Hasta aquí hemos venido hablando de en qué y dónde bajar el gasto. Empecemos ahora a hablar de los quiénes y los cómo.
La organización humana empieza con el siguiente nombramiento:
Auditor General del Presupuesto
1. El Presidente de la Nación designará al Auditor General del Presupuesto, quién le reportará directa y exclusivamente.
2. Durará cinco años en su cargo y será inamovible, con las mismas condiciones que rigen para un senador o para el Presidente del Banco Central.
3. Se realizarán audiencias públicas y compulsas vinculantes en las redes sociales y otros medios para la designación de este funcionario.
4. Desarrollará su tarea de manera ad honorem, al igual que todo el personal, asesores o cualquier otro colaborador que designase, en horario parcial o total.
5. El personal designado por el Auditor podrá ser removido por éste sin necesidad de procedimiento alguno.
6. Este funcionario y quienes él designare, estarán sujetos a las leyes y reglas de comportamiento y conducta que rijan en la Administración.
7. Tendrá iguales inmunidades que un ministro de la Corte Suprema, pero sólo podrá ser removido por falta gravísima con un juicio político con el voto del 75% del Senado.
8. Las Provincias y Municipios designarán funcionarios con iguales atribuciones, tareas y responsabilidades, con relación a sus respectivos presupuestos.
9. Este funcionario no podrá desde la fecha de su designación y por 10 años luego de cesar en el cargo, desempeñarse en ningún cargo electivo o no, del Estado para el que ha sido designado. Tampoco desarrollar tarea alguna en empresas u organizaciones que hayan tenido negocios con el estado durante el tiempo de su gestión.
10. Sus funciones abarcarán el análisis de cada uno de los rubros del Presupuesto y de todas las empresas del Estado cualquiera fuera su forma jurídica. Podrá requerir de la autoridad de aplicación que se le provea de cualquier clase de información o documento que determinara. También requerir del Poder Judicial información detallada de cualquier juicio en el que el estado sea o haya sido parte. La negativa a proporcionarle información colocará a quien se la negare en situación de incumplimiento de los deberes de funcionario público, con las penalidades y acciones legales respectivas.
11. El Auditor no podrá efectuar cambios ni en la composición ni en la ejecución del presupuesto en cualquiera de sus formas. En cambio, elevará informes al Presidente de la Nación y al responsable directo de la ejecución de la partida respectiva, sobre sus conclusiones, de modo orgánico, y las hará conocer a los medios de comunicación y redes sociales principales, mediante un sitio web específico.
12. En cumplimiento de su tarea, podrá requerir información de cualquier funcionario o empleado del estado de modo directo y solicitar información o aclaraciones pertinentes a cualquier empresa, estatal o privada, organización de cualquier tipo o particulares que tengan negocios con el estado.
13. Tendrá la obligación de elevar a la Justicia con su correspondiente informe, cualquier irregularidad que configure un delito de orden público, que detecte en el cumplimiento de su tarea. Realizará el seguimiento del proceso judicial correspondiente
14. En casos que considere adecuado, recomendará a las autoridades con competencia, cambios, renegociaciones o anulaciones de contratos o compromisos de cualquier índole, y realizará el seguimiento de dichas recomendaciones.
15. Cuantificará trimestralmente los ahorros que se hubieran producido con su gestión, y los comunicará al Presidente de la Nación y a la opinión pública.
Se coordinará esta tarea con la SIGEP y la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Todo personal con cualquier formato de contratación, profesional o no, agremiado o no, con forma jurídica o no, sólo podrá desempeñarse de modo ad honorem. Se compensarán gastos de viáticos, movilidad y similares con partidas muy modestas.
Sí, se trata de un auténtico Zar del Gasto Público, de modo de que no sea el propio estado el que se analiza, regula y audita, con los resultados conocidos hasta hoy.
La idea central es que la ciudadanía participe y se informe de lo que se está intentando, de fijar metas de resultados y finalmente, de conseguir el suficiente conocimiento del presupuesto como para formular propuestas superadoras y nuevos mecanismos y criterios para las políticas públicas, pero recién una vez que se consiga eliminar los excedentes presupuestarios enquistados.
El formato de trabajo pro bono, tiene que ver con la necesidad de no aumentar el costo de la administración, pero también con la idea de involucrar a los factores de la comunidad en las funciones de contralor del Estado. Ya que el gasto es un factor condicionante del nivel de impuestos, del tipo de cambio y finalmente del bienestar, parecería adecuado transferirle su contralor a la ciudadanía, para lo que, lamentablemente, habrá que acostumbrarla a hacerlo, sacándola de su indiferencia, escepticismo, ironía y descreimiento, que permite la impunidad generalizada de nuestro sistema presupuestario.
