El Congreso se apresta a dar una batalla por la transparencia y la calidad institucional impulsando cambios en nuestro sistema electoral. Es un paso trascendente que debe ser analizado con prudencia y profundidad, y llevado adelante con estricta planificación.
Las exitosas experiencias de la utilización de la boleta única electrónica (BUE) en comicios de la ciudad de Buenos Aires y de Salta sirvieron de base al proyecto oficial que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento, por el que se propone su utilización a nivel nacional en reemplazo de las boletas de papel. No hace falta enumerar aquí todos los casos en que este último sistema ha sido funcional al clientelismo, al robo de materiales, al fraude, a la impresión de boletas falsas, a la sustitución, al voto cadena, a la quema o desaparición de urnas y a otras tantísimas tretas de punteros y sectores defectuosos de la política acostumbrados a manipular comicios en beneficio propio.
Ahora bien. ¿Es la boleta única electrónica la única solución? Las posiciones están divididas. Quienes consideran que sí destacan como ventajas que resulta más económica, ya que evita la impresión de millones de papeletas por parte de cada partido o alianza; que facilita el procedimiento del escrutinio, y que, en consecuencia, los resultados de una elección se conocen mucho más rápido. Que evita el clientelismo y que es un sistema más práctico. Que la capacitación del elector ha demostrado no resultar tan problemática como se advertía y que adquirir las máquinas es incluso más económico que alquilarlas porque, pasados los comicios, el Estado puede reutilizarlas para el desarrollo de diversas actividades que requieren una asistencia tecnológica, cuya inversión -o buena parte de ella- ya forma parte de las previsiones presupuestarias anuales.
En cambio, quienes se oponen a ella -que no son pocos y también con sólidos argumentos- sostienen que la discusión no es «máquina no/máquina sí», ya que lo que está en debate no es lo rápido y moderno que pueda ser un sistema, sino su seguridad, su inviolabilidad, integridad y transparencia.
Esta última postura es sostenida por especialistas de renombre, como la abogada y miembro de Transparencia Internacional Delia Ferreira Rubio y Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre.
En opinión de ambas, el debate debería orientarse hacia la boleta única de papel, pues entienden que garantiza que la oferta electoral esté completa (en ella figuran todos los candidatos y partidos que compiten en una elección). La boleta única de papel fue utilizada en Santa Fe y en Córdoba y resultó ser un antídoto muy efectivo al viejo y conocido robo de boletas impresas por agrupación.
Las expertas sostienen, además, que la manipulación del voto electrónico no necesita de una gran organización y, como señaló el matemático y especialista en seguridad Enrique Chaparro: «Bastan dos líneas en un programa para alcanzar un resultado de todas las mesas» y cometer así un fraude.
En una extensa e interesante columna publicada en LA NACION, nuestro especialista Ariel Torres (http://www.lanacion.com.ar/1809389-algunas-reflexiones-sobre-el-voto-electronico) sostenía fundadamente que si hay un axioma que se prueba cada día es aquel que dice que el software es vulnerable a ataques informáticos. Y agregaba Torres: «Además, si hay fraude usando papel y no pasa nada, el problema no es el fraude, sino que no pase nada». Busaniche puso otro ejemplo: «Para solucionar el problema electoral en la Argentina hay que identificar primero cuáles son esos problemas. La quema de urnas no se soluciona con la boleta única electrónica».
En Alemania, después de haber utilizado durante varios años el sistema de voto electrónico (el que se procesa directamente, sin el complemento que representa la BUE, que incluye la impresión de boletas por parte de la máquina y su introducción en el sobre y colocación en una urna por parte del elector), fue declarado inconstitucional porque «no puede ser auditado y comprendido por un ciudadano de a pie independientemente de su formación técnica».
Por su parte, Holanda también dejó de lado el voto electrónico, porque se comprobó la facilidad de violar el secreto del sufragio.
El tema es de por sí delicado y todas las posiciones son atendibles. El hecho de que cada día se conozcan más divergencias sobre este asunto debiera llevarnos a reflexionar ampliamente sobre cada paso que vayamos a dar en procura de garantizar, como impone nuestra ley, el sufragio secreto y universal.
La Cámara de Diputados aprobó recientemente en comisión el proyecto de reforma electoral que promueve el Gobierno, que dispone aplicar el sistema de boleta electrónica en todo el país a partir de las elecciones del año que viene.
Con anterioridad al dictamen, el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Via, había alertado a los legisladores sobre la necesidad de «no dar saltos hacia el vacío en materia electoral». Dalla Via, cuya opinión es compartida por el camarista Santiago Corcuera, les recordó que, si bien los jueces electorales apoyan el cambio del sistema de votación, su aplicación debería ser «gradual» y con la garantía legal de que contarán con los recursos económicos para la auditoría y el control.
Ciertamente, ningún mecanismo de contralor resulta del todo suficiente. Es necesario estar alertas y dar pasos firmes. Cualquier modificación al sistema deberá estar debidamente detallada en la ley. La única manera de dar certeza a un proceso electoral -opinó Ferreira Rubio- es que la norma establezca claramente las reglas de juego.
