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¿Cuál será el sentido histórico último de Jorge Rafael Videla?

Ha muerto Jorge Rafael Videla, primer presidente de facto de la Junta Militar que realizó el último golpe de estado en nuestro país, cruzado anticomunista, católico de misa diaria, preso condenado por genocidio, asesinato, torturas y secuestro de bebés. Murió en prisión, en una cárcel común, con varias condenas en su haber y otras que seguramente iban a venir.

La pregunta que aparece hoy no es quién fue o qué hizo Jorge Rafael Videla, sino cuál será su sentido histórico, el veredicto final que el “ángel de la historia” de Walter Benjamin, citado por Hannah Arendt, (que siempre vuela mirando hacia atrás, hacia lo que ya pasó) sacará sobre su figura.

Digo que las preguntas sobre quién fue y qué hizo Videla no son hoy tan relevantes porque las mismas fueron ya contestadas. Fueron contestadas, entre otros, por los organismos de derechos humanos que comenzaron a militar en 1977 y 1978 contra la política de terrorismo de estado del gobierno de facto encabezado por Videla; fueron contestadas por el fiscal Julio Strassera en el alegato final del Juicio a las Juntas; fueron contestas por los considerandos de los tribunales, cada vez que le leyeron las últimas condenas que le fueron impuestas en estos últimos años. Fueron contestadas por él mismo, cuando dijo “no están ni vivos, ni muertos, están desaparecidos“.

Videla fue autor del delito de genocidio, culpable de crímenes contra la humanidad, y uno de los responsables últimos de un plan sistemático para el asesinato, la tortura, la desaparición de personas y el robo de bebés. Eso lo sabemos, porque lo dijo, no una sino varias veces, la justicia de nuestro país.

Lo que importa hoy, en todo caso, es saber qué sentido le daremos nosotros, nuestra comunidad, a esta figura. ¿Será su figura un símbolo de una época que fue infausta pero ya se terminó, un carácter de un libro hay que cerrar para siempre? ¿Será para siempre la línea que demarca un “país de los que quieren a Videla, y uno de los que no lo quieren? ¿Será su recuerdo motivo de amargura al recordar que él, como todos los miembros de su gobierno, se rehúsan hasta el momento mismo de su muerte a entregar la información sobre los hijos de desaparecidos secuestrados?

Tal vez sea todo esto a la vez. (Aunque, a fuer de ser sinceros, “el país de los que quieren a Videla” no parece estar demasiado poblado.) Pero, tal vez, sea algo más. Tal vez su recuerdo sea motivo de orgullo. Porque nosotros, Argentina, toda esta sociedad -los organismos de derechos humanos, pero también un montón de personas que, sin militar nunca, tal vez sin ir a una sola marcha, simplemente cumplieron con el mandato ético de no olvidar- construyó y sostiene el estado de derecho que permitió juzgar y condenar a Videla y eviarlo a la cárcel. Porque esta sociedad no indultó nunca a Videla, ni lo perdonó, ni siquiera cuando le decían que debía hacerlo. Porque esta sociedad nunca quiso, ni permitió, que nadie demandara una retribución de Videla que se excediera de lo que establece la ley. Porque esta sociedad construyó y construye un país que, sin ser perfecto, es mucho mejor del que Videla soñó y quiso construir.

Hannah Arendt le dice a Eichmann en el final de su libro Eichmann en Jerusalén, que su primer y peor crimen fue haber pretendido “negarse a compartir el mundo con los otros”, y que por esto merece su castigo. Videla también quiso (y casi pudo) construir un país que no fuera compartido más que con los que eran como él, y por eso también mereció su castigo. Por eso mismo, porque la mayoría de la sociedad argentina tomó la decisión de que no quería el país al que Videla aspiraba, hoy éste mundo es mayor, más ancho, más poblado, más colorido y más diverso; y esa, después de todo, es nuestra victoria.

Publicada aquí.

Más que nunca, más y mejor Estado

(Columna originalmente publicada en El Estadista.)

La devastadora inundación que sufrió la zona de La Plata, el sur del conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires nos pone (otra vez) frente a frente con la evidencia de que en nuestro país, y a pesar de la recuperación de la autoridad estatal que se dio desde 2003 a la fecha, continúa teniendo un Estado mucho menor y mucho más débil del que se necesita.

Hay que enfatizarlo: el mayor obstáculo para un desarrollo continuado de nuestro país y para la mejoría de la calidad de vida de su población es el déficit de su desarrollo estatal, y no los problemas del sistema político. Hay que remarcar esto último porque muchos análisis de la coyuntura enfatizan los problemas de “la política” o la baja calidad de “los políticos” como la causa de nuestras dificultades.

Pero hoy, y a diferencia de otros momentos de nuestra Historia, el sistema político funciona razonablemente bien. No vivimos bajo una dictadura, las elecciones son aceptablemente limpias y libres, no existen partidos proscriptos y se ha dado la alternancia partidariaen el poder en todos los niveles de gobierno. La Corte Suprema y la Justicia son razonablemente independientes del poder de turno (por lo menos comparadas a lo que sucedía durante el menemismo), el Congreso funciona y en él se han discutido las principales leyes del período, y durante los últimos años el número de decretos de necesidad y urgencia se ha reducido.

Por supuesto, quedan muchos problemas que pertenecen al campo de la llamada “calidad de la democracia”, y la política argentina es hoy (como ayer) turbulenta, pero grosso modo podríamos decir que el sistema político funciona como una poliarquía,por lo menos, adecuada. Aun aquellos analistas que sostienen que la política argentina es completamente disfuncional o que “vamos camino a una dictadura” deben recurrir a conceptos difusos como el clientelismo o “la debilidad de las instituciones” , en abstracto, para explicar qué es lo que está mal en el sistema. Muchas mejoras son posibles y necesarias, pero no resulta evidente que el sistema deba ser refundado de raíz. Lo que no funciona de manera adecuada es el Estado y debe ser, sin duda, sujeto de una reflexión radical.

Por otra parte, esta debilidad es mucho más fácil de identificar y cuantificar que la debilidad del sistema político. El Estado, por una parte, debe ser más grande. Se pueden resaltar dos indicadores: por una parte, que el gasto público total, en relación a su PIB, sigue siendo más bajo que el promedio de las naciones industrializadas (en el 2011 era del 24% del PIB, (Update: según me acota Ana C. para el MECON fue del 43% en 2009). mientras que en Dinamarca alcanzó al 52% de acuerdo al Index of Economic Freedom del mismo año). Asimismo, la recaudación impositiva total con respecto al PIB, aunque ha crecido en los últimos años hasta llegar a un máximo histórico del 33% (la Argentina es hoy el país con la recaudación más alta del subcontinente en relación a su PIB), sigue siendo más baja que la de las naciones desarrolladas (Dinamarca, por caso, recauda el 48% de su PIB, según la OCDE).

Para mencionar sólo algunos problemas más cualitativos, la estructura administrativa del Estado Nacional está completamente fragmentada, y en ella conviven al menos tres tipos distintos de relaciones laborales (planta permanente, planta transitoria y contratos precarios), y la situación no es mejor en los estados provinciales o locales. Los sistemas de salud y educación existen como una “opción para los pobres” , aun cuando el Estado Nacional y, sobre todo, los provinciales, financian directa o indirectamente a los prestadores privados de salud. El sistema federal argentino vuelve prácticamente imposible ejecutar de manera integrada cualquier política pública que requiera alguna medida de coordinación multinivel, y refuerza, en lugar de morigerar, las asimetrías entre las provincias ricas y las provincias pobres.

En ningún caso ha sido más evidente la falta de capacidades estatales que en la prevención y la respuesta a las inundaciones recientes. Ha quedado claro que la Argentina no cuenta aún con un sistema centralizado de manejo de emergencias. No parecen existir protocolos de coordinación entre jurisdicciones ni planes de contingencia que establezcan con claridad quién debe ser considerado first responder y asignen recursos adecuados en caso de una amenaza sistémica.

Por supuesto, la acción solidaria de la sociedad civil y la militancia política, aunque admirables, por su misma naturaleza voluntaria no pueden ni deben reemplazar la organización estatal sistemática, estable y profesionalizada.

Sin embargo, la causa de esta falta de un sistema de emergencia nacional que funcione efectivamente no parece haber sido una falta simplemente política, porque tal sistema fue creado por decreto por Carlos Menem en 1999, fue refrendado por el gobierno de la Alianza, y existe ahora como un programa del Ministerio del Interior: Sistema Federal de Emergencias (SIFEM). Durante ninguno de los tres gobiernos, sin embargo, el SIFEM alcanzó un grado de operatividad como el que necesitaría.

¿Por qué se evaporan las políticas públicas entre su concepción política y su implementación? ¿Es un tema de recursos, de falta de personal capacitado o de voluntad de gestión? El problema a discutir en este momento es cómo crear más y mejor Estado: cómo diseñarlo, cómo financiarlo y cómo sostenerlo.

El sociólogo del desarrollo Peter Evans, en su texto clásico “El Estado como problema y como solución”, decía: sabemos que hay países con Estados grandes que, sin embargo, no se han desarrollado y sabemos, también, que haypaísescon Estados pequeños que no se han desarrollado; sin embargo, no conocemos un sólo caso de un país que se haya desarrollado con un Estado mínimo.

La realidad y los conceptos en América Latina

La región está cambiando aceleradamente, y no se la debe enfrentar con categorías antiguas e ineficaces.

Las ciencias sociales buscan subsumir la multiplicidad de eventos en una serie limitada de categorías de un grado mayor de abstracción. Las categorías conceptuales funcionan como cajas contenedoras, en los que se dejan caer los “casos” en una u otra, según ciertas características que los asemejan entre sí o los diferencian de otros. La función de la teoría política es, o debería ser, definir y crear estas cajas con rigurosidad. Por supuesto, los conceptos implican un esfuerzo de estilización y reducción, y lo que se gana en generalidad se pierde en riqueza y densidad del detalle. La creación de mapas conceptuales conlleva la pérdida del territorio.

Sin embargo, sin creación de conceptos es casi imposible comparar, es decir, avanzar hacia un conocimiento de lo social más generalizable. De esta manera funciona también la ciencia política. Sin embargo, hay algunas cuestiones específicas a la historia de su acervo conceptual. A riesgo de simplificar excesivamente, puede decirse que la ciencia política latinoamericanista se ha caracterizado por un afán de mantener el número de “cajas” reducido, es decir, utilizar una cantidad pequeña de conceptos para explicar un número muy grande de casos.

Estos conceptos se han organizado, además, normativamente. Así, la ciencia política de y sobre la región ha tendido a organizar sus conceptos sobre un eje normativo binario, con una caja “buena” de un lado y una caja “mala” del otro. Los casos, debían ser clasificables de manera neta: o caían dentro de una caja o dentro de la otra. Durante las primeras tres cuartas partes del Siglo XX, la dicotomía conceptual de base era clara: la disciplina compartía, a grandes rasgos, la aceptación del par conceptual autoritarismo/democracia.

Hasta años recientes, al estudiar los procesos políticos en un país latinoamericano, la mente del analista en la gran mayoría de los casos ya tenía una pregunta prefigurada: “¿Es un caso de autoritarismo o un caso de democracia?”. A esta pregunta madre le seguían otras: “Si es un caso de autoritarismo, ¿cómo podría y cuán lejos está de volverse democrático?”; “¿de qué tipo de autoritarismo se trata?” o “¿cuáles son los actores potencialmente aliados de la democracia que existen?”.

No es que este binarismo conceptual fuera errado, ya que la oscilación entre democracia y autoritarismo fue el principal tema político de la región durante la primeras tres cuartas partes del siglo pasado. Nadie podría reprocharle a la ciencia política el comprometerse teórica y políticamente con el avance de la democracia en la región. Sin embargo, la cuestión se ha complicado desde la década del ‘80 hasta la fecha. Las naciones que atravesaron transiciones a la democracia han logrado, hasta ahora, escapar a las por entonces tan temidas reversiones al autoritarismo, y la región lleva en conjunto treinta años cumpliendo con los criterios mínimos (y en varios países, no tan mínimos) de una democracia aceptable: elecciones libres, libertad de asociación partidaria, alternancia en el poder, sociedad civil activa y libertad de prensa.

Como dice, entre otros, Manuel Alcántara Sáez, las democracias de la región pueden considerarse (en términos generales) incluidas dentro del concepto de “poliarquía”. En este escenario, el par autoritarismo/democracia ha dejado de ser el único, o el más útil, andamiaje conceptual con el cual comprender la realidad política regional. Es decir, es posible afirmar que los países de la región, con la excepción de Cuba y Honduras, son democracias en donde se realizan elecciones libres, en donde no existen amenazas inminentes de golpes de Estado y en donde las fuerzas de oposición pueden llegar al poder en un futuro mediante medios electorales.

Aun en el caso de Venezuela, las reformas constitucionales del chavismo han sido refrendadas en las urnas y las últimas elecciones fueron consideradas limpias por los observadores internacionales. Por supuesto, Venezuela se encuentra entrando en su propia transición al poschavismo, y los escenarios a futuro son múltiples. En Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia, Colombia y también en la Argentina vemos procesos en los cuales la democracia no sólo demuestra resiliencia sino inclusive posiblidad de incluir a poblaciones antes excluidas del juego político.

Parece más útil, entonces, preguntarse qué tipo de democracia encontramos en tal o cual país y cómo podemos caracterizarla en términos de modelos institucionales, extensión de derechos y participación, que plantearse si es una democracia o un autoritarismo de viejo cuño. Esto no implica negar los problemas que aún tienen nuestros países, pero para solucionarlos no parece la mejor opción impugnar la totalidad de los regímenes con la bandera del autoritarismo. Además, las sociedades civiles de la región han demostrado un enorme compromiso democrático. Tampoco ayudan en este sentido las categorías de derecha e izquierda para comprender la realidad política de la región.

Hoy hay aún más dificultades que en el pasado para definir qué es izquierda o qué es derecha con rigurosidad. Steven Levitsky y Kenneth Roberts definen izquierda en “The Resurgence of the Latin American Left” como aquellos gobiernos que buscan reducir la desigualdad social. Esta definición que intenta ser vaga a propósito es, sin embargo, problemática ya que, por ejemplo, los gobiernos de la Concertación en Chile no podrían ser considerados de izquierda con esta categoría o el gobierno kirchnerista debería ser considerado el más de izquierda del continente, algo con lo que seguramente la mayoría de los analistas no coincidirían. En los derechos sociales, por dar otro ejemplo, gobiernos considerados de derecha tomaron medidas de la agenda del progresismo histórico, como el caso de Carlos Menem, que combinó una agenda liberal en lo económico con la sanción de la ley de Cupo Femenino y la inscripción de los derechos de los pueblos originarios en la Constitución.

En síntesis, cualquier intento de calificar a todos los gobiernos de la región como de izquierda o de derecha culmina en una multiplicación de tipos híbridos y subtipos que, más que aclarar, complican. Un par que resulta, a mi juicio, es el de tecnocrático/populista. El uso de estas categorías tiene una dificultad: que apuntan a dimensiones relacionadas con el tipo de liderazgo, el tipo de coalición política de apoyo y el tipo de relación entre política y políticas públicas más que a cuestiones que tienen que ver con el contenido de las políticas en sí.

