Resumen: El 25,7% del segundo semestre de 2017 expresa la tasa de pobreza más baja del actual gobierno, lo que resulta lógico (aún cuando pueda quedar algún margen de duda por la intensidad de la baja -posiblemente, en parte, explicada por mejora en la calidad de los insumos) en vistas de los signos positivos (respecto a un año «malo» como fue 2016) de los indicadores del mercado de trabajo y de poder adquisitivo, en el marco de una política económica marcada por un año eleccionario. Sin embargo, el recalentamiento de la inflación, el efecto de algunas medidas fiscales restrictivas y el pretendido techo del 15% a las negociaciones paritarias permitirían avizorar un escenario de estancamiento o leve crecimiento de la pobreza para el primer semestre de este año. En una mirada retrospectiva, algunos investigadores han llegado a la conclusión que el 25,7% de pobreza se ubica en niveles inferiores a los de los mejores momentos del kirchnernismo (en términos sociales): sin embargo, el cálculo de la pobreza en base a los insumos tradicionales está atravesado por una serie de «ruidos técnicos» para la comparación que no permiten sostener tal afirmación, en tanto que las diferencias señaladas son exiguas; una aproximación indirecta, basada en indicadores más robustos sobre poder adquisitivo, mercado de trabajo y prestaciones sociales indicarían, sin tampoco aportar elementos concluyentes, que la situación de fines de 2017 resultó, en el mejor de los casos, similar a la de los momentos de menor incidencia de la pobreza por ingresos durante la gestión del gobierno anterior (año 2013 y fines de 2015).
El INDEC dio a conocer que en el segundo semestre de 2017 la indigencia afectó al 3,5% de los hogares y al 4,8% de las personas, mientras que por debajo de la línea de la pobreza quedaron el 17,9% de los hogares y el 25,7% de las personas residentes en 31 grandes aglomerados urbanos del país, que en conjunto representan algo menos de dos tercios de la población nacional y el 70% de la población urbana.
En relación al segundo semestre de 2016 estos valores implican una menor incidencia de las personas en situación de indigencia (6,1% a fines de 2016, 4,8% en igual periodo de 2017) y, sobre todo, en situación de pobreza (30,3% y 25,7% respectivamente). Si se compara contra el primer semestre de 2017, el saldo también es positivo: la indigencia bajó de 6,2% a 4,8% y la pobreza de 28,6% a 25,7%.
Cabe marcar que, como lo ha señalado el propio INDEC, los resultados de estos semestres no pueden ser comparados, por razones metodológicas ( y de estacionalidad), con el 32,2% de pobreza del segundo trimestre de 2016, primer dato publicado con el fin de dar a conocer prontamente un indicador oficial, que había sido discontinuado en 2013 y que nadie daba por cierto desde 2007 . No obstante, todos los indicadores marcan que el inicio de la gestión del actual gobierno estuvo signada por un incremento de la pobreza, debido al empeoramiento en el mercado de trabajo y en el poder adquisitivo de los ingresos laborales y de las prestaciones previsionales y sociales. (Cabe señalar que, aprovechando la ausencia de información sobre el último semestre de 2015 -y el manto de sospecha sobre los datos de INDEC desde 2007 en adelante-, el Presidente se empecina en contradecir la advertencia metodológica del Instituto y busca fijar esta marca como «línea de base» para comparar contra los datos posteriores, lo cual lógicamente, es insostenible en el marco de cualquier discusión seria).
Fuente: INDEC (https://www.INDEC.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_02_17.pdf)
Por tanto, no quedan dudas que el segundo semestre de 2017 mostró la mejor situación social del gobierno de Macri. Quizás suene contraintuitivo por el momento de difusión de estos datos, un contexto signado por el recalentamiento de la inflación desde mediados de diciembre (si se cumplen las proyecciones para marzo, que indican un aumento de precios algo por encima del 2%, se llegaría a un acumulado cercano al 7% solo en el primer trimestre, casi la mitad de la meta oficial de 15% para todo el año, que es también el umbral que se pretende imponer como techo a las negociaciones paritarias) y el anuncio de nuevos aumentos en las tarifas de servicios públicos. Pero no debe perderse de vista que los recientemente anunciados índices de pobreza corresponden al promedio de los meses de la última mitad del año pasado, periodo signado por las elecciones y, con ello, por decisiones políticas que procuraron mejorar el «humor social» (dólar planchado como ancla antiinflacionaria, ausencia de tarifazos, incentivo a la obra pública -con su consabido efecto multiplicador-, paritarias que permitieron recuperar parte de lo perdido en 2016 y/o clausula gatillo, etc.). Sin pretender hacer futurología, los indicios actuales permiten prever que en el primer semestre de 2018 (los datos los conoceremos recién a fines de septiembre) la incidencia de la pobreza subirá ligeramente en relación al segundo semestre de 2017, aunque probablemente seguirá por debajo del primer semestre del año pasado.
