El triunfo presidencial de Mauricio Macri se consumó a través de una “larga marcha”. En efecto, el líder de Cambiemos logró aumentar trabajosamente su caudal electoral a lo largo de las tres jornadas sucesivas en que se desarrollaron los comicios durante 2015, hasta alcanzar el ansiado 51% recién el 22 de noviembre.
Una de las consecuencias de semejante periplo electoral ha sido la emergencia de un gobierno dividido, quedando el Poder Ejecutivo en situación de lidiar con un Congreso en manos de la oposición (mejor dicho, oposiciones). Sobrevolaron entonces los temores de la ingobernabilidad, agigantados por la estirpe no peronista del Presidente.
Sin embargo, al menos en este primer año, no hubo parálisis gubernamental por bloqueo legislativo. En términos meramente cuantitativos, el balance puede inducir al engaño, pues en 2016, según los últimos datos disponibles, se aprobaron 83 leyes, de las cuales solo 23 (o sea, el 28%), fueron proyectos enviados por el Ejecutivo, mientras que casi dos tercios correspondieron a iniciativas de la oposición.
Un análisis cualitativo, sin embargo, permite concluir que el Presidente no se ha encontrado con trabas legislativas para llevar adelante su plan de gobierno, especialmente en el terreno económico. El pago a los fondos buitres, la ley ómnibus que incluyó la “reparación histórica” a los jubilados y el blanqueo de capitales, el régimen de iniciativa privada para la obra pública, y el reintegro de una parte del IVA para jubilados y titulares de programas sociales han sido respaldadas por mayorías amplias. Estas iniciativas, debe resaltarse, han sido calificadas como cruciales por el propio Poder Ejecutivo.
La composición político-partidaria en Diputados y en Senado es distinta, así como las estrategias adoptadas en cada Cámara a la hora de entablar su relación con la Casa Rosada. Los senadores (PJ-Frente para la Victoria, en forma mayoritaria), mostraron predisposición a negociar, buscando de esa forma obtener recursos para sus provincias. En Diputados, por su parte, al ser un mapa más variado y heterogéneo, Cambiemos tuvo que construir para cada ley mayorías específicas, recibiendo apoyos de distintos bloques opositores.
Con la pretensión de diferenciarse del kirchnerismo más duro y erigirse en opositores responsables y constructivos, los espacios liderados por la massista Claudia Rucci (Unidos por Una Nueva Argentina, conocido también como Frente Renovador) y el sindicalista Oscar Romero (Justicialista) facilitaron la aprobación de las principales iniciativas gubernamentales en materia económica: “Quiero referirme a cuál es el rol que tiene el Frente Renovador dentro de este Congreso y cuál es nuestra posición. El rol que tenemos es el de pinchar, empujar al gobierno y colaborar con él para que haga las cosas cada día mejor.”, resumía Marcos Lavagna a principios de año.
En ese marco, interesa evaluar a continuación en qué medida ha resultado efectiva, en sus propios términos, esta estrategia legislativa.
Pago a los fondos buitres
El proyecto obtuvo la media sanción con el voto positivo de 165 Diputados. Los 35 integrantes del Frente Renovador apoyaron la medida, al igual que los 17 del Bloque Justicialista.
En el recinto, la voz cantante del Frente Renovador la llevó Marcos Lavagna, quien dijo que había que había que votar el proyecto con la nariz tapada (textual). En su exposición en el recinto, enfatizó que su bloque había logrado introducir límites al endeudamiento, con lo cual mejoraba sustancialmente la propuesta original.
“El otro punto sobre el que hicimos mucho hincapié y se habló mucho en este recinto fue la limitación del endeudamiento. Nosotros no queríamos que esto se transformara en un cheque en blanco y por eso incorporamos algunos artículos que evitaban que la Argentina pudiera salir a tomar créditos más allá de los necesarios para cubrir estos litigios”. Y completaba: “Argentina no tiene que volver a cometer los mismos errores de ir hacia esquemas de endeudamiento que no funcionan y que sabemos que terminan mal” (Marcos Lavagna, en la sesión en Diputados del 15 de marzo). Sergio Massa iba en la misma línea: “La Argentina no puede recorrer más el camino del endeudamiento para cualquier cosa, sino sólo para infraestructura y desarrollo».
El desarrollo ulterior de los acontecimientos evidenció que tales precauciones no dieron los resultados esperados. El acuerdo con los Fondos Buitres permitió, primero al gobierno nacional y luego a las provincias, iniciar el camino hacia un alto endeudamiento externo (del orden de los 50 mil millones de dólares), destinado a diversos rubros (pago de deuda, importaciones de bienes de alto consumo, fuga de capitales, gastos corrientes), y muy poco a infraestructura y desarrollo.
Al menos así lo entiende uno de los dirigentes más importantes del Frente Renovador, Lavagna padre (Roberto), quien hace unos días realizó un duro diagnóstico sobre el actual rumbo económico: “Este tipo de modelo que combina tasas de interés fenomenalmente altas, dólar fijo o cayendo, el bolsillo del grueso de la población enflaqueciéndose, el empleo debilitándose, indefectiblemente requiere el endeudamiento externo e indefectiblemente termina en una situación de colapso”.
Ley Ómnibus: blanqueo de capitales, acciones de ANSES y Reparación Histórica
El proyecto obtuvo 162 votos a favor en Diputados, y nuevamente, el Frente Renovador y el Bloque Justicialista, más algunos miembros del Frente para la Victoria, prestaron su consentimiento. Es necesario analizar por separado las distintas temáticas que fueron incluidas en esta ley ómnibus.