Sin embargo, es más fácil comprender a la Concertación chilena desde su concepción tecnocrática de la gobernabilidad que como un puro gobierno de izquierda, así como queda claro que el gobierno de Alvaro Uribe en Colombia resultó más similiar, por su estilo de construcción de poder, al chavismo que a Sebastián Piñera. Por supuesto, no es la idea el reemplazar un binarismo por otro y la pregunta por el carácter populista o tenocrático de las fuerzas políticas no agota la totalidad de los fenómenos. La realidad latinoamericana está cambiando aceleradamente, y no resulta adecuado enfrentarla con categorías que se crearon en otro lugar y para otro momento histórico. De no ampliar el baúl de conceptos teóricos, se corre el riesgo de quedar hablando un lenguaje cada vez más para pocos.

(Nota publicada en El Estadista)

10 puntos sobre el estado del populismo regional

La elección de Hugo Chávez para un nuevo mandato el pasado 7 de octubre es una buena ocasión o excusa para pasar en limpio algunas conclusiones de este momento, en el cual el “giro hacia la izquierda” sudamericano cumple catorce años.

1. Los populismos de izquierda actuales son, en muchos sentidos, más exitosos que los populismos clásicos del Siglo XX. Por un tiempo, la ciencia política ha discutido si estos nuevos populismos son “realmente” populismos o si el término debería reservarse para los gobiernos de las décadas de la posguerra, del cual estos gobiernos serían derivaciones. Sin embargo, los “nuevos populismos” actuales ya son (sea cual fuere su destino en un par de años) más exitosos que las experiencias de Getulio Vargas, Juan Velasco Alvarado o Juan Domingo Perón en varios aspectos claves. Son más exitosos desde el punto de vista de su capacidad de mantenerse en el poder: Hugo Chávez lleva catorce años en el poder, lo cual lo hace el populista con más tiempo en el gobierno, con la excepción de Vargas, y si contamos la alternancia entre Néstor y Cristina Kirchner, el kirchnerismo está por cumplir diez años de gobierno, con lo cual habrá gobernado por más tiempo ininterrumpido que el mismo Perón. Han sido también exitosos en su capacidad de sortear amenazas concretas y creíbles a su gobernabilidad (Chávez vivió un intento de golpe de Estado; Evo Morales y Rafael Correa sortearon crisis que incluyeron alzamientos armados y podrían haber derivado en una salida del poder; Cristina Fernández de Kirchner tuvo su propia “crisis de la 125”, la cual, si bien no puso nunca en duda su permanencia en el Gobierno, resultó en un vicepresidente que actuó como la principal figura de la oposición durante el resto de su mandato), y han sido también más exitosos en términos de combinar (relativa) estabilidad macroeconómica con estabilidad política.

2. Estos populismos demuestran que la decisión de la izquierda latinoamericana de aceptar las reglas de juego de la democracia liberal ha sido una apuesta que pagó. Algunos de los líderes de estos movimientos provienen de partidos o movimientos que aunque originalmente rechazaban abiertamente a la democracia liberal, la abrazaron luego. El caso más extremo, Hugo Chávez, saltó a la vida política en 1992 cuando intentó realizar un golpe de Estado en Venezuela (que era, hasta ese momento, el país con la sucesión más larga de gobiernos constitucionales del subcontinente). Chávez pasó varios años en la cárcel por ello y a su salida, luego de realizada su autocrítica, anunció que a partir de ese momento sólo competiría electoralmente. Por su parte, Evo Morales y su vicepresidente, Alvaro García Linera, se desviaron de su trayectoria más radical (que incluía una formación marxista) para volcarse decididamente a la vía electoral, lo cual causó la escisión de una fracción del movimiento encabezada por Felipe Quispe, que rechaza hasta hoy la “farsa” de la democracia electoral. Los gobiernos de Chávez y Morales, sin embargo, como los de Rafael Correa, el de los Kirchner (y también el del PT en Brasil, aunque con una orientación no populista en su liderazgo), mostraron que la vía democrática era un camino posible para la ampliación de las fronteras de la ciudadanía y la integración de sectores como los indígenas, los pobres urbanos, los obreros y los desempleados a la vida democrática. La consolidación de la democracia en el subcontinente debe mucho a esta decisión.

3. La crisis de los partidos nucleados alrededor de la ideología del Consenso de Washington no tiene aún vías de resolución. En Ecuador y Bolivia los partidos de oposición son casi inexistentes; en Venezuela la oposición pasó por las estrategias del golpe, la abstención y la participación electoral aún sin éxito, y en la Argentina, Cristina Kirchner fue reelecta con una inédita ventaja de casi cuarenta puntos con la segunda fuerza. El derrumbe de los partidos políticos “institucionales”, muchos de los cuales además quedaron identificados con la ideología neoliberal que prevaleció en la década del noventa (aún a su pesar, como la UCR argentina), y el fuerte carácter centrípeto de los liderazgos populistas vuelve muy difícil la necesaria reconstitución de las fuerzas políticas opositoras. Esto no significa que no existan en todos estos países figuras y votantes opositores. Muy por el contrario: en todos ellos existen figuras que enconada, casi rabiosamente, denuncian el carácter autoritario, antiliberal y aún hasta decididamente estalinista de los gobiernos populistas.

4. En todos estos países encontramos una extraña combinación: sobrerrepresentación de críticas institucionalistas y ausencia relativa de programas alternativos económicos. Curiosamente, la fortísima crítica institucionalista hacia los populismos por parte de casi todo el abanico de las fuerzas de oposición, de los medios de comunicación masivos y de algunos organismos internacionales es acompañada (y tal vez explicada) por la casi total incapacidad de desarrollar una propuesta económica que se diferencie de lo hecho por los populismos en algo más que las formas. Sin ponerse aquí a cuantificar los déficit republicanos de los populismos sudamericanos de izquierda, hay que señalar, sin embargo, que las poblaciones de sus países demostraron que, a la hora de votar, se orientan por temas distributivos y económicos. Hasta que los partidos opositores no desarrollen un discurso económico propio será difícil que fuercen una alternancia, salvo en el caso de un derrumbe catastrófico de los gobiernos populistas.

5. El éxito de estos nuevos populismos está basado en dos elementos: liderazgos convocantes y políticas redistributivas. A pesar de los ríos de tinta utilizados para explicar el ascenso y mantenimiento en el poder de los populismos de izquierda a partir de conceptos como el clientelismo o la manipulación comunicacional de “las masas”, no hay aquí mucho misterio: el atractivo de estos gobiernos reside en la apelación carismática de sus liderazgos y (más aún) en el apoyo social a las políticas sociales redistributivas implementadas por estos gobiernos, ya sea las misiones sociales venezolanas, el derecho jubilatorio o el Bono Juancito Pinto en Bolivia o la AUH y la universalización de la jubilación básica en la Argentina. Si sumamos a esto la disminución de la pobreza y la indigencia en todos estos países (que acompaña por cierto a una tendencia general de la región) y el éxito percibido en sortear la crisis del 2009, más los recuerdos aún frescos de las crisis del neoliberalismo, no hay necesidad de multiplicar los entes explicativos.

6. Los nuevos populismos no son imbatibles, y la alternancia se dará en algún momento. El fracaso del gobierno de Fernando Lugo en Paraguay y el hecho de que Hugo Chávez enfrentó en estas elecciones a una oposición unificada y a un candidato con buena imagen que, de hecho, redujeron su caudal electoral a menos del 60% del total hablan de que estos gobiernos no son imbatibles y que, en algún momento, el péndulo volverá a oscilar y se producirá la natural alternancia. La pregunta no es, entonces, si estos gobiernos culminarán alguna vez su ciclo, sino de qué manera lo harán. Sería deseable que, como pasó en Venezuela, los partidos opositores se comprometan con la vía electoral para buscar la alternancia.

7. Las amenazas al orden constitucional son de nuevo cuño. Sin embargo, las amenazas que enfrentan estos regímenes van más allá de la pérdida de una elección. Tres amenazas resultan salientes: primero, los enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y los otros poderes, sobre todo el Poder Legislativo. El caso más extremo de esto se vio en Paraguay; sin embargo hay que recordar que también en la Argentina la crisis más grave del kirchnerismo vino de la mano de un conflicto al interior del Congreso. Segundo, los conflictos con movimientos sociales por temas de manejo ambiental y de recursos naturales (como se ha visto recientemente en Bolivia y Ecuador, con temas de minería y protección ambiental). Y, tercero, conflictos con las policías y otras fuerzas de seguridad interior, como sucedió en Ecuador, Bolivia y sucede ahora mismo en la Argentina.

8. El rol de los medios de comunicación y las clases medias. La crisis de los partidos políticos de oposición desplazó el locus de la representación de los sectores opositores a estos gobiernos a los medios de comunicación masivos (sobre todo televisión y prensa escrita). Si a esto le sumamos que sectores importantes de las clases medias de todos estos países rechazan de manera decidida a estos gobiernos sin encontrar, en muchos casos, maneras institucionales de canalizar este rechazo, se genera una situación de perpetuo pero flotante descontento y movilización, que puede ser el sustrato de situaciones de inestabilidad política.

9. No hay “gobiernos buenos” y “gobiernos malos” en Sudamérica. La ciencia política gusta de dividir tajantemente a los gobiernos de izquierda de la región entre “racionales” o “moderados” (Chile, Uruguay y Brasil) e irracionales o “populistas” (los demás). Sin embargo, el casi unánime apoyo de los gobiernos de la región a Hugo Chávez, incluyendo un emotivo video grabado por Lula Da Silva, en el cual el líder brasileño le dice a Chávez “tu victoria será nuestra victoria” debe hacernos recordar que, más allá de diferencias de estilo o de liderazgo, los gobiernos de centroizquierda de la región se autoperciben como miembros de un colectivo. Esto no quita, por supuesto, que puedan establecerse comparaciones entre políticas públicas más o menos exitosas según los casos, pero el uso de categorías taxativas y normativamente abarcativas oscurece más de lo que aclara.

10. Vivimos el mejor momento político de los últimos cincuenta años en la región. Luego de décadas de inestabilidad y violencia política, Sudamérica se encuentra hoy con gobiernos electos democráticamente (con la excepción de Paraguay), sin amenazas creíbles de conflictos entre los países, con varios años de crecimiento económico y disminución de la pobreza. Claro está que los gobiernos populistas sudamericanos de izquierda tienen abundantes detractores. No cabe duda de que están dadas las condiciones para que los mismos intenten derrotarlos en las urnas y, sin duda, en algún momento lo harán. Este logro de la democracia de la región, tan básico, es, sin embargo, extremadamente valioso. Sólo cabe disfrutarlo.

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Un desafío para la oposición

 

El último cacerolazo fue masivo: una masividad que algunos no se esperaban, luego de la muy menguada asistencia a los cacerolazos de meses anteriores. Sin embargo, la asistencia a la última movilización, y la convocatoria ya adelantada para un nuevo cacerolazo en la primera semana de noviembre permiten afirmar, sin dudas, que existe un sector significativo de la sociedad que es, de manera rotunda y asertiva,antikirchnerista. Este sector, vocal y movilizado, demuestra, primero, que sigue estando ahí luego de la victoria kirchnerista del 54%, que está dispuesto a ganar el espacio público para protestar contra el Gobierno, y que existe el sustrato, y la demanda, para una fuerza opositora al kirchnerismo que tenga perspectivas electorales.

Hay que decir “existe el sustrato” porque hay una base de posibilidad, no una fuerza concreta (como demostraron los inéditos casi cuarenta puntos de diferencia que existieron en la elección presidencial de 2011 entre la primera y la segunda fórmula). De hecho, muchos analistas resaltaron que el último cacerolazo no fue sólo una protesta contra el Gobierno sino también un llamado de atención a los partidos de la oposición, que obligan a la gente a salir a la calle porque “no cumplen con su deber” de articular una fuerza electoral con perspectivas de derrotar al kirchnerismo. La paradoja, para el analista, es esta: existen, sin duda, grupos sociales numéricamente importantes (aunque, por ahora, no mayoritarios) que quieren expresarse en tanto oposición dura al kirchnerismo y, sin embargo, estos mismos sectores dicen estar disconformes con las opciones que los partidos opositores les ofrecen, aún cuando existe una oferta abundante de partidos opositores.

Es decir, no puede decirse que en la Argentina hay una falta de políticos opositores. Antes bien, existen al menos cuatro fuerzas nacionales opositoras, que incluyen a media docena de políticos con conocimiento nacional. Entre el PO, el FAP, Proyecto Sur, la UCR, el PRO y el Peronismo Federal se recorre el arco de la izquierda a la centroderecha. Figuras como Jorge Altamira, Hermes Binner, Pino Solanas, Ricardo Alfonsín, Mauricio Macri, Franciso De Narváez y Eduardo Duhalde vienen hace años denunciando vocalmente las falencias, limitaciones e inclusive la supuesta mala voluntad abierta del Gobierno kirchnerista.

¿Qué es lo que falta, en concreto, para que una de estas figuras se recorte como la cara visible de la oposición? ¿Por qué las demandas de los sectores sociales antikirchneristas no terminan de articularse en una cadena de ideas que pueda ser el embrión de una alianza programática? Una intuición que se ha presentado más claramente en estas semanas es que el límite de la oposición lo constituye su reluctancia a articular un discurso económico que diga, fuerte y claro, que haría las cosas de manera diferente (muy diferente) al Gobierno en materia económica. Vale decir: la mayoría de las figuras partidarias opositoras concentran sus críticas al kirchnerismo en los aspectos institucionalesrepublicanos y hacen blanco en temas como el autoritarismo, la falta de consenso, la debilidad institucional, el clientelismo y la destrucción de la credibilidad del Indec, entre otros.

Sin embargo, estas críticas (que son obviamente compartidas por la imensa mayoría de los que salieron a movilizarse con sus cacerolas) son una condición suficiente, más no necesaria, para atrapar la imaginación de los sectores opositores y construir un partido con capacidad electoral. Y esto es así por dos razones. La primera es que las críticas institucionalistas son muy importantes para una pluralidad intensa, pero no para la totalidad del país. Como demostró la victoria del kirchnerismo en 2011, una mayoría de la población revisó estas cuestiones, las sopesó y, aún así, votó al kirchnerismo. Las falencias institucionales (reales o percibidas) del kirchnerismo fueron ya descontadas por una parte importante de la población, que demostró que privilegia otros criterios para decidir su voto.

La segunda razón es que, así como en el 2008 el éxito de la movilización de los sectores empresarios agrícolas fue exitosa porque, discursos republicanos aparte, expresaba una demanda económica concreta de un sector social concreto, estas movilizaciones demuestran que a una parte (potencialmente importante) de la sociedad tiene demandas que son, antes que nada, económicas, y que esta parte de la sociedad está pidiendo que a sus demandas económicas se les conteste con un discurso de política económica. Las quejas por la restricción al ahorro en dólares, por las restricciones a los gastos con tarjeta en el exterior, por el impacto de la inflación y (más en general) por lo que ciertos grupos interpretan como la redistribución injustificada de ingresos provenientes de las clases medias hacia las clases más pobres vía políticas sociales estatales son cuestiones estrictamente del orden económico, y deberían (idealmente) ser respondidas por una fuerza política que ofrezca un catálogo de medidas económicas que cumpla con estas demandas.

