 sancionada en 2011 que apoya estos establecimientos.
Ya durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, la gestión de Ramón Carrillo en el Ministerio de Salud había logrado crear Emesta, la primera fábrica estatal de medicamentos. Ante los avances científicos que multiplicaban las posibles curas bioquímicas a distintas enfermedades, las autoridades se hacían cargo de producir remedios sin guiarse por el criterio de una empresa privada. Por el golpe de Estado de 1955, se enfrió el desarrollo de esa firma.
Ya en 1964, como señalara Pedro Cazes Camarero en Miradas al Sur del 23 de febrero pasado, se aprobó en el Congreso nacional la llamada “Ley Oñativia”, bautizada así por el autor del proyecto, el radical Arturo Oñativia, ministro de Salud del gobierno de Arturo Illia. La norma establecía precios máximos para los medicamentos y fijaba límites a los gastos en publicidad por parte de los laboratorios y a los giros al exterior por regalías y pago de insumos. La ley fue aprobada por todos los bloques, menos por Udelpa, la creación política del dictador Pedro Eugenio Aramburu, y por la Federación de Partidos de Centro. Fue una ley que, en su momento, irritó a las cámaras empresariales del sector.
En la actualidad, existen en el país unos 40 laboratorios de producción pública de medicamentos, con diferentes escalas y jurisdicciones. Si bien no son suficientemente conocidos, producen remedios y vacunas de distinto tipo. El bioquímico Sergio Maroevich es el coordinador del Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM), de Rosario, dependiente de ese municipio. Él explica que el establecimiento “surgió para abastecer a los efectores municipales, sobre todo en genéricos de alto consumo, medicamentos para diabéticos e hipertensos, también diurético y fármacos para problemas de arritmia. Ésa fue la primera incursión del laboratorio y, también desde su origen, fabrica sueros”.
Maroevich informa que producen 270 mil bolsas de suero por mes y que el Ministerio de Salud nacional, para el Plan Remediar, les ha otorgado, previa elección en una licitación, órdenes de compra para pomadas antihongos. El bioquímico y Magister en Gestión de Sistemas y Servicios de Salud afirma: “En estas licitaciones, hasta el momento venimos ganando porque presentamos precios sustancialmente más bajos que los laboratorios privados”.
Este ahorro es una de las ventajas de este tipo de producción. Otra es que estos laboratorios, al no depender principalmente de buscar ganancias a toda cosa, pueden dedicarse a fabricar medicamentos que, por distintos motivos, no son “rentables” para las empresas privadas.
Catalina Massa, directora ejecutiva del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, revela: “Hemos desarrollado aquí un medicamento para casos de intoxicación con plomo. Como no son muchos casos, a los laboratorios privados no les interesaba. Nosotros lo desarrollamos y lo distribuimos a través de Instituto Biológico de La Plata. También estamos desarrollando un medicamento para la porfiria, una enfermedad de la sangre muy grave”.
Este laboratorio, que en mayo cumple 50 años y fue creado por el gobierno de Illia, emplea a 250 personas, construye una nueva planta de 5.000 metros cuadrados y tiene como “productos estrella” medicamentos inyectables obtenidos a partir del plasma, uno de los componentes de la sangre humana. “Nosotros decimos que se pueden hacer gestiones eficientes y transparentes desde Estado. Hemos crecido en metros cuadrados y en actualización tecnológica. Y participamos del Plan Remediar, con un medicamento, dexametasona inyectable”, un remedio líquido para aliviar inflamaciones, explica Massa.
Si el LEM depende de la órbita municipal rosarina y el Hemoderivados de la UNC, hay otros laboratorios bajo jurisdicciones provinciales. Uno de ellos es el Prozome, de Río Negro, con sede en Viedma. La bioingeniera Romina Martínez, a cargo del establecimiento, en reemplazo transitorio de Marné Livigni, comenta que producen “38 especialidades medicinales no especiales, con un promedio aproximado de 10,5 millones de unidades al año”, que llegan a los centros de salud públicos rionegrinos. En especial, fabrican para el Ministerio de Salud de la Nación dos drogas antiparasitarias.
