ContactoLa agenda del desarrollo para la próxima década de América Latina
(Esta nota fue publicada originalmente en el excelente sitio Nueva Ciudad.)
Entre los días 29 y 30 de abril pasado tuve el privilegio de asistir a la conferencia “Declining Inequality in Latin America: Are the Good Times Over?” (“Desigualdad en descenso en Latinoamérica: ¿se terminaron las épocas buenas?”) organizada por el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Brown. Gracias a la generosa invitación del CLACS y de su director, Richard Snyder, pude escuchar de primera mano a varios expertos y expertas en economía y política latinoamericana, tales como Ricardo Lagos y Nora Lustig, Rebeca Grynspan, Francisco Ferreira, Marcelo Bergman, Juan Pablo Luna y Victoria Murillo, entre otros. Lo que sigue es un intento de sintetizar de manera, por supuesto no sistemática ni exhaustiva, los consensos que sobrevolaron la conferencia. (La síntesis es mia, cualquier defecto en la información aquí presentada es mi responsabilidad y no de los y las autoras citadas.)
El primer dato, sobre el cual hay un acuerdo casi universal, es que en los últimos quince años América Latina pudo reducir la desigualdad social de una manera para nada despreciable. Esta reducción fue general en toda la región, fue muy positiva y–más importante aún–Latinoamérica pudo reducir las desigualdades económicas y sociales aún en un momento en que las mismas aumentaron en Europa y Estados Unidos. Existe un debate mayor sobre las causas exactas de esta reducción de las desigualdades, pero la mayoría de los expertos/as coinciden en que se combinaron dos factores: un contexto internacional favorable debido al aumento de la demanda de commodities aquí producidas y el ascenso de gobiernos de izquierda democrática que hicieron de la distribución un eje de gobierno (el ascenso de la izquierda causó que los gobiernos de derecha democrática también implementaron políticas distributivas, so pena de perder elecciones.) El menú de políticas distributivas fue muy amplio e incluyó aumentos en transferencias de seguridad social, en servicios educativos, en transferencias condicionadas de ingreso, entre otros. También deben sumarse los “efectos redistributivos” de cambios demográficos y sociales en la región, entre ellos, la reducción drástica de la tasa de natalidad y una igualmente drástica reducción del analfabetismo.
El segundo dato de consenso, sin embargo, es que la época de oro de la distribución terminó y la región va a encontrarse con turbulencias. Por un lado, los commodities han bajado de precio y nada indica que vuelvan alcanzar los picos de demanda de fines de los años dos mil. Por el otro, un efecto no planeado del propio éxito de la consolidación democrática regional y de las mismas políticas distributivas ha sido la multiplicación de las demandas sociales. Esto genera una posible sobrecarga al estado por el casi universal aumento de las demandas de segunda y tercera generación (educación superior, transporte, calidad de vida). Paradójicamente el aumento de demandas igualitarias se superpone a lo que podría llamarse tal vez una “demanda de mantenimiento de la distancia social” (mi término). El ascenso social de poblaciones pobres a posiciones de casi-clase media puede engendrar el temor al descenso social de aquellos grupos que ya están incluidos (como sucedió en Brasil); el riesgo es que desaparezca entonces el apoyo para políticas distributivas.
En conclusión, si se suma un contexto económico internacional más desfavorable a la reducción de los márgenes de maniobra política y fiscal para los estados latinoamericanos aparece un horizonte más turbulento y con mayor riesgo de ajustes fiscales que en la pasada década.
Finalmente, hay que remarcar tres áreas que aparecen, según mi lectura, como muy problemáticas y de las cuales dependerá el futuro de nuestra región:
Primero, como dije antes, cómo se resuelvan las presiones de realizar ajustes fiscales que vendrán sin duda en los próximos años y cómo logren los estados regionales resolver sus necesidades de contar con recursos fiscales para responder a demandas crecientes en un contexto baja demanda de commodities y grandes dificultades de los estados latinoamericanos de recaudar impuestos a la riqueza (como explicaba Tasha Fairfield, autora de un reciente libro sobre las razones políticas de las dificultades de los estados de la región para construir sistemas tributarios progresivos.)
Segundo, las verdaderamente tenebrosas estadísticas actuales sobre el aumento de los delitos violentos en toda la región. Marcelo Bergman de UNTREF presentó (entre otros) datos que no dejan dudas: a pesar (o a causa de, tal vez) de la década de prosperidad vivida los delitos contra la propiedad y la vida están en aumento en todos nuestros países y Latinoamérica es hoy la región con la criminalidad más alta del mundo. Esto representa un desafío que los estados deberán asumir más temprano que tarde–aún cuando no hay consenso sobre las políticas necesarias.
Tercero: la educación. Si bien todos los países latinoamericanos expandieron el acceso a la educación básica y superior y lograron ganancias importantes en cobertura universal y en disminución de analfabetismo, queda mucho para hacer en términos de calidad educativa. Los resultados de las pruebas PISA ponen a América Latina en general por debajo de regiones de PBI equivalentes; pero aún si no se acepta la legitimidad de estos datos, existen otro como egresados del secundario, graduados universitarios o patentes de ciencia y técnica, y estos no son tampoco positivos. (Hay que señalar que Argentina aparece muy mal en relación a su región en deserción secundaria, en relación entre ingresantes y graduados universitarios y en los resultados de aptitud de las PISA en general; estos temas deberían ser sin duda una prioridad absoluta del próximo gobierno.)
En síntesis: los últimos quince años han sido positivos para Latinoamérica y existen muchas razones para estar orgullosos de lo logrado. Pero hay nubarrones en el horizonte, y se requerirá talento, liderazgo y claridad política para sortearlos.
El discurso de Massa, ¿una rara mezcla de Ruckauf y Chacho?
Publicada originalmente aquí.
Sergio Massa es un candidato con un natural y eficaz manejo comunicacional e innegable carisma. Su estilo no es el típico de un candidato que va primero en las encuestas, situación en la cual el 99% de los consultores recomienda hablar poco y decir lo menos posible para no provocar controversias que puedan polarizar a los votantes. Massa es en este punto un cabal representante de los políticos argentinos, una clase llamativamente caracterizada por la locuacidad y, hasta diríamos, la sinceridad. Los políticos y las políticas argentinas en general dicen lo que piensan en grado sorprendente. Cabe un ejemplo: los anuncios del nuevo FAU contando públicamente que en su acto de lanzamiento no habría discursos porque no habían podido consensuar una lista de oradores; lo interesante no es que lo hagan, sino que lo cuenten. A Massa le gustan los anuncios, las publicidades de TV con impacto y en general la presencia en los medios. Dado que cuenta además con la nada despreciable amplificación que le ofrece su cercanía con los medios del grupo Vila-Manzano, existe abundante material mediático para evaluar su estrategia discursiva.
La estrategia discursiva de Massa ha pasado por dos etapas claramente diferenciadas: una que produjo su instalación como candidato viable en 2013 y una segunda que tiene que ver con su necesidad actual de mantener la pole position opositora hasta 2015. No cabe duda de que la estrategia comunicacional para su primera fase fue muy exitosa: después de todo, no es poca cosa que un intendente joven decida lanzarse sin un partido que lo respalde y se catapulte al status de front runner de manera tan rápida.
Esta primera etapa estuvo signada por dos mensajes principales, el “mantener lo bueno y cambiar lo malo” y la metáfora de la “ancha avenida del medio”. Vale decir, esta primera etapa de la instalación de Massa estuvo evidentemente basada en un diagnóstico que se sustentaba en dos elementos: primero, que aunque existe un indudable cansancio luego de diez años de gobierno del kirchnerismo, muchos votantes (probablemente incluso una mayoría) no consideran que todo lo hecho por este Gobierno tenga que ser eliminado de plano y, segundo, que los problemas principales del kirchnerismo tienen relación con su tendencia confrontativa y antagonística mientras que lo que “la gente” y el país piden para este nuevo momento es consenso y debate racional entre los líderes partidarios.
Es decir, y para decirlo apresuradamente, Massa pudo instalarse de manera rápida gracias a que logró ubicarse de manera eficaz en el centro, entre el discurso kirchnerista que reivindica la totalidad de lo actuado en estos años bajo el rótulo de “la década ganada” y un discurso opositor de total y completa descalificación de todo lo hecho por el Gobierno.
Este discurso ha sido abandonado por completo por el massismo. Es más, el punto de quiebre puede incluso señalarse con cierta precisión: se trató probablemente del momento en que el candidato decidió realizar su llamativo spot en el cual decía, mirando a cámara, sacándose el saco y arremangándose la camisa, “si quieren pelear, vamos a pelear”. Este spot marcó el abandono de la “ancha avenida del medio” y la asunción de un discurso ya fuertemente opositor.
A partir de ese momento Sergio Massa entró en una pelea no sólo con el Gobierno sino antes que nada con las otras dos fuerzas de la oposición: el macrismo y el FAU. Esto es esperable y es una determinación estructural dada la estructuración del campo político argentino con una oposición dividida (por ahora) en tres. Lo interesante son los temas que Massa ha planteado hasta ahora en esta nueva fase signada por la pelea por diferenciarse a dos bandas (con el Gobierno y con los demás opositores).
Hasta ahora, Massa presentó dos temas de alto impacto: el rechazo total y absoluto a la reforma del Código Penal y, más recientemente, un pedido de reforma de las reglas que rigen la elección de los gobiernos locales que prohíba las reelecciones indefinidas de intendentes. Es decir, puede decirse que la agenda opositora de Massa hasta ahora puede sintetizarse en seguridad más “antipejotismo” institucionalista.
Esta combinación es sorprendente. Por un lado, porque combina en un mismo menú dos agendas que históricamente han resultado opuestas: la agenda de la seguridad nos remite a algunos políticos identificados más bien con cierta derecha peronista o neopopulista, como Carlos Ruckauf, y más recientemente Juan Carlos Blumberg o Francisco De Narváez. La segunda agenda fue encabezada por años por sectores de las fuerzas de centroizquierda más bien urbanas encarnados en Chacho Alvarez y su Frepaso, primero, y Martín Sabbatella más recientemente. Esta combinación, que podría sintetizarse como “Ruckauf más Chacho” es ciertamente original. Tiene mucha capacidad de lograr impacto en los medios y la opinión pública que apunta a sectores urbanos.
Es sorprendente, sin embargo, por dos razones. La primera es que hasta ahora el massismo no ha entregado ninguna definición de política económica cuando la economía es un tema central para el presente y el futuro del país. Los problemas económicos de este momento histórico son evidentes; también lo es que un futuro gobierno tendrá que tomar decisiones difíciles de asignación de recursos. ¿Piensa el massismo que la política económica de este Gobierno tiene aún un apoyo amplio y por lo tanto resulta mejor no hablar de ella? ¿No tienen aún una agenda propia? ¿La tiene y estima que será impopular? No lo sabemos.
La segunda cuestión es que este nuevo discurso “antipejotista” va en contra de una de las supuestas mayores fortalezas del massismo, a saber su pertenencia panperonista y su capacidad de articular políticamente con los actores territoriales y sindicales del peronismo en igualdad de condiciones. ¿Asumirá el massismo un discurso más cercano al republicanismo del FAU a costo de alienar a sus propios “barones del conurbano”? ¿Renuncia Massa a disputar dentro del peronismo orgánico, o estima que si mide en las encuestas los líderes territoriales peronistas se verán forzados a encolumnarse detrás de él diga lo que dijere? (Esta estrategia nos remite a los momentos de ascendencia tanto de Carlos Menem como de Néstor Kirchner). ¿O se trata de un gesto puramente “de campaña”, a ser abandonado más adelante y explicado a los aliados en conversaciones fuera de cámara? Tampoco, por ahora, lo sabemos.
Es probable que la campaña de Massa razone que la estrategia de instalar un discurso de mano dura lo acerque a los sectores populares (las encuestas muestran que la preocupación por la inseguridad es muy fuerte entre ellos), mientras que el discurso contra “la política de los barones” lo acerque a las clases medias. De ser así, sería sin duda una coalición novedosa.
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¿Quién y cómo podrá reunirnos?
Bastante y muy bueno se ha escrito en estos días sobre los acuartelamientos policiales en Córdoba y en otras provincias; por ejemplo, el antropólogo Pablo Semán en su blog, este post de un bloguero cordobés o esta entrevista a Tomás Méndez, el periodista cordobés que develó los vínculos entre la política provincial y el narcotráfico.
Cada uno de los casos provinciales tienen características únicas, aunque varios factores se repiten: la falta de sindicalización de las policías, el hecho de que en algunos casos el detonante fue provisto por investigaciones que revelaron profundas colusiones entre las cúpulas policiales y el narcotráfico, la violencia (para muchos sorprendente) tanto de los saqueos como de los mecanismos de protección que utilizaron los vecinos.
No agregaré a la discusión de estos factores. Me gustaría dirigir la mirada en otra dirección, a un tema estructural que subyace a estos tristes eventos.
Los hechos gravísimos de los cuáles hemos sido testigos en estos últimos días no refieren sólo a una crisis de la institución policial o la penetración del narcotráfico. Tampoco son solamente emergentes de situaciones de pobreza; después de todo, un patrón que se advierte es que el par sublevación policial/saqueo ocurrió primero en ciudades relativamente “ricas” como Córdoba Capital, Rosario, San Juan o Catamarca.
Estos eventos nos hablan también de hasta qué punto habitamos ahora ciudades y provincias en las cuales no existen más ámbitos para la presencia compartida de distintos grupos y clases sociales. Vivimos, tristemente, en un país en donde los iguales se encuentran sólo con los iguales, y en donde el otro es una figura puramente imaginaria, alguien que sólo puede dar miedo.
En otro momento, la Argentina supo tener cuatro fundamentales instituciones policlasistas: la escuela pública, el hospital público, la conscripción obligatoria y el centro de la ciudad. En la escuela pública y el hospital era posible que convivieran al menos por un momento los hijos del gobernador con los del policía; en la colimba los muchachos del Norte podían conocer Las Lajas en Neuquén o viceversa, y en el centro de la ciudad coincidían el domingo a la tarde la alta sociedad que salía de Misa en la Catedral con las familias que iban a tomar un helado con lo que habían ahorrado en la semana. Si a esto le sumamos el efecto integrador de algunos consumos compartidos entre las clases sociales, sobre todo el fútbol, vemos que existían al menos algunas instancias en donde podían coincidir, al menos por un momento, personas que nunca se encontrarían de otra manera. Que estos encuentros se dieran en instituciones y espacios públicos era central: se trataba de lugares que no pertenecían a nadie, y en donde (al menos idealmente) todos tenían derecho a estar.