Las preferencias de política económica de este electorado vacante son bastante claras y completamente legítimas. Es llamativo que no sean recogidas por ninguno de los partidos nacionales.

En síntesis: una parte de la población está demandando que una fuerza política diga fuerte y claro “nosotros no vamos a ser autoritarios y vamos a buscar diálogo y consenso, y además vamos a liberar la compra de dólares para ahorro particular, liberalizar los mercados, restringir la redistribución del ingreso vía política social, controlar la inflación vía apertura internacional y control de la puja distributiva y privatizar empresas estatales deficitarias”. Es decir, se requiere que una fuerza política presente un menú de preferencias que podríamos denominar liberal de mercado. Tal cosa es completamente legítima y, como demuestran Sebastián Piñera en Chile y Juan Manuel Santos, no incompatible con la búsqueda de victorias electorales. El éxito electoral de Carlos Menem durante una década y su victoria en primera rueda en el 2003, aún en el medio de una crisis explosiva, demuestra que hay un sector que es apelado por una ideología abiertamente promercado. Es llamativa la renuncia de los partidos de oposición a plantear una alternativa política en estos términos.

Algunos de ellos, como Ricardo Alfonsín o Hermes Binner, probablemente no piensen en estos términos y no sientan esta agenda como propia. Sin embargo, aún Mauricio Macri o Francisco De Narváez no adoptan este lenguaje y ofuscan su propia orientación económica. Probablemente sientan que una opción de este tipo no pueda ser mayoritaria en el corto plazo. Sin embargo, el riesgo de marcar este territorio es no cumplir con la demanda de su electorado y, en el proceso, volverse irrelevante.

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(Nota publicada en El Estadista)

Un panorama del activismo mediático del Ejecutivo en Sudamérica

En los últimos tiempos, mucho se ha discutido sobre el uso (o abuso) de la Cadena Nacional por parte de la Presidenta. Más allá de si hace buen o mal uso de este recurso, o de si su repetida exposición frente a las cámaras terminará desgastando su relación con la sociedad, lo cierto es que el uso intensivo de las apariciones personales de la Presidenta en televisión (más un uso igualmente intensivo de la comunicación por Internet y las redes sociales) y la creación de canales para la transferencia de información directa entre el público y el jefe del Poder Ejecutivo no es una particularidad de Cristina Fernández de Kirchner, sino una tendencia actual de casi todos los presidentes sudamericanos.

Rafael Correa y Hugo Chávez, por ejemplo, hacen un uso aún más intenso de la televisión, con programas televisivos propios y abundantes conferencias de prensa. También la usa, aunque menos sistemáticamente, Evo Morales. Tanto ellos como Cristina tienen un repertorio de activismo mediático que incluye, según el caso, programas televisivos semanales (como el caso paradigmático del “¡Aló, Presidente!” chavista,) la transmisión televisiva de los viajes del presidente y su gabinete a ciudades del interior del país y de sus periódicos encuentros con ciudadanos, cadenas nacionales, o (en el caso ecuatoriano) conferencias de prensa de “rápida respuesta” en las cuales el Gobierno sale a desmentir a periodistas y noticieros opositores pocos minutos después de su salida al aire.

En definitiva, se trata, más que del uso más o menos intensivo de uno o otro recurso televisivo, de subsumir toda la estrategia de comunicación de un gobierno en el formato de “campaña permanente” en la cual lo que se busca (como lo describe Philip Kitzberger en su artículo “The Media Activism of Latin America’s Leftist Governments: Does Ideology Matter?”) es asegurar que a los públicos de cada país le lleguen constantemente “paquetes” de información provenientes del Ejecutivo que no hayan pasado por los filtros establecidos por los medios de comunicación de masas ya existentes en cada país o contradigan directamente los mensajes de los “medios dominantes”.

A esto se le suma, en general, un verdadero “embargo” informativo hacia los medios tradicionales, que dejan de ser reconocidos como interlocutores válidos. De allí las recurrentes quejas de que los presidentes ya no dan entrevistas a periodistas o que las conferencias de prensa no incluyen preguntas. Por supuesto, la asunción de base de la “campaña permanente” de los gobiernos populistas de izquierda es que los medios de comunicación masivos (en especial, los diarios y canales de televisión privados) no constituyen un “cuarto poder” transparente, sino un actor político relacionado con poderosos grupos empresarios y con la capacidad (y el interés) de construir agendas que en su mayoría van en contra de las de los gobiernos.

Por supuesto, es tentador achacar este manejo centralizado de la comunicación gubernamental sin pasar por los filtros o mediaciones de los medios de prensa de propiedad privada al populismo y ver esta búsqueda de interpelar directamente hacia el ciudadano/ votante como consecuencia directa del estilo de construcción de poder populista de Chávez, Morales, Correa y Fernández de Kirchner. Sin embargo, esta afirmación, sin ser falsa (la búsqueda de una relación directa entre líder y pueblo es sin duda una característica populista) debe ser matizada, ya que, como revela Kitzberger, tanto la relación contenciosa con los medios de comunicación privados como un activismo mediático incrementado son más la norma que la excepción en la región, aún de aquellos gobiernos que no pueden clasificarse como populistas de izquierda.

Por ejemplo, si bien la política del PT hacia los medios ha sido más moderada en términos de, por ejemplo, el avance hacia nuevas formas de regulación de los medios, hay que recordar que el ex presidente Lula Da Silva, por caso, tenía su programa semanal de televisión, y que él hizo públicas repetidamente sus críticas al poder político de los medíos brasileños concentrados y a su bloque de “telediputados”. Lula Da Silva, como añade Kitzberger, expandió el sistema de medios públicos brasileños y, entre otras cosas, realizó varias conferencias con blogueros políticos, a quienes alentó a constituirse como alternativas a los medios dominantes.

De hecho, tal vez el país con la comunicación más personalizada del jefe de Gobierno sea, después de Venezuela, Colombia (disputando, eso sí, con Ecuador), ya que Álvaro Uribe inauguró, y Juan Manuel Santos continuó, un estilo extremadamente activista y personalista de comunicación política. De hecho, Santos y Uribe mantienen una virulenta y continua “guerra verbal” personal vía Twitter, en donde se critican y azuzan mutuamente en mensajes de 140 caracteres.

Así es que, según un estudio publicado recientemente en el Boletín del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes de Colombia (fruto de una investigación encabezada por el profesor de esa casa Miguel García) el presidente con el estilo de gobierno más personalista de Latinoamérica en el años 2010 era el colombiano Alvaro Uribe, seguido por Hugo Chávez y Rafael Correa. Se define “estilo de gobierno personalista” como “una estrategia política en la cual el presidente busca contacto directo con sus seguidores sin intermediaciones institucionales”. De las doce categorías que conforman el índice, una tiene que ver con el uso de los medios de comunicación, y otra con la relación directa con las comunidades mediante, por ejemplo, asambleas. En el 2010, Lula Da Silva estaba un puesto por encima de Cristina Fernández de Kirchner, aunque ambos estaban en la mitad de la tabla.

Entonces, en la categoría de “uso habitual y personal de los medios de comunicación masiva en pos de una comunicación política basada en el modelo de campaña permanente” existen más casos en la celda del “sí” que en la del “no” para Sudamérica hoy. Los únicos países sudamericanos cuyos gobiernos tienen una relación clásica con los medios de comunicación son Chile y Uruguay, aunque hay que señalar que Sebastián Piñera hizo un uso magistral de las posibilidades propagandísticas del “evento del siglo”: el rescate de los treinta y tres mineros encerrados a 700 metros de profundidad.

Por último: otra cuestión que debe señalarse es que, a pesar de las repetidas críticas hacia los gobiernos que hacen un uso más agresivo del activismo mediático, este comportamiento no ha sido (hasta ahora al menos) castigado electoralmente. Ninguno de estos presidentes parece haber pagado un costo ni siquiera moderado por su mayor activismo mediático. Antes bien, sus gestiones han sido ratificadas en las urnas o se han retirado del poder con altísimos índices de popularidad. El activismo mediático de los presidentes latinoamericanos puede discutirse desde un punto de vista normativo, pero no así desde el punto de vista de su efectividad política.

(Publicada en la revista El Estadista)

Los lanzallamas en perspectiva

(Columna de opinión de María Esperanza Casullo y Fernando Casullo, publicada originalmente en El Estadista)

En los últimos tiempos han tomado notoriedad los conflictos gremiales suscitados por sectores relacionados con la explotación petrolera. En especial, la provincia de Chubut ha sido sacudida por las violentas protestas de un grupo de trabajadores de empresas subcontratistas de las grandes petroleras, sobre todo Pan American Energy. Un grupo de estos trabajadores, conocidos como Los Dragones en referencia a su lugar de trabajo, el yacimiento de Cerro Dragón, el mayor del país, se hizo famoso en los últimos meses por sus protestas de inusitada violencia, que incluyeron dañar los pozos de extracción, usar lanzallamas, quemar vehículos y equipos, y cortar la ruta de acceso a la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Estos conflictos se solapan a una matriz causal compleja: por un lado, y a diferencia de las protestas en las ciudades de Cutral Co y Tartagal en los noventa, los hechos actuales no son los del desempleo, sino los del trabajo; por el otro, la actual atomización de la actividad petrolera, en la cual no existe más la vieja empresa verticalmente integrada sino una maraña de contratistas y subcontratistas, complica la formación de mesas de negociación y el en cuadramiento de los conflictos (por caso, Los Dragones no son empleados de Pan American Energy, sino trabajadores subcontratados que se encuentran, de hecho, encuadrados en el convenio colectivo de la construcción).

Pero no hay que olvidar que las relaciones entre los actores sociales vinculados a los hidrocarburos en el espacio patagónico encuentran una historia de conflictividad sindical de larga data que explica mucho de la virulencia en Cerro Dragón.

Ya desde el principio de la integración de la Patagonia a la Nación daba vueltas por la región el oro negro. En 1907, el descubrimiento del bitumen en territorio nacional del Chubut le dio una identidad profunda que se sumaba al paisaje ganadero caracterizado por las ovejas que un litoral lleno de carne vacuna había expulsado hacia el sur. La década del ’20 marcó un cambio sustancial con la aparición de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. El trabajador del petróleo, en clara sintonía con las políticas bismarkianas tan en boga en el sector, era imaginado como recluta de una cruzada patriótica. En la práctica, esta concepción se tradujo en un vínculo que excedía el marco laboral y se extendía a la vida cotidiana de los trabajadores. Esto le aseguraba a una patronal estatal, tan distinta a otras de la época, una disciplina inflexible y una rigidez absoluta en el cumplimiento de deberes y obligaciones. En contrapartida, el trabajador recibía una serie de beneficios como salud y educación, proveedurías con precios subsidiados y también instalaciones deportivas.

Sin embargo, conforme avanzaban los años y mutaban las relaciones entre actores sociales –en las grietas de un sistema que no contemplaba las identificaciones clasistas– fueron surgiendo las primeras organizaciones de trabajadores. Organizaciones que se consolidaron al calor del reclamo de condiciones laborales en una actividad caracterizada por tener hipertrofiados los riesgos (así como muchas veces los salarios) y generaban resistencia en las élites estatales argentinas que con la Segunda Guerra Mundial volvían a reformular el concepto de patriotismo. Este cambio multiplicó en esa época los conflictos petroleros. Por caso, la Revolución del ’43 creó la Gobernación Militar de los Territorios, en parte, para frenar las protestas sindicales. En 1958 en la Patagonia los territorios nacionales estaban siendo reemplazados por las nuevas provincias. En dicho contexto estallaría una de las primeras grandes huelgas del petróleo. En la ciudad de Plaza Huincul, el Sindicato de Petroleros Estatales, el SUPE, dio sus primeras grandes muestras de su capacidad de choque en un conflicto de importantes proporciones.

En los años del desarrollismo ignorar a los obreros que extraían una suerte de savia de dicha doctrina ya resultaba imposible. No mucho después, en 1969, la energía (en este caso hidroeléctrica) generaba otro conflicto a la Patagonia: el Choconazo. Lo resaltamos porque cuando se produjo agigantó el papel de la UOCRA en el escenario patagónico. Y también instaló las internas entre las conducciones nacionales de los gremios y las locales, más combativas, mantenidas hasta el día de hoy. Si bien hay momentos intermedios, la trama terminó de complejizarse en los años ochenta y noventa y el largo viaje al neoliberalismo que tuvo la Argentina.

Mientras a nivel nacional se sentenciaba la desaparición del Estado benefactor, las provincias patagónicas mostraban –con muchos matices entre sí– una suerte de desarrollismo tardío y de baja intensidad. Así la energía y la construcción volvían a ser relevantes. En dicha línea no es sorprendente encontrar a una UOCRA robusta y combativa en distintos conflictos. Por caso, en Neuquén entre 1984 y 1986 se enfrentó con Felipe Sapag, llegando a golpear al gobernador en una marcha. Pero todo esto se vio más que sacudido en la región con la privatización de YPF. El fin de la petrolera estatal implicó en los enclaves del sur desde los cambios más macro hasta las reformulaciones más minúsculas en las subjetividades de las sociedades “ypefeanas”.

En la patria de los cortes de ruta, se generó un quiebre del proceso productivo que implicó un despliegue de las empresas privadas y una nueva fauna de operadoras y prestadoras de servicios donde la tercerización y la fragmentación estuvieron a la orden del día. Allí se produjo un retroceso del SUPE y su remplazo en el centro de la escena por el Sindicato de Petroleros Privados, relacionado de formas muy cambiantes (y muchas veces tensa) con la UOCRA. Ambos resultaron rivales directos por la afiliación de estos trabajadores del petróleo propios de los tiempos de la privatización. Sindicatos, empresas y Estado (nacional y provincia), comenzaron a bailar un nuevo y tenso minué que encontró un salto dramático con la zaga de Los Dragones.

En síntesis, la conflictividad sindical del petróleo y la construcción no son una aparición reciente, sino que forman parte de la historia y la identidad profunda del sector, y de una Patagonia en donde las relaciones sociales nunca han sido mansas.

Los caminos de Moyano

 

Hugo Moyano es, y siempre fue, un sindicalista que escapa a la general de la regla. Dirigente camionero, llegó a ser secretario general de la CGT sin pertenecer a un gremio obrero industrial como la UOM. Representante de los trabajadores de servicios, estuvo, sin embargo, siempre enfrentado con los otros gremios del área, representados por secretarios como Armando Cavalieri o Luis Barrionuevo. Intimamente peronista, militante sindical desde los 14 años, no dudó, empero, en dividir la CGT durante los noventa y en fundar la MTA, un movimiento opositor al gobierno de Carlos Menem y a la propia CGT. Experto en la acción directa más abrasiva, como los bloqueos a las plantas de distribución y resistido por otros gremios por su estrategia de “robarles” afiliados, fue capaz también de armar finas estrategias legales como la que dio fin a los “ticket canasta” en el país. Y, él, que siempre se comportó como un dirigente sindical de la vieja línea, formado en el “golpear y negociar” fue, sin embargo, el primer secretario general de la CGT de la democracia que habló abiertamente de dar la transición desde la acción sindical a la política electoral abierta.

