Una sofisticada legitimación para democracias polémicas

Ernesto Laclau y Chantal Mouffe.
Días pasados, se publicó en Página 12 una interesante entrevista a la politóloga Chantal Mouffe, bajo el título «Hay que latinoamericanizar Europa», que continúa un debate en el que participan, expresa o tácitamente, muchos autores. Cabe observar que Mouffe es esposa de Ernesto Laclau, y ambos han publicado importantes trabajos en coautoría. También ambos, y sobre todo Ernesto, son, como se sabe, fuertes referencias intelectuales del kirchnerismo.
El núcleo de la entrevista está dado por la articulación entre democracia y liberalismo. Mouffe establece el contexto histórico de ciertos «modelos» de democracia, los europeos, y reivindica otros, las «nuevas democracias latinoamericanas». Ya que Mouffe habla profusamente de «modelos» de democracia, me parece necesario aclarar desde el comienzo que los «modelos» son perceptibles solamente a posteriori. En cada momento presente, lo que hay, lo que se observa, no es el funcionamiento de «un modelo», sino una lucha por establecer determinados valores. Por ejemplo, en 1853, en la Argentina, no se optó por «un modelo de democracia», se escogieron formas institucionales que la elite dominante veía como adecuadas para sus valores y problemas. Así pensadas las cosas, al sostener que los actuales gobiernos latinoamericanos han subordinado el elemento liberal y han puesto al elemento democrático como el principal, Mouffe incurre en una patente arbitrariedad: primero afirma que Latinoamérica no está obligada a aceptar el «modelo europeo»; luego, prescribe la democracia que ella prefiere, resuelve interpretar en términos de (su) modelo las «democracias latinoamericanas recientes» y decide cuál es el mix adecuado, presentándolo como de posible constatación empírica: «En las experiencias de las nuevas democracias de Sudamérica -dijo- no hay un rechazo a la tradición liberal, pero sí hay una articulación distinta entre las tradiciones liberal y democrática.»
Pero Mouffe fuerza así las cosas. Primero porque, aunque no da nombres, sí podría decirse que ciertamente en algunas de las así llamadas «nuevas democracias» hay un abierto rechazo a la tradición liberal, tal es el caso de Bolivia, Ecuador, Venezuela y la Argentina. Este rechazo podrá ir más o menos lejos en cada país, pero está en la palabra y en las acciones de los gobernantes. Y segundo, lo que hace la autora de En torno a lo político , no muy disimuladamente, es abusar de lo que sería una interpretación para pasar a dar una receta, legitimada ahora, según su opinión, por las experiencias de los pueblos latinoamericanos. Justamente, como en su receta el mix de liberalismo y democracia es más equilibrado que en la realidad de algunos de esos países latinoamericanos, la entrevistada tiene la necesidad de afirmar que en las nuevas experiencias «no hay un rechazo a la tradición liberal».
Podría apuntarse en casos concretos una perspectiva contraria: hay países latinoamericanos -como Brasil, Uruguay y Chile- en los que la dimensión liberal de sus regímenes democráticos no se ha visto dañada. Esto representa una esperanza para todos aquellos que, como es mi caso, estamos convencidos de que el liberalismo, así como el republicanismo (con todo lo diferentes que son entre sí), constituyen dimensiones sin las cuales la índole democrática de un régimen político es inevitablemente erosionada. Por otra parte, esto pone directamente en cuestión otro supuesto fuerte de la entrevistada, el de la concepción de la propia democracia.
Salta a la vista que Mouffe tiene una idea eminentemente gubernativa de la soberanía popular. Es más, identifica a la democracia con esa idea. Así, dirá: «Ese predominio del componente liberal es lo que están poniendo en cuestión los gobiernos latinoamericanos, que han puesto al elemento democrático como elemento principal. El elemento liberal no ha sido eliminado, pero está subordinado.»