Por supuesto, no hay que abusar de la nostalgia. El multiclasismo argentino nunca fue total, ni mucho menos. Es bien sabido que la madres hacían cola toda la noche para que sus hijos fueran a las escuelas “del centro” donde iba la elite, y que los hijos de clase media tenían a su disposición todo tipo de certificados médicos para evitar hacer la conscripción; la colimba, además, se vació progresivamente de todo sentido democrático hasta transformarse en una institución puramente represiva. Sin embargo, esas instituciones, con todas sus fallas, cumplían un rol: definían una serie de espacios que, al menos ideal o fugazmente, invitaban al encuentro con lo distinto y obligaban a quienes estaban dentro de ellos a aprender un difícil arte democrático: el respeto, aun la comprensión, de la alteridad.
Ninguna de esos espacios en donde se daba una cierta experiencia de la alteridad existe más. La conscripción fue eliminada (por excelentes razones, aclaro) por el gobierno de Carlos Menem. La escuela pública primaria y secundaria ha sido repudiada (también, con entendibles causas) por todas aquellas familias que puedan pagar una escuela privada, aun las más humildes, y el hospital público lo mismo. La multiplicación de countries y barrios cerrados en las capitales del interior genera un nuevo tipo de ciudad, “sin centro”, en donde la vida transcurre, por un lado, en espacios delimitados (el country, la escuela privada, el shopping) y, por el otro, en barrios segregados, ubicados cada vez más lejos del centro.
Sin embargo, ninguna comunidad política puede existir sin espacios comunes; ninguna comunidad puede ser sólo la agregación de grupos diversos que viven sin encontrarse. La nueva ciudad, la nueva escuela, la nueva salud: instituciones cuya existencia se predica en el valor social de la identidad con uno mismo: lo igual a mí me tranquiliza; lo distinto a mí me causa pánico. El peligro es que, de ser así, el otro pasa a ser sólo un imagen fantasmática, sin existencia real, alguien que es siempre y sólo amenazante. O, peor, aún, el único encuentro entre las clases se da en ocasión de la violencia: o el delito,o la represión. Así, se fortalecen los fantasmas: todos los pobres vienen a robarnos, el Estado sólo existe para reprimirnos.
La escuela pública, el hospital, el centro: estas tres instituciones no existen más. Tal vez no puedan recuperarse; de ser así, es urgente inventar nuevas. Tal vez la pregunta más central de la época es ¿quién podrá reunirnos? ¿Dónde nos encontraremos para refundar las cosas que no son de nadie porque son de todos? ¿Quién inventará los nuevos mitos de la época, para explicarnos, una vez más, que somos todos hermanos?
(Publicado en Infobae el 9 de diciembre pasado.)
Redes sociales y cambio político en latinoamerica y el medio oriente
El Centro de Estudios Latinoamericanos y el Centro Watson de Estudios Internacionales de la Universidad de Brown presentan hoy esta conferencia interdisciplinaria redes sociales, medios de comunicación y democracia en Latinoamérica y Medio Oriente. Ambos centros han ofrecido la posibilidad de difundir la conferencia on-line y en simultáneo.
Webcast en vivo
Agenda: (en inglés)
10:45 hora EEUU: Panel “Media and Democracy in Latin America Today”.
The panel will include recent Brown University alumni Alexandra Ulmer (’11) and Taylor Barnes (’09), who are working as journalists in Chile and Brazil, respectively, as well as journalist Claudia López of Colombia. The focus of this panel will be political change and social media from the perspective of practitioners. Moderator: María Esperanza Casullo, Cogut Visiting Professor of Latin American and Caribbean Studies, Brown University-UNRN.
2:30 hora EEUU: Panel “Social Media and Political Change in the Middle East: Comparative Reflections”
Finally, the discussion will expand to include countries from other regions, specifically Turkey and Egypt, with a panel chaired by Director of Middle Eastern Studies Beshara Doumani. The panelists will be Nukhet Sandal (Ohio University), who will speak about the current situation in Turkey and Genaro Arriagada, Sherine Hamdy (Watson Institute) and photographer Genevieve Hathaway, who will discuss the situation in Egypt.
A live webcast of the conference is available here: http://bit.ly/15U2tjB
Las claves del apagón
El lunes, el gobierno federal (o sea, nacional) de Estados Unidos entró en shutdown en el primer minuto del 1 de octubre pasado. Todas las oficinas federales denominadas “no prioritarias” cerraron, entre ellas los museos del Smithsonian, todos los parques nacionales, la oficina que monitorea epidemias y la NASA. No se emiten más pasaportes ni visas. El Instituto Nacional de la Salud anunció que no podría ingresar para tratamientos experimentales a 30 pacientes con cáncer, muchos de ellos niños. A ochocientos mil empleados federales se les informó que debían quedarse en sus casas hasta nuevo aviso; estos días no serán pagados, salvo que el Congreso luego apruebe una resolución en contrario. Algunos servicios del gobierno que son juzgados como esenciales (las fuerzas armadas, las prisiones y el control de las fronteras) continúan funcionando, aunque sus empleados deben concurrir a trabajar sin paga.
¿Por qué y como sucedió esto? Las claves del asunto dos: el sistema del gobierno dividido y los cambios al interior del partido republicano.
En Estados Unidos el presidente no tiene mayoría automática en el Congreso y, de hecho, es muy común que deba gobernar con un Congreso adverso. En este caso, el partido demócrata tiene mayoría en el Senado pero los Republicanos tienen mayoría en la Cámara de Representantes. La oposición en el Congreso no puede, por sí, pasar leyes, pero puede entorpecer de muchas maneras la gestión del poder ejecutivo.
El Congreso debe aprobar el presupuesto anualmente, y debe autorizar los gastos del Poder Ejecutivo al inicio del año fiscal (que en EEUU es el 1 de octubre.) A diferencia de Argentina, en donde si el Congreso no aprueba un presupuesto se mantiene el del año anterior, en Estados Unidos si el Congreso no aprueba un presupuesto ni autoriza a devengar los gastos el Poder Ejecutivo no puede gastar ni un peso, aunque se trate, como en este caso, de items presupuestarios sobre los cuales no hay desacuerdos. Es decir, la fracción de Partido Republicano que forzó el shutdown no está en desacuerdo con el presupuesto, sino que se trata, en realidad, de otra cosa. Tampoco se trata de que el país no tenga los recursos para gastar, o que haya una crisis económica–antes bien, el déficit está bajando.
Si el Congreso no aprueba los gastos presupuestarios, el Poder Ejectivo no recibe los fondos para cubrir sus gastos, por lo tanto, el gobierno cierra. Baja la persiana, suspende hasta nuevo aviso a sus empleados, no paga a sus proveedores (exagerando un poco.) Por supuesto, esto es inusitado, y durante décadas era casi impensable pensar que el Congreso desfinanciaría al ejecutivo de un día para el otro, salvo en una crisis nacional.
Lo cual nos lleva a las dinámicas políticas que causaron la cuestión. Lo primero que hay que resaltar es que el shutdown no es una negociación, y no se trata de que haya “dos lados en desacuerdo” o que los demócratas no quieran negociar. Se trata de los republicanos utilizando un resorte de poder institucional (la capacidad de un grupo dentro de una sola de las cámaras para desfinanciar al estado) para lograr rechazar una ley que no les gusta, pero que no cuentan con votos suficientes para anularla por métodos institucionales corrientes.
La ley de expansión de la cobertura de salud que muchos llaman “Obamacare” fue aprobada por el Congreso en 2009, hace cuatro años, siguiendo todos los caminos institucionales. Luego, su constitucionalidad fue desafiada ante la Corte Suprema (que tiene mayoría republicana), quien la declaró constitucional. Luego, el electorado reeligió cómodamente a Obama en 2012, y rechazó al candidato republicano que prometía eliminarla. Hoy, el bloque más radicalizado de los republicanos en el Congreso pide que Obama anule la ley, que la desfinancie (es decir, que el Congreso no le asigne ningún presupuesto, matándola de facto) o, en la última versión, que su implementación se suspenda un año. Estamos hablando de una ley que, repetimos, ya lleva cuatro años aprobada, que significa un gran negocio para las compañías privadas de salud (en EEUU no hay sistema de salud pública ni hospitales que no sean privados) y que ha sido declarada constitucional por la Corte Suprema.
Lo cual nos lleva al último punto. Este no es un conflicto entre republicanos y demócratas, sino al interior del partido republicano. El bloque del Tea Party en la Cámara de Representantes se compone de alrededor de 30 diputados que vienen de distritos que los republicanos dibujaron a su medida (“gerrymandered”), que ganaron esos distritos por amplia mayoría y que saben que sus cargos están seguros porque en sus distritos nadie los va a correr por izquierda (muchos provienen de condados de población rural, de mayor edad y más homogéneamente blanca). No tienen lazos con los republicanos del establishment y se comunican con sus votantes casi exclusivamente por canales como Fox News y la talk radio de Rush Limbaugh, sin requerir de la ayuda de los líderes y las burocracias partidarias. Muchos de ellos además están financiados directamente por las fundaciones de millonarios randianos como los hermanos Koch, asi que tampoco necesitan que sus líderes partidarios los ayuden a recaudar fondos.
Este bloque es más ideológicamente puro, menos acostumbrado a las normas informales de convivencia en el Congreso y no teme sufrir represalias de “accountability vertical”, o sea, ser rechazados por sus votantes (que son tan radicales como ellos). Destestan además a Barack Obama, que representa todo aquello que ellos temen y rechazan: lo multicultural, lo racial, la elite intelectual de las universidades del Este. Entienden que no tienen incentivos para la cooperación institucional , y que una estrategia de “crash and burn” les dará más poder institucional dentro de su partido, aunque todos los demás sufran.
Resulta llamativo la falta de protestas contra el shutdown, sobre todo por parte de los trabajadores afectados, y por parte de las personas que no pueden acceder a los servicios necesarios. Por el momento, sin embargo, Obama y los líderes demócratas del Congreso han demostrado que no van a entregar concesiones, abandonando así la estrategia consensualista que utilizaron en 2010 y 2011. La opinión pública también está en contra del shutdown, con lo cual todo indicaría que no debería durar mucho y que debería resultar una derrota para los republicanos. Pero resulta dificil saber el resultado de antemano, despues de todo, desde hace treinta años los republicanos, aunque piderdan, van ganando terreno lentamente, naturalizando posiciones y tácticas políticas, como éste shutdown, que habrían sido declaradas impensables en otro momento.
Empate técnico
Nota escrita con Martín Rodríguez.
Nuestra experiencia generacional (sub-40) nos explica que el peronismo garantiza representación política en todo tiempo y espacio. Ergo, es más un subsistema político que un partido o movimiento. De manera que aventurar escenarios políticos conlleva esa dificultad: son más intensos los extremos reales que se tensionan dentro del peronismo que la relación entre el peronismo y el antiperonismo. O, para decirlo de otra manera, el subsistema peronista tiene en sí su clausura, y las diferencias binarias de derechaizquierda o centralistafederal se producen en su interior y no con el afuera.
La oposición al peronismo, sin embargo, no tienen este carácter de subsistema: sus partes (llamémosle partidos, liderazgos o espacios) no parecen articularse entre sí en relación los unos con los otros sino que todos ellos se organizan en función de su posicionamiento y su distancia del kirchnerismo. El cierre de inscripción de alianzas volvió a confirmar estas posiciones relativas, que mayormente se entienden en su relación con el subsistema peronista. El campo opositor, finalmente, no tiene clausura en sí, en relación a un centro propio, ya sea programático o personalista. Es centrífugo, no centrípeto.
En principio, y a pesar de este análisis, la realidad parece indicar que se vive políticamente un empate técnico entre el oficialismo duro y disciplinado pero al que no le salen apuestas políticas virtuosas y una oposición que hasta ahora no pudo ofrecer algo a la altura épica del antikirchnerismo intenso. Las movilizaciones urbanas de los últimos meses demostraron una energía social fuerte de rechazo al Gobierno tanto como una impotencia política a la hora de su canalización. Siquiera construyeron un liderazgo televisivo o virtual, más que la sombra de las redes y de algunas articulaciones políticas puntuales. Se trata, también, de una realidad política trabada e incapaz de producir una perspectiva entre un oficialismo sin recambio y una oposición sin líder.
Entonces, tenemos un escenario de empate entre un subsistema que parece haber perdido cierta energía, que vuelve a sentir el golpe trágico de sus déficit políticos (con el choque de trenes en Castelar) pero conserva cohesión, y un campo, más desarticulado, que fue energizado por los cacerolazos recientes más el boom del periodismo de denuncia pero aún sin estructura definida. Hoy por hoy, este empate entre organización y energía parece sólido.
A FUTURO
¿Cómo podría quebrarse? En principio, de dos maneras.
La primera sería la vía institucional, es decir, que las fuerzas opositoras pudieran ponerse de acuerdo en un conjunto de reglas de competencia interna que le permitieran llegar a una oferta electoral legitimada por todas. Este fue el camino elegido por la UCR, la CC y el FAP en la ciudad de Buenos Aires; todas estas fuerzas participarán de las PASO. De alguna manera, resulta paradójico que esta salida “virtuosa” , procedimental y programática a la centrifugación perpetua de la oposición sea resultado de una ley de primarias que inventó el Gobierno, que no fue resultado de una demanda de ningún partido, y que pasó el Congreso con votos mayoritariamente oficialistas, frente a las críticas de algunos sectores que hoy se aprestan a usarla. Si se consolidara, de aquí a 2015, el liderazgo de la figura nacida de estas PASO del progresismo, estaríamos en condiciones de afirmar que fueron las reglas y no los hombres los que permitieron este salto de unidad.
La segunda vía sería la emergencia de un liderazgo. Un liderazgo personal fuerte ayudaría a cambiar esta dinámica: estableciendo un punto de referencia al interior del mundo opositor.
Hay dos nombres en ese sentido que sobresalen y que paradójicamente provienen de las filas oficialistas: Scioli y Massa, dos figuras bonaerenses, de ADN similar y “naturalmente peronistas” . Tan naturalmente peronistas como lo fueron los Kirchner, y sin embargo, tan diametralmente distintos; el suyo es un peronismo sin culpas generacionales, posnoventista, armado sobre la metáfora del teflón más que la de la resistencia. Dos nativos del poder que sobrellevaron las caídas y las ilusiones kirchneristas ofreciendo sus propios capitales electorales sin haber sido adherentes eufóricos, y priorizando siempre sus propios juegos. Con un ideal imposible: se puede representar a todos. La biología indica que es la hora de esa generación. Massa, sobre todo, demostró tener algo que no tuvo ni tendrá Macri: el reflejo peronista que lleva, en momentos clave, a mirar a los aliados a los ojos y decir “acá se hace esto porque yo lo digo” . De buenas a primeras, Massa se tiró a la pileta con una lista en la que confluyen tirios y troyanos (una periodista de Clarín con un público ¿cautivo? de cinco millones de jubilados junto a un industrial abanderado del proteccionismo, peronistas territoriales y algún sindicalista, más Fabián Gianola), y sin demasiadas consignas, salvo una: la unidad y la paz. Más que las formas desgastadas del antikirchnerismo, parece adelantar las claves de un poskirchnerismo. El candidato, por estas horas muy laudado por La Nación y Clarín, considera hacer pie en la idea de que “no somos un país dividido” , con una idea de gobernabilidad por afuera del escenario de disputa política. Massa, al menos, supone la hipótesis real de esta segunda opción.