Analizado el corto plazo, la pregunta obvia es: ¿estamos mejor o peor que durante el kirchenerismo?
Actualmente, los niveles actuales de pobreza son entre dos veces y media y tres veces más bajos que a fines de 2002 e inicios de 2003, inicios del periodo kirchernista, donde, con la metodología actual la pobreza orilló el 70% (alrededor de 55% con la metodología histórica). Si se considera el último año antes de la intervención del INDEC, la actual conducción del INDEC ha reconocido (https://www.INDEC.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/EPH_metodologia_22_pobreza.pdf) que en el segundo semestre de 2006 la pobreza era del 40% con la metodología actual (frente a 26,9% con la metodología vigente en ese entonces, dato que muchas veces se ha comparado, erróneamente, con los resultados actuales, llegando a la conclusión falaz que la pobreza aumentó desde ese momento hasta finales del gobierno anterior). También hay relativo consenso (basado en cualquier fuente de información más o menos seria) en que la pobreza continuó descendiendo, de modo menos acentuado y con intermitencias, desde 2006 hasta 2011.
Ahora bien, si la pregunta se circunscribe a la comparación con el periodo 2011-2015, la respuesta técnicamente más adecuada es que… es imposible saberlo. Lógicamente, en el año 2014 con la inflación en torno al 40% tras la devaluación de inicios del año la pobreza subió, y volvió a bajar en 2015 (casi un espejo de lo observado entre 2016 y 2017). Más allá de esta obvia certeza, producto de la nefasta intervención del INDEC en el periodo 2007-2015 no contamos con las herramientas que nos permitan afirmar indubitablemente que ha sucedido con la indigencia y la pobreza por ingresos en los grandes aglomerados del país en los últimos años (desde 2011).
Algunos investigadores han intentado reconstruir la serie a partir de los insumos habituales, llegando a la conclusión que el dato del segundo semestre de 2017 es el más bajo (por muy escaso margen frente a 2012-2013) desde 2003.
Fuente: @fedefmya (https://twitter.com/fedefmya/status/979076576037007365)
Sin embargo, estos legítimos intentos están atravesados por una serie de «ruidos» en los insumos utilizados para la medición, cuya magnitud probablemente excede a los cambios «reales» en la variación de la incidencia de la pobreza de los últimos años.
En primer lugar, se conoce el valor de la línea de la pobreza (canasta básica) de la metodología actual para el año 2006 y luego desde abril de 2016 en adelante. Por tanto, para reconstruir la serie es necesario estimar el valor de la línea de la pobreza para el periodo intermedio, y allí existe un sinfín de alternativas a seguir. Si bien estas alternativas, utilizando fuentes razonables (IPCs provinciales ajenos a la injerencia del INDEC, consultoras «serias») no divergen en demasía, sí lo hacen como para que de una decisión a otra pueda haber un par de puntos más (o menos) de pobreza (y la discusión acerca de cuál es la fuente más adecuada puede ser interminable).
