Educando a Pinedo

Hoy, el jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Federico Pinedo, anunció que la oposición buscará evitar la posibilidad de que las leyes que logre aprobar o modificar después del 1º de marzo de 2010, cuando comience a sesionar el nuevo Congreso, sean vetadas por la presidenta CFK sometiéndolas a consulta popular. Como él bien señala, la ley de convocatoria a una consulta popular vinculante no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo, y la nueva ley que surja de dicha consulta es promulgada automáticamente.

Personalmente opino que no es una mala idea hacer uso, de una vez por todas, de esas herramientas de democracia semidirecta incorporadas a la Constitución en 1994. Según tengo entendido, desde la restauración democrática solo se ha convocado a una consulta popular a nivel nacional, en 1984, para ratificar el tratado por la posesión del canal de Beagle.

Ahora bien, el último párrafo del artículo 40 de la Constitución dice lo siguiente:

El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular.

La ley que reglamenta la consulta popular existe; fue aprobada por el Congreso —supongo que con la mayoría absoluta que exige el texto constitucional— en mayo de 2001, y promulgada por Fernando De la Rúa en junio. Es la 25.432 y se la puede leer completa acá. Su primer artículo dice lo siguiente:

El Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos cuyo procedimiento de sanción se encuentre especialmente reglado por la Constitución Nacional mediante la determinación de la cámara de origen o por la exigencia de una mayoría calificada para su aprobación.

Pinedo adelantó que entre las leyes que la oposición someterá a consulta popular estarán la que reglamenta la composición del Consejo de la Magistratura y la que reglamenta el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Esas no son dos leyes comunes y corrientes: su procedimiento de sanción está claramente establecido por la Constitución.

Para  verificarlo pueden leer el primer párrafo del artículo 114 de la Constitución:

El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial.

Y también el cuarto párrafo del inciso 3 del artículo 99:

El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida [el DNU] a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso.

Y suponiendo que los Kirchner consigan que el Congreso apruebe la reforma política cuyos detalles se anunciarían mañana, dicha reforma tampoco podría ser revertida por una consulta popular, pues, como dice el segundo párrafo del artículo 77:

Los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de las Cámaras.

Claro que Pinedo puede proponer una reforma previa a la ley 25.432, ampliando la cantidad de leyes que pueden someterse a consulta popular. Pero esa reforma tendría que pasar por el Congreso, y por ende la presidenta podría vetarla.

En conclusión: legalmente, es por ahora imposible modificar la composición del Consejo de la Magistratura o el procedimiento para la aprobación de los DNU por medio de una consulta popular.

De cualquier modo, no debería sorprendernos que Pinedo esté proponiendo este tipo de payasadas jurídicas. No olvidemos que en 2008 él quiso que Cleto Cobos vetase la ley que nacionalizaba las AFJP aprovechando un viaje de CFK a África.