Los proyectos de ley enviados al Congreso por el Poder Ejecutivo la semana pasada tienen por objeto brindarles nuevas herramientas a los consumidores para que puedan ejercer efectivamente los derechos consagrados por el artículo 42 de la Constitución, así como favorecer la capacidad del Estado de arbitrar en relaciones de producción y consumo que son por naturaleza desiguales. Para ello, se propone crear un sistema más ágil de resolución de conflictos en las relaciones de consumo y se crea un nuevo fuero judicial del consumidor para atender de manera rápida y efectiva los reclamos de los usuarios y consumidores.
Al mismo tiempo, se equipara a las empresas con los consumidores en cuanto al orden pago-reclamo. Hasta hoy, si una empresa presenta un recurso ante la justicia por una multa que se le impuso, puede postergar su pago hasta tanto se emita el fallo correspondiente, lo que puede demorar años. En cambio, cuando el consumidor reclama por un bien o servicio defectuoso, ya lo ha abonado. A partir de que rija la nueva legislación, las empresas deberán primero pagar sus multas y solo después podrán reclamar ante la nueva justicia del consumidor.
Por otra parte, en lo que se refiere a las modificaciones propuestas para la denominada Ley de Abastecimiento (20.680), que fue sancionada en 1974 y actualmente continua vigente, se busca convertirla en una nueva Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo. En primer lugar, se eliminan las sanciones penales (prisión, arresto) y la posibilidad de intervención de las empresas, y se restringe, racionaliza y define más claramente la aplicación de las disposiciones de la ley. Se propone como una última instancia, cuando está en juego la producción y el acceso de la población a bienes especialmente sensibles.
Además, junto con la creación del Observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios, se facilita la competencia y la iniciativa privada porque se limitan las maniobras especulativas y distorsivas de los mercados que perjudican a los actores más débiles de las cadenas de valor: los consumidores, las empresas de menor tamaño, los trabajadores.
En definitiva, las reformas dotarán al Estado de mejores herramientas para actuar ante situaciones de claro perjuicio sobre los actores más vulnerables de la economía, cuando el resto de las instancias de resolución de conflictos -el diálogo, los acuerdos voluntarios, el consenso entre las partes, etc.- hayan fracasado.
Como se ve, el paquete de proyectos de ley enviado al Congreso brinda herramientas a los consumidores y al Estado para generar un mayor equilibrio en las relaciones de consumo y producción. Sin embargo, ante estas iniciativas para empoderar a los consumidores, han adquirido mayor difusión las opiniones alarmadas de ciertos sectores de la actividad y se han desoído las opiniones de las cámaras que agrupan a pequeñas y medianas empresas, de los sindicatos y de las asociaciones de consumidores. Los grandes jugadores del mercado han buscado atraer la atención de la opinión pública hacia una sola de las iniciativas presentadas y volcar las opiniones en su contra. Oponerse al paquete de medidas propuesto, en realidad, esconde el rechazo a un nuevo hi to en el proceso de expansión de derechos de la última década.
Al mismo tiempo, se equipara a las empresas con los consumidores en cuanto al orden pago-reclamo. Hasta hoy, si una empresa presenta un recurso ante la justicia por una multa que se le impuso, puede postergar su pago hasta tanto se emita el fallo correspondiente, lo que puede demorar años. En cambio, cuando el consumidor reclama por un bien o servicio defectuoso, ya lo ha abonado. A partir de que rija la nueva legislación, las empresas deberán primero pagar sus multas y solo después podrán reclamar ante la nueva justicia del consumidor.
Por otra parte, en lo que se refiere a las modificaciones propuestas para la denominada Ley de Abastecimiento (20.680), que fue sancionada en 1974 y actualmente continua vigente, se busca convertirla en una nueva Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo. En primer lugar, se eliminan las sanciones penales (prisión, arresto) y la posibilidad de intervención de las empresas, y se restringe, racionaliza y define más claramente la aplicación de las disposiciones de la ley. Se propone como una última instancia, cuando está en juego la producción y el acceso de la población a bienes especialmente sensibles.
Además, junto con la creación del Observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios, se facilita la competencia y la iniciativa privada porque se limitan las maniobras especulativas y distorsivas de los mercados que perjudican a los actores más débiles de las cadenas de valor: los consumidores, las empresas de menor tamaño, los trabajadores.
En definitiva, las reformas dotarán al Estado de mejores herramientas para actuar ante situaciones de claro perjuicio sobre los actores más vulnerables de la economía, cuando el resto de las instancias de resolución de conflictos -el diálogo, los acuerdos voluntarios, el consenso entre las partes, etc.- hayan fracasado.
Como se ve, el paquete de proyectos de ley enviado al Congreso brinda herramientas a los consumidores y al Estado para generar un mayor equilibrio en las relaciones de consumo y producción. Sin embargo, ante estas iniciativas para empoderar a los consumidores, han adquirido mayor difusión las opiniones alarmadas de ciertos sectores de la actividad y se han desoído las opiniones de las cámaras que agrupan a pequeñas y medianas empresas, de los sindicatos y de las asociaciones de consumidores. Los grandes jugadores del mercado han buscado atraer la atención de la opinión pública hacia una sola de las iniciativas presentadas y volcar las opiniones en su contra. Oponerse al paquete de medidas propuesto, en realidad, esconde el rechazo a un nuevo hi to en el proceso de expansión de derechos de la última década.