En segundo lugar, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que es la fuente en la cual se miden los ingresos familiares que luego se contrastan con el valor de la línea de pobreza correspondiente a cada hogar (según la cantidad de personas y su composición por edad y sexo, y por la región de residencia) es cuestionada en su validez para el periodo de la intervención del INDEC. Pero aun aceptando que pueda ser utilizada, deben realizarse algunos señalamientos. El primero es que, como toda encuesta probabilística, tiene asociado un margen de error estadístico, lo que implica que, por ejemplo, diferencias de algunos decimales en las tasas de pobreza no pueden considerarse «estadísticamente significativas», es decir, que pese al valor que arroje la estimación, no contamos con la suficiente robustez para afirmar que la pobreza «realmente» subió (o bajó). El segundo factor a considerar es que tras el cambio de gestión la EPH sufrió cambios metodológicos, entre los que se pueden señalar el cambio en la forma de computar los ingresos no declarados (antes se imputaban indivualmente, ahora se reponderan los casos con respuesta) y, fundamentalmente, modificaciones en la población a la que se expanden los resultados de la muestra (con cambios en la participación relativa de los aglomerados por un lado, y con cambios en la estructura demográfica por el otro), cuestión sobre la cual si bien se puede realizar algún tipo de ajuste, nuevamente la forma en que este se implemente será materia de discusión. En tercer lugar, existen fuertes indicios que durante los años de la intervención del INDEC el trabajo de campo ha perdido, progresivamente, «calidad», lo que implicó, entre otras cuestiones, aumento de la no respuesta de los hogares, de la no respuesta a los ingresos entre los hogares que responden la encuesta (con mayor intensidad a medida que aumenta el nivel de ingresos), problemas en la captación de los ingresos aún entre quienes responden, etc. Por eso, la recuperación de la calidad de la EPH es una de las preocupaciones centrales del equipo técnico actualmente a cargo de la encuesta. Lo que cabe notar aquí es que esa mejora en la calidad de la información recolectada puede tener efectos sobre los resultados; en otras palabras, que una parte de la baja de la pobreza desde 2016 podría obedecer no a «factores reales» sino a una mejora paulatina de la calidad de la información recolectada (por tanto, en términos estrictos, hasta completada la «normalización», tampoco sería del todo válida la comparación de resultados de diferentes periodos; a modo de ejemplo, nótese la brusquedad de las variaciones entre semestres registradas en San Juan, CABA, Córdoba, La Plata, Neuquén, San Nicolás-Villa Constitución, etc.), lo que implicaría que los datos anteriores de pobreza bajo la actual conducción del INDEC estuvieron (irremediablemente) levemente sesgados hacia el alza por esta cuestión. Por esto mismo, se encontraría afectada, con mayor fuerza aún, la comparación con los datos de la EPH de 2015 y años anteriores.
Un camino alternativo para aproximarse indirectamente a la evolución de la pobreza desde 2011 es recurrir a fuentes secundarias. La incidencia de la pobreza se relaciona con «p» (precios, la evolución real de los ingresos), con «q» (cantidad de perceptores de distintas fuentes de ingreso) y con un posible «efecto composición» (es decir, que p y q varíen en forma diferente entre distintos segmentos de la población: si esas variaciones son más positivas o más negativa para quienes están cerca de la línea de la pobreza que para el promedio, entonces la aproximación mediante datos generales estará sesgada). Dejando de lado, por simplicidad, este último factor, veamos que ha pasado con los ingresos y la cantidad de perceptores de ingresos.
Considerando a la población que está cerca de la línea de la pobreza (+/- 0,5 líneas), que es la que tiene las mayores probabilidades de entrar o salir de la pobreza (y que por tanto, define el resultado final), en el promedio para el periodo transcurrido entre el segundo semestre de 2016 y el tercer trimestre de 2017, el 77% de los ingresos proviene de fuentes laborales (32% de salarios del sector privado registrado, 20% de salarios informales, 15% de ingresos de trabajadores independientes y 10% de salarios estatales), el 15% de ingresos por jubilación o pensión, el 4% por ingresos vinculados a «ayuda social» y el 4% restante de otras fuentes.
En el siguiente gráfico se puede observar la variación del poder adquisitivo (considerando la evolución de la CBT-GBA, para lo cual para el periodo 2006 a 2016 se utilizó información oficial de San Luis y CABA) de un conjunto de indicadores de ingresos que intentan aproximar a la variación de las diferentes fuentes desde 2011 a 2016 (promedio semestral). A la vez, se presenta un indicador resumen, ponderado de acuerdo al peso de los distintos tipos de ingresos en el promedio de los hogares cercanos a la línea de la pobreza. Como periodo base (100) se considera al segundo semestre de 2015, lo que implica que valores por debajo de la línea punteada indican un poder adquisitivo inferior a ese momento, y viceversa.