Este formato pro bono también tiene que ver con la necesidad de que la tarea sea efectuada por profesionales con conocimiento y experiencia en temas presupuestarios, contratos, contrataciones, licitaciones, juicios y tercerizaciones. Todo ello sin gastos adicionales. Deberá entonces convencerse a esas personas con valiosa experiencia técnica y práctica, de darle un formato concreto al patriotismo que todos declamamos.
Muchos expertos y técnicos consultados, han manifestado que no disponen del tiempo necesario para colaborar. Nada puede hacerse ante esa respuesta, salvo ponerla en conocimiento de la comunidad para que sopese las opiniones de quienes no están luego dispuestos a poner el hombro y arriesgarse en la tarea. El término «opinator» les estará entonces bien empleado.
No hay duda que esta idea del trabajo pro bono tendrá muchos detractores que calificarán el concepto de romántico, entre otras cosas. Es sugerente que un país como Estados Unidos, según el concepto popular frío capitalista, tenga como una institución arraigada el trabajo pro bono de sus profesionales, inclusive los estudios más destacados. Lo mismo ocurre con los voluntarios, una institución en EEUU y Europa. Mientras en un país que clama contra los políticos y se considera sensible, sus profesionales y ciudadanos más capaces «no tienen tiempo para ocuparse».
El tipo de tarea, necesariamente multidisciplinaria, y el formato de retribución, implicará que se deban desarrollar modelos de colaboración online, desde un modesto Dropbox hasta sofisticados mecanismos de workflow. Por supuesto, quienes no estén familiarizados con estas tecnologías deberán aprenderlas. De paso les vendrá bien en sus actividades privadas.
El grupo
Se asignarán grupos de especialistas a reparticiones o áreas específicas y aún a casos específicos. Seguramente en todos los casos harán falta contadores, abogados y economistas aportando su enfoque particular. Otras especialidades serán necesarias según el caso. Habrá que crear un pool de expertos disponibles para consultas, a fin de evitar requerir de mucha gente en cada proyecto. Se procurará en cada caso que en cada grupo haya alguien con experiencia práctica en manejo de situaciones presupuestarias, licitaciones, personal y similares, dado que lo que su busca es detectar irregularidades y deficiencias y eliminarlas, junto con sus efectos.
Eso permite que no se requiera en un comienzo de mucha gente, y de que quienes participen vayan cobrando experiencia que luego transferirán. No hay una carrera de reducción del gasto vía detección de excesos, corrupción y despilfarro en ninguna Universidad del mundo.
Lo ideal sería empezar con pocos casos en pocas áreas. Allí se evaluarían resultados y se haría experiencia, tanto a los niveles de conducción como en los aspectos técnicos, tecnológicos y comunicacionales. La ciudadanía tiene que ser informada de las expectativas, de los resultados, de los errores y de los pasos futuros. Debe poder criticar, aportar y demandar más resultados de quienes lleven adelante este emprendimiento. El paso se acelerará solo, a medida que se incorporen los jóvenes, cuyo futuro es el que está en juego, las redes sociales, los nuevos mecanismos y canales participativos.
Estos jóvenes que hoy nos parecen irresponsables y livianos, deben tomar la posta, y por su propio bien, hacerlo mejor que nosotros, los que sabemos todo de tantas cosas, pero hemos llegado a esto.
En una primera fase no se realizarán innovaciones en el sistema ni en los mecanismos de cada función del estado, proceso que debe dejarse para otro paso más adelantado, cuando los auditores estén familiarizados con los procesos y formatos. Por supuesto que los funcionarios de cada sector participarán en la tarea, lo que les permitirá adquirir un mayor conocimiento de sus áreas. Nunca más los funcionarios pueden ignorar cómo se componen las partidas y conceptos existentes en sus respectivas jurisdicciones.
Cuando aprendamos empezaremos a innovar. El atraso de pensamiento va de la mano de la corrupción y el desconocimiento.
Se emplearán profesionales o estudiantes avanzados de distintas disciplinas, desde los especialistas en presupuesto a los de administración de empresas y planificación. No debe descartarse la posibilidad de enrolar profesionales retirados, cuya experiencia sería de gran utilidad.
Los pocos que conocen estos manejos, están hoy del lado del mal.
(Sigue: como presionar a los políticos para que bajen el gasto)
