Post de Laura Iturbide, politóloga.
Las demandas contra la violencia de género en Argentina, planteadas históricamente por feministas y reforzadas por mujeres en importantes espacios de la vida pública, se han popularizado en los últimos años. Observaremos el crecimiento de las concentraciones públicas y marchas hasta la materialización de un paro nacional contra la violencia machista, en un escenario de instituciones reaccionarias que se resisten a cambiar.
A partir del siglo XXI los reclamos sociales contra la violencia de género dejaron de ser demandas particulares de mujeres de sectores de clase media y, tras la incorporación de grupos diversos de la sociedad que se suman al repudio a la violencia, van conformando una masividad diversa y heterogénea.
Una vida sin violencia hacia las mujeres se transforma en una exigencia mayoritaria de gran capacidad de movilización ciudadana, principalmente visible en los Encuentros Nacionales de Mujeres en Argentina.
Con el feminicidio de una joven el 3 de junio de 2015, miles de personas se manifestaron espontáneamente en las plazas públicas de todo el país bajo la consigna “Ni Una Menos”. La convocatoria trascendió las fronteras nacionales contando con concentraciones simultáneas en ciudades de Latinoamérica, y réplicas de las marchas en el año 2016 al cumplirse un año de la importante convocatoria y ante casos de feminicidios con presencia mediática.
Las mujeres hemos incorporado nuestros derechos respecto a vivir sin violencia, pero nos encontramos en un sistema institucional que se resiste a transformar sus estructuras para reducir las agresiones hacia las niñas y las mujeres.
Desde el regreso a la democracia, el poder legislativo parece haber iniciado un acompañamiento a la masificación de las demandas contra la violencia hacia las mujeres.
El poder ejecutivo nacional a partir de 2003 ha mejorado la vida de las mujeres y de la niñez de manera indirecta a través de programas y planes nacionales destinados a toda la sociedad. Mientras los ejecutivos provinciales y municipales trabajaron tímidamente la concientización con contadas y reducidas campañas de visibilización y líneas telefónicas de asistencia.
La Suprema Corte de Justicia conformó una oficina centralizada en la Capital del país destinada también a sistematizar información, pero en las provincias de Argentina los poderes judiciales han sido brutalmente reticentes a incorporar la mirada de género en sus estructuras, contando con las consignas como única herramienta concreta ante la violencia extrema, y siempre supeditado a los recursos de las fuerzas de seguridad.
Ante las deficiencias de los poderes republicanos fundamentales para una sociedad justa y equitativa, y un gobierno de políticas económicas neoliberales como el iniciado en diciembre de 2015, las mujeres argentinas no dudaron en convocar a un paro que logró adhesión en todas las localidades del país, entendiendo que es parte un proceso internacional que también avanza.
Hoy las calles se llenaron de mujeres y hombres, diversas y de todas las edades, de todos los sectores sociales, con banderas de distintos partidos y agrupaciones, pero iguales por la libertad de Milagro Sala, por los crecientes feminicidios, por los despidos masivos, por la violencia simbólica y mediática y por los casos de violencia institucional que re-victimizan a las niñas y mujeres.
Superar, terminar o resolver relaciones asimétricas de alto nivel de violencia es un proceso que nuestras sociedades deben llevar adelante, contando con los resortes institucionales. El crecimiento de la participación es una conducta celebrada y esperada de todos los grupos minorizados y agredidos, pero sin duda expresa la inmadurez de abordaje de las estructuras, poderes y agencias estatales responsables.
“Alerta, alerta, alerta que camina
…mujeres feministas por América Latina
Alerta, alerta, alerta los machistas
..que América Latina va a ser toda feminista”
(Nota publicada originalmente en Vamosavolver.com.ar)