¿Qué pasa si en octubre todos ganan? ¿Si el FpV gana a nivel nacional, el PRO gana en la Capital, UNEN sale segundo en la CABA y Massa gana en provincia de Buenos Aires? ¿Es posible un escenario en donde la calle se crispa más y más mientras la política se tranquiliza más y más? ¿O será entonces que “las cacerolas” , esperanzadas con una transición expresada en las urnas, se tranquilizarán? Se dice en estos días que el peronismo siempre guarda la carta de sus desempates. Por ahora, las posibilidades de esa tercera vía descansan en las figuras de Massa o Scioli, que hasta ayer se mostraban cautos y anclados al cálculo matemático de sus jugadas. Massa decidió dar el salto, Scioli parece acomodarse a capitalizar los frutos de su lealtad en extremo. Por ahora son la única opción que amenaza romper el empate de la política de acá a 2015.
Publicada originalmente acá.
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10 años de giro a la izquierda en América Latina
(Columna publicada en Revista El Estadista.)
Con el décimo aniversario de la asunción al mando de Néstor Kirchner se cierra una década de grandes cambios para la política nacional. Pero el 25 de mayo de 2003 es también una fecha relevante para marcar el inicio del llamado “giro a la izquierda” de Sudamérica. Sin duda, el Gobierno de Néstor Kirchner reforzó una deriva que había comenzado con la victoria de Hugo Chávez y, luego, Lula da Silva.
Dos años después de la asunción de Néstor Kirchner, este giro a la izquierda se demostró en la histórica “IV Cumbre de la Américas” en Mar del Plata. Luego, con las victorias de Evo Morales, Rafael Correa y Fernando Lugo, el 75% de la población de Sudamérica llegaría a vivir bajo gobiernos de centroizquierda.
La destitución de Lugo y la muerte de Chávez marcan que la marea está un poco más baja. Pero el Frente Amplio está sólido en Uruguay, el PT tiene buenas perspectivas de conservar el Gobierno en Brasil y es casi seguro que Michelle Bachelet recuperará la presidencia de Chile luego del mediocre gobierno de Sebastián Piñera. Así que, aunque la dominancia de la centroizquierda en la región no vuelva a ser tal, tampoco se dan signos de un giro a la derecha. ¿Qué conclusiones pueden sacarse de esta década excepcional? ¿Qué podemos esperar hacia el futuro? ¿Dejará en pie nuevas y durables instituciones este giro a la izquierda o se tratará de un puro desvío artificial de un curso histórico fijado en otro dirección?
Existen dos paradigmas centrales para responder esta pregunta. El primero puede ser llamado el paradigma liberal-democrático. Para algunos observadores, el futuro de la democratización de América Latina depende de hasta qué punto la sociedad civil y el Estado puedan relacionarse efectivamente según patrones institucionales inclusivos. Así, el desarrollo de esfuerzos asociacionales voluntarios, de capital social y de organizaciones no gubernamentales podría proveer de instrumentos más efectivos para el control de las agencias estatales y de los partidos políticos, de tal manera de asegurar gobiernos más eficientes, transparentes y participativos.
El segundo paradigma podría llamarse el radicaldemocrático. Para éste, la consecución de un régimen político más igualitario e inclusivo requiere de mayor espacio para la participación de aquellos movimientos sociales que han sido más críticos de las políticas neoliberales, como los de campesinos, de desempleados y/o de trabajadores.
Lo interesante, desde un punto de vista analítico, es que ambas visiones normativas se construyen, en gran medida, en oposición a lo que se considera que es el estado actual de las relaciones entre Estado y sociedad civil en Latinoamérica. Con muy pocas excepciones (las llamadas “izquierdas moderadas” de Chile y Uruguay y, con mayores matices, Brasil), se considera que los Estados latinoamericanos no llegan a construir relaciones auténticamente democráticas (liberales ni radicales) con sus respectivas sociedades, dado que caen en la tercera y más inauténtica opción: la ‘populista’. El populismo estaría caracterizado por la cooptación de la sociedad civil (entendida como las ONG y los movimientos sociales) por parte del Estado a través del mantenimiento intencionado de niveles de alta desigualdad social y del uso de redes clientelares.
Es decir, ambas señalan que, en realidad y con las excepciones de Uruguay y (probablemente) Brasil, el giro a la izquierda de Sudamérica encubre un tercer paradigma, llamado ‘populista’, y coinciden en sus fallas. En él, los gobiernos populistas de izquierda se acercan hacia las organizaciones de la sociedad civil con la intención de manipularlas, disminuir su autonomía y, eventualmente, subsumirlas o cooptarlas.
¿Cuál será el sentido histórico último de Jorge Rafael Videla?
Ha muerto Jorge Rafael Videla, primer presidente de facto de la Junta Militar que realizó el último golpe de estado en nuestro país, cruzado anticomunista, católico de misa diaria, preso condenado por genocidio, asesinato, torturas y secuestro de bebés. Murió en prisión, en una cárcel común, con varias condenas en su haber y otras que seguramente iban a venir.
La pregunta que aparece hoy no es quién fue o qué hizo Jorge Rafael Videla, sino cuál será su sentido histórico, el veredicto final que el “ángel de la historia” de Walter Benjamin, citado por Hannah Arendt, (que siempre vuela mirando hacia atrás, hacia lo que ya pasó) sacará sobre su figura.
Digo que las preguntas sobre quién fue y qué hizo Videla no son hoy tan relevantes porque las mismas fueron ya contestadas. Fueron contestadas, entre otros, por los organismos de derechos humanos que comenzaron a militar en 1977 y 1978 contra la política de terrorismo de estado del gobierno de facto encabezado por Videla; fueron contestadas por el fiscal Julio Strassera en el alegato final del Juicio a las Juntas; fueron contestas por los considerandos de los tribunales, cada vez que le leyeron las últimas condenas que le fueron impuestas en estos últimos años. Fueron contestadas por él mismo, cuando dijo “no están ni vivos, ni muertos, están desaparecidos“.
Videla fue autor del delito de genocidio, culpable de crímenes contra la humanidad, y uno de los responsables últimos de un plan sistemático para el asesinato, la tortura, la desaparición de personas y el robo de bebés. Eso lo sabemos, porque lo dijo, no una sino varias veces, la justicia de nuestro país.
Lo que importa hoy, en todo caso, es saber qué sentido le daremos nosotros, nuestra comunidad, a esta figura. ¿Será su figura un símbolo de una época que fue infausta pero ya se terminó, un carácter de un libro hay que cerrar para siempre? ¿Será para siempre la línea que demarca un “país de los que quieren a Videla, y uno de los que no lo quieren? ¿Será su recuerdo motivo de amargura al recordar que él, como todos los miembros de su gobierno, se rehúsan hasta el momento mismo de su muerte a entregar la información sobre los hijos de desaparecidos secuestrados?
Tal vez sea todo esto a la vez. (Aunque, a fuer de ser sinceros, “el país de los que quieren a Videla” no parece estar demasiado poblado.) Pero, tal vez, sea algo más. Tal vez su recuerdo sea motivo de orgullo. Porque nosotros, Argentina, toda esta sociedad -los organismos de derechos humanos, pero también un montón de personas que, sin militar nunca, tal vez sin ir a una sola marcha, simplemente cumplieron con el mandato ético de no olvidar- construyó y sostiene el estado de derecho que permitió juzgar y condenar a Videla y eviarlo a la cárcel. Porque esta sociedad no indultó nunca a Videla, ni lo perdonó, ni siquiera cuando le decían que debía hacerlo. Porque esta sociedad nunca quiso, ni permitió, que nadie demandara una retribución de Videla que se excediera de lo que establece la ley. Porque esta sociedad construyó y construye un país que, sin ser perfecto, es mucho mejor del que Videla soñó y quiso construir.
Hannah Arendt le dice a Eichmann en el final de su libro Eichmann en Jerusalén, que su primer y peor crimen fue haber pretendido “negarse a compartir el mundo con los otros”, y que por esto merece su castigo. Videla también quiso (y casi pudo) construir un país que no fuera compartido más que con los que eran como él, y por eso también mereció su castigo. Por eso mismo, porque la mayoría de la sociedad argentina tomó la decisión de que no quería el país al que Videla aspiraba, hoy éste mundo es mayor, más ancho, más poblado, más colorido y más diverso; y esa, después de todo, es nuestra victoria.
Publicada aquí.
Más que nunca, más y mejor Estado
(Columna originalmente publicada en El Estadista.)
La devastadora inundación que sufrió la zona de La Plata, el sur del conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires nos pone (otra vez) frente a frente con la evidencia de que en nuestro país, y a pesar de la recuperación de la autoridad estatal que se dio desde 2003 a la fecha, continúa teniendo un Estado mucho menor y mucho más débil del que se necesita.
Hay que enfatizarlo: el mayor obstáculo para un desarrollo continuado de nuestro país y para la mejoría de la calidad de vida de su población es el déficit de su desarrollo estatal, y no los problemas del sistema político. Hay que remarcar esto último porque muchos análisis de la coyuntura enfatizan los problemas de “la política” o la baja calidad de “los políticos” como la causa de nuestras dificultades.
Pero hoy, y a diferencia de otros momentos de nuestra Historia, el sistema político funciona razonablemente bien. No vivimos bajo una dictadura, las elecciones son aceptablemente limpias y libres, no existen partidos proscriptos y se ha dado la alternancia partidariaen el poder en todos los niveles de gobierno. La Corte Suprema y la Justicia son razonablemente independientes del poder de turno (por lo menos comparadas a lo que sucedía durante el menemismo), el Congreso funciona y en él se han discutido las principales leyes del período, y durante los últimos años el número de decretos de necesidad y urgencia se ha reducido.
Por supuesto, quedan muchos problemas que pertenecen al campo de la llamada “calidad de la democracia”, y la política argentina es hoy (como ayer) turbulenta, pero grosso modo podríamos decir que el sistema político funciona como una poliarquía,por lo menos, adecuada. Aun aquellos analistas que sostienen que la política argentina es completamente disfuncional o que “vamos camino a una dictadura” deben recurrir a conceptos difusos como el clientelismo o “la debilidad de las instituciones” , en abstracto, para explicar qué es lo que está mal en el sistema. Muchas mejoras son posibles y necesarias, pero no resulta evidente que el sistema deba ser refundado de raíz. Lo que no funciona de manera adecuada es el Estado y debe ser, sin duda, sujeto de una reflexión radical.
Por otra parte, esta debilidad es mucho más fácil de identificar y cuantificar que la debilidad del sistema político. El Estado, por una parte, debe ser más grande. Se pueden resaltar dos indicadores: por una parte, que el gasto público total, en relación a su PIB, sigue siendo más bajo que el promedio de las naciones industrializadas (en el 2011 era del 24% del PIB, (Update: según me acota Ana C. para el MECON fue del 43% en 2009). mientras que en Dinamarca alcanzó al 52% de acuerdo al Index of Economic Freedom del mismo año). Asimismo, la recaudación impositiva total con respecto al PIB, aunque ha crecido en los últimos años hasta llegar a un máximo histórico del 33% (la Argentina es hoy el país con la recaudación más alta del subcontinente en relación a su PIB), sigue siendo más baja que la de las naciones desarrolladas (Dinamarca, por caso, recauda el 48% de su PIB, según la OCDE).
Para mencionar sólo algunos problemas más cualitativos, la estructura administrativa del Estado Nacional está completamente fragmentada, y en ella conviven al menos tres tipos distintos de relaciones laborales (planta permanente, planta transitoria y contratos precarios), y la situación no es mejor en los estados provinciales o locales. Los sistemas de salud y educación existen como una “opción para los pobres” , aun cuando el Estado Nacional y, sobre todo, los provinciales, financian directa o indirectamente a los prestadores privados de salud. El sistema federal argentino vuelve prácticamente imposible ejecutar de manera integrada cualquier política pública que requiera alguna medida de coordinación multinivel, y refuerza, en lugar de morigerar, las asimetrías entre las provincias ricas y las provincias pobres.
En ningún caso ha sido más evidente la falta de capacidades estatales que en la prevención y la respuesta a las inundaciones recientes. Ha quedado claro que la Argentina no cuenta aún con un sistema centralizado de manejo de emergencias. No parecen existir protocolos de coordinación entre jurisdicciones ni planes de contingencia que establezcan con claridad quién debe ser considerado first responder y asignen recursos adecuados en caso de una amenaza sistémica.
Por supuesto, la acción solidaria de la sociedad civil y la militancia política, aunque admirables, por su misma naturaleza voluntaria no pueden ni deben reemplazar la organización estatal sistemática, estable y profesionalizada.
Sin embargo, la causa de esta falta de un sistema de emergencia nacional que funcione efectivamente no parece haber sido una falta simplemente política, porque tal sistema fue creado por decreto por Carlos Menem en 1999, fue refrendado por el gobierno de la Alianza, y existe ahora como un programa del Ministerio del Interior: Sistema Federal de Emergencias (SIFEM). Durante ninguno de los tres gobiernos, sin embargo, el SIFEM alcanzó un grado de operatividad como el que necesitaría.
¿Por qué se evaporan las políticas públicas entre su concepción política y su implementación? ¿Es un tema de recursos, de falta de personal capacitado o de voluntad de gestión? El problema a discutir en este momento es cómo crear más y mejor Estado: cómo diseñarlo, cómo financiarlo y cómo sostenerlo.
El sociólogo del desarrollo Peter Evans, en su texto clásico “El Estado como problema y como solución”, decía: sabemos que hay países con Estados grandes que, sin embargo, no se han desarrollado y sabemos, también, que haypaísescon Estados pequeños que no se han desarrollado; sin embargo, no conocemos un sólo caso de un país que se haya desarrollado con un Estado mínimo.
La realidad y los conceptos en América Latina
La región está cambiando aceleradamente, y no se la debe enfrentar con categorías antiguas e ineficaces.