Notas y fuentes: (i) Los ingresos han sido deflactados considerando la variación de la CBT-GBA, cuya valorización se realizó partiendo de los valores entre puntas publicados por el INDEC (diciembre 2006-abril de 2016) y considerando para el periodo intermedio la variación (por separado) de los componentes alimentarios y no alimentarios de la CT del SCC de CABA (http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?cat=154) y del IPC-San Luis (http://www.estadistica.sanluis.gov.ar/estadisticaasp/Paginas/Pagina.asp?PaginaId=76). (ii) En todos los casos, los ingresos fueron imputados al mes siguiente de lo informado por la fuente administrativa (en razón del ajuste entre devengado -criterio registro administativo- y percibido -criterio encuesta). (iii) Mediana del salario bruto de trabajadores del sector privado registrado, por todo concepto (incluye aguinaldo), publicado por MTEySS (http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/asalariadosectorprivado/) (iv) Salario testigo del estado nacional corresponde al salario bruto de un trabajador de planta permanente con categoría C grado 0 del agrupamiento general (equivalente a 554 unidades retributivas); se ha consignado el aguinaldo y, desde julio de 2017, un 50% del plus por presentismo. (v) La jubilación mínima incluye aguinaldo. (vi) El ingreso por AUH considera el monto total de la prestación, sin desagregar el acumulado del 20% de cada mes que se percibe todo junto en marzo luego de presentar la certificación de los controles de salud o de asistencia escolar, según la edad. (vi) El indicador «Ponderado» surge de consignar un peso del 70% a la mediana del salario registrado del sector privado («representativo» de los ingresos de estos trabajadores, pero también de los informales y de los independientes), del 11% al salario testigo del estado nacional (representativo de los salarios estatales, aunque cabe señalar que la mayoría de ellos se desempeña bajo la órbita provincial), del 15% a la jubilación mínima (que se considera más representativa de los ingresos para la población cercana a la línea de la pobreza que el haber medio) y del 4% a la AUH (representativo de los ingresos por «ayuda social»); cabe consignar que la estructura se ha calculado sin considerar los ingresos provenientes de «otras fuentes».
En general, se observa que el poder adquisitivo de los distintos tipos de ingreso es algo superior o similar al de fines de 2015 en el periodo transcurrido entre mediados de 2012 y fines de 2013 (o sea, el poder adquisitivo perdido en la primera parte de 2014 es recuperado a fines de 2015, excepto en el caso de los trabajadores del estado nacional), mientras que en el primer semestre de 2016 se registran caídas en torno a 8-10 puntos porcentuales en la jubilación mínima, en la AUH y en el salario del sector privado registrado, con un descenso más abrupto aún en el caso del salario testigo del estado nacional. A partir de allí comienza un leve mejoramiento del poder adquisitivo (excepto en el caso de la jubilación mínima, con menos variabilidad), que cobra mayor intensidad durante 2017: a fines de ese año el nivel real del índice ponderado se ubicaba 3,5 puntos por debajo del nivel del segundo semestre, pero unos 5 puntos por encima del año 2016. Para proyectar estas variaciones sobre la pobreza se debe tener en cuenta que en general se observa una relación que señala que por cada entre 2,5 y 3 puntos de modificación del poder adquisitivo la pobreza se mueve un punto (para arriba o para abajo).
En el caso de las cantidades, los datos de registros administrativos (http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/trabajadoresregistrados/) relativos al mercado de trabajo, que lógicamente reflejan lo que sucede en el sector formal de la economía, muestran que en diciembre de 2017 había 350 mil personas ocupadas más que en el mismo mes de 2015. No obstante, este aumento debe matizarse, en tanto que para mantenerse constante la situación es preciso que el mercado de trabajo aumente su tamaño en la medida del crecimiento poblacional. Desde esta perspectiva, se observa que en el segundo semestre de 2015 se contabilizaban 53,7 trabajadores (asalariados o independientes) registrados por cada 100 integrantes de la población económicamente activa (ocupados y desocupados), en tanto que en el primer semestre de 2016 este indicador cae a 53,2, nivel en el que se mantuvo hasta el mismo periodo del año siguiente, luego del cual se incrementó a 53,6, valor similar al de fines de 2015 y superior al de los años anteriores. Sin embargo, debe consignarse que en desde el inicio de la serie en el año 2012 se observa un continuo deterioro en la participación de la categorías «estrella» del mercado de trabajo: los asalariados del sector privado. Estos trabajadores pasaron de representar cerca del 55% de todos los trabajadores registrados en 2012 al 52,1% a fines de 2015 y al 50,8% a fines de 2017. En otras palabras, la cantidad de empleo controlada por el tamaño de la fuerza de trabajo cayó en 2016 y se recuperó hacia fines de 2017 a niveles similares a los de fines de 2015, aunque se reflejó un cambio en la composición interna, con aumentos de (leve) mayor intensidad en las categorías no tan «deseadas» (empleados estatales, monotributistas y monotributistas sociales, empleados de casas particulares).