En la democracia, la soberanía popular jamás puede entenderse -como sí se la entiende en los casos latinoamericanos ya mencionados- como encarnada o materializada en la voluntad de un cuerpo político y/o un líder. Cuando eso ocurre, las dimensiones liberal y republicana, así como la propia dimensión democrática, sufren daños irreparables. La soberanía popular, por el contrario, tiene diversos campos de realización, desde el electoral (todos los votantes la realizan, no solamente los ganadores) hasta distintas formas de participación política y en el juego de las instituciones. Instituciones que, para que estén abiertas a la participación popular, han de estar regidas por fuertes dimensiones liberales y republicanas.
Porque, ¿qué quiere decir que «el elemento liberal no ha sido eliminado, pero está subordinado»? Elijamos el caso quizá más difícil para contraargumentar, la propiedad social o la regulación de la propiedad por razones de bien público. ¿Se trata de una subordinación del elemento liberal? Difícilmente; en el marco de un régimen democrático, liberal y republicano, conflictos entre acciones o concepciones inspiradas en esas tres distintas orientaciones se plantean constantemente. Nada tiene esto de «subordinación» (aunque a mi entender, la entrevistada tiene razón al observar que en muchas de las democracias europeas la dimensión democrática ha quedado subordinada a la dimensión neoliberal). Lo que sí tiene en cambio mucho de subordinación – y me siento obligado a suponer que Mouffe lo aprueba- es el sometimiento del poder judicial o el remodelamiento de la Constitución con el propósito de que la «soberanía popular» (encarnada en una mayoría y un jefe) se perpetúe en el poder. En suma, a Mouffe parece no preocuparle -o, más bien, aprueba- que el «elemento democrático» subordine al liberal (del republicano nada dice). No se pregunta en qué medida la «rearticulación con predominio de la soberanía popular» erosiona al propio régimen democrático. La entrevistada es muy clara: «…uno no puede decir que países donde existe la posibilidad de la reelección indefinida, como Venezuela, sean menos democráticos que países sin esa posibilidad, como los europeos». Por el contrario, yo creo que la atención al principio liberal del control y la limitación del poder hace directamente a la calidad de la dimensión democrática de un régimen político.
Y esto nos lleva al punto de las opciones políticas de los electores. «Desde mi perspectiva -dice Mouffe en la entrevista-, el criterio para saber si un país es democrático es si a la gente se le da la posibilidad de escoger, si tienen alternativas y no simplemente alternancia entre partidos distintos que, una vez en el poder, no hacen ninguna transformación fundamental.» Mouffe ahora mide la democracia según la actividad electoral de los ciudadanos, algo notoriamente unilateral. Pero asumiendo su criterio, ¿qué puede observarse en los países que ejemplifican las «nuevas democracias»? Que cuando las posibilidades de escoger son reales, esto viene acompañado con una negativa polarización. Esta polarización es celebrada por Mouffe, que es muy crítica en relación con el «consenso al centro» de los países europeos. Y yo creo, en cambio, que cuanto más diversa sea una democracia -es decir, cuanto más equilibradas y en tensión estén sus dimensiones democrática, liberal y republicana-, menos propenso será ese régimen a dar lugar a la polarización que Mouffe desea (el caso brasileño es un buen ejemplo).
Esto quizás ayude a entender por qué gobiernos como el de Cristina Kirchner encuentren tan atractivas las conceptualizaciones como las de Chantal Mouffe (o las de Laclau): sus impulsos crudamente imperativos de todo tipo encuentran allí legitimaciones sofisticadas.
Por fin, Mouffe hace bien en subrayar que «el objetivo de la democracia no es encontrar los procedimientos para poner a todo el mundo de acuerdo, porque eso no es posible, sino encontrar cómo manejar el conflicto». Pero mientras las interacciones en el «modelo» de democracia que ella prefiere tienen lugar en el registro «amigo-enemigo» que ella dice rechazar, es en las democracias republicanas y liberales donde el reconocimiento de la legitimidad del oponente y las interacciones de los sujetos políticos en tanto adversarios, que ella declara preferir, es más probable.
Hay por tanto una patente incongruencia entre su defensa de los «modelos latinoamericanos» y su preferencia normativa.
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