Las ciencias sociales buscan subsumir la multiplicidad de eventos en una serie limitada de categorías de un grado mayor de abstracción. Las categorías conceptuales funcionan como cajas contenedoras, en los que se dejan caer los “casos” en una u otra, según ciertas características que los asemejan entre sí o los diferencian de otros. La función de la teoría política es, o debería ser, definir y crear estas cajas con rigurosidad. Por supuesto, los conceptos implican un esfuerzo de estilización y reducción, y lo que se gana en generalidad se pierde en riqueza y densidad del detalle. La creación de mapas conceptuales conlleva la pérdida del territorio.
Sin embargo, sin creación de conceptos es casi imposible comparar, es decir, avanzar hacia un conocimiento de lo social más generalizable. De esta manera funciona también la ciencia política. Sin embargo, hay algunas cuestiones específicas a la historia de su acervo conceptual. A riesgo de simplificar excesivamente, puede decirse que la ciencia política latinoamericanista se ha caracterizado por un afán de mantener el número de “cajas” reducido, es decir, utilizar una cantidad pequeña de conceptos para explicar un número muy grande de casos.
Estos conceptos se han organizado, además, normativamente. Así, la ciencia política de y sobre la región ha tendido a organizar sus conceptos sobre un eje normativo binario, con una caja “buena” de un lado y una caja “mala” del otro. Los casos, debían ser clasificables de manera neta: o caían dentro de una caja o dentro de la otra. Durante las primeras tres cuartas partes del Siglo XX, la dicotomía conceptual de base era clara: la disciplina compartía, a grandes rasgos, la aceptación del par conceptual autoritarismo/democracia.
Hasta años recientes, al estudiar los procesos políticos en un país latinoamericano, la mente del analista en la gran mayoría de los casos ya tenía una pregunta prefigurada: “¿Es un caso de autoritarismo o un caso de democracia?”. A esta pregunta madre le seguían otras: “Si es un caso de autoritarismo, ¿cómo podría y cuán lejos está de volverse democrático?”; “¿de qué tipo de autoritarismo se trata?” o “¿cuáles son los actores potencialmente aliados de la democracia que existen?”.
No es que este binarismo conceptual fuera errado, ya que la oscilación entre democracia y autoritarismo fue el principal tema político de la región durante la primeras tres cuartas partes del siglo pasado. Nadie podría reprocharle a la ciencia política el comprometerse teórica y políticamente con el avance de la democracia en la región. Sin embargo, la cuestión se ha complicado desde la década del ‘80 hasta la fecha. Las naciones que atravesaron transiciones a la democracia han logrado, hasta ahora, escapar a las por entonces tan temidas reversiones al autoritarismo, y la región lleva en conjunto treinta años cumpliendo con los criterios mínimos (y en varios países, no tan mínimos) de una democracia aceptable: elecciones libres, libertad de asociación partidaria, alternancia en el poder, sociedad civil activa y libertad de prensa.
Como dice, entre otros, Manuel Alcántara Sáez, las democracias de la región pueden considerarse (en términos generales) incluidas dentro del concepto de “poliarquía”. En este escenario, el par autoritarismo/democracia ha dejado de ser el único, o el más útil, andamiaje conceptual con el cual comprender la realidad política regional. Es decir, es posible afirmar que los países de la región, con la excepción de Cuba y Honduras, son democracias en donde se realizan elecciones libres, en donde no existen amenazas inminentes de golpes de Estado y en donde las fuerzas de oposición pueden llegar al poder en un futuro mediante medios electorales.
Aun en el caso de Venezuela, las reformas constitucionales del chavismo han sido refrendadas en las urnas y las últimas elecciones fueron consideradas limpias por los observadores internacionales. Por supuesto, Venezuela se encuentra entrando en su propia transición al poschavismo, y los escenarios a futuro son múltiples. En Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia, Colombia y también en la Argentina vemos procesos en los cuales la democracia no sólo demuestra resiliencia sino inclusive posiblidad de incluir a poblaciones antes excluidas del juego político.
Parece más útil, entonces, preguntarse qué tipo de democracia encontramos en tal o cual país y cómo podemos caracterizarla en términos de modelos institucionales, extensión de derechos y participación, que plantearse si es una democracia o un autoritarismo de viejo cuño. Esto no implica negar los problemas que aún tienen nuestros países, pero para solucionarlos no parece la mejor opción impugnar la totalidad de los regímenes con la bandera del autoritarismo. Además, las sociedades civiles de la región han demostrado un enorme compromiso democrático. Tampoco ayudan en este sentido las categorías de derecha e izquierda para comprender la realidad política de la región.
Hoy hay aún más dificultades que en el pasado para definir qué es izquierda o qué es derecha con rigurosidad. Steven Levitsky y Kenneth Roberts definen izquierda en “The Resurgence of the Latin American Left” como aquellos gobiernos que buscan reducir la desigualdad social. Esta definición que intenta ser vaga a propósito es, sin embargo, problemática ya que, por ejemplo, los gobiernos de la Concertación en Chile no podrían ser considerados de izquierda con esta categoría o el gobierno kirchnerista debería ser considerado el más de izquierda del continente, algo con lo que seguramente la mayoría de los analistas no coincidirían. En los derechos sociales, por dar otro ejemplo, gobiernos considerados de derecha tomaron medidas de la agenda del progresismo histórico, como el caso de Carlos Menem, que combinó una agenda liberal en lo económico con la sanción de la ley de Cupo Femenino y la inscripción de los derechos de los pueblos originarios en la Constitución.
En síntesis, cualquier intento de calificar a todos los gobiernos de la región como de izquierda o de derecha culmina en una multiplicación de tipos híbridos y subtipos que, más que aclarar, complican. Un par que resulta, a mi juicio, es el de tecnocrático/populista. El uso de estas categorías tiene una dificultad: que apuntan a dimensiones relacionadas con el tipo de liderazgo, el tipo de coalición política de apoyo y el tipo de relación entre política y políticas públicas más que a cuestiones que tienen que ver con el contenido de las políticas en sí.
Sin embargo, es más fácil comprender a la Concertación chilena desde su concepción tecnocrática de la gobernabilidad que como un puro gobierno de izquierda, así como queda claro que el gobierno de Alvaro Uribe en Colombia resultó más similiar, por su estilo de construcción de poder, al chavismo que a Sebastián Piñera. Por supuesto, no es la idea el reemplazar un binarismo por otro y la pregunta por el carácter populista o tenocrático de las fuerzas políticas no agota la totalidad de los fenómenos. La realidad latinoamericana está cambiando aceleradamente, y no resulta adecuado enfrentarla con categorías que se crearon en otro lugar y para otro momento histórico. De no ampliar el baúl de conceptos teóricos, se corre el riesgo de quedar hablando un lenguaje cada vez más para pocos.
(Nota publicada en El Estadista)
10 puntos sobre el estado del populismo regional
La elección de Hugo Chávez para un nuevo mandato el pasado 7 de octubre es una buena ocasión o excusa para pasar en limpio algunas conclusiones de este momento, en el cual el “giro hacia la izquierda” sudamericano cumple catorce años.
1. Los populismos de izquierda actuales son, en muchos sentidos, más exitosos que los populismos clásicos del Siglo XX. Por un tiempo, la ciencia política ha discutido si estos nuevos populismos son “realmente” populismos o si el término debería reservarse para los gobiernos de las décadas de la posguerra, del cual estos gobiernos serían derivaciones. Sin embargo, los “nuevos populismos” actuales ya son (sea cual fuere su destino en un par de años) más exitosos que las experiencias de Getulio Vargas, Juan Velasco Alvarado o Juan Domingo Perón en varios aspectos claves. Son más exitosos desde el punto de vista de su capacidad de mantenerse en el poder: Hugo Chávez lleva catorce años en el poder, lo cual lo hace el populista con más tiempo en el gobierno, con la excepción de Vargas, y si contamos la alternancia entre Néstor y Cristina Kirchner, el kirchnerismo está por cumplir diez años de gobierno, con lo cual habrá gobernado por más tiempo ininterrumpido que el mismo Perón. Han sido también exitosos en su capacidad de sortear amenazas concretas y creíbles a su gobernabilidad (Chávez vivió un intento de golpe de Estado; Evo Morales y Rafael Correa sortearon crisis que incluyeron alzamientos armados y podrían haber derivado en una salida del poder; Cristina Fernández de Kirchner tuvo su propia “crisis de la 125”, la cual, si bien no puso nunca en duda su permanencia en el Gobierno, resultó en un vicepresidente que actuó como la principal figura de la oposición durante el resto de su mandato), y han sido también más exitosos en términos de combinar (relativa) estabilidad macroeconómica con estabilidad política.
2. Estos populismos demuestran que la decisión de la izquierda latinoamericana de aceptar las reglas de juego de la democracia liberal ha sido una apuesta que pagó. Algunos de los líderes de estos movimientos provienen de partidos o movimientos que aunque originalmente rechazaban abiertamente a la democracia liberal, la abrazaron luego. El caso más extremo, Hugo Chávez, saltó a la vida política en 1992 cuando intentó realizar un golpe de Estado en Venezuela (que era, hasta ese momento, el país con la sucesión más larga de gobiernos constitucionales del subcontinente). Chávez pasó varios años en la cárcel por ello y a su salida, luego de realizada su autocrítica, anunció que a partir de ese momento sólo competiría electoralmente. Por su parte, Evo Morales y su vicepresidente, Alvaro García Linera, se desviaron de su trayectoria más radical (que incluía una formación marxista) para volcarse decididamente a la vía electoral, lo cual causó la escisión de una fracción del movimiento encabezada por Felipe Quispe, que rechaza hasta hoy la “farsa” de la democracia electoral. Los gobiernos de Chávez y Morales, sin embargo, como los de Rafael Correa, el de los Kirchner (y también el del PT en Brasil, aunque con una orientación no populista en su liderazgo), mostraron que la vía democrática era un camino posible para la ampliación de las fronteras de la ciudadanía y la integración de sectores como los indígenas, los pobres urbanos, los obreros y los desempleados a la vida democrática. La consolidación de la democracia en el subcontinente debe mucho a esta decisión.
3. La crisis de los partidos nucleados alrededor de la ideología del Consenso de Washington no tiene aún vías de resolución. En Ecuador y Bolivia los partidos de oposición son casi inexistentes; en Venezuela la oposición pasó por las estrategias del golpe, la abstención y la participación electoral aún sin éxito, y en la Argentina, Cristina Kirchner fue reelecta con una inédita ventaja de casi cuarenta puntos con la segunda fuerza. El derrumbe de los partidos políticos “institucionales”, muchos de los cuales además quedaron identificados con la ideología neoliberal que prevaleció en la década del noventa (aún a su pesar, como la UCR argentina), y el fuerte carácter centrípeto de los liderazgos populistas vuelve muy difícil la necesaria reconstitución de las fuerzas políticas opositoras. Esto no significa que no existan en todos estos países figuras y votantes opositores. Muy por el contrario: en todos ellos existen figuras que enconada, casi rabiosamente, denuncian el carácter autoritario, antiliberal y aún hasta decididamente estalinista de los gobiernos populistas.
4. En todos estos países encontramos una extraña combinación: sobrerrepresentación de críticas institucionalistas y ausencia relativa de programas alternativos económicos. Curiosamente, la fortísima crítica institucionalista hacia los populismos por parte de casi todo el abanico de las fuerzas de oposición, de los medios de comunicación masivos y de algunos organismos internacionales es acompañada (y tal vez explicada) por la casi total incapacidad de desarrollar una propuesta económica que se diferencie de lo hecho por los populismos en algo más que las formas. Sin ponerse aquí a cuantificar los déficit republicanos de los populismos sudamericanos de izquierda, hay que señalar, sin embargo, que las poblaciones de sus países demostraron que, a la hora de votar, se orientan por temas distributivos y económicos. Hasta que los partidos opositores no desarrollen un discurso económico propio será difícil que fuercen una alternancia, salvo en el caso de un derrumbe catastrófico de los gobiernos populistas.
5. El éxito de estos nuevos populismos está basado en dos elementos: liderazgos convocantes y políticas redistributivas. A pesar de los ríos de tinta utilizados para explicar el ascenso y mantenimiento en el poder de los populismos de izquierda a partir de conceptos como el clientelismo o la manipulación comunicacional de “las masas”, no hay aquí mucho misterio: el atractivo de estos gobiernos reside en la apelación carismática de sus liderazgos y (más aún) en el apoyo social a las políticas sociales redistributivas implementadas por estos gobiernos, ya sea las misiones sociales venezolanas, el derecho jubilatorio o el Bono Juancito Pinto en Bolivia o la AUH y la universalización de la jubilación básica en la Argentina. Si sumamos a esto la disminución de la pobreza y la indigencia en todos estos países (que acompaña por cierto a una tendencia general de la región) y el éxito percibido en sortear la crisis del 2009, más los recuerdos aún frescos de las crisis del neoliberalismo, no hay necesidad de multiplicar los entes explicativos.
6. Los nuevos populismos no son imbatibles, y la alternancia se dará en algún momento. El fracaso del gobierno de Fernando Lugo en Paraguay y el hecho de que Hugo Chávez enfrentó en estas elecciones a una oposición unificada y a un candidato con buena imagen que, de hecho, redujeron su caudal electoral a menos del 60% del total hablan de que estos gobiernos no son imbatibles y que, en algún momento, el péndulo volverá a oscilar y se producirá la natural alternancia. La pregunta no es, entonces, si estos gobiernos culminarán alguna vez su ciclo, sino de qué manera lo harán. Sería deseable que, como pasó en Venezuela, los partidos opositores se comprometan con la vía electoral para buscar la alternancia.
7. Las amenazas al orden constitucional son de nuevo cuño. Sin embargo, las amenazas que enfrentan estos regímenes van más allá de la pérdida de una elección. Tres amenazas resultan salientes: primero, los enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y los otros poderes, sobre todo el Poder Legislativo. El caso más extremo de esto se vio en Paraguay; sin embargo hay que recordar que también en la Argentina la crisis más grave del kirchnerismo vino de la mano de un conflicto al interior del Congreso. Segundo, los conflictos con movimientos sociales por temas de manejo ambiental y de recursos naturales (como se ha visto recientemente en Bolivia y Ecuador, con temas de minería y protección ambiental). Y, tercero, conflictos con las policías y otras fuerzas de seguridad interior, como sucedió en Ecuador, Bolivia y sucede ahora mismo en la Argentina.