Otro componente de los ingresos de los hogares son las prestaciones de la seguridad social. Considerando los datos de la ANSES desde 2013 a 2017 para jubilaciones y pensiones contributivas (beneficiarios únicos) y AUH, se observa que mientras que entre 2013 y 2014 las prestaciones previsionales sobre el total de población en edad pasiva (mujeres de 60 años y más y hombres de 65 años y más) decayeron, para recuperarse con fuerza durante en 2015, con un promedio semestral de 96,7 prestaciones cada 100 habitantes; en los dos años siguientes, con leves oscilaciones, las prestaciones se mantienen en un nivel algo superior (el pico se observa en el primer semestre de 2017, cayendo en el segundo de 98,1 a 97,4, guarismo apenas superior al de fines de 2015). En el caso de la AUH, la relación entre beneficiarios por cada 100 niños, niñas y adolescente registra un leve pero constante aumento hasta 2015, mientras que a inicios de 2016, producto de la extensión de la prestación a los hijos de monotributistas (lo que, por otro lado, explicaría en parte el aumento de esta categoría ocupacional entre los trabajadores registrados, bajo el supuesto que una porción de quienes se desempeñaban en la informalidad pasaron a este régimen, ya que dicha formalización no implicaba la pérdida del derecho a percibir la AUH) se observa un importante incremento, manteniéndose luego el nivel de cobertura en umbrales similares a los de ese momento (a fines de 2015 se contabilizaban 27,3 beneficiarios por cada 100 niños, niñas y adolescentes; a fines de 2017, ese radio se ubicaba en un valor de 30,1). Se debe señalar también que dentro de la población asalariada registrada, producto de una modificación progresiva de los criterios de de acceso (vinculada también a modificaciones en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias), se incrementó tanto la cantidad de asignaciones familiares por hijo como el valor real de estas prestaciones (de los tres millones del segundo semestre de 2015 -número que mostró un fuerte descenso desde inicios del año anterior, cuando las asignaciones alcanzaron 3,8 millones- se pasó a algo más de cuatro millones de prestaciones en el mismo periodo de 2017; entre estos semestres, el poder adquisitivo de la prestación media se incrementó 17%). No obstante, en el caso de la medición de la pobreza es esperable que estas modificaciones tengan un impacto relativamente acotado en tanto debido a que la ampliación en el acceso favorece fundamentalmente a los trabajadores de ingresos medios y medios altos.
Notas y fuentes: (i) Los ocupados se clasifican según su principal categoría ocupacional y son publicados por el MTEySS-(http://www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/Reporte_trabajo_Febrero_2018.pdf). (ii) Para calcular la población económicamente activa se aplicaron las tasas de actividad del censo 2010 (por sexo y grupo quinquenal) a las proyecciones oficiales de población del INDEC (https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=24&id_tema_3=84).
Fuente: ANSES (https://www.anses.gob.ar/institucional/datos-abiertos/) y Proyecciones de población del INDEC (https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=24&id_tema_3=84)
En definitiva, estos datos confirman que la baja en la tasa de pobreza respecto a 2016 y al primer semestre de 2017 es lógica, en tanto que se ha recuperado gran parte del poder adquisitivo perdido y que el mercado de trabajo mostró claros signos positivos: si la baja de 4,6 puntos porcentuales respecto a fines de 2016 y de 2,9 puntos respecto al primer semestre del año «suena» a demasiado, quizás pueda explicarse por cierto sesgo producto de la mejora de la calidad de la EPH (lo que implicaría que las mediciones de semestres anteriores sobreestimaban levemente el nivel de pobreza). Sin embargo, en una retrospectiva más amplia, no pareciera haber elementos para afirmar que se trata del menor porcentaje de pobreza desde 2003: en promedio, el poder adquisitivo de los ingresos de fuentes laborales y no laborales (formales) de los hogares en torno a la línea de la pobreza muestra niveles algo menores a 2013 y al segundo semestre de 2015, ubicándose cerca del umbral de fines de 2014 e inicios de 2015. En el caso del mercado de trabajo, el sector formal muestra una recuperación que lo ubica en sintonía con los mejores momentos de los últimos años del periodo anterior, aunque con cierto deterioro en su composición interna (retroceso de la participación relativa los asalariados formales del sector privado). La incidencia de las prestaciones sociales muestra en 2015 y 2017 una mayor cobertura que en 2013, aunque en el caso de la AUH, si bien la cobertura en 2015 resultó mayor que en 2013, en 2017 también se superó el nivel de 2015. La combinación de estos elementos permite suponer, entonces, que el nivel actual de la pobreza es similar al del año 2013 y al de fines de 2015: solo la conjunción de un mayor aumento de la población ocupada en puestos de trabajo informales y en sus remuneraciones respecto al sector formal podría explicar un dato de pobreza inequívocamente más positivo a fines de 2017 que en aquellos momentos, y si bien es posible que algo de esto haya ocurrido (como muestran los datos de la EPH) en 2017 en relación a 2016 (en contextos recesivos, el impacto suele ser mayor en el sector informal), tampoco existen elementos (comparar con la EPH conduciría nuevamente a la discusión sobre los ruidos metodológicos) que permitan pensar en un cambio cualitativo respecto al periodo anterior.