Estamos a tiempo de seguir sometiendo a análisis todas las ventajas y defectos, de modo de poder optar por el sistema electoral más equitativo, seguro y justo.
Las exitosas experiencias de la utilización de la boleta única electrónica (BUE) en comicios de la ciudad de Buenos Aires y de Salta sirvieron de base al proyecto oficial que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento, por el que se propone su utilización a nivel nacional en reemplazo de las boletas de papel. No hace falta enumerar aquí todos los casos en que este último sistema ha sido funcional al clientelismo, al robo de materiales, al fraude, a la impresión de boletas falsas, a la sustitución, al voto cadena, a la quema o desaparición de urnas y a otras tantísimas tretas de punteros y sectores defectuosos de la política acostumbrados a manipular comicios en beneficio propio.
Ahora bien. ¿Es la boleta única electrónica la única solución? Las posiciones están divididas. Quienes consideran que sí destacan como ventajas que resulta más económica, ya que evita la impresión de millones de papeletas por parte de cada partido o alianza; que facilita el procedimiento del escrutinio, y que, en consecuencia, los resultados de una elección se conocen mucho más rápido. Que evita el clientelismo y que es un sistema más práctico. Que la capacitación del elector ha demostrado no resultar tan problemática como se advertía y que adquirir las máquinas es incluso más económico que alquilarlas porque, pasados los comicios, el Estado puede reutilizarlas para el desarrollo de diversas actividades que requieren una asistencia tecnológica, cuya inversión -o buena parte de ella- ya forma parte de las previsiones presupuestarias anuales.
En cambio, quienes se oponen a ella -que no son pocos y también con sólidos argumentos- sostienen que la discusión no es «máquina no/máquina sí», ya que lo que está en debate no es lo rápido y moderno que pueda ser un sistema, sino su seguridad, su inviolabilidad, integridad y transparencia.
Esta última postura es sostenida por especialistas de renombre, como la abogada y miembro de Transparencia Internacional Delia Ferreira Rubio y Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre.
En opinión de ambas, el debate debería orientarse hacia la boleta única de papel, pues entienden que garantiza que la oferta electoral esté completa (en ella figuran todos los candidatos y partidos que compiten en una elección). La boleta única de papel fue utilizada en Santa Fe y en Córdoba y resultó ser un antídoto muy efectivo al viejo y conocido robo de boletas impresas por agrupación.
Las expertas sostienen, además, que la manipulación del voto electrónico no necesita de una gran organización y, como señaló el matemático y especialista en seguridad Enrique Chaparro: «Bastan dos líneas en un programa para alcanzar un resultado de todas las mesas» y cometer así un fraude.
En una extensa e interesante columna publicada en LA NACION, nuestro especialista Ariel Torres (http://www.lanacion.com.ar/1809389-algunas-reflexiones-sobre-el-voto-electronico) sostenía fundadamente que si hay un axioma que se prueba cada día es aquel que dice que el software es vulnerable a ataques informáticos. Y agregaba Torres: «Además, si hay fraude usando papel y no pasa nada, el problema no es el fraude, sino que no pase nada». Busaniche puso otro ejemplo: «Para solucionar el problema electoral en la Argentina hay que identificar primero cuáles son esos problemas. La quema de urnas no se soluciona con la boleta única electrónica».
En Alemania, después de haber utilizado durante varios años el sistema de voto electrónico (el que se procesa directamente, sin el complemento que representa la BUE, que incluye la impresión de boletas por parte de la máquina y su introducción en el sobre y colocación en una urna por parte del elector), fue declarado inconstitucional porque «no puede ser auditado y comprendido por un ciudadano de a pie independientemente de su formación técnica».
Por su parte, Holanda también dejó de lado el voto electrónico, porque se comprobó la facilidad de violar el secreto del sufragio.
El tema es de por sí delicado y todas las posiciones son atendibles. El hecho de que cada día se conozcan más divergencias sobre este asunto debiera llevarnos a reflexionar ampliamente sobre cada paso que vayamos a dar en procura de garantizar, como impone nuestra ley, el sufragio secreto y universal.
La Cámara de Diputados aprobó recientemente en comisión el proyecto de reforma electoral que promueve el Gobierno, que dispone aplicar el sistema de boleta electrónica en todo el país a partir de las elecciones del año que viene.
Con anterioridad al dictamen, el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Via, había alertado a los legisladores sobre la necesidad de «no dar saltos hacia el vacío en materia electoral». Dalla Via, cuya opinión es compartida por el camarista Santiago Corcuera, les recordó que, si bien los jueces electorales apoyan el cambio del sistema de votación, su aplicación debería ser «gradual» y con la garantía legal de que contarán con los recursos económicos para la auditoría y el control.
Ciertamente, ningún mecanismo de contralor resulta del todo suficiente. Es necesario estar alertas y dar pasos firmes. Cualquier modificación al sistema deberá estar debidamente detallada en la ley. La única manera de dar certeza a un proceso electoral -opinó Ferreira Rubio- es que la norma establezca claramente las reglas de juego.
Estamos a tiempo de seguir sometiendo a análisis todas las ventajas y defectos, de modo de poder optar por el sistema electoral más equitativo, seguro y justo.