8. El rol de los medios de comunicación y las clases medias. La crisis de los partidos políticos de oposición desplazó el locus de la representación de los sectores opositores a estos gobiernos a los medios de comunicación masivos (sobre todo televisión y prensa escrita). Si a esto le sumamos que sectores importantes de las clases medias de todos estos países rechazan de manera decidida a estos gobiernos sin encontrar, en muchos casos, maneras institucionales de canalizar este rechazo, se genera una situación de perpetuo pero flotante descontento y movilización, que puede ser el sustrato de situaciones de inestabilidad política.
9. No hay “gobiernos buenos” y “gobiernos malos” en Sudamérica. La ciencia política gusta de dividir tajantemente a los gobiernos de izquierda de la región entre “racionales” o “moderados” (Chile, Uruguay y Brasil) e irracionales o “populistas” (los demás). Sin embargo, el casi unánime apoyo de los gobiernos de la región a Hugo Chávez, incluyendo un emotivo video grabado por Lula Da Silva, en el cual el líder brasileño le dice a Chávez “tu victoria será nuestra victoria” debe hacernos recordar que, más allá de diferencias de estilo o de liderazgo, los gobiernos de centroizquierda de la región se autoperciben como miembros de un colectivo. Esto no quita, por supuesto, que puedan establecerse comparaciones entre políticas públicas más o menos exitosas según los casos, pero el uso de categorías taxativas y normativamente abarcativas oscurece más de lo que aclara.
10. Vivimos el mejor momento político de los últimos cincuenta años en la región. Luego de décadas de inestabilidad y violencia política, Sudamérica se encuentra hoy con gobiernos electos democráticamente (con la excepción de Paraguay), sin amenazas creíbles de conflictos entre los países, con varios años de crecimiento económico y disminución de la pobreza. Claro está que los gobiernos populistas sudamericanos de izquierda tienen abundantes detractores. No cabe duda de que están dadas las condiciones para que los mismos intenten derrotarlos en las urnas y, sin duda, en algún momento lo harán. Este logro de la democracia de la región, tan básico, es, sin embargo, extremadamente valioso. Sólo cabe disfrutarlo.
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Un desafío para la oposición
El último cacerolazo fue masivo: una masividad que algunos no se esperaban, luego de la muy menguada asistencia a los cacerolazos de meses anteriores. Sin embargo, la asistencia a la última movilización, y la convocatoria ya adelantada para un nuevo cacerolazo en la primera semana de noviembre permiten afirmar, sin dudas, que existe un sector significativo de la sociedad que es, de manera rotunda y asertiva,antikirchnerista. Este sector, vocal y movilizado, demuestra, primero, que sigue estando ahí luego de la victoria kirchnerista del 54%, que está dispuesto a ganar el espacio público para protestar contra el Gobierno, y que existe el sustrato, y la demanda, para una fuerza opositora al kirchnerismo que tenga perspectivas electorales.
Hay que decir “existe el sustrato” porque hay una base de posibilidad, no una fuerza concreta (como demostraron los inéditos casi cuarenta puntos de diferencia que existieron en la elección presidencial de 2011 entre la primera y la segunda fórmula). De hecho, muchos analistas resaltaron que el último cacerolazo no fue sólo una protesta contra el Gobierno sino también un llamado de atención a los partidos de la oposición, que obligan a la gente a salir a la calle porque “no cumplen con su deber” de articular una fuerza electoral con perspectivas de derrotar al kirchnerismo. La paradoja, para el analista, es esta: existen, sin duda, grupos sociales numéricamente importantes (aunque, por ahora, no mayoritarios) que quieren expresarse en tanto oposición dura al kirchnerismo y, sin embargo, estos mismos sectores dicen estar disconformes con las opciones que los partidos opositores les ofrecen, aún cuando existe una oferta abundante de partidos opositores.
Es decir, no puede decirse que en la Argentina hay una falta de políticos opositores. Antes bien, existen al menos cuatro fuerzas nacionales opositoras, que incluyen a media docena de políticos con conocimiento nacional. Entre el PO, el FAP, Proyecto Sur, la UCR, el PRO y el Peronismo Federal se recorre el arco de la izquierda a la centroderecha. Figuras como Jorge Altamira, Hermes Binner, Pino Solanas, Ricardo Alfonsín, Mauricio Macri, Franciso De Narváez y Eduardo Duhalde vienen hace años denunciando vocalmente las falencias, limitaciones e inclusive la supuesta mala voluntad abierta del Gobierno kirchnerista.
¿Qué es lo que falta, en concreto, para que una de estas figuras se recorte como la cara visible de la oposición? ¿Por qué las demandas de los sectores sociales antikirchneristas no terminan de articularse en una cadena de ideas que pueda ser el embrión de una alianza programática? Una intuición que se ha presentado más claramente en estas semanas es que el límite de la oposición lo constituye su reluctancia a articular un discurso económico que diga, fuerte y claro, que haría las cosas de manera diferente (muy diferente) al Gobierno en materia económica. Vale decir: la mayoría de las figuras partidarias opositoras concentran sus críticas al kirchnerismo en los aspectos institucionalesrepublicanos y hacen blanco en temas como el autoritarismo, la falta de consenso, la debilidad institucional, el clientelismo y la destrucción de la credibilidad del Indec, entre otros.
Sin embargo, estas críticas (que son obviamente compartidas por la imensa mayoría de los que salieron a movilizarse con sus cacerolas) son una condición suficiente, más no necesaria, para atrapar la imaginación de los sectores opositores y construir un partido con capacidad electoral. Y esto es así por dos razones. La primera es que las críticas institucionalistas son muy importantes para una pluralidad intensa, pero no para la totalidad del país. Como demostró la victoria del kirchnerismo en 2011, una mayoría de la población revisó estas cuestiones, las sopesó y, aún así, votó al kirchnerismo. Las falencias institucionales (reales o percibidas) del kirchnerismo fueron ya descontadas por una parte importante de la población, que demostró que privilegia otros criterios para decidir su voto.
La segunda razón es que, así como en el 2008 el éxito de la movilización de los sectores empresarios agrícolas fue exitosa porque, discursos republicanos aparte, expresaba una demanda económica concreta de un sector social concreto, estas movilizaciones demuestran que a una parte (potencialmente importante) de la sociedad tiene demandas que son, antes que nada, económicas, y que esta parte de la sociedad está pidiendo que a sus demandas económicas se les conteste con un discurso de política económica. Las quejas por la restricción al ahorro en dólares, por las restricciones a los gastos con tarjeta en el exterior, por el impacto de la inflación y (más en general) por lo que ciertos grupos interpretan como la redistribución injustificada de ingresos provenientes de las clases medias hacia las clases más pobres vía políticas sociales estatales son cuestiones estrictamente del orden económico, y deberían (idealmente) ser respondidas por una fuerza política que ofrezca un catálogo de medidas económicas que cumpla con estas demandas.
Las preferencias de política económica de este electorado vacante son bastante claras y completamente legítimas. Es llamativo que no sean recogidas por ninguno de los partidos nacionales.
En síntesis: una parte de la población está demandando que una fuerza política diga fuerte y claro “nosotros no vamos a ser autoritarios y vamos a buscar diálogo y consenso, y además vamos a liberar la compra de dólares para ahorro particular, liberalizar los mercados, restringir la redistribución del ingreso vía política social, controlar la inflación vía apertura internacional y control de la puja distributiva y privatizar empresas estatales deficitarias”. Es decir, se requiere que una fuerza política presente un menú de preferencias que podríamos denominar liberal de mercado. Tal cosa es completamente legítima y, como demuestran Sebastián Piñera en Chile y Juan Manuel Santos, no incompatible con la búsqueda de victorias electorales. El éxito electoral de Carlos Menem durante una década y su victoria en primera rueda en el 2003, aún en el medio de una crisis explosiva, demuestra que hay un sector que es apelado por una ideología abiertamente promercado. Es llamativa la renuncia de los partidos de oposición a plantear una alternativa política en estos términos.
Algunos de ellos, como Ricardo Alfonsín o Hermes Binner, probablemente no piensen en estos términos y no sientan esta agenda como propia. Sin embargo, aún Mauricio Macri o Francisco De Narváez no adoptan este lenguaje y ofuscan su propia orientación económica. Probablemente sientan que una opción de este tipo no pueda ser mayoritaria en el corto plazo. Sin embargo, el riesgo de marcar este territorio es no cumplir con la demanda de su electorado y, en el proceso, volverse irrelevante.
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(Nota publicada en El Estadista)
Un panorama del activismo mediático del Ejecutivo en Sudamérica
En los últimos tiempos, mucho se ha discutido sobre el uso (o abuso) de la Cadena Nacional por parte de la Presidenta. Más allá de si hace buen o mal uso de este recurso, o de si su repetida exposición frente a las cámaras terminará desgastando su relación con la sociedad, lo cierto es que el uso intensivo de las apariciones personales de la Presidenta en televisión (más un uso igualmente intensivo de la comunicación por Internet y las redes sociales) y la creación de canales para la transferencia de información directa entre el público y el jefe del Poder Ejecutivo no es una particularidad de Cristina Fernández de Kirchner, sino una tendencia actual de casi todos los presidentes sudamericanos.
Rafael Correa y Hugo Chávez, por ejemplo, hacen un uso aún más intenso de la televisión, con programas televisivos propios y abundantes conferencias de prensa. También la usa, aunque menos sistemáticamente, Evo Morales. Tanto ellos como Cristina tienen un repertorio de activismo mediático que incluye, según el caso, programas televisivos semanales (como el caso paradigmático del “¡Aló, Presidente!” chavista,) la transmisión televisiva de los viajes del presidente y su gabinete a ciudades del interior del país y de sus periódicos encuentros con ciudadanos, cadenas nacionales, o (en el caso ecuatoriano) conferencias de prensa de “rápida respuesta” en las cuales el Gobierno sale a desmentir a periodistas y noticieros opositores pocos minutos después de su salida al aire.
En definitiva, se trata, más que del uso más o menos intensivo de uno o otro recurso televisivo, de subsumir toda la estrategia de comunicación de un gobierno en el formato de “campaña permanente” en la cual lo que se busca (como lo describe Philip Kitzberger en su artículo “The Media Activism of Latin America’s Leftist Governments: Does Ideology Matter?”) es asegurar que a los públicos de cada país le lleguen constantemente “paquetes” de información provenientes del Ejecutivo que no hayan pasado por los filtros establecidos por los medios de comunicación de masas ya existentes en cada país o contradigan directamente los mensajes de los “medios dominantes”.
A esto se le suma, en general, un verdadero “embargo” informativo hacia los medios tradicionales, que dejan de ser reconocidos como interlocutores válidos. De allí las recurrentes quejas de que los presidentes ya no dan entrevistas a periodistas o que las conferencias de prensa no incluyen preguntas. Por supuesto, la asunción de base de la “campaña permanente” de los gobiernos populistas de izquierda es que los medios de comunicación masivos (en especial, los diarios y canales de televisión privados) no constituyen un “cuarto poder” transparente, sino un actor político relacionado con poderosos grupos empresarios y con la capacidad (y el interés) de construir agendas que en su mayoría van en contra de las de los gobiernos.
Por supuesto, es tentador achacar este manejo centralizado de la comunicación gubernamental sin pasar por los filtros o mediaciones de los medios de prensa de propiedad privada al populismo y ver esta búsqueda de interpelar directamente hacia el ciudadano/ votante como consecuencia directa del estilo de construcción de poder populista de Chávez, Morales, Correa y Fernández de Kirchner. Sin embargo, esta afirmación, sin ser falsa (la búsqueda de una relación directa entre líder y pueblo es sin duda una característica populista) debe ser matizada, ya que, como revela Kitzberger, tanto la relación contenciosa con los medios de comunicación privados como un activismo mediático incrementado son más la norma que la excepción en la región, aún de aquellos gobiernos que no pueden clasificarse como populistas de izquierda.
Por ejemplo, si bien la política del PT hacia los medios ha sido más moderada en términos de, por ejemplo, el avance hacia nuevas formas de regulación de los medios, hay que recordar que el ex presidente Lula Da Silva, por caso, tenía su programa semanal de televisión, y que él hizo públicas repetidamente sus críticas al poder político de los medíos brasileños concentrados y a su bloque de “telediputados”. Lula Da Silva, como añade Kitzberger, expandió el sistema de medios públicos brasileños y, entre otras cosas, realizó varias conferencias con blogueros políticos, a quienes alentó a constituirse como alternativas a los medios dominantes.
De hecho, tal vez el país con la comunicación más personalizada del jefe de Gobierno sea, después de Venezuela, Colombia (disputando, eso sí, con Ecuador), ya que Álvaro Uribe inauguró, y Juan Manuel Santos continuó, un estilo extremadamente activista y personalista de comunicación política. De hecho, Santos y Uribe mantienen una virulenta y continua “guerra verbal” personal vía Twitter, en donde se critican y azuzan mutuamente en mensajes de 140 caracteres.
Así es que, según un estudio publicado recientemente en el Boletín del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes de Colombia (fruto de una investigación encabezada por el profesor de esa casa Miguel García) el presidente con el estilo de gobierno más personalista de Latinoamérica en el años 2010 era el colombiano Alvaro Uribe, seguido por Hugo Chávez y Rafael Correa. Se define “estilo de gobierno personalista” como “una estrategia política en la cual el presidente busca contacto directo con sus seguidores sin intermediaciones institucionales”. De las doce categorías que conforman el índice, una tiene que ver con el uso de los medios de comunicación, y otra con la relación directa con las comunidades mediante, por ejemplo, asambleas. En el 2010, Lula Da Silva estaba un puesto por encima de Cristina Fernández de Kirchner, aunque ambos estaban en la mitad de la tabla.
Entonces, en la categoría de “uso habitual y personal de los medios de comunicación masiva en pos de una comunicación política basada en el modelo de campaña permanente” existen más casos en la celda del “sí” que en la del “no” para Sudamérica hoy. Los únicos países sudamericanos cuyos gobiernos tienen una relación clásica con los medios de comunicación son Chile y Uruguay, aunque hay que señalar que Sebastián Piñera hizo un uso magistral de las posibilidades propagandísticas del “evento del siglo”: el rescate de los treinta y tres mineros encerrados a 700 metros de profundidad.
Por último: otra cuestión que debe señalarse es que, a pesar de las repetidas críticas hacia los gobiernos que hacen un uso más agresivo del activismo mediático, este comportamiento no ha sido (hasta ahora al menos) castigado electoralmente. Ninguno de estos presidentes parece haber pagado un costo ni siquiera moderado por su mayor activismo mediático. Antes bien, sus gestiones han sido ratificadas en las urnas o se han retirado del poder con altísimos índices de popularidad. El activismo mediático de los presidentes latinoamericanos puede discutirse desde un punto de vista normativo, pero no así desde el punto de vista de su efectividad política.