Finalmente, cabe señalar que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde mediados de la década pasada mide la pobreza («insuficiencia de ingresos») a partir de encuestas de ocupación e ingresos de los hogares propias y con una canasta mucho más compleja que la del INDEC (tomando en cuenta no solo la composición por sexo y edad de sus integrantes sino también si son inquilinos o no, si estudian y/o trabajan, etc.), que además toma pautas de consumo porteñas, lo que hace que su valor sea muy superior a las canastas del INDEC para el GBA (a febrero de 2018, para un «hogar tipo» -propietario de su vivienda-, la Canasta Total de CABA ascendía a $22.288, frente a los $17.538 de la Canasta Básica de Total -línea de pobreza- del INDEC para el GBA). Si bien dadas las diferencias metodológicas y su alcance geográfico restringido a la CABA, tampoco es posible transpolar las variaciones del último quinquenio al conjunto de los grandes aglomerados urbanos del país, por su calidad técnica y robustez estadística, se trata de un indicador que no debería ser pasado por alto.
Si se toma la serie basada en la Encuesta Anual de Hogares (EAH) que se realiza desde hace 15 años en los cuartos trimestres, con una muestra muy grande de hogares, la población con ingresos menores a la Canasta Total en la Ciudad fue de 33,9% en el cuarto trimestre de 2006, para caer hasta el 25,9% en 2011, momento a partir del cual mostró un comportamiento oscilante para ubicarse en 25,0% a fines de 2015 (el menor valor de la serie, hasta el momento). Un año después, en el cuarto trimestre de 2016, el indicador alcanzaba 3 puntos más, llegando a 28,0%.
La serie basada en la Encuesta de Trabajo, Ocupación e Ingresos (ETOI), que se mide en todos los trimestres desde inicios de 2015 (aunque para ese año nunca se publicaron los datos de pobreza o estratos de ingresos) a partir de una muestra sustantivamente más pequeña que la EAH (aunque en el cuarto trimestre los indicadores que arrojan son, obviamente, muy similares) muestra la anomalía del segundo trimestre de 2016 (la población con ingresos por debajo de la CT supera el 30%) y también la mejora entre la segunda mitad de 2016 y la primera de 2017.
Ni en el caso de la EAH ni en el de la ETOI se ha publicado aún el dato del cuarto trimestre de 2017, pero sí el del tercero en el caso de la ETOI, que muestra un descenso de casi dos puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior (24,3% y 26,2% respectivamente), con lo que resulta esperable que el dato del 4T, tanto el que surge de la ETOI como el de la EAH, se ubiquen en torno o apenas por encima del 25%, es decir, un valor similar a los de fines de 2013 y de 2015. De ser esto así, es evidente que tendría plena sintonía con lo que surge del análisis de la información basada en registros administrativos.
Notas y Fuente: GCABA-DGEyC, serie EAHU (http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=24166) y serie ETOI (http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=62013). En el caso de la serie ETOI, la publicación no informa el porcentaje de personas por debajo de la CT, pero esto se reconstruye a partir de sumar los porcentajes de personas pobres y no pobres en situación vulnerable.
Se agradecen la lectura atenta y los valiosos comentarios de Daniel Schteingart (@danyscht)»