En sus propias palabras, Moyano se vio a sí mismo iniciando (aunque seguramente no culminando) un proceso similar al del PT en Brasil, es decir, la acumulación de poder electoral que haría posible la elección de “un presidente trabajador.” Esta aspiración de largo plazo es, sin dudas, una de las razones de su ya abierto conflicto con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hugo Moyano aspiraba a colocar más representantes sindicales en las listas del FPV para las elecciones del 2011 y, se dice, inclusive aspiraba a que la presidenta eligiera a Héctor Recalde como su vicepresidente.

Cuando Cristina Fernández aceptó sólo parcialmente esos requerimientos, que eran ya no sindicales sino políticos, se aceleró la ruptura. Por supuesto, no hay nada de malo en que el movimiento sindical argentino aspire a lograr “un presidente trabajador” y, a juzgar por la experiencia del PT, tal cosa sería positiva para el desarrollo político del país en su conjunto. La pregunta, en todo caso, tiene relación con la factibilidad del proyecto, por dentro o por fuera del FPV. Es decir, la pregunta es qué coalición política podría encabezar el sector moyanista para llegar al poder de manera más o menos autónoma.

El problema que tiene Moyano, sin embargo, es que, al menos hoy, el moyanismo puede aspirar a ser una parte importante de dos coaliciones políticas posibles, pero no puede aspirar a encabezar ninguna de ellas. Nadie puede negar la importancia que la CGT, y el moyanismo en particular, ha tenido para la acumulación de poder kirchnerista. Sin ir más lejos, el decidido apoyo sindical al Gobierno durante la “crisis del campo” en 2008 fue clave para atravesar el momento más difícil del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero siquiera en su momento de mayor cercanía con el Gobierno podía esperar Moyano ser el heredero político del kirchnerismo. Y esto no sólo por la personalidad de Cristina Fernández de Kirchner, sino por la conformación estructural del peronismo actual.

Sin embargo, el movimiento sindical, aunque importante, debe convivir dentro de esta coalición con al menos tres sectores más: los líderes territoriales (gobernadores e intendentes), los movimientos sociales (por caso, el Movimiento Evita) y las estructuras del PJ político (cuadros y militantes provenientes de sectores de clase media, a veces sin “historia previa” en el PJ). La difícil coexistencia de estos sectores no proviene de un capricho personal de la Presidenta, sino que resulta directamente de los cambios producidos en el tejido social de la Argentina por el transcurso de los últimos cuarenta años.

Aquí parece haber una deficiencia en el diagnóstico político de Moyano: el problema de instalar “un presidente trabajador” no reside (sólo) en la voluntad política de una u otra figura, sino en el hecho de que la identidad “trabajadora” no es la única, ni siquiera la principal, de las identidades que estructuran la competencia política en nuestro país. La identidad sindical convive, y compite, con las identidades territoriales, culturales, de género y étnicas que existen en una sociedad compleja y fragmentada. Lula Da Silva pudo llegar a ser el primer presidente obrero de Brasil cuando, paradójicamente, en su largo camino de llegada dejó de hablar como dirigente obrero para pasar a hablarle a una sociedad más amplia; cuando dejó de ser un líder anticapitalista para transformarse en el líder del Brasil de la potencia industrial, y cuando transformó el PT de un partido antisistema en algo mucho más parecido a un partido pragmático de centro, capaz de apelar a los trabajadores, a los pobres urbanos y rurales, a las clases medias y hasta a las esferas empresarias.

Ahora bien, queda claro que, si aún en mejores momentos era dudoso que la CGT pudiera hegemonizar el PJ por sí sola, hoy y mientras lo dirija Cristina Fernández de Kirchner no alcanzará siquiera a aumentar la magra cosecha del 2011.

Por supuesto, sería posible que Moyano decida saltar del FPV a la oposición abierta. Sabemos que en los últimos días Hugo Moyano tuvo algunos acercamientos con el PRO de Mauricio Macri, y es innegable que para el PRO sería atractivo incorporar al menos alguna fracción sindical. En este sentido, podría imaginarse una convergencia entre el líder sindical y sectores del Peronismo Federal y el PRO. Sin embargo, aún este salto no solucionaría los problemas de Moyano. Porque nadie puede esperar que un dirigente sindical con la historia y la imagen de Moyano tenga una posición de autonomía en una coalición de tales características. Una coalición que enfrente al kirchnerismo y corrida un tanto a la derecha también debería poder apelar a sectores de los pobres urbanos y rurales, a sectores de la clase media, y a sectores empresarios. Un sindicalista combativo podría, por supuesto, participar de este armado, más nunca (otra vez) encabezarlo. Para esta coalición resultan más atractivos líderes más fluidos y sin historia, y con un discurso más polisémico.

La dificultad para lograr un presidente de extracción sindical, entonces, no está dada tanto por el nivel partidario o del sistema político, sino por la estructura misma de la sociedad y sus clivajes. Algo que denostados “políticos”, con todas sus fallas, tal vez saben interpretar más astutamente que los dirigentes sectoriales.

(Columna publicada en la revista El Estadista)

Foto.

¿Condenados al populismo?

(Esta columna y la foto que la acompañara fueron publicadas en la revista El Estadista.)

Suele marcarse el masivo cacerolazo espontáneo que se produjo el 19 de diciembre de 2001 como el principio del fin del gobierno de Fernando De la Rúa. El 2001 marcó la adición al repertorio de metodologías de protesta sedimentadas en la memoria colectiva del país de una nueva modalidad: el cacerolazo. Los cacerolazos fueron muy repetidos en los meses que siguieron a la renuncia del presidente De la Rúa, cuando clientes se movilizaban hasta los bancos del centro de la ciudad para exigir sus depósitos en dólares. Luego, las cacerolas parecieron guardarse, hasta que salieron otra vez a sonar con el masivo cacerolazo de apoyo a los sectores empresarios agropecuarios durante el conflicto de la llamada Resolución 125. Y, finalmente, hemos vuelto a ver cacerolazos en las dos semanas pasadas, protestando por una amplia agenda de demandas que iban desde rechazar las restricciones a la compra de dólares a otras consignas más amplias como “No a la corrupción” o “Queremos seguridad”.

Por supuesto, ni los reclamos presentados ni las personas que participaron en estos diversos cacerolazos son las mismas. De hecho, lo que se dio en 2001 como un fenómeno que comenzó en los barrios ubicados sobre la Avenida Rivadavia y la zona central de la ciudad parece haber trasladado su centro más hacia el norte, hacia la esquina de Santa Fe y Callao. Este cambio geográfico debe hablar de un cierto cambio en su composición social. Sin embargo, hay una característica que, siendo apenas incipiente en los cacerolazos del 2002, se fue acentuando en los del 2008 hasta hacerse especialmente fuerte en 2012: en los tres, encontramos a sectores de clase media y media-alta de la ciudad de Buenos Aires que deciden tomar el espacio público en momentos en los cuales existe una disputa concreta con respecto a una política pública que afecta intereses económicos sectoriales de un grupo social en particular, pero presentan su demanda (que es en sí completamente válida) en términos que apelan a la totalidad de la comunidad política.

En el año 2002, la consigna “depositamos dólares, queremos dólares” fue tal vez más específica a un cierto sector social, sin embargo, esta especificidad sólo fue decantando en los meses que siguieron al 20 de diciembre del 2001; al inicio, las marchas tenían que ver con la más amplia idea del “Que se vayan todos” y el “piquete y cacerola”. Uno de los grandes éxitos de la coalición que se opuso al proyecto de alza de retenciones del 2008 fue haber logrado dar circulación social a una consigna igualmente amplia como “Todos somos el campo”. Esta operación posibilitó lograr la solidaridad de sectores sociales urbanos que no eran directamente afectados por el aumento de las retenciones. Por su parte, en los cacerolazos de la semana pasada una multiplicidad de consignas que iban desde el rechazo a la corrupción hasta pedidos de mayor seguridad, subsumidas en un igualmente amplio “Devuelvan el país”.

Fue notable en este caso más reciente que la mayoría de las personas que hablaran a los distintos medios para explicar su participación en el cacerolazo se despegaran de lo que a primera vista aparecía como el motivo convocante (las fuerte restricciones para la compra de dólares impuestas por el Poder Ejecutivo) para privilegiar motivos de índole moral o republicana (la corrupción, la inseguridad, etcétera). Esto es notable porque no hay nada malo en protestar en contra de una medida económica o a favor de un interés sectorial concreto; antes bien, gran parte de la teoría de la ciencia política supone que sólo a partir de la enunciación clara y distinta en la esfera política de los diversos intereses y preferencias sectoriales puede darse el proceso democrático por antonomasia, que es la negociación entre partidos políticos que representan clivajes de clase o grupos de interés. Pero eso no sucede aquí. Es obvio que la cuestión aquí no reside en que los sectores que se manifestaron en los cacerolazos deban necesariamente expresar un interés estrictamente sectorial, y tampoco se trata de denunciar que exista ningún tipo de intención de manipular a la opinión pública.

Por una parte, todos los actores sociales y políticos imaginan que su interés particular coincide naturalmente con el interés general de la comunidad toda; por otra parte, en una democracia de masas un reclamo sectorial que no apele de alguna manera a la totalidad es inviable. Pero el relativo descentramiento entre reclamos que son en gran medida sectoriales y un discurso que podemos calificar de populista habla de una característica fascinante de la articulación del campo político argentino actual: si a lo largo del Siglo XX el principal clivaje de la vida política argentina fue populismo/ antipopulismo (encarnado en la disputa entre peronismo y antiperonismo, expresado en sus variantes liberal de derecha y socialdemócrata), en el momento actual el eje articulador del conflicto parece ser la disputa por el populismo mismo. Es decir, la cuestión no parece ser tanto articular el intento de reemplazar el actual populismo kirchnerista por otro modelo de acumulación política que sea más liberal, racional o moderno sino, en todo caso, de dicotomizar el espacio político de un populismo mediante otro movimiento con similares características, pero de signo inverso. Esto tiene consecuencias importantes para pensar tanto la representación política de los sectores de clase media antikirchneristas como el devenir de las instituciones políticas en el país.

No es casualidad que la crisis de la UCR y el ascenso de Mauricio Macri y del PRO tenga que ver con la construcción por parte de este último de una fuerza política que depende fuertemente de un liderazgo personal que viene “de afuera” de la política, que posee un partido político apenas incipiente y que despliega un discurso amplio, vago, descontracturado y fuertemente dependiente de la comunicación directa vía medios masivos de comunicación; es decir, que sea el más populista de los actuales antikirchneristas.

De solidificarse la opción entre un candidato (propio o bendecido) del kirchnerismo y el PRO para 2015, estaríamos viendo así una opción entre dos movimientos con características populistas, uno más de izquierda y uno más de derecha. En el segundo punto, si la superación del populismo kirchnerista sólo puede darse mediante el reemplazo del actual modelo de acumulación política por otro en el cual se relacionen de maneras más directas intereses económicos con clivajes políticos y en el cual no se enmascaren las transferencias de ingresos entre sectores con apelaciones populistas, esto requeriría de un fortalecimiento de la particularización de los intereses y de la conformación de grupos de interés que hablen sólo, por así decirlo, por ellos mismos; ambas cosas, sin embargo, no son discernibles en la realidad argentina actual. ¿Será que, mientras suenen las cacerolas, estaremos condenados al populismo?

El MPN, el petróleo y la estatización de YPF

(Nota: esta columna y la foto que la acompaña fueron publicadas en El Estadista.)

Durante los ’70 y ’80, los alumnos de las escuelas públicas de las zonas cercanas a la capital provincial de Neuquén tenían un menú fijo de visitas de campo, que reflejaban la economía y la identidad neuquinas: un viaje hasta una planta empacadora de manzanas, un recorrido por la represa de El Chocón y, al final, una visita a la sede de administración y a la refinería de YPF en la ciudad de Plaza Huincul. En esta visita, después de viajar casi dos horas por una ruta sembrada a los dos lados por las cigüeñas de pozos petroleros y por las llamas de los “fosforitos” o venteos de gas natural, trabajadores de YPF mostraban a los alumnos el Pozo Número 1 (el primer pozo de petróleo abierto en la región), los enormes tanques de refinación y los caños por donde el petróleo y sus derivados viajaban “para Buenos Aires”. Los guías contaban cómo en la ciudad vecina de Huincul, Cutral Có, el petróleo antes surgía hasta la superficie espontáneamente, y que fue por eso que los mapuches le pusieron ese nombre, que significa en su lengua Agua de Fuego. También les mostraban las viviendas de los trabajadores, las plazas, escuelas y el hospital del pueblo, todos construidos por YPF, y les contaban de la dura vida del trabajador petrolero.

Pocas provincias tienen una relación tan profunda, económica y simbólica, con la actividad petrolera como Neuquén. Allí, el petróleo y el gas son algo más que un recurso natural: son una fuente de orgullo y la explicación del ascenso económico de la provincia desde la pobreza y oscuridad hasta una relativa prosperidad, y la fuente del convencimiento de que la provincia aporta más a la Nación de lo que recibe de ella (tema inagotablemente explotado por los candidatos a gobernador en sus campañas). Y, si Neuquén es la más petrolera de las provincias, el partido provincial que gobierna desde 1962, el Movimiento Popular Neuquino, es el más petrolero de todos. La asociación entre el MPN y la actividad petrolera viene de lejos. Para empezar, de Cutral Có provenía el fundador del MPN, Felipe Sapag, quien se inició a la vida política al ser el primer intendente electo de la ciudad.

Como se sabe, tanto Felipe como Elías Sapag formaban parte del peronismo neuquino y, en sus inicios, el nombre Movimiento Popular Neuquino fue sólo una sigla de fantasía con el que sortear la proscripción al justicialismo. Sin embargo, una vez que el MPN llegó a la gobernación se consolidó como partido provincial, en contra inclusive de las órdenes de Perón, quien en 1973 ordenó disolver al MPN. A esto, Sapag respondió: “Los neuquinos nos hemos puesto los pantalones largos”. En este proceso de autonomización partidaria, el petróleo cumplió un papel central. Durante fines de los ’60 y principios de los ’70 la combinación de abundantes regalías petroleras y baja población permitió a Felipe Sapag realizar una sucesión de gobiernos basados en fuertes inversiones públicas en educación, salud, vivienda e infraestructura, lo que posibilitó a Neuquén alcanzar notables indicadores sociales y de calidad de vida.

Esta autonomía financiera le permitió a Sapag desafiar al propio Perón, y ha permitido a los siguientes gobernadores negociar o desafiar a los gobiernos nacionales según las necesidades del momento. Parece existir un patrón en los gobernadores de provincias petroleras con baja población: la existencia de las regalías petrolíferas como un flujo que es independiente de los arbitrios del Ejecutivo hacen posible un grado mayor de autonomía política. Así, Néstor Kirchner pudo diferenciarse en varios temas del gobierno de Carlos Menem o Mario Das Neves diferenciarse del mismo kirchnerismo. Sin embargo, hay un matiz que es también interesante.

No sólo el MPN ha marcado siempre sus distancias con el Ejecutivo Nacional, sino que los gobiernos del MPN (y hasta cierto punto los gobiernos peronistas de otras provincias petroleras patagónicas) también lo han hecho con las empresas petroleras. Con la excepción de los gobiernos de Jorge Sobisch (cuyo discurso y práctica eran abiertamente proempresariales y que extendió las concesiones hidrocarburíferas en 2003 por un monto que muchos calificaron de risible, y sin requerir la exploración de nuevas áreas) los gobiernos del MPN han marcado que son socios pero también reguladores de las empresas.