(Publicada en la revista El Estadista)
Los lanzallamas en perspectiva
(Columna de opinión de María Esperanza Casullo y Fernando Casullo, publicada originalmente en El Estadista)
En los últimos tiempos han tomado notoriedad los conflictos gremiales suscitados por sectores relacionados con la explotación petrolera. En especial, la provincia de Chubut ha sido sacudida por las violentas protestas de un grupo de trabajadores de empresas subcontratistas de las grandes petroleras, sobre todo Pan American Energy. Un grupo de estos trabajadores, conocidos como Los Dragones en referencia a su lugar de trabajo, el yacimiento de Cerro Dragón, el mayor del país, se hizo famoso en los últimos meses por sus protestas de inusitada violencia, que incluyeron dañar los pozos de extracción, usar lanzallamas, quemar vehículos y equipos, y cortar la ruta de acceso a la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Estos conflictos se solapan a una matriz causal compleja: por un lado, y a diferencia de las protestas en las ciudades de Cutral Co y Tartagal en los noventa, los hechos actuales no son los del desempleo, sino los del trabajo; por el otro, la actual atomización de la actividad petrolera, en la cual no existe más la vieja empresa verticalmente integrada sino una maraña de contratistas y subcontratistas, complica la formación de mesas de negociación y el en cuadramiento de los conflictos (por caso, Los Dragones no son empleados de Pan American Energy, sino trabajadores subcontratados que se encuentran, de hecho, encuadrados en el convenio colectivo de la construcción).
Pero no hay que olvidar que las relaciones entre los actores sociales vinculados a los hidrocarburos en el espacio patagónico encuentran una historia de conflictividad sindical de larga data que explica mucho de la virulencia en Cerro Dragón.
Ya desde el principio de la integración de la Patagonia a la Nación daba vueltas por la región el oro negro. En 1907, el descubrimiento del bitumen en territorio nacional del Chubut le dio una identidad profunda que se sumaba al paisaje ganadero caracterizado por las ovejas que un litoral lleno de carne vacuna había expulsado hacia el sur. La década del ’20 marcó un cambio sustancial con la aparición de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. El trabajador del petróleo, en clara sintonía con las políticas bismarkianas tan en boga en el sector, era imaginado como recluta de una cruzada patriótica. En la práctica, esta concepción se tradujo en un vínculo que excedía el marco laboral y se extendía a la vida cotidiana de los trabajadores. Esto le aseguraba a una patronal estatal, tan distinta a otras de la época, una disciplina inflexible y una rigidez absoluta en el cumplimiento de deberes y obligaciones. En contrapartida, el trabajador recibía una serie de beneficios como salud y educación, proveedurías con precios subsidiados y también instalaciones deportivas.
Sin embargo, conforme avanzaban los años y mutaban las relaciones entre actores sociales –en las grietas de un sistema que no contemplaba las identificaciones clasistas– fueron surgiendo las primeras organizaciones de trabajadores. Organizaciones que se consolidaron al calor del reclamo de condiciones laborales en una actividad caracterizada por tener hipertrofiados los riesgos (así como muchas veces los salarios) y generaban resistencia en las élites estatales argentinas que con la Segunda Guerra Mundial volvían a reformular el concepto de patriotismo. Este cambio multiplicó en esa época los conflictos petroleros. Por caso, la Revolución del ’43 creó la Gobernación Militar de los Territorios, en parte, para frenar las protestas sindicales. En 1958 en la Patagonia los territorios nacionales estaban siendo reemplazados por las nuevas provincias. En dicho contexto estallaría una de las primeras grandes huelgas del petróleo. En la ciudad de Plaza Huincul, el Sindicato de Petroleros Estatales, el SUPE, dio sus primeras grandes muestras de su capacidad de choque en un conflicto de importantes proporciones.
En los años del desarrollismo ignorar a los obreros que extraían una suerte de savia de dicha doctrina ya resultaba imposible. No mucho después, en 1969, la energía (en este caso hidroeléctrica) generaba otro conflicto a la Patagonia: el Choconazo. Lo resaltamos porque cuando se produjo agigantó el papel de la UOCRA en el escenario patagónico. Y también instaló las internas entre las conducciones nacionales de los gremios y las locales, más combativas, mantenidas hasta el día de hoy. Si bien hay momentos intermedios, la trama terminó de complejizarse en los años ochenta y noventa y el largo viaje al neoliberalismo que tuvo la Argentina.
Mientras a nivel nacional se sentenciaba la desaparición del Estado benefactor, las provincias patagónicas mostraban –con muchos matices entre sí– una suerte de desarrollismo tardío y de baja intensidad. Así la energía y la construcción volvían a ser relevantes. En dicha línea no es sorprendente encontrar a una UOCRA robusta y combativa en distintos conflictos. Por caso, en Neuquén entre 1984 y 1986 se enfrentó con Felipe Sapag, llegando a golpear al gobernador en una marcha. Pero todo esto se vio más que sacudido en la región con la privatización de YPF. El fin de la petrolera estatal implicó en los enclaves del sur desde los cambios más macro hasta las reformulaciones más minúsculas en las subjetividades de las sociedades “ypefeanas”.
En la patria de los cortes de ruta, se generó un quiebre del proceso productivo que implicó un despliegue de las empresas privadas y una nueva fauna de operadoras y prestadoras de servicios donde la tercerización y la fragmentación estuvieron a la orden del día. Allí se produjo un retroceso del SUPE y su remplazo en el centro de la escena por el Sindicato de Petroleros Privados, relacionado de formas muy cambiantes (y muchas veces tensa) con la UOCRA. Ambos resultaron rivales directos por la afiliación de estos trabajadores del petróleo propios de los tiempos de la privatización. Sindicatos, empresas y Estado (nacional y provincia), comenzaron a bailar un nuevo y tenso minué que encontró un salto dramático con la zaga de Los Dragones.
En síntesis, la conflictividad sindical del petróleo y la construcción no son una aparición reciente, sino que forman parte de la historia y la identidad profunda del sector, y de una Patagonia en donde las relaciones sociales nunca han sido mansas.
Los caminos de Moyano
Hugo Moyano es, y siempre fue, un sindicalista que escapa a la general de la regla. Dirigente camionero, llegó a ser secretario general de la CGT sin pertenecer a un gremio obrero industrial como la UOM. Representante de los trabajadores de servicios, estuvo, sin embargo, siempre enfrentado con los otros gremios del área, representados por secretarios como Armando Cavalieri o Luis Barrionuevo. Intimamente peronista, militante sindical desde los 14 años, no dudó, empero, en dividir la CGT durante los noventa y en fundar la MTA, un movimiento opositor al gobierno de Carlos Menem y a la propia CGT. Experto en la acción directa más abrasiva, como los bloqueos a las plantas de distribución y resistido por otros gremios por su estrategia de “robarles” afiliados, fue capaz también de armar finas estrategias legales como la que dio fin a los “ticket canasta” en el país. Y, él, que siempre se comportó como un dirigente sindical de la vieja línea, formado en el “golpear y negociar” fue, sin embargo, el primer secretario general de la CGT de la democracia que habló abiertamente de dar la transición desde la acción sindical a la política electoral abierta.
En sus propias palabras, Moyano se vio a sí mismo iniciando (aunque seguramente no culminando) un proceso similar al del PT en Brasil, es decir, la acumulación de poder electoral que haría posible la elección de “un presidente trabajador.” Esta aspiración de largo plazo es, sin dudas, una de las razones de su ya abierto conflicto con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hugo Moyano aspiraba a colocar más representantes sindicales en las listas del FPV para las elecciones del 2011 y, se dice, inclusive aspiraba a que la presidenta eligiera a Héctor Recalde como su vicepresidente.
Cuando Cristina Fernández aceptó sólo parcialmente esos requerimientos, que eran ya no sindicales sino políticos, se aceleró la ruptura. Por supuesto, no hay nada de malo en que el movimiento sindical argentino aspire a lograr “un presidente trabajador” y, a juzgar por la experiencia del PT, tal cosa sería positiva para el desarrollo político del país en su conjunto. La pregunta, en todo caso, tiene relación con la factibilidad del proyecto, por dentro o por fuera del FPV. Es decir, la pregunta es qué coalición política podría encabezar el sector moyanista para llegar al poder de manera más o menos autónoma.
El problema que tiene Moyano, sin embargo, es que, al menos hoy, el moyanismo puede aspirar a ser una parte importante de dos coaliciones políticas posibles, pero no puede aspirar a encabezar ninguna de ellas. Nadie puede negar la importancia que la CGT, y el moyanismo en particular, ha tenido para la acumulación de poder kirchnerista. Sin ir más lejos, el decidido apoyo sindical al Gobierno durante la “crisis del campo” en 2008 fue clave para atravesar el momento más difícil del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero siquiera en su momento de mayor cercanía con el Gobierno podía esperar Moyano ser el heredero político del kirchnerismo. Y esto no sólo por la personalidad de Cristina Fernández de Kirchner, sino por la conformación estructural del peronismo actual.
Sin embargo, el movimiento sindical, aunque importante, debe convivir dentro de esta coalición con al menos tres sectores más: los líderes territoriales (gobernadores e intendentes), los movimientos sociales (por caso, el Movimiento Evita) y las estructuras del PJ político (cuadros y militantes provenientes de sectores de clase media, a veces sin “historia previa” en el PJ). La difícil coexistencia de estos sectores no proviene de un capricho personal de la Presidenta, sino que resulta directamente de los cambios producidos en el tejido social de la Argentina por el transcurso de los últimos cuarenta años.
Aquí parece haber una deficiencia en el diagnóstico político de Moyano: el problema de instalar “un presidente trabajador” no reside (sólo) en la voluntad política de una u otra figura, sino en el hecho de que la identidad “trabajadora” no es la única, ni siquiera la principal, de las identidades que estructuran la competencia política en nuestro país. La identidad sindical convive, y compite, con las identidades territoriales, culturales, de género y étnicas que existen en una sociedad compleja y fragmentada. Lula Da Silva pudo llegar a ser el primer presidente obrero de Brasil cuando, paradójicamente, en su largo camino de llegada dejó de hablar como dirigente obrero para pasar a hablarle a una sociedad más amplia; cuando dejó de ser un líder anticapitalista para transformarse en el líder del Brasil de la potencia industrial, y cuando transformó el PT de un partido antisistema en algo mucho más parecido a un partido pragmático de centro, capaz de apelar a los trabajadores, a los pobres urbanos y rurales, a las clases medias y hasta a las esferas empresarias.
Ahora bien, queda claro que, si aún en mejores momentos era dudoso que la CGT pudiera hegemonizar el PJ por sí sola, hoy y mientras lo dirija Cristina Fernández de Kirchner no alcanzará siquiera a aumentar la magra cosecha del 2011.
Por supuesto, sería posible que Moyano decida saltar del FPV a la oposición abierta. Sabemos que en los últimos días Hugo Moyano tuvo algunos acercamientos con el PRO de Mauricio Macri, y es innegable que para el PRO sería atractivo incorporar al menos alguna fracción sindical. En este sentido, podría imaginarse una convergencia entre el líder sindical y sectores del Peronismo Federal y el PRO. Sin embargo, aún este salto no solucionaría los problemas de Moyano. Porque nadie puede esperar que un dirigente sindical con la historia y la imagen de Moyano tenga una posición de autonomía en una coalición de tales características. Una coalición que enfrente al kirchnerismo y corrida un tanto a la derecha también debería poder apelar a sectores de los pobres urbanos y rurales, a sectores de la clase media, y a sectores empresarios. Un sindicalista combativo podría, por supuesto, participar de este armado, más nunca (otra vez) encabezarlo. Para esta coalición resultan más atractivos líderes más fluidos y sin historia, y con un discurso más polisémico.
La dificultad para lograr un presidente de extracción sindical, entonces, no está dada tanto por el nivel partidario o del sistema político, sino por la estructura misma de la sociedad y sus clivajes. Algo que denostados “políticos”, con todas sus fallas, tal vez saben interpretar más astutamente que los dirigentes sectoriales.
(Columna publicada en la revista El Estadista)
Foto.
¿Condenados al populismo?
(Esta columna y la foto que la acompañara fueron publicadas en la revista El Estadista.)
Suele marcarse el masivo cacerolazo espontáneo que se produjo el 19 de diciembre de 2001 como el principio del fin del gobierno de Fernando De la Rúa. El 2001 marcó la adición al repertorio de metodologías de protesta sedimentadas en la memoria colectiva del país de una nueva modalidad: el cacerolazo. Los cacerolazos fueron muy repetidos en los meses que siguieron a la renuncia del presidente De la Rúa, cuando clientes se movilizaban hasta los bancos del centro de la ciudad para exigir sus depósitos en dólares. Luego, las cacerolas parecieron guardarse, hasta que salieron otra vez a sonar con el masivo cacerolazo de apoyo a los sectores empresarios agropecuarios durante el conflicto de la llamada Resolución 125. Y, finalmente, hemos vuelto a ver cacerolazos en las dos semanas pasadas, protestando por una amplia agenda de demandas que iban desde rechazar las restricciones a la compra de dólares a otras consignas más amplias como “No a la corrupción” o “Queremos seguridad”.
Por supuesto, ni los reclamos presentados ni las personas que participaron en estos diversos cacerolazos son las mismas. De hecho, lo que se dio en 2001 como un fenómeno que comenzó en los barrios ubicados sobre la Avenida Rivadavia y la zona central de la ciudad parece haber trasladado su centro más hacia el norte, hacia la esquina de Santa Fe y Callao. Este cambio geográfico debe hablar de un cierto cambio en su composición social. Sin embargo, hay una característica que, siendo apenas incipiente en los cacerolazos del 2002, se fue acentuando en los del 2008 hasta hacerse especialmente fuerte en 2012: en los tres, encontramos a sectores de clase media y media-alta de la ciudad de Buenos Aires que deciden tomar el espacio público en momentos en los cuales existe una disputa concreta con respecto a una política pública que afecta intereses económicos sectoriales de un grupo social en particular, pero presentan su demanda (que es en sí completamente válida) en términos que apelan a la totalidad de la comunidad política.
En el año 2002, la consigna “depositamos dólares, queremos dólares” fue tal vez más específica a un cierto sector social, sin embargo, esta especificidad sólo fue decantando en los meses que siguieron al 20 de diciembre del 2001; al inicio, las marchas tenían que ver con la más amplia idea del “Que se vayan todos” y el “piquete y cacerola”. Uno de los grandes éxitos de la coalición que se opuso al proyecto de alza de retenciones del 2008 fue haber logrado dar circulación social a una consigna igualmente amplia como “Todos somos el campo”. Esta operación posibilitó lograr la solidaridad de sectores sociales urbanos que no eran directamente afectados por el aumento de las retenciones. Por su parte, en los cacerolazos de la semana pasada una multiplicidad de consignas que iban desde el rechazo a la corrupción hasta pedidos de mayor seguridad, subsumidas en un igualmente amplio “Devuelvan el país”.
