En octubre del 2012, en una nota llamada “Cristina en el espejo de Chávez”, el sociólogo Marcos Novaro resaltó que el gobierno de Cristina Fernández avanzaba hacia la concreción de “un híbrido”: el “totalitarismo de baja intensidad”. A principios de este año en la nota “La Presidenta manipula, oculta, y confunde” el mismo autor marcó que el kirchnerismo buscaba las ventajas del autoritarismo y el fanatismo sin sus inconvenientes, fogoneado por un “poder omnímodo” alimentado por el peronismo. En julio de este año, Novaro sostuvo que el kirchnerismo estaba “en campaña para destruir al poder judicial”. En el 2013, la ensayista Beatriz Sarlo aseguró en una conferencia que los mecanismos de aplicación de la ley de medios estaban configurados de modo tal de crear una mayoría automática del Ejecutivo coartando la libertad de prensa en la Argentina y acercándose, como consecuencia, al autoritarismo. “Conculcan derechos, cercenan libertades” decía Ricardo Alfonsín, a los gritos, en su spot del 2011 cuando se postuló para ser presidente. “La Cámpora tiene las armas del RENAR”, “la Tupac tiene armas”, susurraba Elisa Carrió en todos los programas de televisión a los que la invitaban. Giñaba un ojito, sonreía, y se refería a las manifestaciones opositoras como un parto de la república.
«¿Por qué 24 horas antes de irse alteran la paz democrática en una transición que debería ser normal?» se preguntaba el radical Mario Negri para referirse al hecho de que el oficialismo buscara el quórum para votar un paquete de leyes, muchas de ellas con un fuerte carácter obrerista y reivindicativo de peleas que duraron mucho tiempo. «No vamos a participar de la sesión, que terminen ellos solos esta cosa que es un abuso de poder y una falta de respeto», aseguraba el diputado del PRO Federico Pinedo. Los dos se referían al hecho de buscar el quórum. Adjudicaban a esta conducta un carácter poco democrático. De acuerdo a este razonamiento reunir al bloque, sumar apoyos extrapartidarios (esta vez de distintos diputados de izquierda) y votar un conjunto de leyes presentadas por legisladores (no por iniciativa del Ejecutivo) consiste en un avance autoritario, una alteración de “la paz democrática”.
Estos argumentos continúan con una línea que se viene gestando hace ya algunos años, que plantea que el congreso es “una escribanía” donde los diputados sólo aprueban propuestas oficialistas, la mayoría de ellas provenientes del Ejecutivo. Detrás de estas afirmaciones hay un supuesto de que el kirchnerismo constituye un autoritarismo sin golpes de Estado y con instancias de ratificación electoral, en muchos casos mayoritaria. Es decir, un supuesto de “hibridación”.
El híbrido
En el 2010, dos autores estadounidenses publicaron un libro sobre lo que denominaron los “regímenes híbridos” que surgieron luego de la guerra fría. Mientras algunos autores designaban estos fenómenos “híbridos” a partir del grado de avance del proceso de democratización, estos dos autores (Levitsky y Way) remarcaron el carácter estable de muchos de estos regímenes, alertando sobre un punto ciego de los que explicaban estos fenómenos a partir de procesos de democratización incompletos: estos regímenes no “avanzaban” hacia una supuesta democracia plena, sino que se trataba de regímenes de otro tipo, que no necesariamente iban a cambiar en un sentido de mayor democratización, sino que podían desarrollarse de otra manera. Para designar a estos regímenes, los autores crearon una categoría que podría considerarse como un tipo intermedio entre democracia y autoritarismo total: el autoritarismo competitivo.
En los regímenes autoritarios competitivos, siguiendo la definición de Levitsky y Way, las instituciones democráticas formales son vistas como medios principales para obtener y ejercer la autoridad política pero los funcionarios violan estas reglas con mucha frecuencia haciendo que la competencia política sea marcadamente desigual entre el oficialismo y la oposición.
Los indicadores
Para que esta categoría pueda “ponerse a trabajar” los autores definieron una serie de indicadores que permiten detectar cuándo un gobierno es un autoritarismo competitivo. Estos indicadores están distribuidos a lo largo de tres dimensiones: elecciones, violaciones a las libertades civiles, y “cancha inclinada”. Con que se cumpla al menos con una condición de las que se listan en cada categoría es suficiente como para hablar de la presencia de un autoritarismo competitivo. Dado el carácter novedoso de esta propuesta y teniendo en cuenta lo productivo de estos indicadores para analizar la realidad actual, me interesa observar la gestión de Macri en el gobierno de la ciudad a la luz de estos indicadores.
a. Elecciones Injustas:
Al menos uno de los candidatos más importantes está “prohibido” por razones políticas
Abuso electoral reconocido por fuentes independientes
Impedimentos formales o informales importantes para “frenar” una campaña de la oposición, tales como la violencia ejercida contra los opositores o el uso de leyes que regulan las movilizaciones o actos públicos.