Poco rentables. En varios casos, estos laboratorios pueden producir medicamentos a menor costo que las empresas privadas. Al mismo tiempo, queda dicho, pueden dedicarse a fármacos considerados poco “rentables” por el sector lucrativo. Ayudar al reemplazo de importaciones podría ser otra función, ya que, con el apoyo necesario, ocuparían espacios que hoy tienen empresas extranjeras. Sobre todos estos puntos, la Ley de 2.011 declaró “de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos”. Pero desde ese entonces sigue sin reglamentar por el Ministerio de Salud nacional. Al mismo tiempo, el Ministerio de Ciencia ha otorgado subsidios a algunos de estos laboratorios, como el LEM y el Hemoderivados, ambos con habilitación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) para desarrollar nuevas líneas de remedios.
Claudio Capuano, médico y coordinador de la Cátedra Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA, afirma: “Ya el artículo 1 de la ley es fundamental, porque declara a los medicamentos como ‘bien público’. Nosotros pensamos que es una gran herramienta para articular a todos los laboratorios públicos entre sí, como política de Estado, orientando la producción según las necesidades sanitarias y epidemiológicas. Y otra cuestión de la ley es que puede ayudar a articular a estos laboratorios públicos con las universidades, porque no hay que dejar de lado la investigación más desarrollo”.
Y en un contexto como el actual, el precio de estos medicamentos puede servir como referencia. “La producción estatal de medicamentos generaría un precio testigo, con el que se podrían comparar los precios de los laboratorios privados. Y habría que pensar si es necesario o no que se puedan vender en farmacias al público”, dice Capuano y agrega: “Estos laboratorios estatales crean medicamentos de bajo costo y altísima calidad. Producen hipertensivos, antibióticos, medicamentos para la tuberculosis… y hay cosas que no producen todavía por falta de maquinarias, no por escasez de recursos humanos”. Capuano no tiene dudas de que existen “presiones de la industria farmacéutica” para que no se reglamente la Ley.
Por su parte, Maroevich explica: “Los medicamentos en Argentina son caros, lo podés ver comparando con países de América latina. Una de las causas es que Argentina es un país que no tiene una industria de producción de drogas base, todo eso es importado, se produce poco acá.” No es un dato menor. Como en otras áreas de la estructura productiva nacional, se tienen que comprar en el exterior los componentes básicos de distintas drogas. Pero hay otro factor que empuja hacia arriba a los precios: “Y tiene que ver con cuestiones comerciales, de juegos de mercado de los laboratorios. Hay una tendencia de que aparecen ‘innovaciones’ en medicamentos que en realidad no cambian el principio activo, pero se hacen agregados que no son decisivos. Por ejemplo, una aspirina más vitamina C. Si el efecto lo hace aspirina… ¿para qué se ofrece lo otro?”, razona Maroevich.
Hay laboratorios públicos en distintos puntos del país, como en Santa Fe Capital, que depende del gobierno provincial. Y en lugares tan distantes entre sí como Olavarría, San Luis, Bragado, el Hospital Posadas en Castelar y en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, entre otros, están los Talleres Protegidos, que dependen del gobierno porteño, aunque operan en una escala reducida en la elaboración de remedios. Vale recordar que en 2007 la Legislatura porteña aprobó crear un laboratorio estatal de medicamentos en la Ciudad, para producir medicamentos esenciales para la comunidad, aparte de los llamados “huérfanos” (los que no desarrollan las empresas privadas por su baja rentabilidad). La norma fue vetada en su totalidad por Mauricio Macri y no se pudo reflotar desde aquel momento. La misma actitud de Udelpa y la Federación de Partidos de Centro hace 50 años.