Entre otras cosas, por ejemplo, el MPN tiene como aliado político de gran peso dentro de la provincia al Sindicato de Petroleros Privados, que se sienta a la mesa en todos los procesos de toma de decisiones que involucran hidrocarburos (y gobierna la principal ciudad petrolera de la provincia, Rincón de los Sauces). Hay asociación pero no simbiosis. Esta distancia se hizo más evidente en los hechos que precedieron la estatización de YPF, puesto que los gobernadores de Chubut, Santa Cruz y Neuquén cancelaron concesiones de Repsol, en una estrategia que había sido evidentemente concertada con el Gobierno Nacional.

Jorge Sapag, el gobernador y sobrino de Felipe, sin embargo, fue más allá, ya que canceló en la misma semana tres concesiones adicionales: una a la argentina Tecpetrol (de Techint), una de la canadiense Argenta y una de la brasileña Petrobras. Esta maniobra, dicen, causó el furor del gobierno brasileño, ya que el área que se amenazó con quitarle está dentro de la formación Vaca Muerta, donde se encuentran las reservas de shale gas más grandes del continente, y obligó gestiones urgentes de Julio de Vido. Sin embargo, el verdadero destinatario de la movida fue el Gobierno Nacional, que no quería de ninguna manera enemistarse con Brasil, y al que el MPN buscaba presionar para resolver la nacionalización de YPF sin más demora. Así, el MPN marcó en un solo movimiento su distancia tanto del Gobierno de Cristina Kirchner como de las empresas.

El MPN gobierna una provincia para la cual la actividad hidrocarburífera es central. Sin embargo, no es un partido “de” las empresas petroleras. Dos factores ayudan a esta autonomía: primero, que la actividad hidrocarburífera no genera una élite local con capacidad de manejar el Estado de manera directa. A diferencia de la actividad sojera o ganadera, no hay una élite conformada por dueños petroleros, ya que las empresas son concesionarias y no dueñas de la tierra. Además, los ejecutivos petroleros no tienen fuertes lazos provinciales ya que los mandos medios no suelen vivir más de dos o tres años en un lugar determinado.

El segundo factor es de tipo imaginario: aunque a la provincia no le ha ido mal en los años de la posprivatización, y si bien existen expectativas de que le vaya aún mejor en el futuro gracias a Vaca Muerta, sus años dorados están muy identificados con la época de la YPF estatal, a la que aún se añora e idealiza. De ahí que el nuevo CEO de YPF, Miguel Galuccio, haya sido recibido en Neuquén con todos los honores, y que en la provincia haya habido un fuerte apoyo a la estatización. Entre los más entusiastas estaba Ramón Rioseco, actual intendente independiente de Cutral Có y ex piquetero. Entre otras cosas, los neuquinos le pidieron a Galuccio que la sede de administración de la nueva YPF vuelva a instalarse en Plaza Huincul. Para hacer posible esas visitas de las escuelas, con los niños neuquinos yendo a ver una vez más como el petróleo es Neuquén y Neuquén, petróleo.

Las cacerolas se representan solas

En el post anterior, Mendieta pide en términos urgentes que emerja una representación política para los sectores que ayer realizaron un cacerolazo. (Grande o chico, no importa; son sectores reales, con una demanda real, que es poder comprar dólares, y con capacidad de movilización, si no grande, sí al menos suficiente.) Pareciera ser un caso de manual: la emergencia de un sector social movilizado y con demandas debería crear la oportunidad y la necesidad para que una o varias figuras políticas asuman su representación (ya sea de partidos establecidos que se acerquen a ellos, o representantes sociales que den el salto a la política.) Tal cosa, además, suponen los politólogos, sería positiva porque permitiría la (progresiva) institucionalización de estas demandas, su integración al juego político, vía representación en el Congreso, victorias para llegar al Ejecutivo, etc.

Este argumento es muy persuasivo, y más de una vez se habrá publicado en estas páginas. Sin embargo, los eventos de las últimas semanas parecen indicar que esta articulación de movilización con representación sea probablemente imposible. Y no por ninguna determinación fáctica, o porque sean personas irracionales, o por supuesto por ninguna causa de orden moral, sino porque este sector no desea ser representado políticamente ni, más aún, lo necesita.

Este post de Escriba describe una realidad notable: es más fácil en términos políticos para este gobierno bloquear la venta de cereales al exterior de la multinacional Bunge y Born, dejar que una empresa propiedad de Techint se declare en quiebra o poner representantes propios en los directorios de decenas de empresas de primera línea, que restringir la compra de dólares para aquellos sectores de la clase media urbana que tienen capacidad de ahorro, o aumentar el impuesto a la propiedad de los propietarios de campos. Ni hablar de que es mucho mayor el impacto político de un cacerolazo de dos mil personas en Plaza de Mayo que un piquete de que junte la misma cantidad de gente en Moreno, como sucedió luego del último gran temporal.

Visto en esta luz: la capacidad de impactar en la agenda que tienen los sectores sociales “caceroleros” por fuera de los canales de representación política establecidos hace que, desde cierto punto de vista, NO buscar ni aceptar ninguna representación sea el camino más racional. No hay sindicato, ni partido político, ni ONG que ofrezca algo hoy que supere lo que estos sectores ya tienen, en términos de capacidad de obligar al gobierno a reaccionar.

Sobre todo porque, en la mayoría de los casos, sus demandas se presentan por la negativa: no a las retenciones, no a la suba de impuestos a la propiedad rural, no a las restricciones de la venta de dólares, no a la inseguridad. Si la protesta es suficientemente fuerte y el gobierno reacciona en consecuencia,. como hizo con la 125, ¿para qué más?

Y el gobierno reacciona. Bien, mal; rápida o tardíamente. Y reacciona, en general, aceptando que perdió, sin forzar las instituciones: aceptó su derrota con la 125, impulsó las reformas de Blumberg al código penal, bajó la candidatura de Reposo, la presidenta hizo el gesto de pesificar sus dólares. Hay reacción (no negociación, que sí necesitaría de representantes) frente a la demanda. Bien o mal, hay una dialéctica entre cacerolazo y política pública que de alguna manera funciona; tal vez, desde cierto punto de vista, el mejor representante de estos grupos es el kirchnerismo mismo.

Lo que estos grupos (en plural para resaltar que no existe una única identidad ni una única demanda) requieren no son representantes sino “mediums.” O sea, voceros que, en determinados momentos, retomen y amplifiquen sus reclamo, sin cambiarles ni una coma y sin (sobre todo) pretender negociar o construir una carrera propia a partir ellos. Pero, como demuestra la negativa de la Mesa de Enlace de dejar subir al palco de la 125 a su médium más fiel, Elisa Carrió, un medium no es un líder.

La pregunta es qué pasaría si el gobierno deja de reaccionar a estas demandas, si dice “saqué el 54%, de aquí no me muevo.” ¿Aceptarían estos sectores su derrota en este momento particular, como en otro momento lo hizo el gobierno, o apostarían a una escalada de la protesta social sostenida, que pudiese (eventualmente) tumbar a este gobierno? No parece, por el momento, posible. Tal vez ahí sí aparecería, finalmente, la representación política, hecha necesaria por el cierre del canal de la acción directa. O tal vez se iniciaría un largo y desgastante proceso de conflicto político, con final relativamente abierto.

“Es un problema cultural”

Hace unos días volvía a Argentina desde Estados Unidos, con una escala en el Aeropuerto de Atlanta. Por esas cosas de ese horror infinito que es todo lo relacionado con el viaje en avión, tenía seis horas de escala en el aeropuerto. Pero, me dije, el aeropuerto de Atlanta es bastante amable (no como ese agujero del infierno que es Miami) y con mi computadora y wi-fi (pago, eso sí) no ofendo ni temo. Paso seguridad, esta vez no me hacen el Full Body Scan en donde podés elegir entre que te vean desnuda por rayos X o te hagan una palpación de todo el cuerpo (“full body pat down”) y me recuesto en un par de sillones.

Estaba yo entonces viendo una película en mi computadora, con los auriculares puestos, cuando empiezo a ver que la gente se para y mira alrededor con nerviosismo. De repente, el concourse se empieza a llenar de agentes de seguridad y milicos, que empiezan a encintar todos los pasillos, dejando a la gente sin moverse. A los que preguntaban, sólo contestaban “It’s a security emergency, ma’am. Please go back to where you where.” Holly shit, me dije, debe ser una amenaza de bomba o algo así.

Esta situación duró tres horas. Nadie se movía, con los pasillos encintados y custodiados por agentes de seguridad. Terminado ese tiempo, una voz comenzó a decir por el altavoz “Emergency finished. All clear now. Emergency finished. All clear now.” Nadie explicó qué había pasado. Al rato, aparecieron otra vez los de seguridad y policías, los altavoces comenzaron a decir “Te councourse is closed again. It is a security situation. Please go back to your gate. It’s a security situation.” Otra horita más de custodia, sin una palabra de qué estaba pasando.

Cuando empezó la voz de “All clear, all clear” y comenzó a llegar la gente, se armó, por supuesto, un pandemonio. Los aviones que tenían que partir se retrasaron todos, y los que partieron lo hicieron dejando en el suelo a más de una docena de pasajeros, que no pudieron llegar a su puerta a tiempo porque la policía no los dejaba entrar. A todas las quejas, la única respuesta era “It’s a security situation, ma’am. It’s Homeland Security, ma’am, not the airline. It’s Homeland Security, there is nothing we can do.”

En el medio de todo este lío, en la puerta E-1 se empezó a juntar la gente que esperaba para tomar el vuelo DL101 a a Buenos Aires. Como el avión saldría seguramente más de una hora retrasado, la gente (siendo argentina) empieza a charlar.

Hay una chica al lado mío. Rubia, tipo 20 años, ropa cara y lleva unas botas de ski en la mano. Habla con la mamá por skype en su computadora Mac nueva: “Si mamá. No sé, estoy acá en el aeropuerto y tipo que está todo retrasado. No sé, son estos IDIOTAS de la aerolínea que seguro son argentinos. Todo lo argentino funciona mal. La Argentina me estresa, no quiero volver.” “No, ma. No sé cuando salimos. Ay, por qué no puedo quedarme acá en EEUU, ya me estoy acercando a Argentina y TODO funciona mal. En cambio Miami es tan lindo.” (La aerolínea era Delta, cuyo agente de puerta ni siquiera hablaba castellano.)

Me pongo a charlar con un hombre de mediana edad. Alto, bien vestido: pantalón kaki, campera de carpincho, zapatos tractor. Es “del campo.” Está con su secretaria, en viaje de negocios. Se acaba de comprar, en el shop del aeropuerto, un IPAD nueva. Les ayudo a configurar el wi-fi.

Me pregunta, “¿A qué te dedicás?”.

Yo: Como estoy cansada y llevo 12 horas en aeropuertos cometo el error de contestar “Soy politóloga” en vez de ama de casa o bailarina exótica.

“¿Politóloga? ¿Con lo corrupta que es la política?. En Argentina funciona muy mal la política. Es una cuestión cultural, es una cuestión de valores. Es una decadencia muy grande la que tenemos en el país.”

Yo: “¿Le parece? A mí me parece que tenemos problemas, pero estamos mucho mejor políticamente que hace treinta años.”

“No, pero el tema es la cultura, los valores. En Argentina nadie se preocupa por progresar, es una decadencia todo. No como acá que todo anda bien.”

Yo: “Sí, puede ser.”

“Mi hijo estudia ciencia política. Por ahí lo tenés de alumno. En la UBA. Es muy buena la UBA eh. Te digo más, yo soy ingeniero de la UTN y ahora que estuvimos acá recorriendo plantas industriales me doy cuenta de que la formación de la UTN es mejor que la de los ingenieros de acá. Acá es muy estrecha la formación, saben hacer una cosa y nada más. Nosotros somos más flexibles.”

Yo: “Si, puede ser.”

“Es más, ahora nosotros estuvimos recorriendo plantas frigoríficas acá en EEUU y la verdad que lo que vi me dio asco. Salí del primer frigorífico y decidí no comer carne nunca más en Estados Unidos. La falta de higiene y los químicos que le metían a la carne era una cosa tremenda; en Argentina no existe ningún frigorífico así, te lo cierran enseguida.”

Yo: “Ah mirá, que interesante.”

“Si, y te digo más. La gente que ví trabajando era miserable. Había ancianos de 80 años, mujeres embarazadas, y niños. Sí, había una chica mexicana que era tan chiquita que le pregunté cuántos años tenía. Al principio no me quiso contestar, tenía miedo de que fuera de migraciones. Pero como le hablé en español me contestó, me dijo que tenía 15. ¿A vos te parece, chicas de 15 años trabajando de obreras en un matadero? Yo soy de la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos un frigorífico y viste, y nunca ví una cosa así.”

Yo: “Y la verdad que no.”

“Es así. Igual, te digo, en Argentina falta mucho. El problema es la cultura. Yo le digo a mis hijos: vayan a estudiar afuera, es otra cosa. Tienen que cambiar su cabeza. Pero mi hijo, viste como son los jóvenes, me dice que no, que él sí o sí quiere ir a la universidad pública, que ni loco se va al ITBA. Y estudia ciencia política, viste, no sé de qué va a trabajar cuando se reciba.”

Yo: “Bueno, de algo se trabaja. Eso sí, mucha guita no va a hacer. Pero vivir se vive.”

“Y además, viste, ahora se metió a militar. En La Cámpora, se metió. Viste como son los chicos. Buah. Ahí están llamando a embarcar. Nos vemos, suerte.”

Leyendo el diario por Internet antes de salir, me entero que la “amenaza de seguridad de Homeland Security” fue que un avión de Delta parado en el aeropuerto de Atlanta con dos mecánicos a bordo salió andando solo, recorrió 100 metros sin que lo pudieran frenar, y se cayó finalmente a una zanja, destruyéndose. Los mecánicos sólo salieron heridos.

En el vuelo de Delta, los baños de atrás de clase turística no funcionan, por lo que durante toda la noche hay cola en los dos únicos baños del medio.

En Ezeiza, hago la cola de migraciones. La rubia me toca, obviamente, al lado. Está a punto de llorar de tener que volver a Argentina. Nos ponemos a charlar con un muchacho afroamericano que decide entrar con pasaporte haitiano y no americano para no pagar la tasa. La chica dice “vas a ver que acá funciona todo mal, este país es un desastre, yo me quiero volver a Estados Unidos.” El: “¿De verdad? Estados Unidos está bien, pero Argentina también está bien. Yo hace dos años que vivo acá, trabajo en finanzas. Yo vivo en Palermo, es muy lindo, la gente es amable, la paso bien. Espero poder quedarme a vivir acá unos años.”

Me tomo un avión de Aerolíneas hasta la ciudad del interior donde me están esperando. El vuelo sale a horario, es un Embraer nuevo, con pantallitas y auriculares individuales. Miro una película, me tomo el café con juguito y guardo, por supuesto, los alfajores para mis nenes, porque sé que me los van a reclamar cuando llegue a casa.

Macri, ¿liberal o populista?