Cancha inclinada: las autoridades electorales están sistemáticamente sesgadas a favor del partido de gobierno; acceso desigual a los medios de comunicación; acceso desigual a recursos.
Considerando estos indicadores, se observaron muchas acciones tendientes a hacer poco competitivas las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Sin ir más lejos, en el 2012, unos de los responsables de la campaña del PRO, Jaime Durán Barba, fue procesado por violar el artículo 140 del Código Electoral, que identifica como un delito al acto por medio del cual una persona con engaños, indujere a otra a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo. Durante la campaña del 2011 para la jefatura de Gobierno que disputaron Macri y Filmus, los porteños recibieron llamados telefónicos en los que se le preguntaba si sabían que Salomón Filmus, padre del senador, era un arquitecto que trabajaba para Schoklender en la construcción de viviendas (lo cual era información falsa). Este modo particular de hacer campaña constituye un “abuso electoral” que, en la medida en la que reviste como denuncia legitimada por el Poder Judicial, está reconocido por fuentes independientes.
Además, la legislación vigente a partir del 2008 mediante la cual las organizaciones deben pedir permiso al gobierno de la Ciudad para poder realizar manifestaciones y actos callejeros implicó un sesgo claro a favor del partido de gobierno, dado que los opositores deben pedir al gobierno permiso para realizar sus encuentros. A partir de esta legislación, además, numerosos dirigentes opositores sociales, sindicales y políticos sufrieron procesamientos por parte de la Justicia porteña. Además, en eventos como el desalojo del “Barrio Papa Francisco” y la represión de trabajadores y opositores en el hospital Borda, muchos dirigentes (legisladores porteños y hasta diputados nacionales) fueron reprimidos con balas de goma por la policía metropolitana.
Estas medidas represivas constituyen impedimentos formales e informales importantes para “frenar” la campaña de la oposición y contienen, además, actos de violencia ejercida contra los opositores y uso de leyes que regulan las movilizaciones en un sentido a favor del partido de gobierno y en contra de la oposición.
b. Violación de libertades civiles
a. Censura o acoso de los medios independientes:
Censura o restricciones de transmisión
Acoso legal por parte del gobierno
Uso discrecional de licencias, concesiones o subsidios para premiar o castigar a los medios privados.
Amenazas y ataques físicos a personas y/o propiedades
Presión para echar periodistas o cerrar programas
Restricción o confiscación de materiales.
b. Ataque político a los medios:
Clausura o suspensión
Encarcelamiento, asesinato o exilio de periodistas
Acciones legales contra periodistas
c. El gobierno está implicado en acciones que restringen la libertad de asociación o palabra. Los incidentes pueden incluir:
Raids policiales a la oposición y otras organizaciones
Cumplir leyes represivas que limitan la libertad de asociación
Detenciones o arrestos
Ataques físicos a los críticos del gobierno y protestas políticas(a través de organizaciones estatales o no estatales).
d. Ataques a la oposición u otros críticos con el objetivo de atemorizar, incluyendo la represión de protestas.
Lo mismo que se observó en la primer dimensión puede decirse en relación a los indicadores de violación de libertades civiles: en cuanto a la subdimensión que mide el vínculo con los medios independientes, vale recordar que la clausura de C5N, si bien fue explicada como una clausura administrativa implicó, de hecho, cercenar las posibilidades de dicho canal de funcionar como lo hacía de manera cotidiana. A la luz de esto vale la pena recordar que además, en el 2010, el gobierno de la Ciudad le retiró a la revista deportiva Un Caño la pauta que recibían luego de que uno de los periodistas, Gustavo Veiga, escribiera sobre los vínculos entre Macri, el espía Ciro James y el ex jefe de la Policía Metropolitana, el “Fino” Palacios, en el club de fútbol Boca Juniors. En el mismo sentido, la contratación directa por parte del Gobierno de la Ciudad de la empresa La Usina por 20 millones de pesos, perteneciente a un candidato de ese partido. Aún si se tratara de un caso regular y no de administración fraudulenta (tal es la carátula de la causa que lo investiga), resulta arbitrario que la empresa de un candidato de ese partido sea contratada para distribuir pautas del gobierno entre distintos medios de comunicación.