Fue notable en este caso más reciente que la mayoría de las personas que hablaran a los distintos medios para explicar su participación en el cacerolazo se despegaran de lo que a primera vista aparecía como el motivo convocante (las fuerte restricciones para la compra de dólares impuestas por el Poder Ejecutivo) para privilegiar motivos de índole moral o republicana (la corrupción, la inseguridad, etcétera). Esto es notable porque no hay nada malo en protestar en contra de una medida económica o a favor de un interés sectorial concreto; antes bien, gran parte de la teoría de la ciencia política supone que sólo a partir de la enunciación clara y distinta en la esfera política de los diversos intereses y preferencias sectoriales puede darse el proceso democrático por antonomasia, que es la negociación entre partidos políticos que representan clivajes de clase o grupos de interés. Pero eso no sucede aquí. Es obvio que la cuestión aquí no reside en que los sectores que se manifestaron en los cacerolazos deban necesariamente expresar un interés estrictamente sectorial, y tampoco se trata de denunciar que exista ningún tipo de intención de manipular a la opinión pública.
Por una parte, todos los actores sociales y políticos imaginan que su interés particular coincide naturalmente con el interés general de la comunidad toda; por otra parte, en una democracia de masas un reclamo sectorial que no apele de alguna manera a la totalidad es inviable. Pero el relativo descentramiento entre reclamos que son en gran medida sectoriales y un discurso que podemos calificar de populista habla de una característica fascinante de la articulación del campo político argentino actual: si a lo largo del Siglo XX el principal clivaje de la vida política argentina fue populismo/ antipopulismo (encarnado en la disputa entre peronismo y antiperonismo, expresado en sus variantes liberal de derecha y socialdemócrata), en el momento actual el eje articulador del conflicto parece ser la disputa por el populismo mismo. Es decir, la cuestión no parece ser tanto articular el intento de reemplazar el actual populismo kirchnerista por otro modelo de acumulación política que sea más liberal, racional o moderno sino, en todo caso, de dicotomizar el espacio político de un populismo mediante otro movimiento con similares características, pero de signo inverso. Esto tiene consecuencias importantes para pensar tanto la representación política de los sectores de clase media antikirchneristas como el devenir de las instituciones políticas en el país.
No es casualidad que la crisis de la UCR y el ascenso de Mauricio Macri y del PRO tenga que ver con la construcción por parte de este último de una fuerza política que depende fuertemente de un liderazgo personal que viene “de afuera” de la política, que posee un partido político apenas incipiente y que despliega un discurso amplio, vago, descontracturado y fuertemente dependiente de la comunicación directa vía medios masivos de comunicación; es decir, que sea el más populista de los actuales antikirchneristas.
De solidificarse la opción entre un candidato (propio o bendecido) del kirchnerismo y el PRO para 2015, estaríamos viendo así una opción entre dos movimientos con características populistas, uno más de izquierda y uno más de derecha. En el segundo punto, si la superación del populismo kirchnerista sólo puede darse mediante el reemplazo del actual modelo de acumulación política por otro en el cual se relacionen de maneras más directas intereses económicos con clivajes políticos y en el cual no se enmascaren las transferencias de ingresos entre sectores con apelaciones populistas, esto requeriría de un fortalecimiento de la particularización de los intereses y de la conformación de grupos de interés que hablen sólo, por así decirlo, por ellos mismos; ambas cosas, sin embargo, no son discernibles en la realidad argentina actual. ¿Será que, mientras suenen las cacerolas, estaremos condenados al populismo?
El MPN, el petróleo y la estatización de YPF
(Nota: esta columna y la foto que la acompaña fueron publicadas en El Estadista.)
Durante los ’70 y ’80, los alumnos de las escuelas públicas de las zonas cercanas a la capital provincial de Neuquén tenían un menú fijo de visitas de campo, que reflejaban la economía y la identidad neuquinas: un viaje hasta una planta empacadora de manzanas, un recorrido por la represa de El Chocón y, al final, una visita a la sede de administración y a la refinería de YPF en la ciudad de Plaza Huincul. En esta visita, después de viajar casi dos horas por una ruta sembrada a los dos lados por las cigüeñas de pozos petroleros y por las llamas de los “fosforitos” o venteos de gas natural, trabajadores de YPF mostraban a los alumnos el Pozo Número 1 (el primer pozo de petróleo abierto en la región), los enormes tanques de refinación y los caños por donde el petróleo y sus derivados viajaban “para Buenos Aires”. Los guías contaban cómo en la ciudad vecina de Huincul, Cutral Có, el petróleo antes surgía hasta la superficie espontáneamente, y que fue por eso que los mapuches le pusieron ese nombre, que significa en su lengua Agua de Fuego. También les mostraban las viviendas de los trabajadores, las plazas, escuelas y el hospital del pueblo, todos construidos por YPF, y les contaban de la dura vida del trabajador petrolero.
Pocas provincias tienen una relación tan profunda, económica y simbólica, con la actividad petrolera como Neuquén. Allí, el petróleo y el gas son algo más que un recurso natural: son una fuente de orgullo y la explicación del ascenso económico de la provincia desde la pobreza y oscuridad hasta una relativa prosperidad, y la fuente del convencimiento de que la provincia aporta más a la Nación de lo que recibe de ella (tema inagotablemente explotado por los candidatos a gobernador en sus campañas). Y, si Neuquén es la más petrolera de las provincias, el partido provincial que gobierna desde 1962, el Movimiento Popular Neuquino, es el más petrolero de todos. La asociación entre el MPN y la actividad petrolera viene de lejos. Para empezar, de Cutral Có provenía el fundador del MPN, Felipe Sapag, quien se inició a la vida política al ser el primer intendente electo de la ciudad.
Como se sabe, tanto Felipe como Elías Sapag formaban parte del peronismo neuquino y, en sus inicios, el nombre Movimiento Popular Neuquino fue sólo una sigla de fantasía con el que sortear la proscripción al justicialismo. Sin embargo, una vez que el MPN llegó a la gobernación se consolidó como partido provincial, en contra inclusive de las órdenes de Perón, quien en 1973 ordenó disolver al MPN. A esto, Sapag respondió: “Los neuquinos nos hemos puesto los pantalones largos”. En este proceso de autonomización partidaria, el petróleo cumplió un papel central. Durante fines de los ’60 y principios de los ’70 la combinación de abundantes regalías petroleras y baja población permitió a Felipe Sapag realizar una sucesión de gobiernos basados en fuertes inversiones públicas en educación, salud, vivienda e infraestructura, lo que posibilitó a Neuquén alcanzar notables indicadores sociales y de calidad de vida.
Esta autonomía financiera le permitió a Sapag desafiar al propio Perón, y ha permitido a los siguientes gobernadores negociar o desafiar a los gobiernos nacionales según las necesidades del momento. Parece existir un patrón en los gobernadores de provincias petroleras con baja población: la existencia de las regalías petrolíferas como un flujo que es independiente de los arbitrios del Ejecutivo hacen posible un grado mayor de autonomía política. Así, Néstor Kirchner pudo diferenciarse en varios temas del gobierno de Carlos Menem o Mario Das Neves diferenciarse del mismo kirchnerismo. Sin embargo, hay un matiz que es también interesante.
No sólo el MPN ha marcado siempre sus distancias con el Ejecutivo Nacional, sino que los gobiernos del MPN (y hasta cierto punto los gobiernos peronistas de otras provincias petroleras patagónicas) también lo han hecho con las empresas petroleras. Con la excepción de los gobiernos de Jorge Sobisch (cuyo discurso y práctica eran abiertamente proempresariales y que extendió las concesiones hidrocarburíferas en 2003 por un monto que muchos calificaron de risible, y sin requerir la exploración de nuevas áreas) los gobiernos del MPN han marcado que son socios pero también reguladores de las empresas.
Entre otras cosas, por ejemplo, el MPN tiene como aliado político de gran peso dentro de la provincia al Sindicato de Petroleros Privados, que se sienta a la mesa en todos los procesos de toma de decisiones que involucran hidrocarburos (y gobierna la principal ciudad petrolera de la provincia, Rincón de los Sauces). Hay asociación pero no simbiosis. Esta distancia se hizo más evidente en los hechos que precedieron la estatización de YPF, puesto que los gobernadores de Chubut, Santa Cruz y Neuquén cancelaron concesiones de Repsol, en una estrategia que había sido evidentemente concertada con el Gobierno Nacional.
Jorge Sapag, el gobernador y sobrino de Felipe, sin embargo, fue más allá, ya que canceló en la misma semana tres concesiones adicionales: una a la argentina Tecpetrol (de Techint), una de la canadiense Argenta y una de la brasileña Petrobras. Esta maniobra, dicen, causó el furor del gobierno brasileño, ya que el área que se amenazó con quitarle está dentro de la formación Vaca Muerta, donde se encuentran las reservas de shale gas más grandes del continente, y obligó gestiones urgentes de Julio de Vido. Sin embargo, el verdadero destinatario de la movida fue el Gobierno Nacional, que no quería de ninguna manera enemistarse con Brasil, y al que el MPN buscaba presionar para resolver la nacionalización de YPF sin más demora. Así, el MPN marcó en un solo movimiento su distancia tanto del Gobierno de Cristina Kirchner como de las empresas.
El MPN gobierna una provincia para la cual la actividad hidrocarburífera es central. Sin embargo, no es un partido “de” las empresas petroleras. Dos factores ayudan a esta autonomía: primero, que la actividad hidrocarburífera no genera una élite local con capacidad de manejar el Estado de manera directa. A diferencia de la actividad sojera o ganadera, no hay una élite conformada por dueños petroleros, ya que las empresas son concesionarias y no dueñas de la tierra. Además, los ejecutivos petroleros no tienen fuertes lazos provinciales ya que los mandos medios no suelen vivir más de dos o tres años en un lugar determinado.
El segundo factor es de tipo imaginario: aunque a la provincia no le ha ido mal en los años de la posprivatización, y si bien existen expectativas de que le vaya aún mejor en el futuro gracias a Vaca Muerta, sus años dorados están muy identificados con la época de la YPF estatal, a la que aún se añora e idealiza. De ahí que el nuevo CEO de YPF, Miguel Galuccio, haya sido recibido en Neuquén con todos los honores, y que en la provincia haya habido un fuerte apoyo a la estatización. Entre los más entusiastas estaba Ramón Rioseco, actual intendente independiente de Cutral Có y ex piquetero. Entre otras cosas, los neuquinos le pidieron a Galuccio que la sede de administración de la nueva YPF vuelva a instalarse en Plaza Huincul. Para hacer posible esas visitas de las escuelas, con los niños neuquinos yendo a ver una vez más como el petróleo es Neuquén y Neuquén, petróleo.
Las cacerolas se representan solas
En el post anterior, Mendieta pide en términos urgentes que emerja una representación política para los sectores que ayer realizaron un cacerolazo. (Grande o chico, no importa; son sectores reales, con una demanda real, que es poder comprar dólares, y con capacidad de movilización, si no grande, sí al menos suficiente.) Pareciera ser un caso de manual: la emergencia de un sector social movilizado y con demandas debería crear la oportunidad y la necesidad para que una o varias figuras políticas asuman su representación (ya sea de partidos establecidos que se acerquen a ellos, o representantes sociales que den el salto a la política.) Tal cosa, además, suponen los politólogos, sería positiva porque permitiría la (progresiva) institucionalización de estas demandas, su integración al juego político, vía representación en el Congreso, victorias para llegar al Ejecutivo, etc.
Este argumento es muy persuasivo, y más de una vez se habrá publicado en estas páginas. Sin embargo, los eventos de las últimas semanas parecen indicar que esta articulación de movilización con representación sea probablemente imposible. Y no por ninguna determinación fáctica, o porque sean personas irracionales, o por supuesto por ninguna causa de orden moral, sino porque este sector no desea ser representado políticamente ni, más aún, lo necesita.
Este post de Escriba describe una realidad notable: es más fácil en términos políticos para este gobierno bloquear la venta de cereales al exterior de la multinacional Bunge y Born, dejar que una empresa propiedad de Techint se declare en quiebra o poner representantes propios en los directorios de decenas de empresas de primera línea, que restringir la compra de dólares para aquellos sectores de la clase media urbana que tienen capacidad de ahorro, o aumentar el impuesto a la propiedad de los propietarios de campos. Ni hablar de que es mucho mayor el impacto político de un cacerolazo de dos mil personas en Plaza de Mayo que un piquete de que junte la misma cantidad de gente en Moreno, como sucedió luego del último gran temporal.
Visto en esta luz: la capacidad de impactar en la agenda que tienen los sectores sociales “caceroleros” por fuera de los canales de representación política establecidos hace que, desde cierto punto de vista, NO buscar ni aceptar ninguna representación sea el camino más racional. No hay sindicato, ni partido político, ni ONG que ofrezca algo hoy que supere lo que estos sectores ya tienen, en términos de capacidad de obligar al gobierno a reaccionar.
Sobre todo porque, en la mayoría de los casos, sus demandas se presentan por la negativa: no a las retenciones, no a la suba de impuestos a la propiedad rural, no a las restricciones de la venta de dólares, no a la inseguridad. Si la protesta es suficientemente fuerte y el gobierno reacciona en consecuencia,. como hizo con la 125, ¿para qué más?
Y el gobierno reacciona. Bien, mal; rápida o tardíamente. Y reacciona, en general, aceptando que perdió, sin forzar las instituciones: aceptó su derrota con la 125, impulsó las reformas de Blumberg al código penal, bajó la candidatura de Reposo, la presidenta hizo el gesto de pesificar sus dólares. Hay reacción (no negociación, que sí necesitaría de representantes) frente a la demanda. Bien o mal, hay una dialéctica entre cacerolazo y política pública que de alguna manera funciona; tal vez, desde cierto punto de vista, el mejor representante de estos grupos es el kirchnerismo mismo.
Lo que estos grupos (en plural para resaltar que no existe una única identidad ni una única demanda) requieren no son representantes sino “mediums.” O sea, voceros que, en determinados momentos, retomen y amplifiquen sus reclamo, sin cambiarles ni una coma y sin (sobre todo) pretender negociar o construir una carrera propia a partir ellos. Pero, como demuestra la negativa de la Mesa de Enlace de dejar subir al palco de la 125 a su médium más fiel, Elisa Carrió, un medium no es un líder.