Asumamos, por el momento, que Mauricio Macri expresa un proyecto político autónomo de la derecha argentina, en el sentido de que representa políticamente al sector de la sociedad argentina que quiere limitar la intervención del Estado en la economía y recortar las políticas de distribución del ingreso, y que es el líder de un proyecto encabezado por representantes de las clases que solían llamarse propietarias. Asumamos que Macri tiene, no sólo la intención, sino un proyecto real para construir un partido nacional con perspectivas concretas de ganar las elecciones nacionales de 2015. Asumamos que Macri encabeza un proyecto autónomo de derecha en la Argentina. Aun así, no queda claro qué clase de derecha es.

Porque así como en la Argentina existen y existieron durante el Siglo XX (al menos) dos izquierdas, la izquierda liberal y la izquierda populista, también existen y existieron al menos dos derechas. Hasta la década del setenta, dentro de la derecha argentina coexistían, no sin conflicto, dos variantes: la derecha nacionalista y la derecha liberal. La derecha nacionalista estaba asociada con sectores ligados fuertemente a la Iglesia Católica y a los sectores terratenientes: históricamente, esta derecha expresaba un proyecto centrado en un relativo cierre de los intercambios con el resto del mundo y en la implementación de agendas cultural y socialmente conservadoras: educación católica, fuerte énfasis en la naturalización de las jerarquías sociales, promoción de un mitológico pasado gauchesco y campero, etcétera.

La derecha liberal, mientras tanto, expresaba a sectores económicos ligados al capital extranjero y tenía la característica de promover el proyecto de una Argentina “integrada al mundo” como productora de materias primas y asociada de las potencias centrales. La derecha liberal tuvo la característica de centrarse en temas económicos, y ser más flexible en temas religiosos y culturales. De hecho, la derecha liberal argentina era una derecha cosmopolita, viajera, admiradora de las grandes capitales y que coqueteaba, incluso, con el laicismo. Esta situación cambió, sin embargo, luego de la década del setenta, con la derrota del sector nacionalista de la derecha a manos de los liberales. Victoria expresada por el protagonismo de los sectores liberales ligados a Martínez de Hoz en el Proceso.

El derrumbe de la dictadura, la apertura democrática de los ochenta y la derrota de los últimos vestigios nacionalistas expresados por figuras como Seineldín, volvieron irrelevante a la derecha nacionalista. La situación cambió durante los noventa. En esa década sucedió un hecho de revolucionario impacto: la derecha argentina, como la colombiana o la peruana, abrazó al populismo. Tanto la derecha liberal como la derecha nacionalista de antaño tenían un enemigo en común: el populismo, encarnado, por supuesto, en la tradición peronista. Toda la derecha argentina era furiosamente antipopulista y compartía el ímpetu en reprimir y eliminar cualquier atisbo de movilización popular, ya fuese por la vía de una rígida jerarquía sostenida en valores religiosos y tradicionales o bien por la vía de la disolución individualista de las solidaridades colectivas.

La clave, sin embargo, es que este rechazo del populismo dejó a la derecha sin posibilidad de ganar elecciones nacionales libres y abiertas desde 1945 a 1983, dada la evidencia de que en nuestro país es muy difícil, sino imposible, ser electo a nivel nacional sin al menos un componente populista. Pero todo esto cambió con el advenimiento de las derechas neoliberales (o “neopopulistas,” al decir de Kurt Weyland). Súbitamente, con Carlos Menem la derecha descubrió que, mucho mejor que eliminar a su histórico enemigo, era abrazarlo. Esto no significa que la antigua derecha liberal haya desaparecido, ni mucho menos.

Antes bien, el instinto primario de la derecha vernácula y su impulso atávico es hacia el antipopulismo, expresado en el rechazo hacia el sindicalismo y todo lo que conlleve a la politización de las clases populares. El ímpetu antipopulista sigue siendo la identidad principal, sobre todo, de aquellas personas que advinieron a la vida política antes de la consolidación democrática. Sin embargo, un sector (generalmente más joven) de la derecha comprende que la aceptación de las reglas de juego electorales implica que a las elecciones hay que ganarlas, y esto requiere la capacidad de atraer al menos a una fracción de las clases populares.

En ningún partido actual es esta ambivalencia tan fuerte como en el PRO, ya que ambas tendencias conviven dentro de él y en el discurso de su principal líder, Mauricio Macri.

Por un lado, en este partido han recalado con naturalidad representantes de liberalismo antipopulista más clásico (como el del efímero funcionario Abel Posse o Federico Pinedo). Por el otro, el mismo Macri llegó a la política mediante un uso virtuoso de tácticas claramente neopopulistas como el uso de la presidencia de Boca o su participación en programas de exitosos de televisión (el reclutamiento de Miguel de Sel para competir en la provincia de Santa Fe da cuenta también de este fenómeno). Por momentos el PRO parece oscilar en su discurso público entre una visión más jerárquica y represiva de la diferencia y una visión más capaz de acomodar las demandas populares.

Esta semana fue muy evidente esta tensión con la reacción de Macri a la noticia de la expropiación de YPF. Su cerrada y automática defensa de los intereses de Repsol está en línea, por supuesto, con una identidad política basada en una alianza estratégica con los sectores económicos más concentrados. Sin embargo, dado el abrumador apoyo popular a la medida, expresado en encuestas muy favorables, asumir una posición de vocero político de Repsol y el Gobierno español no deja de ser una posición riesgosa (como quedó claro en lo rápidamente que la UCR y el FAP aceptaron, si no la virtud, al menos la legitimidad de la medida). También los comentarios luego de los sucesos del Parque Indoamericanos llamaron la atención, cuando el PRO salió a culpar públicamente a los inmigrantes, es decir, a parte de la población que Macri había logrado interpelar exitosamente con su imagen ligada al fútbol.

El avance hacia la política nacional de Macri hace más urgente responder a esta pregunta, ya que de la respuesta a la duda entre liberal y populista dependerá la política de alianzas y de coaliciones del PRO, así como la agenda de políticas públicas de un (posible) futuro gobierno. Por ahora, pareciera que la cabeza le dicta a Macri la necesidad de popularizarse pero el corazón, en momentos de crisis, lo liga a las raíces antipopulistas de la derecha argentina.

(Columna publicada en Revista El Estadista.)

La militancia juvenil

(Esta columna fue publicada originalmente en la revista El Estadista.)

Mucho se ha escrito en estos días, y seguramente mucho más se escribirá, sobre la agrupación juvenil kirchnerista La Cámpora. Se ha dicho, entre otras cosas, que son militantes más interesados en los cargos que en la militancia de base; que sólo responden a Máximo Kirchner, un líder oscuro y misterioso; que tienen relaciones tirantes con otras agrupaciones políticas y con los intendentes y gobernadores peronistas y que constituyen un grupo de choque dentro del movimiento peronista.

Ahora bien, ¿es realmente novedoso el fenómeno de La Cámpora? Desde un cierto punto, podemos decir que el fenómeno de La Cámpora no es en absoluto tan novedoso, ya que es comparable (no idéntico, pero sí lo suficientemente similar) con la consolidación de una corriente de militancia juvenil, nucleada en la Junta Coordinadora de la Juventud Radical en el momento de mayor auge del Gobierno de Raúl Alfonsín. Los que ahora critican el rápido ascenso de dirigentes de La Cámpora como Andrés Larroque o Eduardo De Pedro a posiciones de poder deberían recordar que críticas parecidas se hicieron en su momento a los dirigentes que ascendieron desde la Coordinadora a posiciones similares dentro del Gobierno de Alfonsín.

Como los dirigentes de La Cámpora, los dirigentes provenientes de la Juventud Radical fueron acusados de “buscar sólo cargos”, de no contar con suficientes pergaminos partidarios y de escalar posiciones demasiado rápidamente, trastrocando las tradicionales jerarquías partidarias. Como Cristina Fernández de Kirchner, Raúl Alfonsín también fue acusado de recostarse con demasiado énfasis en un sector cuyo único mérito era la lealtad personal con el líder; también, como recuerda María Soledad Delgado en su paper “El otro partido: algunas consideraciones con respecto al radicalismo (1983-1989)”, se acusó a Raúl Alfonsín de privilegiar criterios “tecnocráticos” y de lealtad personal por sobre criterios de representatividad política en su selección de funcionarios.

En este sentido, es claro que la acción de “recostarse” de Raúl Alfonsín y Cristina Fernández de Kirchner en los grupos de militancia juvenil cumple un objetivo similar: ambos buscaron de esta manera consolidar un liderazgo personal, disciplinando a estructuras partidarias díscolas mediante el “uso” de una agrupación que responde directamente al Presidente, y que no le debe lealtad a ningún otro sector del partido.De hecho, puede argumentarse que la consolidación del liderazgo personal de Cristina Fernández de Kirchner dentro del Partido Justicialista (y el rol de La Cámpora en este proyecto) no llega a ser comparable a la fortaleza del liderazgo personal de Raúl Alfonsín en el momento más fuerte de su hegemonía.

Entre 1983 y 1987 Raúl Alfonsín fue el único líder reconocido de la UCR y el elector de los candidatos a cargos subnacionales. Es cierto que Cristina Fernández de Kirchner intenta constituirse como la única líder del Partido Justicialista, sin embargo, miembros de su propia coalición (por caso, Hugo Moyano en la CGT o Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires) plantean desafíos muchos más abiertos que cualquiera de los que se enfrentaron a Alfonsín durante su gobierno.

¿Es negativo este proceso de ascendencia de una corriente juvenil? No necesariamente. Para comenzar, hay que señalar que tanto La Cámpora como la Juventud Radical sólo son posibles por la existencia previa de un genuino y autónomo proceso de politización de sectores amplios (no universales, por supuesto) de la juventud en general. La irrupción de estos sectores en la vida política es claramente un capital político importante a largo plazo, más allá de las limitaciones de su acción presente. La formación Juventud Radical permitió al alfonsinismo apropiarse, por así decirlo, de una generación entera, insuflando vida y energía al partido más allá de 1989, aún en la derrota. Lo mismo sucederá seguramente con la mayoría de los adherentes de La Cámpora, que seguirán siendo kirchneristas/peronistas en su vida adulta, aun cuando su fuerza no esté más en el poder. Es interesante contrastar ambas experiencias con la experiencia menemista, que tuvo casi nulo éxito en la formación de una corriente militante juvenil propia, más allá de los cuadros juveniles que supo captar brevemente la Ucedé.

Sobre todo, queda un saldo positivo cuando las agrupaciones juveniles tienen la capacidad de imponer temas de agenda, dando así el salto de la “militancia juvenil” entendida como militancia “de” jóvenes a la “militancia juvenil” entendida como militancia “para” los jóvenes. La Juventud Radical pudo imponer al menos una reivindicación propia: el acceso irrestricto a la educación universitaria. La Cámpora debe aún definir una agenda propia, nucleada tal vez alrededor de un proyecto de ley sobre un tema como primer empleo, subsidios a la primera vivienda, derecho al acceso al aborto, o algo similar. Nada mejor que un proceso de militancia legislativa sobre un tema candente de actualidad para romper con las acusaciones de ser militantes de Blackberry.

Macri: crecer o defenderse

(Esta columna fue publicada en la revista El Estadista nro. 52.)

El PRO exhibe una curiosa ambivalencia entre sus aspiraciones de partido nacional y sus instintos de partido vecinalista.

La relación entre el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional está signada por el antagonismo. Este nace de datos estructurales, que tienen que ver con la distribución de recursos entre la Nación y la CABA, pero también de decisiones de estrategia política. Claramente, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri se han elegido mutuamente como las figuras para polarizar el campo político, y están actuando en consecuencia.

La instancia más reciente de este enfrentamiento se despliega a partir de la decisión del Gobierno Nacional de transferir al Gobierno de la ciudad la propiedad y el manejo de los subterráneos (más el Premetro más las líneas de colectivos cuyo recorrido no sale de la CABA.) El tira y afloje sobre el traspaso lleva ya dos meses: una vez anunciada la transferencia por el Gobierno Nacional, ambas jurisdicciones firmaron un acuerdo el 3 de enero de 2012. Sin embargo, hace tres semanas, el Gobierno Nacional decidió apurar el cambio luego del choque del Sarmiento. Frente a esta aceleración de los tiempos, Mauricio Macri anunció que rechazaba el acuerdo y decidía devolver los subtes a la Nación. Por su parte, la respuesta de la presidenta Fernández de Kirchner fue enviar una ley al Congreso para que el mismo ratifique el acuerdo ya firmado. En el día de ayer el Congreso sancionó el traspaso. Ante la resistencia del gobierno del PRO, es seguro que el tema se dirimirá en la justicia.

No es el objetivo de esta nota determinar la validez de las razones legales de uno u otro lado, sino analizar el impacto que este enfrentamiento puede tener en la conformación de la estrategia nacional del PRO a mediano plazo.

La disputa en relación al traspaso de los subtes pone a Mauricio Macri en una disyuntiva en relación al difícil equilibrio que debe alcanzar entre defender su territorio y avanzar hacia la política nacional. Por un lado, el PRO desea aparecer como un defensor de su territorio frente a las intrusiones del Ejecutivo Nacional, y, además, hace tiempo que la estrategia del PRO es “no hacer olas” en la ciudad. El PRO busca implantar un cierto orden de gestión, confrontar lo menos posible (salvo con el Gobierno Nacional), y dar una imagen de buena onda y nueva política. ¿Quién, en su lugar, no querría que otro se haga cargo de la problemática del transporte, una de las más difíciles y conflictivas de toda la agenda de política pública nacional? Es comprensible. Sin embargo, existen riesgos en esta estrategia.

Mauricio Macri ya anunció su voluntad de disputar la presidencia en el 2015. Tiene varios factores a favor: ha ganado de manera contundente no una sino dos elecciones en su territorio; el año pasado su primo y aliado llegó a la intendencia de Vicente López; puede contar con bloques razonablemente orgánicos no sólo en la Legislatura porteña (en donde el PRO es mayoría) sino también en el Congreso y, por último, Macri goza de un conocimiento personal alto a nivel nacional, por su paso en Boca. Sin embargo, así como tiene factores a favor, Macri tiene un problema bastante importante: con la excepción de Vicente López (que es demográfica y socio-econónomicamente más una extensión geográfica del núcleo duro de apoyo al PRO, o sea, la zona norte de la CABA que una parte de la provincia de Buenos Aires), el PRO no ha podido construir un perfil político nacional. No tiene implantación territorial en el interior del país (ni mediante gobiernos locales ni gracias a una estructura de locales partidarios), tampoco tiene en la mayoría de las provincias figuras de peso propio (salvo las posibles excepciones de Salta y Santa Fe) y, lo más importante, no tiene ni un discurso ni una agenda programática nacionales, más allá de la oposición al kirchnerismo y algunos slogans genéricamente libremercadistas.

El problema es que los votos de la CABA, aún así Macri logre captar para las presidenciales la totalidad del excelente 65% que sacó en el 2011 en la segunda vuelta de la elección a jefe de Gobierno, no alcanzan para ganar una elección presidencial. Para ser presidente, Macri va a necesitar al menos algunos votos del interior: en el 2015, va a tener que explicar a los votantes de todo el país por qué deberían votarlo y qué mejoras representaría un gobierno suyo en relación a las economías de su regiones y su vida cotidiana. Sobre todo teniendo en cuenta que es probable que Macri enfrente a Binner y a Scioli, es decir, a dos candidatos “del interior” que además pueden articular un relato con experiencia de gestión.