Blanqueo de capitales
En este caso, uno de los puntos que mayores rispideces generó fue la intención inicial del gobierno por incluir en el blanqueo a familiares de funcionarios. Felipe Solá, del Frente Renovador, sostuvo en la sesión del 15 de junio:
“Quiero ser muy claro respecto del tema de los familiares en el caso del blanqueo. De ninguna manera se puede dejar que en la larga lista de funcionarios de los tres poderes ellos sean los únicos exceptuados de blanquear (…). No admitimos que la norma no contemple el primer grado de consanguinidad –padres e hijos y, colateralmente, los cónyuges. También ellos deben estar incluidos”.
Ante la intransigencia sobre este punto que mostraron los bloques opositores, e incluso algunos integrantes de la coalición gobernante (como Elisa Carrió), el gobierno aceptó excluir a los familiares. Así, en la ley aprobada, quedó vedada en forma expresa esa posibilidad.
Meses después, sin embargo, el Presidente dispuso, al reglamentar la ley, la eliminación de aquella restricción, mediante la sanción de un Decreto (1206/16) que, por sus obvias implicancias, fue bautizado como el Decreto Franco Macri. Felipe Solá fue uno de los tantos Diputados que alzó la voz contra esta modificación: “Macri firmó el decreto para que su padre pueda blanquear plata».
Acciones de ANSES
La propuesta gubernamental original incluía la posibilidad de vender acciones de la ANSES sin límite alguno. El Frente Renovador y el Bloque Justicialista pidieron fijar algunas restricciones y condiciones a dicha posibilidad. En la ley aprobada, finalmente, se estipuló que como mínimo, un 7% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad debe invertirse en títulos locales.
Diego Bossio, en la discusión parlamentaria, sostuvo: “¿Por qué el capricho de vender las acciones? ¿Cuál es el criterio para vender el mejor activo que tenemos en el fondo de garantía? (…) Creemos que en ese sentido hay que poner un límite”.
El discurso de Marcos Lavagna apuntó en la misma dirección: “Desde marzo de 2008 a la actualidad, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad creció un 633%. Las acciones generaron un incremento de 1090%; el resto de los activos, solo 593 %. Por lo tanto, hay un motivo de rentabilidad por el cual se quiere proteger el tema de las acciones (…) Por ello se incorporaron mínimos que tienen que tener el fondo en término de acciones”.
Pues bien, en noviembre se conoció la primera venta: Anses cedió el 11,85% de Petrobrás por 156 millones de dólares. El propio gobierno reconoció que hay al menos otras seis ofertas de empresas que buscan recuperar el paquete accionario, hasta ahora en manos estatales. Probablemente, el resultado del blanqueo será uno de los factores que determinará si el gobierno decide profundizar la liquidación de acciones para poder afrontar el pago a los jubilados. Lo que está claro es que no tiene límites legales severos si así lo dispusiera.
Pago a jubilados
El blanqueo se realizó con el objetivo, formalmente declarado, de saldar la deuda estatal por la falta de actualización de los haberes previsionales. Se trata del tan mentado Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados.
La especialista en temas previsionales del Frente Renovador, la diputada Mirta Tundis, realizó en septiembre de este año una sombría evaluación sobre los resultados de la ley:
- “(Se) exageró cuando se decía que 2.5 millones de personas de la Tercera Edad iban a ser alcanzados por la Reparación Histórica»
- “Hoy Anses está pagando unos 260 mil casos, mayores de 80 años, y sumas muy bajas, que van desde los 53 pesos a los 900. Hasta el momento no vi un solo caso en el que se haya pagado un haber duplicado».
- “La realidad es que no hay plata. No entra dinero por el blanqueo. La Reparación Histórica requiere necesariamente del blanqueo. El gobierno quería el blanqueo y lo justificó con la Reparación Histórica».
A modo de cierre
La evaluación realizada en esta nota no es exhaustiva. El objetivo es puntualizar que, en algunas iniciativas consideradas claves por el propio Presidente, la estrategia de algunos bloques opositores, consistente en mejorar las propuestas del oficialismo, no ha dado los resultados esperados. Brevemente, el modelo macrista tuvo al endeudamiento externo como uno de sus puntales, con lo cual los límites fijados en la ley de pago a los Fondos Buitres no han sido fructíferos. Tampoco se concretaron las esperanzas depositadas en la denominada Reparación Histórica a los Jubilados; la venta de acciones en manos de la ANSES ha comenzado y amenaza con profundizarse y finalmente, el espíritu de la normativa referida al blanqueo ha sido burlada por una disposición reglamentaria del Presidente.
Sin caer en la tentación de realizar ejercicios contra-fácticos, cabe preguntarse qué hubiese pasado con un Congreso más inflexible: ¿se hubiese logrado así forzar la voluntad presidencial y atenuar las consecuencias más nocivas de su programa económico? ¿O por el contrario se habría generado la tan temida parálisis de gobierno? ¿Hasta qué punto el Presidente podría haber apelado, en ese caso, a la vía de los decretos de necesidad y urgencia?
Finalmente, ante la proximidad de las elecciones 2017, ¿cómo será valorada esta oposición “responsable”? ¿Tendrá recompensa su esfuerzo por diferenciarse del kirchnerismo? Y, por último, ¿persistirá la estrategia constructiva o se derretirá al calor de las elecciones? Seguramente, la marcha del gobierno servirá para despejar algunos de estos interrogantes.
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