Desde Artepolitica decimos
El domingo por la tarde se consumó un Golpe de Estado en Bolivia. Los días anteriores evidenciaban la posibilidad de un desenlace de estas características. Las “fallas” del helicóptero presidencial, la vejación y torturas a la Alcaldesa de Vinto, Cochabamba, el “copamiento” de los medios públicos y comunitarios (que incluyó periodistas atados a los árboles), los motines policiales en la mayoría de los departamentos del país y la avanzada anticonstitucional de un grupo minoritario de personas conducidos por el líder de los Comités cruceños, Luis Camacho, generando el caos necesario para el desborde social, fueron las piezas del rompecabezas boliviano de las últimas horas. Las Fuerzas Armadas decidieron plegarse al golpe de Estado al sugerirle al presidente constitucional su renuncia al cargo. Hasta ese momento los militares habían mantenido una actitud prescindente, que en los hechos operaba más como un apoyo tácito a la avanzada golpista, que un resguardo a las instituciones democráticas. Una vez “renunciado” Evo Morales y su vice Álvaro García Linera, se desató una cacería de dirigentes oficialistas y militantes del MAS y de los movimientos sociales que apoyan el proceso de transformación inaugurado en enero de 2006 en Bolivia, que continúa a la fecha. El saldo de esta feroz represión lo conoceremos en los próximos días, y seguramente será por intermedio de medios comunitarios y alternativos o por periodistas que se encuentran cubriendo los sucesos desde el lugar, ya que los medios internacionales en su mayoría han decidido calificar como una “crisis” lo que está ocurriendo en el hermano país, y han dado escasa cobertura a la represión llevada adelante por las fuerzas de seguridad del país. Mientras ello ocurre, la presidenta autodesignada en una sesión bochornosa armó un gabinete plagado de notorios exponentes de la oligarquía cruceña (Santa Cruz de la Sierra) que una vez designados amenazaron con una “cacería” de opositores. La composición social, cultural y étnica del gobierno de facto denota que el objetivo fundamental del golpe será la desMasificación política y social de la fuerza mayoritaria en las últimas elecciones bolivianas, y la restauración de un “orden natural” asentado en la jerarquización de las relaciones sociales, alterada durante la experiencia de estos últimos 13 años.
Desde el año 1979, cuando se recupera la democracia en Ecuador y se inicia un proceso de transición a la democracia en Sudamérica, fueron muchos los presidentes que debieron dejar su mandato antes de culminado el plazo legal. A pesar de las diferencias y de las interpretaciones acerca de la naturaleza de la salida anticipada, el hilo legal nunca se cortó. Alrededor de 20% de los presidentes electos debieron interrumpir su mandato, sin que ello pueda ser caracterizado como un golpe de Estado. La sucesión prevista constitucionalmente, la participación de los poderes legislativo y judicial y la aplicación de los mecanismos institucionales (algunas veces también los no formales) le dieron continuidad al estado de derecho en la región. A excepción de la salida anticipada de Mahuad en Ecuador en 2000, provocada por las Fuerzas Armadas, en el resto de los casos de presidentes “caídos” siempre fueron los civiles (sea la “calle” o los poderes del estado) quienes protagonizaron el desenlace definitivo.
Estas situaciones de inestabilidad presidencial en Sudamérica vienen siendo estudiado por la Ciencia Política, que cuenta con numerosos elementos para diferenciarlas de los golpes de Estado. Por caso: en general han sido situaciones que se dan en contextos de fuerte crisis económica (políticas neoliberales y ajuste) y/o a partir de acusaciones de corrupción en cabeza del Presidente. Tanto el Congreso como “la calle” se “mueven” para tratar de hacer que el Presidente deje su cargo, en un contexto de rápidas pérdidas de los recursos de poder de los mandatarios. En ninguno de esos casos las Fuerzas Armadas o las fuerzas de seguridad juegan papeles centrales, como en lo ocurrido en Bolivia, en tanto que las salidas anticipadas de presidentes no tienen lugar en el medio de procesos electorales. Las diferencias con el golpe de Estado en Bolivia son numerosas. De hecho vale destacar los intentos fallidos contra Hugo Chavez en 2002, donde sí grupos de las fuerzas armadas intervinieron o el intento de derrocar a Rafael Correa en 2010 por parte de la policía
En los últimos años nos hemos encontrado con situaciones de “juego brusco institucional”, con combinaciones de acciones del Poder Judicial, los medios de comunicación y sectores del Poder Legislativo, como lo que se observó en Brasil para impulsar el impeachment de Dilma Rousseff y el encarcelamiento luego del principal líder opositor “Lula” Da Silva. Habrá que seguir estudiando, pero la presencia de un golpe “clásico” implica un cambio notorio en el tipo de dinámica política esperada y esperable en nuestra región.
Como dijimos, la inestabilidad política no es una novedad en Sudamérica. La peculiaridad de los sucesos acaecidos por estas horas en Bolivia, es que se trata lisa y llanamente de un golpe de Estado. Resulta llamativo que se alcen voces en la opinión pública que simplemente refieren a una “crisis”, y mucho más sugestivo es que dentro de la comunidad académica (en especial los estudiosos de la ciencia de lo social) no se hayan expresado a favor de la institucionalidad democrática en Bolivia y subestimen el tenor del impacto que esto tendrá sobre la región.
Este aspecto dispara la pregunta acerca de si ingresó la región en un nuevo período caracterizado no ya por la inestabilidad presidencial, sino por algo mucho más preocupante: una inestabilidad que afecta al sistema político en su conjunto y que reabre la puerta a las fuerzas armadas como actor relevante para garantizar, o no, la continuidad de un gobierno. De suceder esto último el largo período de democratización inaugurado en la década del 80, enfrentará su crisis institucional más delicada, porque no se trata solo de militares queriendo actuar en la vida política, sino en civiles que auspician esa intervención.
Para ver el vaso medio lleno: los partidos más representativos de la Argentina, el PJ y la UCR; así como el cuerpo diplomático y Susana Malcorra, excanciller de Mauricio Macri, pusieron en sus bocas las palabras “golpe de Estado” para explicar lo ocurrido. Las interpretaciones pueden ser diversas, pero el hecho ante el que estamos debe quedar claro.
Lo que sucede en Bolivia no es una crisis de gobierno más. Puede significar un retorno del pasado antidemocrático en tres décadas habíamos abandonado. Minimizarlo, o tomarlo como una oportunidad por parte de la derecha para deshacerse de un gobierno populista más, puede conducirnos a un pantano cuyas aguas la historia ya nos mostró sus peores caras.