El Gobierno Nacional envió este tema al Congreso porque sabe que muchos habitantes de las provincias viven como una injusticia que la Nación subsidie el transporte de la zona metropolitana, cuando en casi todas las ciudades del interior los habitantes pagan más para viajar igual o peor. También viven como una imposición los recursos que la Nación transfiere a la CABA para sus servicios de salud y seguridad pública, aún cuando la CABA es el distrito con el ingreso per capita más alto del país, por lejos. En síntesis, el Gobierno Nacional calculó acertadamente que sería imposible para el PRO sostener en el Congreso la postura de que la Nación debía continuar solventando gran parte de su infraestructura de transporte. Seguramente esto lo saben, y es por esto que anuncian que se recurrirá a la Corte Suprema.

En términos políticos, Macri debe sopesar cuidadosamente el tono que debe mantener: si tener su territorio “en paz” hasta el 2015 es condición de posibilidad de su candidatura, no es menos cierto que no le conviene quedar reducido a la figura de un alcalde protestón, defendiendo privilegios y peleado no ya con la Nación sino con “las provincias” en general.

¿No le convendría al PRO hacerse cargo del transporte de la CABA, motorizando además la conformación de una autoridad conjunta del tema con los municipios del Conurbano y la Provincia de Buenos Aires? (Sería una manera de poner un pie en la política de la provincia.) ¿No sería una mejora sustantiva del sistema de transporte metropolitano un gran logro de gestión para una campaña nacional? ¿No sería quitarle estos temas al poder ejecutivo nacional otra manera de empequeñecerlo? ¿No sería mejor esto que verse arrastrado a una confrontación, aunque más no sea simbólica, no ya con el kirchernismo, sino con todas las provincias?

En este y en otros temas se atisba una curiosa ambivalencia en el PRO entre sus aspiraciones de partido nacional y sus instintos de partido vecinalista. Por supuesto, todavía hay tiempo hasta el 2015, pero la realidad política argentina del día a día no es complaciente con los que dudan demasiado.

Ruidos a la izquierda

(Nota: Esta nota fue publicada en la edición pasada de la revista El Estadista, antes de la renuncia de Juan Pablo Schiavi.)

El choque de un tren de la línea Sarmiento en la estación de Once dejó al descubierto el colapso del sistema metropolitano de transporte (de todo el sistema, no sólo el ferroviario, ya que la red de colectivos y también la estructura vial están trabajando a una capacidad para la que no fueron diseñadas, hace por lo menos 40 años). Con 51 víctimas mortales, varias personas desaparecidas por días, y centenares de heridos, este choque se transformó rápidamente en el principal hecho político del mes.

Frente a él, el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reaccionó con una parquedad comunicacional infrecuente. En las horas que siguieron a la tragedia, sólo dieron breves conferencias de prensa (en las que, en rigor, no se admitieron preguntas) primero el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi (cuyas declaraciones sólo pueden calificarse de desafortunadas) y, luego, el ministro de Planificación, Julio De Vido. Sin embargo, ninguno de ellos anunció cambios en la política de transporte ni renuncias entre los funcionarios responsables. Los primeros anuncios concretos sólo se produjeron seis días después, cuando el ministro De Vido anunció la intervención administrativa del concesionario privado del servicio, TBA.

La Presidenta aludió al choque en su discurso del día anterior, pero no hizo anuncios puntuales. La reacción de las figuras de la coalición kirchnerista, entonces, estuvo marcada por el silencio. Prácticamente ningún político de primera línea habló públicamente sobre el accidente, con las excepciones de un breve comunicado de Nilda Garré sobre el accionar policial durante las acciones que culminaron con el descubrimiento del cadáver de Lucas Menghini, y una aparición del jefe de Gabinete de ministros, Juan Manuel Abal Medina, en el progrma de TV “678” el día domingo. Ninguno de ellos, por su parte, realizó anuncios. Una excepción a esto estuvo dada por las fuertes declaraciones de Martín Sabatella, Luis D’Elía y Hebe de Bonafini.

El diputado del EDE reclamó públicamente la rescisión de la concesión a TBA y la formación de un Ministerio de Transporte; lo mismo pidió D’Elía. Bonafini fue más allá y apostrofó personalmente al secretario de Transporte, en duros términos.

LOS ANTECEDENTES

No es la primera vez que algo así sucede. En otros momentos de crisis (como en la represión a los ocupantes del Parque Iberoamericano), y rompiendo lo que pareció ser una política diseñada, estas figuras u otras similares solicitaron al Gobierno acciones rápidas y contundentes, muchas veces criticando con nombre y apellido a los responsables de la inacción en ciertas áreas.

Estas figuras, estas pequeñas islas dentro del archipiélago de la coalición kirchnerista, funcionan como una especie de vanguardia o ala izquierda (o progresista, como uno guste) que por momentos “corre” a actores más mayoritarios dentro del Frente para la Victoria, empujando (o pinchando) al movimiento en una dirección determinada. Esta dinámica (que algunos llaman “apoyo crítico”), en la cual un socio menor de la coalición gobernante aprovecha su autonomía relativa para empujar en una dirección un tanto más radical, es bastante frecuente de ver en fuerzas minoritarias dentro de las coaliciones partidarias gobernantes de sistemas parlamentarios. No se dan frecuentemente dentro de los partidos más orgánicos de los presidencialismos.

Sin embargo, el tipo de estructura partidaria movimientista y fluida de las coaliciones populistas, como el FPV, hace posible la existencia de socios menores, que se ven a sí mismos como alas externas del movimiento. Como pasa, por ejemplo, en Bolivia, en donde Evo Morales tiene una relación de tire y afloje con algunos de los movimientos sociales más radicales que lo apoyan. La tesis de la “autonomía relativa” del kirchernismo progresista no goza, por supuesto, del afecto de los sectores más mainstream del kirchnerismo, como los líderes territoriales o los sectores que se encuentran más a la derecha en términos culturales y sociales.

Sin embargo, debe quedar claro que esta dinámica ha sido positiva para el kirchnerismo en general. Por un lado, la existencia de un ala izquierda y un ala derecha ha fortalecido la autoridad de la Presidenta, al permitirle laudar por uno o por otro sector según la ocasión. Por otra parte, muchas de las iniciativas que hoy conforman el catálogo de éxitos del kirchnerismo (ley de Medios, estatización de las AFJP, matrimonio igualitario y Asignación Universal por Hijo, entre otras) fueron impulsadas en su inicio por actores del sector progresista, y sólo mucho más tardíamente abrazadas por el movimiento todo. De hecho, no cabe duda de que las críticas de Sabbatella y Bonafini, aunque no deben haber sonado bien en todos los oídos, ayudaron a romper la inercia de un Gobierno que, por lo menos al principio, parecía haber apostado a dejar que la situación se disolviera sola.

Claramente, la sociedad no iba a admitir esto, y es positivo que el Gobierno haya comprendido que debía retomar la iniciativa. Sin embargo, deben quedar claros dos límites a la dinámica. Por un lado, actores como Sabbatella pueden aparecer como criticando (lateralmente) a su propio Gobierno porque tienen aún capital político acumulado, sobre todo por su apoyo durante la 125. Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué punto podrán seguir tensando la cuerda si las crisis se multiplican o si el deseo de continuidad del Gobierno prima por sobre el de transformación. Por otra parte, el EDE y otras fuerzas similares deben saber que elegir este camino, el de ser el ala izquierda o vanguardia de un movimiento mayor, es elegir ser siempre una fuerza minoritaria.

El problema es que hemos visto en los últimos años las dificultades de los partidos minoritarios para sostenerse sólo como fuerzas parlamentarias, sin inserción en cargos ejecutivos. Aún aceptando ser miembros minoritarios, estas fuerzas deben sacar un número de votos suficiente para subsistir. Por supuesto, visto desde afuera, tener la capacidad de imponer ciertos temas en la agenda con un cinco o diez por ciento de los votos no es poca cosa.

Una entrada hacia el mundo de las ONGs

Dentro de los temas más relevantes de la política norteamericana en la última semana (Siria, la interna del Partido Republicano, el Super Bowl) hubo uno que, si bien no es tan relevante a primera vista, tiene ciertas aristas de interés para aquellas personas que, como a mí, les interesan los temas relacionados con las organizaciones de la sociedad civil. Hablo del escándalo protagonizado por la Fundación “Susan G. Komen para la Cura (TM)” (del cáncer de mama.)

Susan G. Komen fue una mujer que enfermó y murió de cáncer de mama. Su hermana, Nancy Brinker, le prometió que lucharía contra la enfermedad y en 1982 fundó la Fundación Susan G. Komen, que tenía por objetivos recaudar fondos para apoyar la lucha contra el cáncer y también contribuir a una mayor conciencia y solidaridad sobre la enfermedad. Hoy resulta difícil recordarlo, pero el cáncer de mama fue en los sesentas y setentas una bandera feminista, ya que era una enfermedad negada, que conllevaba un gran estigma social (por ser una enfermedad femenina, era vista como vergonzante y en general se mantenía en secreto; (Betty Ford causó un gran revuelo cuando dijo públicamente que sufría de la enfermedad), y cuyo tratamiento era visto como extremadamente medicalizado y paternalista (obviamente, para estos temas hay que leer este libro.)

Pues bien, en este contexto la Fundación Komen fue muy exitosa. Recaudó mucha plata, y creció mucho, hasta transformarse, según dice su sitio web en “the global leader of the breast cancer movement,” recaudando decenas de millones de dólares por año.

Para lograr este éxito, Komen realizó varias elecciones estratégicas: primero, se concentraron en el marketing, y desarrollaron toda una imagen centrada alrededor de la idea de una visión positiva y celebratoria de la experiencia de sobrevivir al cáncer, articulada alrededor del color rosa (sobre todo en las cintas color rosa que son el emblema) y de megaeventos como las Maratones por la Cura, en la que miles de mujeres participan, todas vestidas de rosa. Segundo, desarrollaron una política muy eficaz de asociarse a grandes corporaciones para conseguir recursos, mediante la venta de productos masivos (desde yogures hasta zapatillas.) de color rosa o adornados con la cinta rosa. Y, finalmente, se convirtieron en una organización bastante burocratizada, que registró la marca comercial “Para la Cura,” cuya retórica promocional no se pelea con nadie y está escrita en ese idiolecto particular que es la jerga consultoril (“global leader,” “community outreach,” “empowering people”), y que paga a sus ejectuvos cientos de miles de dólares.

Gracias a esto, Komen creció hasta ser una organización muy conocida y respetada, el tipo de fundación que puede llevar a decenas de celebrities a cualquiera de sus cenas de gala. Con sus recursos, Komen se comprometía a financiar investigación de vanguardia sobre terapias del cáncer, y ayudar a financiar programas de detección temprana para mujeres sin cobertura de salud (había más, pero estas eran las actividades principales.) Esto hasta la semana pasada.

La semana pasada, la Fundación Susan Komen anunció que cortaría su línea de subsidios a otra organización sin fines de que se llama Planned Parenthood. Como su nombre lo indica (“Maternidad Planificada”), Planned Parenthood es una ONG que tiene como foco ofrecer a las mujeres, sobre todo las más pobres y sin cobertura de salud, servicios de salud reproductiva. Planned Parenthood tiene más de 90 años de existencia, y es una de las principales proveedoras de servicios de salud reproductiva en áreas pobres, barrios habitados mayoritariamente por minorías étnicas, o áreas rurales. En un país como USA, que no tiene ningún tipo de sistema de salud pública y en donde hay 47 millones sin cobertura prepaga, en muchos casos Planned Parenthood es el único recurso disponible para mujeres de pocos recursos para, entre otras cosas, tener acceso a una mamografía.

El problema, por supuesto, es que Planned Parenthood, además de hacer análisis ginecológicos, entregar anticonceptivos y hacer análisis para detectar cánceres cervicales o de mama, realiza abortos. Y por esto Planned Parenthood (aunque el aborto es perfectamente legal en los EEUU) es un enemigo jurado de la derecha.

No voy a dar todos los detalles del escándalo que se armó cuando Komen anunció que retiraba sus subsidios a PP, sólo decir que la decisión les explotó espectacularmente en la cara. La reacción fue muy grande, sobre todo vía redes sociales. Planned Parenthood recaudó donaciones por 3 millones de dólares en tres días. El alcalde de Nueva York donó 250.000 dólares. Varios senadores pidieron explicaciones. Y, al final, Komen tuvo que tirarse para atrás (más o menos) y echar a la ejecutiva que, según parece, fue responsable de la decisión.

Pero lo que me interesa es esto. Por un lado, tenemos una ONG tremendamente respetada, y (teóricamente) dedicada a un trabajo solidario y para nada político. Sin embargo, cuando periodistas y blogueras comenzaron a excavar, esto es lo que encontraron:

- La Fundación Komen gastó en 2009 140.8 millones de dólares. Sin embargo, el total dedicado a investigación fue sólo del 20.9%, y un 13% para detección del cáncer, mientras que entre gastos administrativos y “gastos de rundraising” se gastó un 21%. El mayor item de su presupuesto es “educación,” con 39%. (Lo cual puede ser bueno, pero cualquier persona sabe que es en rubros como “educación” donde se mimetiza el gasto en consultores y otros overheads)
- Nancy Brinker, la CEO de Komen, cobra un sueldo de casi medio millón de dólares, más alto que el presidente de los Estados Unidos.
- Nancy Brinker es una conocida donante al Partido Republicano, que fue nombrada embajadora en Hungría por George W. Bush.
- La ejecutiva, ayer reunciada, que estuvo involucrada en la decisión de eliminar los fondos para PP es una conocida activista republicana, que fue candidata republicana a gobernadora de Georgia, y tiene una larga historia de militancia contra los derechos reproductivos en general y Planned Parenthood en particular.
- Ari Fleischer, ex vocero de George W. Bush, admitió haber asesorado a Komen en la estrategia comunicacional sobre la decisión de Planned Parenthood.

Lo que me interesaba marcar, y aquí me detengo, es cómo la imagen de una ONG admirada y respetada por su espíritu (teóricamente) solidario, horizontal y apolítico se transforma, al poco que uno rasque, en otra organización burocratizada, politizada, y sujeta a la búsqueda de maximizar el poder, tanto político como económico.

Lo cual no está mal, para nada. El poder y la política son cosas de la vida, están ahí y hay que convivir. Pero la idea de que la sociedad civil y sus organizaciones funcionan, por un milagro, fuera de esas dimensiones sucias de la vida, no resiste casi ningún análisis.

