El gobierno de Mendoza impulsa un proyecto que establece la modificación de un artículo de la Ley Nacional de Impuestos Internos, a favor de la producción vitivinícola. La intención central de la administración de Francisco Pérez es elevar de un 8% a un 28% el tributo sobre las bebidas analcohólicas, gaseosas o no, entre las que se encuentran las que se elaboran con azúcar, y reducirlo para aquellas que utilicen el derivado de la uva o la manzana, de un 4% a un 2,8%.
Para lograr ese cometido, el propio Pérez aseguró que Mendoza «trabajará» para lograr que la medida, entre otras propuestas, avance en el Congreso Nacional. Según se supo, el gobierno mendocino solicitó el respaldo a otras provincias vitivinícolas, entre ellas, San Juan, La Rioja y Salta, a través de sus diputados.
Se trata de la modificación del artículo 26 de la Ley 24.674 de Impuestos Internos y el objetivo es lograr una reducción del 90% para los preparados de jugos de frutas. Así, se marcaría una tasa diferencial del 1.000%, entre ese 2,8% como objetivo, y el 28%.
La propuesta cuyana ha generado «preocupación» en las cámaras azucareras nacional y local, al igual que en el Gobierno de Tucumán. En las entidades empresariales afirman que la medida afectaría de manera directa a la actividad, causando una pérdida comercial de unas 140.000 toneladas de azúcar, y generaría un «choque de intereses» político y económico entre las economías regionales. Hasta el momento no hubo pronunciamientos oficiales de los centros Azucarero Argentino (CAA), ni del Centro Azucarero Regional Tucumán (CART) y del Norte (Carna). Pero sí se produjeron reuniones internas y se confirmó el envío de notas institucionales solicitando el rechazo a la iniciativa mendocina.
El daño calculado
Según las cámaras de la industria azucarera, el proyecto apunta a promover la sustitución del azúcar por mosto de uva -jugo formado por la piel, la pulpa y las semillas-. En el país se producen 200.000 toneladas de mosto y Mendoza es el principal polo de desarrollo de la actividad.
Los industriales azucareros creen que la pretensión de ese sector es «crear condiciones por medio de una ley para acceder a la plaza de las gaseosas, ante los problemas de colocación de la elaboración en los mercados interno y externo». «Está claro que mediante esta iniciativa, para el caso del mosto de uva, se pretende mejorar artificialmente la competitividad de un subproducto de una economía regional, la vitivinícola, a costas del principal producto de la economía regional del NOA: el azúcar», expresa un fragmento de uno de los textos que han circulado en las oficinas gubernamentales.
En el país, la demanda interna de azúcar alcanzará este año las 1,7 millón de toneladas. Un 40% de esa cantidad se destinará a las góndolas en bolsas de un kilogramo, mientras que el 60% restante se distribuirá como insumos a las industrias, sea para elaboración de golosinas o gaseosas, entre otros productos. Según las entidades de la agroindustria azucarera, se estima una caída del consumo por el encarecimiento del producto final (la gaseosa) a raíz del incremento impositivo. Esa baja de la demanda de los productos implicaría 50.000 toneladas al año, además de la pérdida de 140.000 toneladas previstas de manera directa para la agroindustria.
El Gobierno tucumano ha comenzado a evaluar una postura ante el proyecto de ley que impulsa la administración mendoncina. Si bien no hubo expresiones que representaron tal posición, el ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Feijóo , recalca: «no vamos a apoyar ninguna iniciativa que vaya en contra de las economías regionales».
