En el ámbito educativo la importancia de la evaluación es indiscutible. Los docentes evaluamos constantemente y no concebimos a la escuela sin sus propios procesos y definiciones acerca de la evaluación. La discusión no gira alrededor de “la evaluación sí o no”, se trata de una discusión acerca del rol del Estado, de las políticas educativas que se llevan a cabo y, por supuesto, de la concepción de la evaluación.
¿Qué lugar ocupa la evaluación educativa en la política educativa?
Cuando se dice “evaluar para mejorar” y, con esa frase, se cierran o achican los programas educativos que hacen de la escuela el lugar privilegiado para la inclusión social y la ampliación de derechos, la evaluación se reduce a control y medición de resultados. Los conceptos de “calidad” y “evaluación”, tan presentes en la política educativa, tienen a lo largo de la historia distintos significados según el contexto político hegemónico de cada momento, porque el concepto de calidad es siempre un concepto social e históricamente situado.
Hoy estamos en presencia de un retroceso en términos de qué se entiende por evaluación y calidad. Con un Estado garante del derecho a la educación, que entiende a la calidad como un concepto polisémico, una construcción colectiva y una responsabilidad compartida por todos, la evaluación asume su carácter eminentemente formativo y una acción política y pedagógica. Sin embargo, el foco actual es la rendición de cuentas a la sociedad: se asocia a la medición de un producto para luego poner en duda la inversión y justificar el achique del presupuesto educativo -“hay que gastar bien” suele decirse-. Como en los ‘90, momento en que se instalan las pruebas de evaluación de aprendizajes en nuestro país de la mano del neoliberalismo, el supuesto es que la competitividad es el camino para el uso más eficiente de los recursos -supuesto centrado en el paradigma de la rendición de cuentas-. Evaluación pasa a ser sinónimo de eficacia, competitividad y meritocracia.
Y todo esto se funda en distintas acciones de la gestión actual, por un lado el actual gobierno no habla de garantizar la inclusión con calidad, por el contrario, lanza programas de becas para estudiantes que “hayan logrado buenos resultados en las pruebas Aprender”, ¿acaso esto no es premiar el resultado? Eficacia, competitividad y meritocracia. También lanzan campañas de desprestigio: “el sistema educativo no sirve más” o “es una máquina de hacer chorizos” entre otras declaraciones del ministro Bullrich que colocan a las escuelas, los trabajadores de la educación y los estudiantes en un lugar de descalificación constante. Y desde ahí, la evaluación sirve para “señalar” y ajustar.
Por otro lado, las pruebas Aprender reducen la evaluación a un multiple choice que sólo señala un logro o un error, pero que no pueden explicar cómo aprenden los chicos o qué condiciones son necesarias para la enseñanza. Y aquí encontramos una de las tantas diferencias con el anterior operativo de evaluación, el cual, a través de preguntas abiertas permitía trabajar al interior del sistema educativo procesos más complejos para pensar la enseñanza y el aprendizaje en cada institución escolar. “Se trata de decisiones técnicas” dice la responsable del Operativo Aprender, Elena Duro, cuando en verdad se trata de claros objetivos y definiciones políticas.
Así, al mirar el primer presupuesto educativo presentado por la actual gestión puede verse con claridad esta lógica de achique y las prioridades que se establecen: por un lado, hay un “canje” de educación por deuda la cual, aplicándose la inflación, crece en un 70% respecto de 2016. Específicamente para Educación y Deportes, el presupuesto para 2017 sólo se incrementaría un 15%, aunque esto también es mentiroso ya que hoy se incluye aquí una enorme partida de dinero destinado al deporte. Analizando las prioridades de inversión educativa, se achican las partidas que incluyen los programas de distribución de libros o becas por ejemplo, pero se incrementan las partidas de los programas “Información y Evaluación” (+$277 millones), “Mejoramiento de la Calidad Educativa” (+$480.6 millones) lo que implica una suba presupuestaria de +126% o de +351% si se compara exclusivamente las partidas destinadas a evaluación. (1)
Resulta alarmante entonces la frase “evaluar para mejorar” que entiende a la evaluación como un fin en sí mismo, con un Estado que se “aleja” de su responsabilidad de garantizar inclusión con calidad, que va a la escuela a controlar, a medir cuánto aprenden, colocando a los trabajadores de la educación en meros “aplicadores y veedores”, esperando -y anunciando antes de la largada- resultados que le permitan seguir instalando discursos devastadores y desprestigiando los procesos colectivos que se vienen desarrollando en las escuelas.
Evaluar sí, pero desde la lógica de construcción democrática y colectiva que fortalezca los procesos formativos y de autoevaluación institucional, del modo actual en que se inscribe el Aprender se trata de “medir y controlar”.
(1) Fuente: UNIPE Observatorio Educativo (2016). “La educación en el presupuesto 2017”. Disponible en: http://observatorio.unipe.edu.ar/la-educacion- en-el- presupuesto-2017/
Luz Albergucci es Lic. en Ciencias de la Educación (UBA), docente e integrante de Bitácora Asociación Civil.
