De justicia, de imagen y de venganza

La direccionalidad de la política económica de este gobierno es única, clara y objetiva. Acumula miles de millones de dólares que son transferidos al verdadero poder: el económico. Un poder concentrado en un grupo de empresas que forman un elenco estable, acostumbrado a realizar negocios con el estado, y a tener en sumisión continúa a la clase política para obtener beneficios y contratos. A modo de relato, operan de manera consecutiva desde la dictadura hasta estos días; son pragmáticos y muchos de sus directivos prefieren mantener un relativo anonimato. La exposición los fastidia y los incomoda. Por ello es que su última pasarela por Comodoro Py fue sin dudas, forzar una actuación disgustosa, pero decididamente funcional para la causa: cualquier cosa pero que el negocio no se toque.

Sus directivos, gerentes y testaferros son quienes se arrepintieron en la causa de los famosos cuadernos de la corrupción, obligados a tener que escupir la confesión jamás pensada, que es la de haber pagado altos dividendos a cambio de contratos de obra pública. La metodología lleva décadas, y el proceso de carterización consolidado con diferentes gobiernos en la historia reciente argentina. La carterización es la lista de decenas de empresas que gozan hace años del sistema, y que con connivencia de la política, conservan su status de intocables y poderosos. Se las rebuscaron de mil maneras, muchas veces pergeñando maneras de corromper como es la de generar sobreprecios para luego, entregar sobrecitos de dinero con ese mismo excedente. A pesar de la confesión de delitos, no sólo los alcances legales son estos privilegios de seguir en libertad con la aprobación y el apoyo de la justicia, sino que ninguno corre el riesgo de salir del juego de licitaciones y sus negocios con el estado continúan intactos y vigentes.

 

Un sistema corrompido que necesita de políticos, de empresarios y de dinero circulante, por ello es que estos grupos prefieren políticas económicas acumulativas, de concentración de riqueza y de endeudamiento como las de la coalición gobernante de Cambiemos. Además precisa de una legislación monocorde con la trampa del arrepentido en torno a seguridades jurídicas-empresariales para servir por completo un combo obsceno de acumulación escandaloso, que en cualquier otro país sería visto como delitos de criminalidad económica. Muchas veces fue denunciado este mecanismo, incluso infinidad de veces, pero sin ninguna respuesta por parte de una justicia que termina siendo parte necesaria, y que explica entonces como desfigura las causas, cajonea expedientes y protege por completo a empresarios y políticos.  

Esta justicia acompaña y es parte de la corrupción, el desmanejo y la carterización. Simula querer determinar culpabilidades con un dejo superador, empoderados por una construcción social de legitimidad y sentido común, de estereotipos y mandatos que no hacen más que enfatizar el pensamiento pre-establecido del progreboludismo medio argentino. Son el refugio moral de una sociedad humillada que se percibe, ante la demanda de justicia, como la verdad absoluta de la justicia, sin importar los procesos ni las pruebas. En otras palabras, vale todo con tal de ver en cana a algún funcionario; por eso el espectáculo y el circo. Una justicia apática, burocrática y politizada conformando un engranaje útil para este deber. Por otro lado, los jueces son estrellas de rock and roll, son tapas de todos los diarios, ordenan allanamientos grandilocuentes y efectistas. Todos ellos circunscriptos a horarios prime-time, y que en tiempos de posverdades y medios de comunicación adictos, las informaciones se entremezclan entre programas faranduleros y noticieros, de frente a una pantalla caliente a la espera de la gran farsa. Todo muy bien logrado, y con detalles cuasi pornográficos, para el deleite patético del espectador. Un escenario mediático que día tras día compone lo noticiable, lo que se debe ver. Por decir nomás, América TV, el canal falopa falopa por excelencia, se convierte en el amigo imprescindible de las familias argentinas sentadas a la mesa a la hora de la cena.

Bienvenidos al banquete.

EL ARREPENTIDO

La ley del arrepentido es una exportación brasilera del famoso Lava Jato, la megacausa de corrupción que mantiene la justicia de Brasil para con funcionarios y empresarios de ese pais.  Sus efectos fueron tan grandes que salpicó a políticos y hombres de negocios de varios países, incluido el nuestro. En Argentina, la ley la impulsó el propio MM durante sus primeros meses de gestión.