La pregunta es qué pasaría si el gobierno deja de reaccionar a estas demandas, si dice “saqué el 54%, de aquí no me muevo.” ¿Aceptarían estos sectores su derrota en este momento particular, como en otro momento lo hizo el gobierno, o apostarían a una escalada de la protesta social sostenida, que pudiese (eventualmente) tumbar a este gobierno? No parece, por el momento, posible. Tal vez ahí sí aparecería, finalmente, la representación política, hecha necesaria por el cierre del canal de la acción directa. O tal vez se iniciaría un largo y desgastante proceso de conflicto político, con final relativamente abierto.
“Es un problema cultural”
Hace unos días volvía a Argentina desde Estados Unidos, con una escala en el Aeropuerto de Atlanta. Por esas cosas de ese horror infinito que es todo lo relacionado con el viaje en avión, tenía seis horas de escala en el aeropuerto. Pero, me dije, el aeropuerto de Atlanta es bastante amable (no como ese agujero del infierno que es Miami) y con mi computadora y wi-fi (pago, eso sí) no ofendo ni temo. Paso seguridad, esta vez no me hacen el Full Body Scan en donde podés elegir entre que te vean desnuda por rayos X o te hagan una palpación de todo el cuerpo (“full body pat down”) y me recuesto en un par de sillones.
Estaba yo entonces viendo una película en mi computadora, con los auriculares puestos, cuando empiezo a ver que la gente se para y mira alrededor con nerviosismo. De repente, el concourse se empieza a llenar de agentes de seguridad y milicos, que empiezan a encintar todos los pasillos, dejando a la gente sin moverse. A los que preguntaban, sólo contestaban “It’s a security emergency, ma’am. Please go back to where you where.” Holly shit, me dije, debe ser una amenaza de bomba o algo así.
Esta situación duró tres horas. Nadie se movía, con los pasillos encintados y custodiados por agentes de seguridad. Terminado ese tiempo, una voz comenzó a decir por el altavoz “Emergency finished. All clear now. Emergency finished. All clear now.” Nadie explicó qué había pasado. Al rato, aparecieron otra vez los de seguridad y policías, los altavoces comenzaron a decir “Te councourse is closed again. It is a security situation. Please go back to your gate. It’s a security situation.” Otra horita más de custodia, sin una palabra de qué estaba pasando.
Cuando empezó la voz de “All clear, all clear” y comenzó a llegar la gente, se armó, por supuesto, un pandemonio. Los aviones que tenían que partir se retrasaron todos, y los que partieron lo hicieron dejando en el suelo a más de una docena de pasajeros, que no pudieron llegar a su puerta a tiempo porque la policía no los dejaba entrar. A todas las quejas, la única respuesta era “It’s a security situation, ma’am. It’s Homeland Security, ma’am, not the airline. It’s Homeland Security, there is nothing we can do.”
En el medio de todo este lío, en la puerta E-1 se empezó a juntar la gente que esperaba para tomar el vuelo DL101 a a Buenos Aires. Como el avión saldría seguramente más de una hora retrasado, la gente (siendo argentina) empieza a charlar.
Hay una chica al lado mío. Rubia, tipo 20 años, ropa cara y lleva unas botas de ski en la mano. Habla con la mamá por skype en su computadora Mac nueva: “Si mamá. No sé, estoy acá en el aeropuerto y tipo que está todo retrasado. No sé, son estos IDIOTAS de la aerolínea que seguro son argentinos. Todo lo argentino funciona mal. La Argentina me estresa, no quiero volver.” “No, ma. No sé cuando salimos. Ay, por qué no puedo quedarme acá en EEUU, ya me estoy acercando a Argentina y TODO funciona mal. En cambio Miami es tan lindo.” (La aerolínea era Delta, cuyo agente de puerta ni siquiera hablaba castellano.)
Me pongo a charlar con un hombre de mediana edad. Alto, bien vestido: pantalón kaki, campera de carpincho, zapatos tractor. Es “del campo.” Está con su secretaria, en viaje de negocios. Se acaba de comprar, en el shop del aeropuerto, un IPAD nueva. Les ayudo a configurar el wi-fi.
Me pregunta, “¿A qué te dedicás?”.
Yo: Como estoy cansada y llevo 12 horas en aeropuertos cometo el error de contestar “Soy politóloga” en vez de ama de casa o bailarina exótica.
“¿Politóloga? ¿Con lo corrupta que es la política?. En Argentina funciona muy mal la política. Es una cuestión cultural, es una cuestión de valores. Es una decadencia muy grande la que tenemos en el país.”
Yo: “¿Le parece? A mí me parece que tenemos problemas, pero estamos mucho mejor políticamente que hace treinta años.”
“No, pero el tema es la cultura, los valores. En Argentina nadie se preocupa por progresar, es una decadencia todo. No como acá que todo anda bien.”
Yo: “Sí, puede ser.”
“Mi hijo estudia ciencia política. Por ahí lo tenés de alumno. En la UBA. Es muy buena la UBA eh. Te digo más, yo soy ingeniero de la UTN y ahora que estuvimos acá recorriendo plantas industriales me doy cuenta de que la formación de la UTN es mejor que la de los ingenieros de acá. Acá es muy estrecha la formación, saben hacer una cosa y nada más. Nosotros somos más flexibles.”
Yo: “Si, puede ser.”
“Es más, ahora nosotros estuvimos recorriendo plantas frigoríficas acá en EEUU y la verdad que lo que vi me dio asco. Salí del primer frigorífico y decidí no comer carne nunca más en Estados Unidos. La falta de higiene y los químicos que le metían a la carne era una cosa tremenda; en Argentina no existe ningún frigorífico así, te lo cierran enseguida.”
Yo: “Ah mirá, que interesante.”
“Si, y te digo más. La gente que ví trabajando era miserable. Había ancianos de 80 años, mujeres embarazadas, y niños. Sí, había una chica mexicana que era tan chiquita que le pregunté cuántos años tenía. Al principio no me quiso contestar, tenía miedo de que fuera de migraciones. Pero como le hablé en español me contestó, me dijo que tenía 15. ¿A vos te parece, chicas de 15 años trabajando de obreras en un matadero? Yo soy de la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos un frigorífico y viste, y nunca ví una cosa así.”
Yo: “Y la verdad que no.”
“Es así. Igual, te digo, en Argentina falta mucho. El problema es la cultura. Yo le digo a mis hijos: vayan a estudiar afuera, es otra cosa. Tienen que cambiar su cabeza. Pero mi hijo, viste como son los jóvenes, me dice que no, que él sí o sí quiere ir a la universidad pública, que ni loco se va al ITBA. Y estudia ciencia política, viste, no sé de qué va a trabajar cuando se reciba.”
Yo: “Bueno, de algo se trabaja. Eso sí, mucha guita no va a hacer. Pero vivir se vive.”
“Y además, viste, ahora se metió a militar. En La Cámpora, se metió. Viste como son los chicos. Buah. Ahí están llamando a embarcar. Nos vemos, suerte.”
Leyendo el diario por Internet antes de salir, me entero que la “amenaza de seguridad de Homeland Security” fue que un avión de Delta parado en el aeropuerto de Atlanta con dos mecánicos a bordo salió andando solo, recorrió 100 metros sin que lo pudieran frenar, y se cayó finalmente a una zanja, destruyéndose. Los mecánicos sólo salieron heridos.
En el vuelo de Delta, los baños de atrás de clase turística no funcionan, por lo que durante toda la noche hay cola en los dos únicos baños del medio.
En Ezeiza, hago la cola de migraciones. La rubia me toca, obviamente, al lado. Está a punto de llorar de tener que volver a Argentina. Nos ponemos a charlar con un muchacho afroamericano que decide entrar con pasaporte haitiano y no americano para no pagar la tasa. La chica dice “vas a ver que acá funciona todo mal, este país es un desastre, yo me quiero volver a Estados Unidos.” El: “¿De verdad? Estados Unidos está bien, pero Argentina también está bien. Yo hace dos años que vivo acá, trabajo en finanzas. Yo vivo en Palermo, es muy lindo, la gente es amable, la paso bien. Espero poder quedarme a vivir acá unos años.”
Me tomo un avión de Aerolíneas hasta la ciudad del interior donde me están esperando. El vuelo sale a horario, es un Embraer nuevo, con pantallitas y auriculares individuales. Miro una película, me tomo el café con juguito y guardo, por supuesto, los alfajores para mis nenes, porque sé que me los van a reclamar cuando llegue a casa.
Macri, ¿liberal o populista?
Asumamos, por el momento, que Mauricio Macri expresa un proyecto político autónomo de la derecha argentina, en el sentido de que representa políticamente al sector de la sociedad argentina que quiere limitar la intervención del Estado en la economía y recortar las políticas de distribución del ingreso, y que es el líder de un proyecto encabezado por representantes de las clases que solían llamarse propietarias. Asumamos que Macri tiene, no sólo la intención, sino un proyecto real para construir un partido nacional con perspectivas concretas de ganar las elecciones nacionales de 2015. Asumamos que Macri encabeza un proyecto autónomo de derecha en la Argentina. Aun así, no queda claro qué clase de derecha es.
Porque así como en la Argentina existen y existieron durante el Siglo XX (al menos) dos izquierdas, la izquierda liberal y la izquierda populista, también existen y existieron al menos dos derechas. Hasta la década del setenta, dentro de la derecha argentina coexistían, no sin conflicto, dos variantes: la derecha nacionalista y la derecha liberal. La derecha nacionalista estaba asociada con sectores ligados fuertemente a la Iglesia Católica y a los sectores terratenientes: históricamente, esta derecha expresaba un proyecto centrado en un relativo cierre de los intercambios con el resto del mundo y en la implementación de agendas cultural y socialmente conservadoras: educación católica, fuerte énfasis en la naturalización de las jerarquías sociales, promoción de un mitológico pasado gauchesco y campero, etcétera.
La derecha liberal, mientras tanto, expresaba a sectores económicos ligados al capital extranjero y tenía la característica de promover el proyecto de una Argentina “integrada al mundo” como productora de materias primas y asociada de las potencias centrales. La derecha liberal tuvo la característica de centrarse en temas económicos, y ser más flexible en temas religiosos y culturales. De hecho, la derecha liberal argentina era una derecha cosmopolita, viajera, admiradora de las grandes capitales y que coqueteaba, incluso, con el laicismo. Esta situación cambió, sin embargo, luego de la década del setenta, con la derrota del sector nacionalista de la derecha a manos de los liberales. Victoria expresada por el protagonismo de los sectores liberales ligados a Martínez de Hoz en el Proceso.
El derrumbe de la dictadura, la apertura democrática de los ochenta y la derrota de los últimos vestigios nacionalistas expresados por figuras como Seineldín, volvieron irrelevante a la derecha nacionalista. La situación cambió durante los noventa. En esa década sucedió un hecho de revolucionario impacto: la derecha argentina, como la colombiana o la peruana, abrazó al populismo. Tanto la derecha liberal como la derecha nacionalista de antaño tenían un enemigo en común: el populismo, encarnado, por supuesto, en la tradición peronista. Toda la derecha argentina era furiosamente antipopulista y compartía el ímpetu en reprimir y eliminar cualquier atisbo de movilización popular, ya fuese por la vía de una rígida jerarquía sostenida en valores religiosos y tradicionales o bien por la vía de la disolución individualista de las solidaridades colectivas.
La clave, sin embargo, es que este rechazo del populismo dejó a la derecha sin posibilidad de ganar elecciones nacionales libres y abiertas desde 1945 a 1983, dada la evidencia de que en nuestro país es muy difícil, sino imposible, ser electo a nivel nacional sin al menos un componente populista. Pero todo esto cambió con el advenimiento de las derechas neoliberales (o “neopopulistas,” al decir de Kurt Weyland). Súbitamente, con Carlos Menem la derecha descubrió que, mucho mejor que eliminar a su histórico enemigo, era abrazarlo. Esto no significa que la antigua derecha liberal haya desaparecido, ni mucho menos.
Antes bien, el instinto primario de la derecha vernácula y su impulso atávico es hacia el antipopulismo, expresado en el rechazo hacia el sindicalismo y todo lo que conlleve a la politización de las clases populares. El ímpetu antipopulista sigue siendo la identidad principal, sobre todo, de aquellas personas que advinieron a la vida política antes de la consolidación democrática. Sin embargo, un sector (generalmente más joven) de la derecha comprende que la aceptación de las reglas de juego electorales implica que a las elecciones hay que ganarlas, y esto requiere la capacidad de atraer al menos a una fracción de las clases populares.
En ningún partido actual es esta ambivalencia tan fuerte como en el PRO, ya que ambas tendencias conviven dentro de él y en el discurso de su principal líder, Mauricio Macri.
Por un lado, en este partido han recalado con naturalidad representantes de liberalismo antipopulista más clásico (como el del efímero funcionario Abel Posse o Federico Pinedo). Por el otro, el mismo Macri llegó a la política mediante un uso virtuoso de tácticas claramente neopopulistas como el uso de la presidencia de Boca o su participación en programas de exitosos de televisión (el reclutamiento de Miguel de Sel para competir en la provincia de Santa Fe da cuenta también de este fenómeno). Por momentos el PRO parece oscilar en su discurso público entre una visión más jerárquica y represiva de la diferencia y una visión más capaz de acomodar las demandas populares.
Esta semana fue muy evidente esta tensión con la reacción de Macri a la noticia de la expropiación de YPF. Su cerrada y automática defensa de los intereses de Repsol está en línea, por supuesto, con una identidad política basada en una alianza estratégica con los sectores económicos más concentrados. Sin embargo, dado el abrumador apoyo popular a la medida, expresado en encuestas muy favorables, asumir una posición de vocero político de Repsol y el Gobierno español no deja de ser una posición riesgosa (como quedó claro en lo rápidamente que la UCR y el FAP aceptaron, si no la virtud, al menos la legitimidad de la medida). También los comentarios luego de los sucesos del Parque Indoamericanos llamaron la atención, cuando el PRO salió a culpar públicamente a los inmigrantes, es decir, a parte de la población que Macri había logrado interpelar exitosamente con su imagen ligada al fútbol.
El avance hacia la política nacional de Macri hace más urgente responder a esta pregunta, ya que de la respuesta a la duda entre liberal y populista dependerá la política de alianzas y de coaliciones del PRO, así como la agenda de políticas públicas de un (posible) futuro gobierno. Por ahora, pareciera que la cabeza le dicta a Macri la necesidad de popularizarse pero el corazón, en momentos de crisis, lo liga a las raíces antipopulistas de la derecha argentina.
(Columna publicada en Revista El Estadista.)
Politóloga. Me interesa la teoría de la democracia y el estudio del populismo.
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