Rio Negro sin Carlos Soria

El 1º de enero, en un día en el que generalmente pasa muy poca cosa, en el que ni siquiera salen los diarios, fue para la provincia de Río Negro un día cataclísmico. En la madrugada de ese día, Carlos Soria, el  primer gobernador peronista de una provincia que desde 1983 fue siempre gobernada por el radicalismo, murió en su chacra de Paso Córdoba, en las afueras de General Roca.  La hipótesis más fuerte es que recibió un disparo de arma de fuego de su mujer, Susana Freydoz. Llevaba en el gobierno sólo 22 días.
Como siempre sucede, la cobertura de las implicancias políticas del “Caso Soria” en los medios nacionales estuvo dominada por preocupaciones que no se corresponden con las cuestiones centrales del escenario que se observa desde el punto de vista de la política local.
Por caso, es importante comprender que, para la mayoría de la población de Río Negro, la trayectoria de Soria en el escenario político nacional (su paso por la SIDE durante el gobierno de Duhalde, su relación con los Kirchner y, sí, inclusive su responsabilidad en los asesinatos de Kosteki y Santillán) resultó un factor secundario a la hora de determinar el voto. A pesar de que los medios y analistas basados en Buenos Aires entienden la política en términos sólo nacionales, la política provincial se rige por sentidos propios, y con opiniones formadas en otras esferas públicas, estrictamente locales (en el caso de Río Negro, para comprender la política provincial no es de ayuda leer Clarín o La Nación, si no se lee antes el diario regional “Río Negro,” publicado en Roca.) Como ejemplo de que la conexión entre la actuación nacional de una figura política y su posición en los liderazgos locales no es automática, no hay que ir más lejos que la figura del otro rionegrino, el senador Miguel Angel Pichetto. El rol principal que tiene el senador Pichetto en el Senado y su centralidad para el ciclo político kirchneristas no se ha traducido en un liderazgo territorial comparable. En los últimos años, quedó claro que el líder del peronismo rionegrino, el único capaz de unificar un partido que llevaba décadas funcionando como un archipiélago de políticos de alcance municipal, era Carlos Soria, por dos razones; primero, su carácter enérgico (si bien es conocido su apodo de “Gringo,” no todos saben que en la provincia muchos lo conocían también como “el loco Soria,”) y segundo, la fama de buena gestión que revistió sus períodos al frente de la intendencia de General Roca, ciudad que es el corazón de la zona frutícola del Alto Valle del Río Negro.
Este dato no es menor. Soria llevó adelante una campaña a gobernador basada en la idea de buena gestión y resaltando los logros (sobre todo de inversión en obra pública) de su intendencia. Esto resultó ser central en una provincia en la que existía ya desde algunos años una mirada muy crítica sobre la eficacia de gestión del partido radical. Por diversas razones que sería demasiado extenso analizar en este artículo, el Estado rionegrino ha sido históricamente menos desarrollista que el de las provincias vecinas de Neuquén, Cubut y Santa Cruz. La inversión estatal provincial en caminos, viviendas, hospitales y saneamiento, entre otros, se ha percibido siempre como menor a las otras provincias patagónicas (como ejemplo, puede señalarse la histórica incapacidad provincial de asfaltar la ruta 23, obra que sólo se comenzó en los últimos años, con fondos nacionales.) La salud pública y la educación rionegrina no gozan del aprecio que aún tienen los sistemas públicos de Neuquén o Santa Cruz, por ejemplo. Y el gobierno del radical Miguel Saiz sumó a esta dinámica inercial un problema propio: la percepción de ser un gobierno, además, de poco eficaz, poco transparente en el uso de los fondos públicos. Dos datos sirven para comprender esta sensación: por una parte, desde el 2003 a la fecha, su administración multiplicó la masa salarial del Estado por diez, pasando de 384 millones de pesos en el 2003 a casi 3.800 millones en el 2011; por otra, el gobierno de Miguel Saiz se vio sacudido por la revelación de que gobernador y ministros cobraron rutinariamente desde 2004 sobresueldos que equivalían a 30 veces su salario (por ejemplo, el ministro de Gobierno cobraba un sobresueldo mensual de 81.550 pesos mensuales cuando su sueldo de planilla era de poco más de 7.000 pesos)
Soria ofrecía, para el votante rionegrino, la imagen de alguien que podía hacer dos cosas: unificar al PJ provincial detrás de un liderazgo claro e imprimir otra dinámica de gestión al Estado provincial.

El escenario político a futuro es una gran incógnita. Muchos dudan de que las batallas abiertas (con razón o sin ella) por Soria, como la drástica puesta en disponibilidad de todos los contratados todos los empleados de planta y la caída de los contratos del Estado provincial, puedan ser libradas (mucho menos ganadas) por otra persona, sin sus espaldas políticas. Alberto Weretilneck, el vicegobernador que asumió la gobernación, no es un hombre del PJ, sino del Frente Grante. Había llegado a la fórmula de gobierno como prenda de acuerdo, y porque él también tenía la fama de haber sido un buen intendente de su ciudad, Cipolletti. Sin embargo, de ninguna manera el nuevo gobernador puede presumir de tener la lealtad automática del peronismo rionegrino, que estuvo en un tris (según dicen) de pedirle que renunciara para llamar a elecciones anticipadas, hasta que un llamado de la Presidenta cortó la embrionaria rebelión. El único hombre que podría apuntar a construir para sí la legitimidad que tenía Carlos Soria, Miguel Angel Pichetto, no tiene manera instiucionalmente válida de asumir el gobierno. Sin embargo, el nuevo gabinete incoporó a su hijo, Juan Manuel Pichetto, como ministro de Producción, y a un hombre de su confianza, Hugo Lastra, como ministro de Gobierno, aunque el senador Pichetto asegura en todas las notas que “el gobernador es Weretilneck.”
Por supuesto, existe un factor aglutinante para el PJ rionegrino: un fracaso de este gobierno clausuraría sus chances de imponer una hegemonía peronista duradera. Si bien podría decirse que a este gobierno no lo une (hoy) el amor sino el miedo, también es cierto que, en política, nada enfoca la voluntad más que la visión del abismo.

(Esta nota fue publicada originalmente en la revista El Estadista.)

Una estrategia política eficaz de regionalización del conflicto

(Reproducimos una nota de Jorge Battaglino, profesor de Universidad Di Tella y Conicet, especialista en política internacional y seguridad, publicada hoy en Tiempo Argentino.)

Por el buen camino. Quizás como nunca antes en la historia reciente la estrategia argentina hacia Malvinas ha rendido sus frutos. Las reacciones desmesuradas, anacrónicas, coronadas por la acusación ignorante, alejada de cualquier registro histórico o teórico, de la Argentina como país colonialista, revelan que los ingleses han perdido su clásica flema y, peor aun, que su prolongada y refinada tradición diplomática carece de respuestas frente a una política exterior novedosa y coherente.
No es casual que ello suceda. La Argentina ha desarrollado una eficaz política de regionalización de la cuestión Malvinas que ha colocado al Reino Unido en una postura defensiva que se reduce al insostenible rechazo a negociar la cuestión de la soberanía.
Este apoyo regional tiene un significado distinto en esta nueva etapa histórica. Sudamérica se ha transformado en una región con creciente peso internacional, que ha crecido a tasas chinas y se ha mostrado inmune a una crisis económica que ha puesto en jaque a las economías de los países más “desarrollados”.
Asimismo, el crecimiento económico y la estabilidad política han favorecido el lanzamiento de un proceso de construcción de una identidad sudamericana que es inédito en nuestra historia.
Los países sudamericanos se han comprometido a construir un pensamiento regional en una amplia variedad de temas, los distintos consejos que forman parte de la Unasur se encuentran trabajando en esa agenda común que abarca desde la energía, la salud, la cultura o la defensa.
Es en este contexto, de creciente fortaleza material y de emergente construcción identitaria, que la región se ha comprometido con la Argentina en la causa Malvinas.
Gran Bretaña, en cambio, transcurre en el camino inverso: el de la crisis económica y social, cuya solución, propuesta por el primer ministro David Cameron, sólo parece presagiar una nueva debacle.
A ello se agrega su creciente aislamiento regional y la pérdida de respaldo de los Estados Unidos, su principal aliado, que reclamó el restablecimiento de negociaciones por la soberanía de las islas. La otrora potencia colonial se encuentra desorientada, excepto por la voz de distintos sectores de su sociedad que comparten la posición argentina, como lo demuestra la reciente nota del periodista Simon Winchester publicada en el prestigioso y conservador The Times.
Cabe destacar que la limitada estrategia británica (la obcecada negación a cualquier negociación por el tema soberanía), no puede divorciarse del lobby militar y de sectores del Partido Conservador que han encontrado en la cuestión Malvinas la excusa para frenar la reducción del presupuesto militar, la más importante desde la década del ’50.
La Armada británica ha sido especialmente afectada por los recortes, su flota se ha reducido considerablemente en los últimos años y además ha perdido, por primera vez desde la década del ’20, su capacidad aeronaval.
El peso del lobby naval no debería despreciarse en un país que dominó los mares y controló su imperio colonial durante siglos gracias al poder de su armada. La retórica militarizada que adoptó el discurso británico en los últimos meses es la mejor muestra del peso que tiene este sector en la política del país.

Por ello, la combinación de una legítima y sólida posición argentina, que recibe el apoyo de toda región, y el creciente anacronismo, aislamiento y apelación al militarismo del Reino Unido es el mejor escenario para un país comprometido con la recuperación pacífica de las islas.
Depende de la Argentina, entonces, fortalecer este camino y evitar contribuir al fortalecimiento de aquellos sectores de la política británica que más se oponen a la negociación por la soberanía de nuestras islas.

El dilema de la representación

(Columna publicada en El Estadista.)

Mucho se ha dicho sobre el alto porcentaje de votos que obtuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que la transformó en la presidenta más votada desde el restablecimiento de la democracia. Sin embargo, hay que detenerse en el segundo dato relevante, que es la amplísima diferencia entre la fórmula del FPV y su segundo. Este dato es más original que el 54% de votos en sí.

Raúl Alfonsín ganó las elecciones presidenciales de 1983 con casi el 52%; sin embargo, en esas elecciones el PJ sacó un 40%. En 1995, Carlos Menem arañó el 50% de los votos, pero fue seguido por la Alianza Frente Grande con un 28%, y en 1999 la Alianza obtuvo 48% de los votos, seguido por el PJ que, aún en una mala elección, retuvo el 38% de los sufragios. Entonces, podría decirse que lo más llamativo de esta elección no fue tanto el elevado porcentaje de la fórmula encabezada por Cristina Kirchner (o, al menos, no es un dato inusitado, ya que desde el ‘83 hasta aquí el electorado ha demostrado que, con la excepción de la elección del 2003, gusta de elegir a sus presidentes con mayorías claras), sino el desplome total y absoluto de las fuerzas de la oposición. En 1983, 1995 y 1999 las segundas fuerzas sacaron más o menos entre un 30% o 40% de los votos.

Sin embargo, en esta elección no son 10 o aún 20 puntos los que separan al primero del segundo, sino una inédita diferencia de 38 puntos. La debilidad opositora queda más en evidencia al notarse que la segunda fuerza es una coalición relativamente nueva de partidos, con poco tiempo de convivencia, con bajo anclaje nacional por fuera de Santa Fe, de la que no participa la Unión Cívica Radical, y que no pudo resultar ganadora ni siquiera en su propia provincia.

Es imperativo que los partidos de la oposición se reconstruyan; un sistema presidencialista como el de la Argentina no está diseñado para funcionar con tan alta fragmentación partidaria. Cabe entonces la pregunta de cómo habrá de darse esta reconstrucción. Sin querer caer en el hoy popular deporte de castigar a los partidos opositores por sus opciones, utilizando para ello el diario del lunes, hay que señalar que los partidos opositores deben concentrarse en fortalecer (o recrear, inclusive) la dimensión representativa de su accionar, por sobre la dimensión puramente electoral.

Se ha hablado mucho de las fortalezas o debilidades de los partidos opositores en términos de su oferta electoral. Sin embargo, me gustaría postular que el principal problema de los partidos opositores hoy (sobre todo de la Ucr y con la excepción notable del Pro) no se encuentra tanto a nivel de oferta electoral, sino en un nivel más profundo: el de su relación con la sociedad. En una democracia de partidos, estos tienen el cometido de representar.

Un partido político es antes que nada un dispositivo que existe para representar las preferencias, la ideología, la Weltanshchauung inclusive, de un sector social determinado, que puede ser más o menos amplio. Esta función representativa de los partidos se cumple, por supuesto, en la victoria; pero también debe seguirse cumpliendo en la derrota, y es esta relación de ida y vuelta entre sociedad y partido lo que le otorga vitalidad a lo que, sin ella, se transforma en una cáscara vacía. La Unión Cívica Radical llegó a cumplir 100 años de historia porque, con sus más y sus menos, con aciertos y errores, representó durante todo el Siglo XX a un sector amplio, si bien ya no automáticamente mayoritario luego de 1945, de la sociedad argentina: las clases medias, urbanas, de profesionales o empleados, articulados identitariamente alrededor de ciertos símbolos, como la educación pública o la admiración a la socialdemocracia europea, y del rechazo a la identidad peronista. Esta representación se enraizaba en la fuerte implantación de la UCR en ámbitos cruciales, como la militancia universitaria o la vida política de las ciudades medias de la provincia de Buenos Aires. En el caso de la UCR, es esta implementación lo que se ha roto, mucho más que su capacidad de presentar tal o cual candidato en una lista.

Como dijo Juan Carlos Torre recientemente, para comenzar a ser radical hoy hay que haber sido radical; no es casualidad que, con muy pocas excepciones, los nombres relevantes de la primera plana radical sean hoy los mismos que hace veinte años, o que la participación radical en el voto juvenil sea exigua. Esta pérdida de la capacidad representativa es grave, ya que la implantación partidaria permite que, por un lado, bajen del partido a sus representados cosas (mensajes, ofertas electorales, pedidos de apoyo) pero también, y más importante aún, permiten que suban elementos de la sociedad al partido (ideas, demandas, señalamientos de adonde están los problemas que estallarán en el futuro reciente y jóvenes militantes que se convertirán, el día de mañana, en dirigentes). Un partido que no representa a alguien es un partido que no es relevante para nadie.

El Frente Amplio Progresista pareciera estar en mejor situación que la Ucr en este sentido, por cuanto participan en él fuerzas con entramado en lo territorial, como el socialismo santafecino, y con cierta presencia de movimientos sociales, como Libres del Sur. Sin embargo, hay que señalar que si la aspiración del FAP es representar a los mismos sectores de clase media urbanos con una identidad antipopulista, esto implicará entrar en una disputa cuerpo a cuerpo con la Ucr, que imagina representar a los mismos sectores e inclusive con el EDE, de Martín Sabbatella, que abreva de la misma fuente.

Esto deja, además, a un sector importante del electorado sin representación. Alguien deberá representar a los sectores de centroderecha y derecha, ideológicamente neoliberales. El colapso del peronismo federal deja el campo libre al Pro para hacerlo. Veremos cuán rápido puede expandirse la fuerza vecinal del área metropolitana de la CABA a todo el país.

Todas estas fuerzas deberían concentrarse en fortalecer su capacidad representativa, expandiendo su imbricación territorial, desarrollando redes de militantes, fortaleciendo sus bloques legislativos (no tanto como “control” del Poder Ejecutivo sino presentando sus propios proyectos y desarrollando acción legislativa propia), discutiendo su identidad ideológica, antes que obsesionarse con encontrar “el” candidato que les permitirá ganar la próxima elección presidencial, o sentarse a esperar un colapso causado externamente del PJ. Pues la experiencia muestra que, dado lo primero, se sigue lo segundo; a la inversa, sin embargo, no sucede lo mismo.