¿Pero, por qué se MM se decidió a impulsar la ley?. ¿Cuál habrá sido la coordenada política que lo llevó a querer cumplir con este objetivo?.   

Una posible respuesta está en determinar y observar a quienes gozan de este privilegio e “impunidad (inmunidad)” que otorga la ley y quienes no tiene ese derecho. El arrepentido no sólo logra absolver de manera legal y técnica su situación, sino que además limpia y legitima tal hecho. Es decir, es inocente por el delito de pago de sobornos. La justicia los categoriza como “colaboradores imputados” y grandes amigos de la patria y de la verdad. A su vez, sí son amigos reales, pero del presidente y de sus cada vez menos ministros. De esa forma refrescan la imagen, salen fortalecidos, a punto que gracias a estas exquisitas bondades que nos brindan estrategias jurídicas-mediáticas conforman y aparentan ser los tipos “buenos”.

Estos tipos “buenos” son los que corrompieron al país, incluso no se les mueve un pelo al confesarlo abiertamente. Todo esto consta en causa, claro: a confesión de parte, relevo de pruebas. Sin embargo, son intocables, son para quienes defienden a estos delicuentes confesos, la garantía de perdurabilidad de las obras en el país. Una verdadera tragedia. La verdadera tragedia.

Para generar esta imagen positiva y transparente de los tipos “buenos” irrumpen los medios afines al poder y a los poderosos. Operan, arman y desarman escenas cotidianas, mientras las medidas económicas de Cambiemos se precipitan negativa y vertiginosamente, llevándose a la pobreza a miles de argentinos. Podríamos repasar los avatares económicos de estos últimos meses para clarificarlo.

Lo cierto es que estamos ante funcionarios señalados que son sometidos a proceso judicial y mediático, y otros parecen beneficiarse de impunidad legalizada. El juez Bonadio mantiene a la ex presidenta comprometida permanentemente en cuatro de las cinco causas. Le marca el cuadrilátero político y la envestida es constante. La investiga mediante allanamientos irregulares en condiciones muchas veces al margen de derecho. En cambio, quienes confesaron los delitos están en libertad. ¿Justicia, venganza o revanchismo?.   

La obra teatral y los medios

El escenario teatral que nos ofrecen los medios está actuado y ficcionado para aparentar la noticia. El mensaje de promesa que las pérdidas del presente son necesarias e imprescindibles para un futuro venturoso, son gratamente recibidas por sectores de la población. Persisten denodadamente en ello haciéndole creer que el sacrificio bien lo vale. Su tarea es alejarnos cada vez más de la pluralidad informativa democrática. Pensemos en una sociedad que demanda progresismo, trasgresión y cambios. Existe felizmente una ruptura cultural que provoca de toda cuestión las más diversas discusiones e interpelaciones. No hay dudas que el debate por el aborto legal, seguro y gratuito es un ejemplo. Sin embargo, continuamos bajo una cultura periodística conservadora y predomina la información dominante y uniforme. Lo presentan como la única lectura de noticias, y así es la cosa. Los medios durante la saga de los cuadernos contaron sus argumentos a favor de unos, en desmedro de otros. Tampoco se evitó la politización del proceso judicial y se estigmatiza permanentemente todo lo que pueda identificarse con la anterior gestión.

Gran parte de la población cae en esa realidad virtual que la hace sentir parte del confort, y aplica un sentido de pertenencia para quienes no quieren quedar al margen del consenso establecido. Por cierto, los medios son ese flujo formateado por donde transcurre la vida, y no por otro.

Para finalizar, meses atrás, cuando se debatía en el Congreso la ley de “responsabilidad penal empresaria”, la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso, bajó un delineamiento claro: una empresa puede arrepentirse, y estamos dispuestos a no aplicar castigos, con tal de obtener información para ir en contra de funcionarios. Por supuesto, hablaban de (ex) funcionarios ciertamente. ¿Cabe alguna duda?

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