La subdimensión que mide las restricciones a la libertad de asociación o palabra también marca violaciones severas a la libertad: la clausura de una veintena de centros culturales hace unos pocos meses, que fue la última después de unas 5 oleadas anuales de clausuras, los ataques físicos de la Policía Metropolitana a dirigentes políticos opositores (como el legislador Pablo Ferreyra y el diputado nacional Horacio Pietragalla en el desalojo del barrio Papa Francisco y los legisladores, como Fabio Basteiro que fueron reprimidos en el Borda), y las restricciones a la movilización en el espacio público configuran un mismo cuadro que evidencia que las condiciones que definen al autoritarismo competitivo están presentes en la ciudad.
c. Cancha Inclinada
Las instituciones del Estado están politizadas impidiéndole a la oposición competir razonablemente
Acceso desigual a los medios de comunicación (ya sea a los estatales o a través del “empaquetamiento” de medios privados.
Acceso desigual a recursos, lo que incluye uso generalizado de recursos públicos tanto económicos como humanos y de infraestructura a favor del incumbent; uso discrecional de los instrumentos de política pública para financiar al partido de gobierno.
En cuanto a los indicadores de “cancha inclinada” se puede ver que el crecimiento sostenido del gasto en publicidad y la proporción de este gasto sobre el presupuesto constituye un uso discrecional de los recursos que inclina la cancha siempre a favor del partido de gobierno. De acuerdo a la página chequeado.com:
“el gasto en publicidad de la Ciudad creció todos los años desde 2007, con la excepción de 2012, y aumentó su participación en el total del presupuesto. Esta proporción incluso supera la parte del presupuesto que se destina al área en otros distritos, como la Provincia de Buenos Aires o la Nación.
En 2007 Buenos Aires destinó $53 millones al área de publicidad y propaganda, que representaron un 0,55% del total. A fines de ese año asumió como Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, y el gasto en publicidad aumentó todos los años a excepción de 2012: en 2008 se destinaron $83 millones (0,66% del total); $120 millones en 2009 (0,78%); $155 millones en 2010 (0,80%); $280 millones en 2011 (1,08%); y $260 millones en 2012 (0,78%).Para 2013 hubo un nuevo incremento, esta vez del 111%, y se alcanzó el valor más alto de la serie: 1,13% de la ejecución total del presupuesto”.
Si a este componente se le suma el uso de recursos del Ejecutivo, los 106 vetos de Macri lo ubican como el principal vetador en la historia de la jurisdicción, en lo que constituye un 7 por ciento de vetos sobre el total de leyes votadas. Entre esos vetos se encuentran, además, una multiplicidad de leyes que buscaban promover las garantías individuales tales como el Comité contra la tortura, la oficina contra la trata de personas, el protocolo para casos de aborto no punible, y los FOSEP o foros de seguridad pública los cuales, impulsados por el legislador macrista Cristian Ritondo, pretendían dotar de mayor transparencia y proximidad a la policía de la ciudad. Los vetos son un recurso del Ejecutivo, pero cuando estos ascienden a niveles por encima de los “normales”, muchos especialistas alertan sobre la posibilidad de que su uso constituya un avance sobre los demás poderes.
La dictadura que se va y la república naciente
Durante todos estos años nos acostumbramos a escuchar que el gobierno de Kirchner y luego los dos gobiernos de Cristina Fernández construyeron regímenes autoritarios: escuchamos que pisaron la división de poderes, desoyeron los mandatos de las mayorías y cercenaron las libertades de las minorías, manipularon y ejercieron la violencia contra los medios de comunicación, e inclinaron la cancha a favor del oficialismo. Sin embargo, al aplicar los indicadores que según Levitsky y Way identifican a este tipo de regímenes híbridos, se observa que, a diferencia del kirchnerismo, el macrismo en su ámbito de gobierno tuvo muchas medidas en un sentido de ensuciar elecciones, violar libertades civiles e inclinar la cancha a favor del PRO.
Curiosa dictadura esta que se va en una transición limpia, reformando la Corte Suprema en contra la mayoría automática, ampliando el selectorado, fortaleciendo los partidos políticos, limitando los monopolios mediáticos y ampliando la libertad de prensa, y ampliando como nunca las libertades íntimas e individuales. Curiosa la república que nace vetando leyes, reprimiendo opositores, cercenando la libertad de prensa, limitando las libertades individuales e inclinando la cancha a favor del oficialismo.
Siempre me pregunté por qué el kirchnerismo (que a diferencia de otros regímenes latinoamericanos no reformó la constitución ni alteró la división de poderes) nunca se reivindicó a sí mismo como la fuerza profundamente republicana y democratizadora que fue. Ahora lo entiendo: es la carta que queda por jugar en los interesantes cuatro años que están por venir.
