SUBE: el consultor inglés le apuntó al Gobierno

Chandler, en plena City de Londres, durante su encuentro con LA NACION, ayer; admitió que tiene miedo. Foto: LA NACION / Pablo Rimoldi
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LONDRES.- «Aquí estoy. No soy un fantasma y lo puedo demostrar», desafió Stephen Chandler apenas se presentó. Detrás de él, los ejecutivos que caminan las calles de la City de Londres nunca se detienen. La lluvia tampoco.
Con el sobretodo mojado, el consultor inglés -hasta la semana pasada jefe de la supervisión del sistema SUBE del transporte metropolitano- se reunió con LA NACION en un bar frente al Banco de Inglaterra. Después del estallido del escándalo por las irregularidades en un contrato de $ 65 millones que lo tiene como uno de los protagonistas, Chandler siente que las calles de Londres son, más que nunca, su casa. «No volveré a la Argentina por ahora. Estoy nervioso y con algo de miedo», admite.
En una entrevista exclusiva, el consultor inglés intentó desligarse de las sospechas sobre el control del boleto electrónico y dijo que se trata de una acción que «parece orquestada» por la Secretaría de Transporte, el Banco Mundial (organismo que financió la operación) y sus socios locales.
Pese a las ironías de humor inglés, Chandler esbozó una sola sonrisa, en más de dos horas de entrevista, cuando festejó que el Gobierno haya suspendido el contrato para controlar el boleto electrónico. Asegura que está feliz porque no puede trabajar en un proyecto que «huele a corrupción».
Para ser más gráfico, toma una lapicera y una servilleta: «Esto es una pirámide», explica. Mientras termina de dibujar, reparte responsabilidades con una raya al medio. Los triángulos más grandes son para sus socios IRV y Iatasa. En el pie de la pirámide, muy pequeño, aparece Global Infrastructure (GI), su empresa. Y asegura que avisó de las irregularidades, pero el Banco Mundial y la Secretaría de Transporte avalaron ese contrato con «empleados fantasmas».
-Si sabía de las irregularidades, ¿por qué firmó el contrato?
«No soy un fantasma», dice Chandler y muestra sus ingresos en el país. Foto: Pablo Rimoldi
-¡No! No firmé ningún contrato. Ni siquiera lo leí. Sólo tengo un borrador. Les dije a mis socios locales que había cosas que corregir. Que había gente, como Ashley, que no estaba disponible para trabajar. Lo sabían todos: Transporte, el BM y, por supuesto, mis socios locales. Yo mismo le avisé a Andrés Pizarro (gerente del BM). Lo llamé y le envié dos cartas advirtiendo que así no se podía firmar el contrato, que había que hacer cambios. Pero nunca me respondió
-¿No le avisaron de la firma?
-Me engañaron. Angel Ferrigno [director de Iatasa] me dijo que podía volver a Londres, que no iba a haber novedades en marzo. A los pocos días, me llama Carlos Longstaff, mi agente en Buenos Aires, para decirme que se había concretado. La Secretaría de Transporte lo hizo a mis espaldas. Aunque es legal [Chandler no es apoderado del consorcio], ese contrato es inválido. ¿Cómo lo permitieron sin la presencia del jefe de proyecto?
-¿Puede haber complicidad de los funcionarios?
-Este era un contrato importante del que participó toda una cadena. Jorge de Beláustegui [coordinador de Proyecto de Transporte Urbano], Nora Turco [directora nacional de Coordinación y Planificación del Transporte] y Gabriela Boaglio [asesora del Proyecto de Transporte Urbano]. ¿Por qué Beláustegui y Turco permitieron que se firmara sin mí? ¿Fue sólo un error? No, es una acción orquestada.
-¿Por qué no mencionó al entonces secretario Schiavi, que autorizó la contratación?
-No puedo asegurar que tenga vinculación con las irregularidades, pero no debería haber permitido la firma en mi ausencia.
-¿Es verdad que cobró US$ 140.000 por mes?
-La información es totalmente errónea. Si no sabía que era falso lo que decía, lo podemos acusar de incompetente por no chequear, pero si Schiavi sabía, lo podemos acusar de algo mucho peor. Cobré mucho menos que eso y en pesos.
-Su sueldo, por contrato, es de 40.000 dólares
-No sé qué dice el contrato. GI facturó un promedio de 100.000 pesos mensuales, lo que incluye el sueldo de dos empleados más y gastos. Mis honorarios no llegan a los 2000 dólares.
-¿Y quién cobra el resto del dinero?
-Creo que mis socios locales le facturan en dólares a la Secretaría de Transporte por mí y por el staff de empleados fantasma. Hasta podría ser por montos más altos
-¿Nunca sospechó nada?
-A mí me presentó la embajada británica en la Argentina en una licitación que iba a estar supervisada por el BM [sonríe]. Iba a ser un consultor externo. Esa era mi intención. No quería formar una unión transitoria de empresas pero me obligaron.
-¿Cómo lo obligaron?
-Recibí mucha presión. El 19 de julio de 2010 [el contrato no había sido firmado] me llamaron para que fuera urgente a Buenos Aires. Me dijeron que había una reunión con el BM. Cuando estaba saliendo para sus oficinas me dijeron que era en Iatasa. Qué raro, pensé. Cuando llegué, mis socios me explicaron que, como era secreta, Pizzarro no podía ir a la reunión. Entonces, lo pusieron en el altavoz del teléfono.
-¿Qué le dijo?
-Me dijo lo mismo que mis socios. Fue la directiva final: tenía que hacer una UTE con ellos, si no el BM me eliminaba. Para mí era la peor noticia. Me salía carísimo y corría muchos riesgos. Traté de convencerlo de que me subcontrataran pero no quiso. Es evidente que querían usar mi experiencia incluso para esconder otras actividades.
-¿Por qué decidió hablar?
-Antes no me dejaron. Transporte, mis socios y el BM retienen mi dinero sin razón. Cuando se publicó la primera nota me dijeron: «Si hablás, no te pagamos nada».
5 de septiembre de 2010
Se lanzó el sistema SUBE
La implementación del SUBE arrancó tímidamente en 2009; para septiembre de 2010, sólo el 3% de los colectivos tenía máquinas para boleto electrónico.
17 de mayo de 2012
Una oferta más cara
Se conoció que Transporte contrató a un consorcio que ofertó $ 65 millones para controlar el SUBE. Otra empresa había pedido $ 10 millones menos.
21 de mayo de 2012
Sueldos de 40.000 dólares
La diferencia de precio deriva de los sueldos de los auditores. Para los jefes de proyecto se ofrecieron US$ 20.000 mensuales; el Estado firmó por el doble.
21 de junio de 2012
El SUBE, en una peluquería
GI, la empresa británica encargada del control del SUBE, fijó domicilio en un estudio legal que funciona detrás del local de un estilista en Bicester, Inglaterra.
11 de julio de 2012
La empleada fantasma
Marcela Ashley desmintió haber sido contratada en 2011 para supervisar por 10 meses el SUBE, por US$ 24.300 mensuales, como consta en el expediente oficial.
13 de julio de 2012
Suspensión del contrato
El Gobierno suspendió el contrato con GI y ex asesores de la Secretaría de Transporte. Dio intervención a la Sindicatura General de la Nación..