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El debate sobre el tema de la despenalización del aborto, ahora en grandes medios de comunicación, ha servido, hasta el momento, para ratificar que las principales figuras del oficialismo están “a favor de la vida”, según sus palabras. Esta formulación no es neutral: como “Pro-Life” se definen, sin ir más lejos, la inmensa mayoría de los dirigentes del Partido Republicano estadounidenses que integran el actual partido de gobierno en ese país, incluyendo al presidente Donald Trump.

Sin traicionar su perfil, el Presidente sigue dando la oportunidad a su base más firme y sólida de hacer algo que en los últimos años se le había complicado bastante: expresarse con fuerza, con la voz bien alta en el espacio público casi con las mismas palabras con las que se expresa en las cocinas de sus casas. Poder expresarse de esa manera y que el Presidente y las principales figuras del oficialismo (el senador Esteban Bullrich, por ejemplo) le den voz y aire a esa posición es algo constitutivo del lazo que lo une con esa base política. Francisco Panizza habla en un texto sobre el poder y el atractivo que da a un dirigente decir en público ese “secreto culpable”, lo que muchos pensaban pero no decían por miedo a lo que otros pudieran pensar o al “pensamiento progresista”. Defender la capacidad de un policía de matar a la vista, atacar a los inmigrantes, sostener que la mujer que elige interrumpir un embarazo antes de la semana 12 está “pidiendo que maten a su hijo”, como dijo Esteban Bullrich: estas cosas ahora pueden ser dichas, y de hecho lo son, por importantes dirigentes del partido de gobierno. Para grupos sociales amplios, esto es una experiencia positiva o hasta placentera. Es un darse vuelta la tortilla.

La ampliación de derechos civiles -no sólo aquí, podemos ver la experiencia norteamericana- suelen ir como un movimiento “del centro a la periferia” y no al revés. Históricamente, en la Argentina la ampliación de derechos se ha producido por la acción decidida, y muchas veces antimayoritaria, del estado nacional, ya sea en el voto femenino, en la ley de divorcio vincular, en el matrimonio igualitario. En la periferia, por ejemplo, el obispo de la provincia es un actor con más peso para el gobernador que lo que el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y, algunas veces, el Papa, es para el Presidente de la Nación. La pregunta es: si hay votos en el Congreso que representan a esa periferia ¿quién los va a “dar vuelta” si no es el actor político más fuerte del país, el Presidente de la Nación? El gobierno kirchnerista gastó energía, tiempo y capital político en “apretar” para votar la ley de matrimonio igualitario. ¿Hará este trabajo Mauricio Macri para aprobar una ley de interrupción voluntaria del embarazo? Dudoso.

En cuanto al amplio campo nacional y popular, estos temas generan diferencias y tensiones donde esa línea “centro-periferia” (que es geográfica en términos nacionales pero que también se da al interior de ciertas porciones geográficas del país -por ejemplo, la que va de la estación de trenes de Chacarita a la estación Sargento Barrufaldi, en San Miguel) también se expresa. Será cuestión de trabajar las diferencias políticamente, más allá de cómo vote cada actor.

La frenética búsqueda por generar agenda pública por parte del Gobierno nacional derivó en los últimos días en un debate sobre la atención a extranjeros (sobre todo bolivianos) en el sistema público de salud:

Si el lema del gobierno anterior era “La Patria es el Otro”, lo central en el enfoque de este gobierno es compartimentar y dividir los lazos que implicaba aquel lema -o mejor, fortalecer y profundizar las grietas que aquello, claro, tenía-. Se trata de hacer foco en y volver más sólidas ciertos ordenamientos jerárquicos. A la hora de mandar: los ricos sobre los más pobres, los del “centro sobre los de “la villa”, “los países que nos gustan” por sobre los “países del Sur”, “los argentinos por sobre los bolivianos”. Si bien el gobierno boliviano expresó hoy la posibilidad de implementar un sistema gratuito para los argentinos que quieran atenderse en ese país, la cuestión de fondo sigue presente, en tanto define la concepción de políticas públicas que presenta Cambiemos.

Es importante comprender que las políticas públicas no son cuestiones sólo “técnicas” sino que implican visiones de la sociedad y matrices de generación de sentidos y prácticas individuales. Si, en cualquier campo, se promueven las políticas “universales”, hay un cierto enfoque de fondo. Si se promueven focalizaciones y restricciones entre beneficiarios que “merecen” y otros que “no merecen” un servicio estatal, éstas no deben ser pensadas como una cuestión de costo o beneficio sino como una apuesta política: De lo que se trata es de fragmentar a las poblaciones pobres, legitimar el odio al otro, y prevenir la formación de solidaridades equivalenciales de clase. A la madre de nacionalidad argentina que espera tres horas en una guardia de un hospital público se le dice que no dirija su demanda al estado, sino que dirija su reclamo hacia su vecina, boliviana. A quien no encuentra vacante en una escuela pública se le dice que no es culpa de la histórica falta de inversión, sino que es culpa de los tres niños paraguayos que juegan con sus hijo en la misma plaza de la ciudad de Buenos Aires. Se dice que los sistemas públicos se desfinancian porque los extranjeros no pagan impuestos, mientras los que pueden tienen su dinero en off shores para, justamente, no pagar impuestos. Un paradigma excelente para quien está situado en el centro, porque los conflictos y las demandas se plantean entre los mismos habitantes de esas periferias geográficas y económicas.

Todos los datos disponibles indican que lo que plantea el Gobierno en este aspecto es una solución a un no-problema.

¿Cómo se instrumenta el pago recíproco por parte del otro gobierno? ¿A quién se manda la factura por una terapia oncológica a un niño boliviano de 14 años? ¿A Evo Morales? ¿Al cónsul? Como eso es imposible, la “solución” será, obviamente, cobrarle directamente al extranjero, situación que fragmenta a la población beneficiaria y abre la puerta al arancelamiento. ¿O no manifestaba en su momento el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires su intención de cobrarle a los habitantes del Gran Buenos Aires?

Cuando vamos a los casos puntuales, la situación se vuelve más insólita. Quizás haya dos niños, hermanos, uno nacido en Bolivia y otro en Argentina. Pero quizás el “boliviano” no tenga los papeles de residencia realizados. Y quizás tenga una patología grave. ¿Le vamos a “querer cobrar” un tratamiento que además no puede pagar? ¿Qué pasa si a este “extranjero” que reside en el país pero que no tiene sus papeles que lo acrediten le ocurre algo grave mientras trabaja, algo que requiere una internación? ¿Le vamos a cobrar? ¿Y cuánto va a faltar para que una provincia le quiera cobrar a otra?

En temas de Salud, es interés del Estado argentino que quienes habitan el suelo estén sanos para por ejemplo (ay) que no contagien a otros. Ciertas comunidades extranjeras trabajan sobre todo en sectores como alimentación y turismo: gastronomía y atención al público. ¿No queremos que estén sanos? ¿Vamos a pedirles papeles a todos, aquí en Texas? ¿Queremos que las mujeres extranjeras que cuidan a sus niños que van a las escuelas argentinas no estén sanas? ¿Nos interesa mantener tasas de vacunación por encima del 90%, o preferimos afrontar el costo de una epidemia de dengue o fiebre amarilla sólo porque nos parece que un migrante “no merece” ser vacunado o atendido en una guardia?